Cambiemos (al menos, de dueño)

El mejor equipo a la hora de desguazar al Estado y regalárselo a los amigos

 

La “sana competencia” o la existencia de “un mercado diversificado y competitivo que no justifica la intervención estatal” son algunos de los eufemismos que la actual administración suele desempolvar del arca originaria de las privatizaciones. Casualmente, en el Decreto 882-17, publicado el 31 de octubre de 2017, el presidente Mauricio Macri ordena, entre otras cosas, la venta de la participación del Estado nacional en distintas empresas del sector eléctrico. En algunos casos (Central Puerto, Central Térmica Güemes, Central Dique, Centrales Térmicas Patagónicas, TRANSPA), la presencia estatal es el resultado de los resabios no deseados de la ola privatizadora de los noventa, mientras que en otros casos (Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, Central Termoeléctrica José de San Martín, Central Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Central Termoeléctrica Guillermo Brown), la tenencia accionaria del Estado responde a su activa participación en proyectos de infraestructura durante el gobierno anterior.

Un caso paradigmático es el de TRANSENER, no sólo por su importancia estratégica, sino porque por decisión del actual gobierno el Estado amplió su participación accionaria en esta empresa en septiembre de 2016. Por la compra de la participación de Electroingeniería en esta transportista, el Estado desembolsó  27 millones de dólares. La decisión oficial fue celebrada en su momento por distintos funcionarios del gobierno, en particular por el presidente de ENARSA, Hugo Balboa, que entonces afirmó: “Se trata de una compañía que representa el monopolio del transporte en todo el país. Es un activo en el que el Estado debe tener un rol de co-control”. Efectivamente, TRANSENER posee el monopolio de la red de transporte eléctrico en 500 kv, controlando más de 14.000 kilómetros de red a lo largo de todo el territorio nacional. Si el Sistema Interconectado Nacional es el complejo entramado que abastece de energía eléctrica a casi todas las provincias de la Argentina (excepto la isla de Tierra del Fuego), TRANSENER es la estructura básica que garantiza su transporte.

Como en la mayoría de las empresas del sector, la composición accionaria de este activo estratégico fue variando desde la conformación de la sociedad anónima, al calor de la ola privatizadora de los años ’90. En la actualidad el Estado Nacional es co-controlante de TRANSENER, junto con Marcelo Mindlin (titular del emporio energético Pampa Energía), ya que retienen el 51% de la propiedad a través de la empresa CITELEC, de la que participan en partes iguales. A su vez, la ANSES participa con el 19,57% de las acciones de TRANSENER, mientras que el 29,43% restante cotiza en la bolsa de Buenos Aires. La presencia mayoritaria del Estado garantiza no sólo el control sobre el rumbo de la empresa monopólica, sino que en el marco de la denominada “recomposición tarifaria”, asegura ingentes ingresos al erario público.

Luego de algunos meses de reflexión, el presidente de la Nación considera en el Decreto 882-17 que “el involucramiento del Estado Nacional o ENARSA en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad (el transporte de energía eléctrica) no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”, y por lo tanto ordena la venta de las acciones del Estado en CITELEC. Poco duró el ensueño populista de algunos funcionarios de Cambiemos, y se impuso la estrategia empresaria de los privados, donde el Estado compra para vender todo junto.

La pregunta obligada es qué pasará con la participación de la ANSES. ¿Utilizará el presidente la asidua estrategia empresaria de Cambiemos, de ignorar los impedimentos legales para que luego se judicialice el hecho consumado­?

Servida en bandeja, sería por lo menos desprolijo que Pampa Energía se hiciera de las acciones del Estado en CITELEC, pero a esta altura queda claro que el elegido no será producto del azar de la compulsa pública. Seguramente, algún socio local o extranjero del pujante conglomerado energético se encuentra arrimando posiciones. Quien logre llegar a la meta, no sólo será el co-equiper de Mindlin en el manejo de la transportista, sino que también conducirá a su controlada Transba, encargada del transporte de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires.

Casualmente, fuera del área metropolitana, la distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires se encuentra concentrada en manos de un grupo de sociedades conducido por Luis Pablo Rogelio Pagano: un fiel colaborador de Marcelo Mindlin en el Grupo Dolphin S.A., con el que desembarcaron en el negocio energético a inicios de los años 2000. Hace tiempo que comparten, entre otras cosas, vecindad en el exclusivo complejo de oficinas ubicado en Ortiz de Ocampo 3302, además de una antigua costumbre de asociarse con capitales extranjeros (y locales) de titulares difícil de identificar.

Durante el último año y medio, Pagano y asociados desembolsaron en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro de la provincia de Buenos Aires), y en un segundo movimiento en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata).

Con la compra de esta última empresa, que distribuye la energía eléctrica en la capital provincial, sede administrativa de la gobernadora Vidal, Pagano y asociados adquirieron el 51% de la generadora Central Dique S.A. El 49% restante se encuentra en manos del estado nacional. Al igual que con TRANSENER, el presidente instruyó, por medio del Decreto 822-17, al Ministro de Energía para que se deshaga de esta participación accionaria, garantizando que Central Dique S.A. sea administrada por “agentes privados en un mercado diversificado y competitivo, regido por normas legales y reglamentarias”.

 


Federico Basualdo es ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad

 

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