Camino sin retorno

De cómo utilizar los grises de una ley para permitirle a los ricos concretar una nueva trampa

 

El gobierno de la provincia de Neuquén y el Fideicomiso Lago Correntoso impusieron una calle pública en el ejido municipal de Villa La Angostura para forzar un desarrollo urbanístico privado en 87 hectáreas, que se aprobó en general en 2011 y se estancó porque no se puede construir en la ladera de una montaña de gran pendiente ni en pleno bosque nativo protegido por ley. La llave que fuerza el emprendimiento es una calle pública de 2 kilómetros y 700 metros que nace y muere en la nada, sin conexión alguna con la trama vial existente en la pequeña localidad cordillerana donde el presidente Macri y su entorno familiar y político más estrecho tienen intereses económicos directos.

 

 

El fideicomiso formado por el contador Luis Alberto Obezzi logró que el poder ejecutivo municipal le aprobara el plano del camino y bajada a la costa del lago en 2011, argumentando la emergencia socio-ambiental provocada por la erupción del volcán Puyehue. Cinco años después, la dirección de Catastro provincial aprobó la mensura particular y el fraccionamiento en 21 lotes que incluye la calle pública central, consignando en sus notas la observación de estar alcanzado en su totalidad por la ley 2780 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, “zona roja”.

Hasta el momento, la aprobación de esta calle zanjó a favor del fideicomiso la imposible adaptación de la ley de Bosques a la expansión urbana en “zona roja”, esto sin minimizar los notables esfuerzos en la misma dirección del ex ministro de Desarrollo Territorial Leandro Bertoya, de dudoso apego a la ley de la que fue autoridad de aplicación. Profesionales y técnicos de Bosques habrían resistido habilitar la tala de bosque nativo para un camino privado, vía iniciada por los desarrolladores en 2005 para el proyecto original que pasaron a archivo los propietarios actuales.

La imposición de la figura jurídica de calle pública desde la administración central reactivó el proyecto urbanístico y encorsetó al gobierno comunal en manos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que aceptó la estrategia de los hechos consumados del lobby inmobiliario y autorizó la obra de apertura de camino de acceso.

 

 

Una calle al vacío

Entender la lógica de la tram(p)a institucional a favor del proyecto de urbanización y ampliación de costanera del lago Correntoso es indispensable para aproximarse al absurdo urbanístico de una calle pública cuyo trazado empieza y termina dentro de un mismo lote privado, sin ninguna conexión existente y ni proyectada a la red vial general. Desde marzo del año pasado la maquinaria pesada arrasa suelo y bosque abriendo una calle que linda al sur con el emprendimiento privado cerrado del basquetbolista Emanuel Ginóbili y al norte con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Troca al grotesco en el punto del plano en que, además, aprobó una costanera peatonal de uso público de más de un kilómetro, siempre empezando y terminando dentro de un lote privado. El absurdo decae si consideramos que, en caso de concretarse, podrá llegarse a la costanera embarcado o a nado por las aguas del Correntoso. Las atenciones de Catastro para con el capital contrastan con el hecho de haber aprobado, en ese mismo fraccionamiento, una reserva fiscal municipal sin vías de acceso.

En septiembre de 2005, Radal SA, anterior propietario del campo de 87 hectáreas de este proyecto, y el representante de Ginóbili acordaron la cesión de una servidumbre de paso gratuita y sin límite de tiempo para llegar al lugar que no tiene ninguna otra posibilidad de acceso terrestre hasta el momento.

Ante las restricciones legales, la salida por arriba fue la de que un bien sea público para que lo privado sea posible, ensamble pragmático que exige una lectura contextual de los más simples expedientes administrativos. Este caso muestra, entre otras cosas, cómo el capital privado impone hasta la traza vial ante la ausencia total de planificación local, la desarticulación de las instancias de contralor y la flexibilización de toda norma a las necesidades de los estudios de arquitectura, de las firmas desarrolladoras urbanísticas y de las inmobiliarias, bajo el discurso dominante de “inversión para el desarrollo”.

Desde los ’90 en la región patagónica, y desde el 2000 con fuerza en Villa La Angostura, los gobiernos representan fracciones de los capitales que tienen a la naturaleza como eje de acumulación, en sus variantes combinadas de urbanizaciones en áreas sauvage, infraestructura para deportes de élite, etc. En suma, la naturaleza como objeto de consumo suntuario y de inversión especulativa a largo plazo. Diferente y articulado con el modelo de apropiación del territorio para las nuevas rentas de la naturaleza, en las que el agua dulce sin contaminar del área Pichunco (costa del lago Correntoso, ladera del cerro filo Belvedere) y su biodiversidad también tienen un valor en el mercado por sus servicios ambientales y carácter estratégico en un mundo altamente contaminado y degradado.

Con la acción y presión de los gobiernos, el andamiaje institucional local y provincial es totalmente permeable a la acción de esos capitales que pujan por (re)configurar espacios territoriales a la medida de sus necesidades, tanto coyunturales como estratégicas. El proyecto del Fideicomiso Lago Correntoso pone a prueba, una vez más, al conjunto de la sociedad cuando, por una parte, el daño provocado por la calle pública no tiene vuelta atrás, pero, a la vez, es sólo una calle. Catastro aprobó el fraccionamiento; el trámite para la obra de la urbanización sigue sin siquiera estar iniciado ante la autoridad de aplicación local, más débil pero a la vez más cerca de la población y comunidades directamente afectadas.

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