Canas al aire

El programa especial de policías contra las drogas del aeropuerto de Ezeiza, a cargo del Grupo Clarin

 

Un grupo de jueces federales de Comodoro Py acaba de recibir una invitación extraña. En el marco de un programa de la Oficina de Drogas y Crimen Organizado de Naciones Unidas en el aeropuerto de Ezeiza, el Ministerio de Seguridad los convoca a una jornada de capacitación para el próximo jueves 24 de octubre. Lo raro es que la capacitación estará a cargo del área de Seguridad de la compañía Telecom, del Grupo Clarín.

 

Fragmento de la invitación.

 

 

La razón del encuentro es engañosa. La invitación sostiene que la charla obedece a inquietudes que surgieron en una reunión de marzo con jueces del fuero penal económico. Inquietudes sobre lo que las prestatarias de telefonía pueden brindar o no brindar ante casos de investigaciones criminales complejas. Pero uno de los jueces que participó del encuentro asegura que jamás se plantearon esas dudas, ni el tema comunicaciones en la reunión.

No es la única búsqueda del ministerio de Patricia Bullrich con las prestatarias de comunicaciones, un tema sensible para un gobierno sacudido por denuncias de espionaje ilegal. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), conocida como la oficina de escuchas de la Corte, recibió en el último tiempo tres llamadas desde el ministerio con el objeto de que les habiliten intervenciones sin orden judicial en casos de urgencia y/o contacto con las prestatarias.

 

La llamada

La persona que llamó a la dirección de la DAJUDECO se presentó como Verónica Escalante, una integrante de la Policía Federal Argentina que aparece en los papeles como directora de Emergencias del Ministerio de Seguridad.

 

Extracto del Programa de la IV Jornada Federal de Búsqueda de Personas desaparecidas y extraviadas, del 8 y 9 de agosto de 2019.

 

 

Escalante acompañó al ahora jefe de la Unidad de Coordinación General de la cartera, Pablo Noceti, a un seminario en la provincia de Entre Ríos a dar clases a los integrantes de Gendarmería Nacional sobre el uso de un dispositivo forense que permite clonar teléfonos y recuperar archivos borrados. La herramienta conocida como UDEF genera escalofríos en un universo cruzado por la imagen del espía Marcelo D’Alessio. Pertenece a la compañía israelí Cellebrite Mobile Synchronization, que fabrica dispositivos de extracción, transferencia y análisis de datos para teléfonos celulares y dispositivos móviles. La compañía es una subsidiaria de Sun Corporation de Japón. Su presidente acompañó a D’Alessio a una reunión con el senador Camau Espíndola de Corrientes, para ofrecerle un servicio de espionaje a sus opositores políticos.

Ante la DAJUDECO, Escalante dijo que necesitaba el acceso a las escuchas en el marco de una intervención urgente. Cuando la dirección del organismo le dijo que se requería una orden judicial, la mujer explicó que necesitaba encontrar la manera de establecer un mecanismo para las urgencias y para los fines de semana en el contexto de la creación de una nueva área dedicada a casos de emergencia. Desde la oficina le contestaron que para las emergencias también existen jueces y fiscales disponibles, con turnos que incluye fines de semana. Pero ella insistió. En una lógica que fue interpretada como extorsiva, ofreció como contraprestación facilitar contactos locales con los poderosos del mundo de internet, Google y Facebook. Cuando la oficina dijo finalmente a todo que no, hubo otras dos llamadas con el mismo objetivo.

Noceti y Escalante han viajado a distintos lugares del país, entregando equipos a las fuerzas de seguridad, que denominan «para la lucha contra el narcotráfico». Hace unos meses estuvieron en Paraná. Durante un acto celebrado en la Universidad Católica, entregaron un equipo UFED, de la compañía Cellebrite, que se usa para extraer la información de celulares bloqueados. Asistió la viceintendenta de Paraná y presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, en lugar del intendente Sergio Varisco, quien está procesado por financiamiento del narcotráfico.

 

 

Verónica Escalante, en el centro, junto al ahora barbado Pablo Noceti.

 

 

 

 

La agenda internacional

El programa de Naciones Unidas a partir del cual se está convocando a los jueces a una nueva reunión es conocido como Aircop, la abreviatura de Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias. Es un sistema que busca la cooperación policial de los países miembro en los aeropuertos para trabajar con un sistema de comunicaciones en tiempo real y la agenda prioritaria de la lucha contra el narcotráfico.

El programa impulsado por Interpol, la Organización Mundial de Migraciones y Naciones Unidas existe desde 2010. Pero Argentina hasta 2015 realizó con ellos entrenamientos y operativos episódicos en temas de rutas calientes de tráfico de estupefacientes y para acontecimientos puntuales como las Olimpíadas. Pocos meses después del cambio de gobierno, el acuerdo se institucionalizó como política pública. El 24 de mayo de 2016, la ministra Patricia Bullrich firmó un memorándum de entendimiento con la inclusión de la AFIP que incluyó una partida presupuestaria con el compromiso de crear un grupo especial de trabajo estable en el Aeropuerto de Ezeiza.

 

Bullrich y Alberto Abad, entonces jefe de la AFIP con José Ignacio Salafranca, Jefe de la Delegación de la UE en Argentina y Sergio Naranjo por AIRCOP.

 

Pese a ese antecedente, el sistema no apareció publicitado en la agenda del gobierno hasta marzo de este año, cuando el fracaso de la llamada guerra contra el narcotráfico a nivel local también comenzó a mostrar fallas para los intereses de la política internacional.

Para entonces, el aeropuerto de Ezeiza mostró una falla al aceptar el ingreso de una pareja de origen iraní con pasaportes falsos de Israel cuyos nombres originales figuraban en las alertas rojas de Interpol. El ingreso se produjo en un momento delicado: vísperas del aniversario local número 27 del atentado a la embajada de Israel.

De ese antecedente se habló en la primera reunión Aircop argentina con jueces del fuero penal en el aeropuerto de Ezeiza. Desde entonces, el programa comenzó a ser nombrado por la intervención en casos resonantes y celebrados por la ministra en su cuenta de Twitter. La detención del empresario Alberto Samid del mes de abril se hizo a través de ese programa y entre otros, el hallazgo de 50 kilos de drogas sintéticas que aparecieron en el cuello de un caballo de juguete que llegaba de Bélgica.

La coordinación regional del Aircop está en cabeza de Alejandro Naranjo, un español que administra un grupo de WhatsApp con los coordinadores de los países miembro. Naranjo es un entusiasta argentino y celebra cada operación del gobierno con reenvíos de su Twitter.

 

 

 

Así, la publicitada guerra contra el narcotráfico logra, bajo el paraguas de Naciones Unidas, el sello de una garantía de calidad que no consigue fronteras adentro. La verdadera guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres que ha saturado el sistema de cárceles federales.

Según el Informe 2019 del CELS presentado esta semana, para mostrar el éxito de esa política el gobierno acude a indicadores de número de personas detenidas y pesaje de estupefacientes secuestrados que están desacreditados a nivel mundial. El capitulo dedicado al tema revela que esta guerra es uno de los factores que explica el aumento de la tasa de encarcelamiento. Durante el período 2002 a 2017, señala el informe, el total de la población carcelaria creció 84 por ciento, mientras que los encarcelados por drogas crecieron en el mismo período 252 por ciento. Esa tendencia se aceleró en 2015. La cantidad de prisiones preventivas por drogas creció un 47 por ciento entre 2015 y 2017.

 

 

 

El kiosco internacional

A nivel local, el Aircop es eje de algunos problemas. El grupo argentino está integrado por 18 personas: cinco de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e integrantes de Interpol Argentina que es la Policía Federal Argentina, Policía Federal, la Dirección General de Aduanas (AFIP), la Dirección Nacional de Migraciones. El grupo tiene entre sus ventajas técnicas la posibilidad de articular a agentes de distintas jurisdicciones con información fragmentada para trabajar en tiempo real. Y técnicamente debería romper con la lógica de información acaparada entre las fuerzas y utilizadas para sus fines institucionales. Pero la teoría tiene problemas en la práctica.

Un problema es la articulación efectiva y real de fuerzas de Seguridad con distinto tipo de lealtades. El aeropuerto siempre fue jurisdicción de la PSA. Y un lugar codiciado por Interpol que aquí es la Policía Federal, porque otorga acceso a información e inteligencia y por tanto resortes para vincularse a nivel internacional. Ese acceso históricamente había fracasado. El Aircop que está impulsado a nivel internacional por Interpol les dio la posibilidad de entrometerse finalmente en esa jurisdicción.

 

 

 

 

«Iniciativas como el Aircop son necesarias porque la criminalidad organizada a nivel internacional te lleva en esa línea», explica un experto. «Nosotros siempre fallamos en la conducción política. Somos de cuarta en ese aspecto. O los civiles / políticos trabajan para las mismas fuerzas y delegan en las agencias policiales responsabilidades que ellas usan para tejer relaciones internacionales, o no saben darse una línea para trabajar seriamente en la materia».

 

Una jurisdicción cada vez más amplia

La cabeza institucional del Aircop argentina es la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del ministerio de Seguridad. El área está conducida por Martín Verrier. Verrier es presentado por Patricia Bullrich como uno de los mayores expertos en narcotráfico. Es el hombre de atrás, con la imagen manchada por D’Alessio. Es uno de los contactos de su teléfono parlante y, de acuerdo al ex AFI Rolando Barreiro, detenido por Dolores, también era una de sus terminales políticas en el ministerio.

Con esos antecedentes, hoy encabeza una organización multi-agencial con capacidad legal de abducir información sensible de áreas como la AFIP y la Aduana, ajenas al ministerio.

La semana pasada se conocieron avances de una denuncia de 2017 según la cual el gobierno espió a una veintena de jueces a través de diversas oficinas estatales. No aparecen capturas de teléfonos sino rastreos de diversos usuarios del Estado en el sistema de Migraciones y la AFIP. El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral busca entender quiénes se introdujeron en los sistemas y con qué cobertura legal. De momento, las búsquedas arrojan que no había cobertura legal y que los usuarios provenían de las fuerzas federales, AFIP y la AFI. El antecedente explica por qué un organismo que conjuga a integrantes de varias de esas fuerzas hoy se vuelve un espacio especialmente sensible.

La vocación de la ministra por saltar jurisdicciones no es nueva. Se ve en el mentoreo en primera persona a la Procuraduría de Lucha contra el Narcotráfico, en la necesidad de responder mensajes de un espía como D’Alessio que le manda reportes desde Rosario en el contexto de una investigación que es territorio de otra provincia. En la intervención con testigos y arrepentidos en un área que es competencia del ministerio de Justicia. En ese llamado a la DAJUDECO para conseguir lograr una intervención del teléfono. Puede pensarse que la Aircop es una cruzada en esa línea, como la reciente creación de los Grupos Operativos Conjuntos que reúnen a fuerzas federales y provinciales, y pasa por arriba del esquema de autonomías territoriales. Lo que todavía no había pasado, es verla actuar en primera línea en el sistema de comunicaciones.

 

 

Un Telecom

La incorporación del área de Seguridad de Telecom en un curso del Ministerio es otra tradición inaugurada por este gobierno. Pero la idea de sentar a jueces a cargo de causas sensibles ante Telecom tiene reminiscencias con el pasado.

El área de seguridad de las empresas de telecomunicaciones trabaja en tareas de seguridad informática, en general dedicadas a evitar hackeos o estabilizar vulnerabilidades. Aunque parezca obvio, hay áreas de seguridad en todas las prestatarias. En ese sentido, la convocatoria a una empresa del grupo Clarín es arbitraria. Por otra parte, el área de seguridad de Telecom no es académica. Ni está integrada por expositores. Quienes conocen ese universo lo comparan con la selección de un país que puede jugar el Mundial pero nunca llega a las finales.

Sin embargo, ya fueron convocados. En 2016, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires sentó a un especialista de Fibertel y Cablevisión en una conferencia sobre delitos informáticos y cibercrimen. Adelante había jueces y fiscales. El invitado, llamado Sergio Piris, se presentó como especialista en piratería. La conferencia rondó en torno a los límites que tenían las compañías de Internet para responder oficios judiciales: es importante, les aconsejó, que ustedes escriban en la parte superior de la hoja el número de ley para que nosotros entendamos cuál es la urgencia.

 

 

 

 

Tras la fusión del Clarín y Telecom autorizada por el gobierno el año pasado, Piris continuó dando charlas pero ahora se presenta como experto de Telecom.

En 2012, la participación de jueces en un Congreso organizado por el grupo Clarín en Miami dio lugar a un escándalo. El congreso era organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina, conocido por la sigla de CERTAL, una organización integrada y financiada por el grupo de Magnetto y compañía.

El Congreso incluía un foro sobre libertad de expresión, una categoría que el sistema de medios opuso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y entre los invitados estuvieron los jueces de la Cámara Civil y Comercial que tenían en análisis la ley apelada por Clarín, para bloquearla. A uno de los jueces, Francisco Horacio de las Carreras, le pegaron el pasaje y una estadía en un hotel cinco estrellas, según la denuncia que presentó entonces el senador Marcelo Fuentes en el Consejo de la Magistratura.

«Él dice que el gobierno miente cuando señala que el Grupo Clarín le pagó el viaje, pero reconoce que se lo pagó CERTAL, una organización que tiene múltiples vínculos con Clarín”, dijo el senador. “Todo este grupo CERTAL es un grupo de lobby. Lo que no se entiende es qué hace la Cámara (Civil y Comercial) en pleno asistiendo a ese congreso”.

A seis años, algunos nombres de ese congreso permiten entender cómo fueron las relaciones de fusión con el Estado.

En 2012, la coordinadora general de CERTAL era Ana Recondo, hija de Ricardo Recondo, entonces camarista y miembro del Consejo de la Magistratura. Recondo estuvo en el ojo de la tormenta por la designación a dedo de los jueces de instrucción que debían tomar el caso Clarín. Viajó como invitado aquella vez a Miami. Hoy es presidente del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces.

 

Imagen 2012, congreso de CERTAL.

 

En 2012, el responsable de Relaciones Institucionales de CERTAL en la Argentina era Juan Mahiques, hijo del entonces camarista Carlos Mahiques, también panelista de la reunión de Miami. Hoy Mahiques hijo es el saliente subsecretario de Políticas Criminal del Ministerio de Justicia, integrante del Consejo de la Magistratura y entrante Procurador de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Carlos Mahiques en CERTAL.

 

Actualmente, CERTAL Argentina está dirigido por Miguel de Godoy. Entre 2016 y 2018, De Godoy dirigió ENACOM, el organismo de control de medios creado por el decreto 267/2015 que modificó los limites a la concentración que había establecido la Ley de Medios.

Hoy el espacio no necesita hacer sus congresos en Miami. La sucesora de Miguel de Godoy en el ENACOM es Silvana Giudici, una de las integrantes de las organizaciones contra la Ley de Medios que se presentó como amicus curiae ante la Corte. Hoy interviene en los encuentros con CERTAL.

 

Giudici en el medio.

 

La relación de cercanía entre los medios y los jueces no genera obligaciones pero sí relaciones de confianza que habilitan espacios más blandos para lobbys y pedidos de favores.

 

 

 

 

 

 

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