¡Cállese la boca!

Sólo te premio si te ponés la mordaza

 

El gobierno del presidente Maurizio Macrì decidió otorgar el premio de Derechos Humanos Emilio Fermín Mignone a la organización venezolana PROVEA, pero le prohibió leer el discurso en el que señalaba las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y reclamaba la libertad de Milagro Sala. Los asistentes al acto organizado en el Palacio San Martín no entendían nada. En vez del estrado en el que desde 2007 se entrega el premio, en reconocimiento a personas u organizaciones que durante la última dictadura ayudaron al pueblo argentino a resistirla, se colocó una mesita frente a la cual se pararon el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie y el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y, entre ambos, una de las hijas del fundador del CELS, Isabel Mignone (foto principal). El locutor informó que el premio fue otorgado a PROVEA, dio por concluida la ceremonia que en total duró 84 segundos e invitó a un vino de honor, como se observa en el video grabado  por uno de los asistentes.

El público, desconcertado, pensó que el premio se entregaría durante el vino de honor, pero no fue así. Era necesario recurrir a la página de PROVEA en internet para saber que la organización venezolana había declinado el premio. “PROVEA postuló a Raúl Cubas, co-fundador, detenido desaparecido y con dos hermanos asesinados por la dictadura militar argentina, para que nos acompañara en la ceremonia a realizarse en Buenos Aires. Razones personales se lo impidieron, pidiéndonos que leyéramos en el acto de premiación un texto en donde opinaba sobre la situación de derechos humanos en los dos países donde tiene nacionalidad: Argentina y Venezuela. PROVEA había preparado su propio discurso, tras el cual serían leídas las palabras de este referente regional en la lucha por los derechos humanos, cuyo testimonio ha sido fundamental para los procesos judiciales en los casos ESMA I, II y IV, así como de ciudadanos españoles e italianos desaparecidos en Argentina durante aquellos años. Sin embargo, la Cancillería Argentina condicionó la participación de PROVEA en la ceremonia de premiación a no leer las palabras de Raúl Cubas, debido al tipo de descripción que hacía sobre la situación actual de los derechos humanos en el país del cual es ciudadano. Mal puede una organización defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una solicitud de esta naturaleza. Por dicha razón PROVEA informó a los funcionarios de la Cancillería que en tales circunstancias declinaba aceptar el premio Emilio Mignone”.

El CELS dirigió luego un reclamo escrito a Faurie, firmado por su presidente Horacio Verbitsky, su director, Gastón Chillier y los hijos del primer presidente del CELS, Mercedes y Javier Mignone. Este es su texto:

“Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra profunda preocupación frente al acto de censura del que fue víctima la organización venezolana PROVEA, que iba a ser distinguida el jueves por el gobierno argentino con el Premio en Derechos Humanos Emilio F. Mignone”.

“Según hizo público PROVEA, no se permitió a la organización leer el discurso que había preparado para la ocasión, compuesto de unas palabras de su presidente y de otras de uno de sus fundadores, nuestro compatriota Raúl Cubas, en virtud de que éstas últimas transmitían fuertes críticas tanto para el gobierno argentino, como para el venezolano, en materia de derechos humanos”.

“Hacemos nuestras las palabras de Cubas que no pudieron ser leídas en el acto, que afirmaban: ‘El Premio debe servir para ayudar a construir relaciones democráticas entre el Estado otorgante y los defensores de derechos humanos que reciben el reconocimiento, permitiendo que se establezca un necesario diálogo entre quien tiene la obligación nacional e internacional de garantizar los derechos humanos y quienes deben luchar porque esto sea una efectiva realidad. En este sentido, soy de la idea que en la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos. Asimismo, el autoritarismo de las gestiones gubernamentales, la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad estructural o el retroceso en el proceso de Verdad y Justicia, la existencia de decenas o centenares de presos políticos, la creciente represión a la protesta social, la aplicación de doctrinas de seguridad conocidas como gatillo fácil o dispare primero y averigüe después que victimiza a los jóvenes que viven en zonas populares, así como el crecimiento de la pobreza en ambos países, es una realidad que nos interpela. (…) Creo que las actuaciones coherentes de los Estados en materia de derechos humanos son relevantes y fundamentales, y por eso creo necesario que tanto Argentina como Venezuela tomen medidas prontas y oportunas para que el legado de coherencia de Emilio F. Mignone se convierta en efectiva realidad. Propongo que ambos Estados asuman inmediatamente sus obligaciones ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Milagro Sala, y en Venezuela con el abogado y defensor de los derechos humanos, Marcelo Crovato, quien por cierto tiene doble nacionalidad, argentina-venezolana. Ambos tienen decisiones favorables de la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que esperan por ser cumplidas por las autoridades de ambos países’.”

“Tanto el CELS como otros organismos cuestionamos la respuesta del gobierno argentino a las manifestaciones de protesta, la persecución de sindicatos y organizaciones sociales, la justificación oficial de ejecuciones extrajudiciales por parte de las policías, el endurecimiento de las políticas de seguridad y la criminalización de líderes sociales. El gobierno argentino no ha cumplido con las medidas cautelares y provisionales de la Comisión y de la Corte Interamericanas a favor de Milagro Sala.

“Es inadmisible la incoherencia del gobierno argentino al disponer premiar a una organización de defensa de derechos y violar sus derechos en el mismo acto. Este desenlace tergiversa el sentido del Premio y lo pone en cuestión”.

“En relación con la situación que se pretendió visibilizar al elegir a PROVEA como destinataria del premio, llamamos al gobierno argentino a comprometerse en forma activa con una solución negociada para acompañar a dicho Estado en una salida soberana de la crisis, en el marco del estado de derecho y sin regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, que empeoren la situación de los más desprotegidos”.

“El apoyo que el gobierno argentino debe dar al pueblo venezolano es su compromiso con tal salida democrática y consensuada, en espacios multilaterales, y condenar la injerencia de Estados Unidos, en particular el uso de sanciones económicas y la amenaza de intervención militar que solo pueden empeorar la situación humanitaria”.

“La universalidad de los derechos humanos es un principio básico del que nadie se puede sustraer. Tampoco el gobierno argentino, que al otorgar este premio adquiere un compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Esperamos que en futuras ediciones del Premio se visibilicen situaciones de extrema gravedad como las que atraviesan Brasil y México y que el gobierno argentino recupere el liderazgo en la agenda de derechos humanos de la región”.

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