En los últimos días, el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, recorrió varios medios para hablar de la investigación judicial sobre el consumo de anestésicos por parte de profesionales de anestesiología, aseverando que “el caso es aberrante, no es común, es excepcional”. Esta afirmación demoniza y otorga un carácter de excepcionalidad al problema, y contradice la literatura científica internacional que, desde la década de 1950, viene señalando que los vínculos entre acceso a anestésicos, condiciones laborales y consumos problemáticos no constituyen hechos aislados. Por el contrario, son fenómenos recurrentes, ampliamente conocidos y estudiados al interior de la comunidad científica, pero en buena medida silenciados ante la opinión pública. Un silencio que no es casual, sino funcional a estructuras corporativas y formas de organización del trabajo que, mientras sostienen la productividad del sistema, relegan la salud de quienes la hacen posible.
Parafraseando a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su novela El Gatopardo: “Hay que cambiar algo para que nada cambie”. Así funcionan esos mecanismos distractivos para que, una vez pasado el impacto, nada sustancial cambie, conservando intactas las estructuras. El tratamiento mediático funciona precisamente en ese registro: insiste en presentar el consumo de anestésicos como un hecho excepcional. Se nombran culpables, se enfatiza lo aberrante, se ajusta el relato, pero permanecen inalteradas las condiciones que hacen posible el problema: la exposición a fármacos altamente adictivos, la organización y las condiciones laborales y los silencios corporativos en contextos de altísima rentabilidad.
Las adicciones entre anestesistas no se limitan a la Argentina, sino que tienen antecedentes a nivel mundial. Por ejemplo, en España, el anestesiólogo Juan Maeso, que padecía con hepatitis C, fue acusado de contagiar a 276 pacientes de varios hospitales de Valencia entre 1988 y 1998, lo que motivó que fuera condenado a 1.933 años de cárcel. El contagio se producía al inyectarse él mismo parte de la preparación de la solución anestésica destinada a sedar a los pacientes, usando para ello la misma aguja con la que después administraba los anestésicos.
La mayoría de las noticias omiten, y no es casual, la epigénesis del problema, limitando el análisis del uso de anestésicos al consumo personal, cuando es sabido que quienes trabajan con anestesia tienen los mayores problemas de adicciones entre los trabajadores de la salud de cualquier país; adicción muy relacionada con su proceso de trabajo, tal como lo describe la bibliografía científica.
En el portal PubMed de la National Library of Medicine de Estados Unidos, que contiene más de 40 millones de registros de literatura biomédica a nivel mundial, de acceso libre y gratuito, hay más de 1.400 publicaciones que describen el “abuso de drogas en anestesiólogos”. Ya en 1959, en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), se publicó un estudio titulado “Addiction, addicting drugs, and the anesthesiologist”, que señala que “a primera vista, la anestesiología puede parecer muy alejada de la adicción. En realidad, los anestesiólogos tienen un estrecho interés profesional y, en ocasiones, personal en este tema” porque manipulan “una combinación de fármacos que poseen un alto potencial de adicción”.
Luego de décadas de discusiones sobre el tema, en 2008 la American Society of Anesthesiologists en su revista Anesthesiology, publicó un editorial titulado “El enfoque de la comunidad anestesiológica ante el personal que abusa de los opioides y los anestésicos: es hora de cambiar de rumbo”. En ese texto destacan una “excelente” investigación
“…sobre la adicción y el abuso de sustancias entre los anestesiólogos […] y sobre el reconocimiento, la intervención, el tratamiento y el seguimiento de los profesionales sanitarios adictos”, [y afirman que] “la anestesiología, como especialidad, ha realizado un esfuerzo sincero y serio por reducir el abuso de sustancias y la adicción entre sus filas mediante la educación y la creación de mecanismos de dispensación y control de medicamentos cada vez más intrusivos y engorrosos”. [Sin embargo] “a pesar de los múltiples esfuerzos programáticos, ha habido poco o ningún impacto positivo en la incidencia del abuso de sustancias y la adicción en toda la especialidad. Las muertes por abuso de opioides continúan, y periódicamente aparecen nuevos informes de muertes por fármacos no opioides relacionados con la anestesia (como el abuso de propofol o de anestésicos inhalatorios)”.
Estas son las palabras de la propia American Society of Anesthesiologists, que reconoce el tema como un problema estructural al que no consiguen dar respuesta.
Datos históricos
En Estados Unidos, antes de la anestesia, la cirugía era una práctica brutal; la necesidad de una intervención breve demandaba de una gran fuerza física y de celeridad, dada la importancia de entrar y salir del cuerpo lo más rápido posible. Recién con la demostración del éter realizada por William Morton en el Hospital General de Massachusetts, en 1846, la anestesia se generalizó, permitiendo operaciones más lentas y cuidadosas. Sin embargo, el alcance y el volumen de las cirugías seguían siendo extremadamente limitados por las infecciones que se producían a raíz de la intervención quirúrgica. Ante la baja rentabilidad que por aquel entonces tenía la práctica de la anestesia, los médicos relegaron ese trabajo en las enfermeras, que se consolidaron como anestesistas antes de la década de 1920. De ahí en más, la pregunta fue: ¿quién controlaría y obtendría beneficios de estos nuevos tipos de trabajo que se estaban creando? Finalmente prevaleció la corporación médica y la medicina científica, mientras que el resto del personal quedó subordinado a ambas.
El desarrollo de la anestesia llevó a un enfrentamiento entre cirujanos y anestesistas, disputa que no conoció fronteras geográficas. La discusión se centraba en que los cirujanos facturaban sus honorarios quirúrgicos, incluyendo los honorarios de la anestesia, y el monto a pagar al anestesista quedaba a criterio del cirujano, quien lo decidía unilateralmente. Fue el médico estadounidense Crawford Williamson Long (1815-1878) el primer anestesista que facturó honorarios a sus pacientes de forma separada de los honorarios de la cirugía, calculándolos entre el 30% y el 40% del monto total de la intervención, práctica que se trasladó a diversos países en diferentes momentos históricos.
En la Argentina, a finales de la década de 1930, cuando el hospital comienza a incorporar a las especialidades médicas, los anestesistas exigen el pago de honorarios en lugar de un salario, argumentando, por ejemplo, que la radiología y la anestesia eran servicios médicos y no hospitalarios, por lo que no debían incluirse en los planes prepagos de los hospitales. Los radiólogos llegaron a un acuerdo en 1937, y los anestesiólogos, al año siguiente. Estos acuerdos se dan en paralelo con la conformación de las asociaciones de anestesias. En 1936 se creó en Buenos Aires la primera Sociedad de Anestesia. Nueve años más tarde, el 4 de enero de 1945, en el marco de la Asociación Médica Argentina, se creó la Asociación Argentina de Anestesiología, con el propósito de realizar actividades exclusivamente científicas y éticas. Tres años más tarde, el Ministerio de Salud reconoció a la anestesia como especialidad médica y, en 1970, la asociación adoptó el nombre de Federación de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Rehabilitación de Argentina (FAAAR).
En su devenir, la FAAAR pasó de ser una entidad limitada a las actividades científicas y éticas de la profesión, a incorporar actividades gremiales y educativas, dictando cursos e incluso una maestría con sede en la Facultad de Medicina de la UBA. Entre sus objetivos, la FAAAR explicita “conocer la importancia de la seguridad del paciente y del equipo de salud, y el impacto que significa su mejoramiento en la gestión sanitaria en general y en particular dentro de la anestesiología”. Además, esta Federación logró afirmarse como la única institución que forma anestesistas, que define el proceso de trabajo en las instituciones, que acredita la especialidad y que establece y regula el número de ingresantes a las residencias en todo el país, tanto en el ámbito público y privado como de la seguridad social. Esto le permitió y le permite imponer reglas que toda institución de salud debe aceptar, manteniéndolas cautivas de prácticas monopólicas, aún en el marco de Estados “radicalmente liberales” que idolatran la competencia y el libre mercado.
Ante los hechos periodísticos que tomaron estado público en los últimos meses, la FAAAR emitió un comunicado desligándose institucionalmente de los hechos y limitando el problema a conductas individuales, en una posición claramente antagónica a la American Society of Anesthesiologists, que asume la incidencia del abuso de sustancias y la adicción en toda la especialidad. Incluso en la propia página institucional de la FAAAR, se pueden encontrar trabajos como “Adicciones a opiáceos en anestesiólogos: ‘Un grave problema ocupacional’”, publicado en 2007, en el que se afirma que: “En los últimos años ha llamado la atención la mayor incidencia de problemas de consumo, abuso, adiciones y farmacodependencia a sustancias psicoactivas entre los anestesiólogos, lo que genera una realidad preocupante en la comunidad anestesiológica internacional”. Esa coexistencia entre el reconocimiento técnico de un problema estructural y la negación pública evidencia una disociación entre lo que se sabe al interior de la especialidad y lo que se quiere transmitir hacia el resto de la población.
Mejor no hablar de ciertas cosas
Una de las figuras argentinas de la anestesiología fue el médico Alberto R. González Varela (1917-2014), quien en la década de 1950 impulsó la defensa de los derechos laborales de los anestesiólogos. Fue secretario y luego presidente de la Asociación Argentina de Anestesia en los años 1956 y 1957, además de fundador del Museo y Biblioteca Histórica de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA). También fue presidente del XIII Congreso Argentino de Anestesiología en 1971. En el marco de los 50 años de la FAAAR, en 1996, González Varela publicó el libro Por el camino de la anestesia, que tuvo la adhesión de la FAAAR y de la AAARBA. En sus páginas, González Varela destina un espacio para lo que él llama “Anécdotas”, donde relata historias que dejan ver la densidad y la crudeza de la experiencia cotidiana de la profesión, con escenas frecuentes atravesadas por el error, el cansancio, el estrés y la responsabilidad extrema sobre la vida de otros. La siguiente cita es un testimonio en primera persona que condensa esa tensión:
“En el lugar donde habito, vecino al histórico barrio de San Telmo Viejo, existe una florería donde solía concurrir, cuyo dueño era un laborioso y apreciado amigo japonés. Hace poco, al concurrir para adquirir unas flores, fui atendido por una señora que resultó ser su esposa. Al indagar con preocupación sobre la ausencia del marido, la señora compungida y llorosa expresó ‘ay, señor, usted no sabe lo que estoy sufriendo, el mes pasado al pobrecito me lo llevaron para ser operado de las arterias coronarias, lo iba a atender una eminencia, el mejor cirujano cardiovascular, yo estaba confiada y tranquila, pero al comenzar la anestesia se me murió, o mejor dicho… me lo mataron, ay señor, usted no sabe cuánta gente matan los anestesistas, son temibles, son lo peor que hay’. Vertiginosamente traje a mi memoria nuestros inicios en la especialidad y los que siguieron, y también compungido a modo de apoyo y de pésame le dije: ‘sí señora, algunos dicen que mataron y todavía matan’. En esos instantes mi mente retrocedió al pasado, trayendo al presente recuerdos de hechos negativos, errores que ahora son horrores, como anestesias simultáneas [en varios pacientes a la vez], de las que supe de muchos que irresponsablemente las realizaban, ausentarse a tomar café o atender llamados telefónicos durante la anestesia, distracciones, trabajar estando cansado, y otras, todas malas praxis. A la pobre señora tal vez le asistía alguna razón, y yo sinceramente compartía su pena, asintiendo con la cabeza, intenté balbucear algo que la pudiera consolar, pero no fui capaz. Ella inconsolable lloraba su dolor y en esto tenía razón; lo demás no lo juzgo porque no estuve presente. No me animé a decirle que yo también era anestesista. Tampoco consideré oportuno expresarle todo lo bien hecho que hicimos repetidamente carentes de medios técnicos, restando horas al descanso para cuidar al paciente cuando era necesario, de día o noche y con total desinterés, subestimando el mal que nos hacíamos, con el estrés, la intoxicación con anestésicos volátiles en circuitos abiertos, etcétera; por encima de todo estaba el enfermo, lo demás, nuestro yo, obligaciones, afectos, aun los más íntimos, eran secundarios, postergados y alguna vez olvidados”.
Estos relatos, desde el interior mismo de la profesión, y desde figuras relevantes dentro de la especialidad, dan cuenta de una cotidianidad mucho más áspera, en la que aparecen, sin eufemismos, las condiciones reales de trabajo: el cansancio, las distracciones, las malas praxis y sus consecuencias.
En este contexto, la trazabilidad del fármaco es presentada como la “solución” para controlar y prevenir prácticas adictivas. Sin embargo, cuando llega el momento de la aplicación de los anestésicos aparecen relatos como “se suspendió la cirugía y tenía la preparación armada”, “se rompió la ampolla y hay que reemplazarla”, “no le hacía efecto la anestesia y tuve que darle dosis más altas”, argumentos muchas veces usados para desviar el producto de la línea de control y apropiarse del anestésico, a lo que se suma el robo hormiga de medicación de sus lugares de almacenamiento. Todo ello rompe, en general, con la trazabilidad del medicamento. También se trata de una especialidad que, a veces, como práctica de iniciación, anestesia al ingresante como forma de bienvenida.
Según gestores y profesionales consultados, en los casos de anestesistas expulsados por autoridades de una provincia es muy común que luego aparezcan trabajando como anestesistas en otra provincia, ya que no existe un registro nacional oficial que permita consultar el historial de esos trabajadores; registro que sí tiene la FAAAR y que le permite realizar esas nuevas contrataciones en otras provincias ante la ignorancia de las autoridades que sancionaron al profesional.
En el plano económico, la FAAAR retiene el 15% del monto cobrado por los servicios que realizan todos sus asociados, independientemente de la jurisdicción, siendo la única entidad científico-gremial en el campo de la salud que posee tal poder de regulación, centralizado y monopólico, con la potestad de expulsar a los profesionales que no se ajusten a esos principios y a quienes, ante una expulsión por parte de la FAAAR, les resulta muy difícil volver a conseguir trabajo en esa especialidad.
Estas múltiples dimensiones de la práctica de los anestesistas quedan deliberadamente fuera de escena, y en las noticias se reducen a nombres propios, pruebas judiciales y jóvenes señalados como imputados en esas causas. Lo que aparece como desvío individual es, en realidad, la expresión de condiciones de trabajo, formas de organización y estructuras de poder que permanecen intactas ante las denuncias. Allí es donde el título de este artículo deja de ser una metáfora literaria para volverse una clave de lectura: se señalan casos, se enfatiza lo aberrante, se ajustan los controles, se despliegan discursos de condenas individuales, pero no se interrogan las condiciones que hacen posibles estas situaciones, dado que la lógica corporativa se repliega en sí misma, aumentando la desprotección de quienes trabajan y de quienes reciben atención y cuidados.
* Hugo Spinelli, Viviana Martinovich, Andrés Trotta y Marcio Alazraqui integran el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús.
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