CAMBIARON LA SALUD (2)

El gobierno tripartito de Cambiemos —Nación, CABA, Buenos Aires— arrasó con la cobertura de salud

El 3 de septiembre de 2018 se confirmó que el Ministerio de Salud de la Nación era degradado al rango de Secretaría. Ese cambio fue el símbolo mayor de la visión de la salud y el rol del Estado en las políticas de Cambiemos, para quienes todavía no hubieran comprendido la concepción ejecutada en conjunto por Macri, Vidal y Rodríguez Larreta, que aquí seguiremos reseñando. Una trinidad cuya propia degradación mutó a la versión recargada de una vana metamorfosis en Juntos por el Cambio.

 

Cambie(ajuste)mos

  1. Ajuste y aumento de los medicamentos

Entre las primeras medidas tomadas por Cambiemos se observó la discontinuación del Plan Remediar del anterior gobierno, que había tenido un enorme impacto favorable en el acceso a los medicamentos por la población en general. El gobierno lo reemplazó por la denominada Cobertura Universal de Medicamentos, un programa que redujo a la mitad los que se proveían, lo que junto al aumento de los mismos y la disminución del poder adquisitivo, significó un enorme retroceso sanitario. De hecho se redujo la intervención del Estado en garantizar al medicamento como bien social para convertirlo en mercancía  de una salud privatizada. Bajo una idea de libre mercado sin regulación alguna, en un sector altamente concentrado y con miembros del gobierno con intereses en la industria farmacéutica, el alto precio sin control de los medicamentos —y las dificultades para acceder a los mismos por la mayoría de la población, en especial los grupos más vulnerables como los jubilados— pasó a ser un signo característico del actual gobierno.

Los 21 medicamentos más consumidos por los adultos mayores aumentaron en promedio un 124% entre mayo de 2015 y noviembre de 2017, aunque algunos antihipertensivos (Atenolol) un 266% y algunos anticoagulantes (Sintrom) un 210%. Durante ese período, y debido a la dolarización, el aumento promedio de los insumos médicos y ortopédicos había sido del 232.7%. El Centro de Economía Política (CEPA) estimó a su vez que entre mayo de 2015 y febrero de 2019, el aumento promedio de los medicamentos fue de 257%, muy por encima del aumento jubilatorio de un 172%, dando lugar a una nueva clase de pobreza: la pobreza farmacéutica, que enfrentó a los jubilados al drama de elegir entre dejar de tomar remedios o dejar de comer.

 

Abuela juntando berenjenas en represión del verdurazo. Foto de Bernardino Ávila.

 

  1. Reducción del Plan Médico Obligatorio (PMO)

Las presiones de las empresas de medicina prepaga para que les redujeran las obligaciones derivadas del PMO, fueron recogidas en las políticas de la Cobertura Universal de Salud (CUS), inspirada en la Cobertura Porteña que había puesto en marcha Macri como jefe de gobierno de la CABA. Y también en el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica (AGNET), que determinaría bienes y servicios a incluir en el PMO y limitaría los reclamos judiciales por falta de cobertura. En realidad el acceso universal a la salud tenía vigencia en la Argentina desde 1946, y de lo que se trataba ahora era de un ajuste en salud. Una vez más, y en armonía con las demás políticas privatizadoras, se procuraba restringir el acceso gratuito a los hospitales públicos, bajar los costos a las obras sociales con el apoyo sindical, dar lugar a una canasta básica de prestaciones mucho más restringida que la actual y abandonar la medicina preventiva.

 

  1. Aumento de las prepagas

Las empresas de medicina prepaga fueron otro de los sectores favorecidos con aumentos constantes por encima de la inflación. Paradójicamente, ese costo creciente hizo que disminuyera el número de afiliados, y con la dolarización de la economía que significó un gran aumento en el costo de las importaciones de insumos sanitarios, terminó produciendo una situación crítica para algunas de esas empresas.

 

  1. Privilegios a la industria farmacéutica

Los beneficios, protección y permisividad a sectores como los exportadores de granos, la minería, la energía y el sector financiero, también se aplicaron a la industria de medicamentos. Esto se manifestó en relación a patentes, investigaciones en salud y precios. Un decreto presidencial ordenó en el marco de un “Compromiso Federal para la Modernización del Estado” presentado en abril de 2017, acortar los tiempos de aprobación de las fases de investigación para el registro de medicamentos, o aprobarlos automáticamente, exponiendo a mayores riesgos a las personas participantes en investigaciones en salud, y muy en especial a los niños y otros grupos vulnerables.

Se permitió al lobby farmacéutico bloquear todo intento de promoción y protección de los medicamentos genéricos, y se promovió el intento de penetración en la provincia de Buenos Aires de la empresa Farmacity, cuyo dueño, Mario Quintana, era vicejefe de Gabinete del gobierno nacional. Se buscaba instalar una suerte de supermercado del medicamento yendo en contra la ley de farmacias de dicha provincia, aunque con el amparo de Laura Alonso a cargo de la Oficina Anticorrupción. Por otro lado, la Legislatura porteña blanqueó con una ley las prácticas corruptas de la industria farmacéutica de pagos a los médicos para lograr que los mismos recetaran sus productos, obligándolas simplemente a informar de esos pagos.

 

  1. Ajuste del PAMI

 

 

La cobertura de medicamentos pasó a afectar los descuentos de los jubilados y pensionados  por la rescisión de contratos del PAMI con las cámaras farmacéuticas. Lejos de aplicar racionalidad en las compras del organismo, el motor tanto de esta como de otras políticas en salud aparecía marcado por la idea de un racionamiento de las partidas. Así se eliminaron programas de prevención, se limitó la cantidad de alimentos a los centros de jubilados y se redujeron las prestaciones de trasplantes. Un caso especial fue la reducción del presupuesto para la diálisis renal de 11.000 afiliados, que en dos años llevó al cierre de 12 centros de diálisis y puso en peligro de colapso al sistema. Y también se modificó el sistema de pago para las clínicas y profesionales, entre otras prestaciones. Sin embargo, el PAMI restableció la compra directa de medicamentos a los laboratorios en lugar de a las cámaras empresarias, con lo cual redujo su poder de negociación para beneficio de la industria farmacéutica.

 

  1. Eliminación de pensiones no contributivas

Entre 2016 y 2017, unas 170.000 pensiones fueron eliminadas por la ministra Carolina Stanley con el objeto de achicar el gasto social y bajo el supuesto de un cruce de datos que tenían en cuenta el porcentaje de invalidez, el haber tenido algún empleo aunque fuera temporal o el poseer algún bien como un coche usado. Esas personas, entre quienes se contaban miles de discapacitados, dejaron de cobrar los 4.000 pesos de pensión y también de acceder a programas de cobertura de diálisis renal, inmunosupresores en trasplantes y otros tratamientos brindados por el Programa Federal Incluir Salud. El gobierno anterior había elevado de 350.000 a 1,6 millones los beneficiarios a finales de 2015. En este marco, la presentación del llamado Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019 fue seriamente criticada por falta de contenidos. En septiembre de 2017, la jueza Adriana Cammarata ordenó la restitución de esas pensiones en todo el territorio nacional. A pesar de esto, el Ministerio de Desarrollo Social apeló la medida y la Agencia Nacional de Discapacidad ordenó revisar los expedientes de niños y niñas con pensiones con discapacidad ya que los mismos no tenían “incapacidad laboral”. Eso explica el abucheo sufrido por la vicepresidenta Gabriela Michetti, cuando hace unos días fue a hacer una presentación en la Cumbre Global de Discapacidad.

 

 

 

  1. Aumento de tarifas y desamparo de los electrodependientes

Aunque en septiembre de 2017 se reglamentó la Ley de Electrodependientes y con ello se abrió una expectativa esperanzada en la cobertura del servicio eléctrico para esos pacientes, en junio de 2018 la mamá de Valentino, un niño electrodependiente, denunció la muerte de su hijo por falta de atención, dado que Edesur le había cortado el suministro por una deuda que para ella era impagable. Según la Asociación Argentina de Electrodependientes, la mamá de Valentino desconocía la protección de la ley porque la misma no había sido difundida adecuadamente como la misma ley establecía. Y tampoco la empresa se preocupó de escuchar y distinguir las explicaciones de sus clientes. Cuando en enero de 2019 llegaron los cortes de Edesur y Edenor, al menos 50 familias no contaban con la Fuente Alternativa de Energía que ordenaba la ley.

 

  1. Defensa de los agrotóxicos

Macri criticó y apeló un fallo contra la fumigación con glifosato cercana a las escuelas, pese a todas las evidencias de daño a la salud de ese compuesto, con varios casos como el de María Liz Robledo, y a los antecedentes de retiro del mercado en Canadá, Bélgica y el Reino Unido. La multinacional Monsanto/Bayer pasó a ser así una empresa protegida del gobierno, mientras era condenada en Francia por intoxicar a un agricultor y un juez de Estados Unidos la condenaba a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja que contrajo cáncer por el herbicida Roundup.

 

  1. Discriminación de los extranjeros

Cambiemos hizo propia la actitud discriminatoria de algunos sectores de la población para con los extranjeros, respecto a la educación, el trabajo y la salud. El diputado nacional de Cambiemos Luis Petri presentó un proyecto de ley para regular el acceso gratuito de los extranjeros a la atención de la salud.  El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reclamaba el arancelamiento de los servicios de salud para extranjeros, queriendo justificar su intención con la “enorme” carga para el presupuesto provincial de salud de esas prestaciones, argumento totalmente desmentido por las evidencias disponibles. Y esa política discriminatoria, que había sido defendida enfáticamente por el senador Pichetto, se renueva ahora con su postulación a vicepresidente.

Pese a tantos desmanes de su gobierno, hoy la trinidad del cambio afirma una y otra vez, como una letanía, que los votantes lo que quieren es “dejar atrás el pasado”. La referencia es obvia al peronismo kirchnerista y a todos los que se asocien con él en el Frente de Todos. Sin embargo, lo que indican los números, y por sobre todas las cosas lo que indica una bien informada, razonable y sensible mirada de la realidad, es que lo que la población quiere es terminar con la pesadilla del gobierno de Cambiemos, con la esperanza de no volver nunca a padecer el daño y el sufrimiento de sus políticas y tener un futuro posible de bienestar. Dejarlo atrás, como lo han hecho ellos mismos con su nombre ya impresentable, porque ante el daño causado, el único cambio que ofrece el nuevo nombre de Juntos por el Cambio es agravar el futuro.

 

 

 

 

 

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