Cannabis en disputa

El gobierno anunció que autorizará el cultivo a gran escala para uso medicinal e industrial

 

El escueto anuncio presidencial ante el Congreso sobre el envío de una ley para autorizar el cultivo a gran escala de cannabis “para uso medicinal e industrial” parece indicar, como ocurrió con la caída de la ley seca en Estados Unidos, que los motivos económicos serán determinantes para el lento final de la prohibición de esta planta y sus frutos. “La industria mundial del cannabis triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años”, aseguró Alberto Fernández. Fue todo lo que dijo al respecto. En otro tramo, como si fuera harina de otro costal, comentó que su política de drogas es perseguir el narcotráfico y no a quienes consumen. Como se verá más adelante, las buenas intenciones no alcanzan para respetar los derechos de las personas que usan drogas. Se precisa otra ley del Congreso.

La flamante iniciativa industrializadora del Ejecutivo surgió del Ministerio de Desarrollo Productivo. El ministro Matías Kulfas presentó el tema en octubre pasado como parte de los diez consensos para avanzar en la reconstrucción de la Argentina post-pandemia. Figura como eje a impulsar “en pos del desarrollo regional”, junto a la actividad porcina, la pesca y la acuicultura, entre otros ítems. Kulfas aclaró que el objetivo es exportar y generar divisas extranjeras. En la región, ya están produciendo Uruguay y Colombia.

Por el momento sólo circuló un borrador del proyecto. Kulfas se lo acercó a las diputadas de la bancada oficialista Mara Brawer y Carolina Gaillard y a la senadora Anabel Fernández Sagasti. Las diputadas ya habían presentado iniciativas sobre el cáñamo industrial y el desarrollo medicinal. La senadora oficialista propuso incluir el autocultivo expresamente en un proyecto en 2017, cuando se discutió la ley actual de cannabis medicinal, la 27.350. En los próximos días harían una devolución y se delinearán la estrategia parlamentaria.

 

 

La propuesta del Ejecutivo es crear la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá “autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional”. De allí saldrían las autorizaciones administrativas para toda la cadena productiva. La Agencia, según el borrador, sería dirigida por un directorio de diez integrantes “provenientes del sector público, con rango y jerarquía no inferior a Secretario de Estado”. Los cargos deberían ser ad honorem y no les cubrirían traslados ni viáticos.

La tarea del directorio sería ardua: desde realizar o encargar estudios técnicos y dictámenes sobre la cadena de valor hasta administrar la recaudación por la tasa de control y fiscalización. La ARICCAME recibiría fondos del presupuesto nacional. También podría percibir donaciones y aportes públicos o privados. Esta nueva agencia estaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y coordinaría acciones con distintos ministerios y oficinas del Estado (Salud, Seguridad, Ambiente y Agricultura, Ganadería y Pesca, la AFIP, el Conicet, SENASA Y ANMAT, entre otras).

Una primera observación que recibió la iniciativa es la necesidad de distinguir el cannabis para fines medicinales de la industrialización del cáñamo, que abarca desde productos textiles (ropa o calzado) y materiales para la construcción hasta alimentos para animales. “El cáñamo tiene que tener un control de otra complejidad porque es un cultivo que no tiene el componente psicoactivo. Por lo tanto, lo que se debe controlar es la genética de la semilla para que no produzca más de 1% de THC, actividad que el INASE ya realiza con otras semillas, tanto las variedades como posibles pestes que traigan de origen”, explicó la diputada Brawer.

Por su parte la diputada Gaillard afirmó que su contribución pasará por incluir a pequeñxs y medianxs productorxs y a las cooperativas. “Creo que es importante que la ley que se trate en el recinto tenga un claro perfil antimonopólico y que cree un mercado justo”, dijo. En ese sentido, destacó la norma que se trabaja en su provincia, Entre Ríos, donde se está consolidando una importante red de laboratorios públicos para testear la calidad de los productos, sean de pequeños cultivos o preparados magistrales que se vendan en farmacias.

 

No te quedes afuera

La aparición de iniciativas provinciales y municipales sobre cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos es incesante. La semana pasada se sumó Mendoza, mientras la provincia de Buenos Aires tratará de aprobar una nueva adhesión a la ley 23.750 y establecer sus reglas de juego. Así lo indica el texto firmado por el gobernador Axel Kicillof: “La provincia de Buenos Aires debe marcar una diferencia con el resto de las provincias que se han encaminado sólo a constituir Sociedades del Estado netamente comerciales, las cuales son un obstáculo a la fijación de políticas públicas concretas”.

La propuesta del Ejecutivo bonerense es crear una Agencia Provincial del Cannabis (APC), constituirla como “entidad autárquica de derecho público en el ámbito del Ministerio de Gobierno”, siendo la única autorizada en territorio bonaerense para gestionar ante el Estado nacional u otras provincias y organismos. “Tendrá la función exclusiva de autorización, certificación, habilitación, control, fiscalización y asistencia de los cultivos”, dice el articulado.

La prioridad sería el abastecimiento a “los habitantes de la provincia”, para lo que se buscará capacitar al “personal de la salud y educación” en la temática. En el marco de la ley 23.750 y su nueva reglamentación, la APC llevará su registro de pacientes, familiares o terceras personas que deseen autocultivar para quien lo precisa o asociaciones civiles que provean cannabis. Este listado se reportaría al ministerio de Salud donde está el registro nacional (REPROCANN) aún no habilitado, una demora que hoy se paga con la cárcel.

La APC estaría a cargo de todos los proyectos productivos a través de convenios en el ámbito público o privado y podría dar participación a todos los Municipios “que manifiesten interés en la temática que ocupa, como así también a pequeños y medianos productores, teniendo en consideración en ambos casos los estrictos requisitos de calidad que determinarán las disposiciones complementarias”.

También se establecería un “Programa de cultivo solidario” para sostener el trabajo que ya vienen realizando las organizaciones cannábicas en territorio bonaerense. El reconocimiento es explícito en este punto. Este programa debe traducirse en acciones concretas para “fomentar el diálogo permanente y una relación amable entre los funcionarios y la comunidad cannábica”. A diferencia del borrador de la cartera de Kulfas, este proyecto prevé un régimen de faltas ante una transgresión y no las sanciones penales vigentes.

La ministra de Gobierno, Teresa García, y su par de Salud, Daniel Gollan, acudieron a la Cámara de Diputados bonaerense el pasado 23 de febrero para explicar a legisladores y legisladoras el alcance y los fundamentos del proyecto. Ambos coincidieron en que la provincia no puede quedarse atrás. Gollan aclaró que más allá de ser un recurso terapéutico “particular” por la prohibición que lo rodea, los últimos cambios en las Naciones Unidas convirtieron al cannabis en una sustancia controlada de uso médico, como la morfina.

Por su lado, la ministra García advirtió el desorden imperante en la provincia, donde existen organizaciones cannábicas y varios municipios que ya están avanzando en proyectos productivos “que la provincia no puede ni fiscalizar” o se abren propios registros de pacientes locales. “Esta agencia está pensaba bajo el Ministerio de Gobierno pero con autarquía, como lo es ARBA o Lotería u otros organismos de gobierno”, explicó.

 

 

 

 

El debate posterior estuvo centrado en la creación de la APC, algunas cuestiones de accesibilidad y el rol de los municipios. El diputado radical Emiliano Balbín sostuvo que la creación de la agencia era generar “otro raviolcito más” en el organigrama provincial, cuando se podrían encargar Desarrollo Agrario y Salud. La ministra le explicó que también había áreas implicadas en las carteras de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Hacienda y Finanzas, entre otras. “Si no ponemos a todos los actores en caja va a pasar lo que pasa en el mundo, va a seguir corriendo por fuera del sistema”, dijo Gollan.

La diputada Maricel Etchecoin Moro, de Juntos por el Cambio, preguntó por la necesidad de dar participación a los municipios. “Las producciones se asientan en el territorio, el territorio son los municipios, los municipios pueden adherir a esta ley. Es la única manera de normalizar el funcionamiento. Los municipios tienen iniciativas respecto de este tema, que seguramente están dentro de la norma nacional pero no dentro un ordenamiento que plantee la provincia”, sostuvo Teresa García.

El diputado opositor Guillermo Bardón, interesado sobre la cobertura de obras sociales y prepagas, consultó “si el Estado tiene la idea de que sea al 100%”. Gollan aseguró que si se trata de una medicación necesaria “sería deseable que la obra social o la prepaga cubra ese gasto que indica un profesional médico, como cualquier otro medicamento”. Si la persona no tiene este tipo de cobertura, agregó, lo va a tener que brindar el Estado gratuitamente, a través de sistema de salud.

 

 

Porro y circo

Como se dijo al principio de esta nota, Alberto Fernández se refirió a un cambio en la política de drogas en pos de “priorizar la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente”. Sin embargo, la ley de drogas y las distintas leyes provinciales de narcoboludeo siguen vigentes, lo que habilita al festín impiadoso de policías y fuerzas de seguridad para seguir deteniendo y consiguiendo, sin mucho esmero, órdenes de allanamiento contra personas que cultivan.

La situación en lugares como Bahía Blanca y alrededores es aterradora. Nicolás Lupin está preso hace tres meses por tener 15 plantitas en Puán, en otra “megacausa” de perejiles. Hace unos días, en Carhué, le secuestraron un frasco de aceite a un señor de 73 años con cáncer terminal, en el marco de otra “megacausa” contra los cultivadores solidarios que le proveían el preparado. Hace dos semanas el decomiso de UNA planta de 3 metros y “36,86 kilos” fue la tapa del tradicional diario Noticias de la localidad bonaerense Pehuajó.

 

 

 

 

En este marco, el diagnóstico compartido de la necesidad de despenalizar los delitos asociados al consumo por parte de los ministerios nacionales de Justicia, Salud y Seguridad, como ya se mencionó en otra nota de El Cohete, no se tradujo aún en una propuesta legislativa. Según una fuente parlamentaria avezada en la materia no estarían los votos: “Si votaran los ministros ya habría salido la despenalización, sin dudas”.

Mientras se reciben las observaciones y propuestas del borrador que circularon desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde el activismo cannábico piden ser tenidos en cuenta. “Queremos igualdad de oportunidades y que se haga una diferencia en las condiciones para las autorizaciones que se puedan solicitar. Las ONG’s ya somos productoras de cannabis, venimos sosteniendo la demanda y es importante el acompañamiento del Estado para pasar de ser asociaciones sin fines de lucro e insertarnos en la cadena productiva”. afirma Gabriela Calzolari, presidenta de Ciencia Sativa Bariloche.

Esta ONG lidera un proyecto junto al INTA Alto Valle en Río Negro, a través de un convenio de colaboración científico técnico, para cultivar en invernaderos. “Nuestro proyecto lo presentamos en octubre de 2019 y recién se movió con el cambio de gobierno y el nuevo decreto reglamentario de este año. Tenemos los trámites avanzados en el Instituto Nacional de la Semilla para importar las semillas de Colombia y estamos en conversaciones por financiación privada pero manteniendo siempre la dirección pública del proyecto. Estamos yendo hacía un modelo público privado”.

Para esta activista, es muy importante que se incorpore al cannabis al sistema productivo pero es urgente que también se abra el REPROCANN para proteger al menos a una parte de la población que cultiva y consume. “Nosotros creemos que estos avances deben acelerar la discusión sobre el uso adulto o recreativo del cannabis. Y que debe ser una política de Estado. Vemos que en Argentina algunas propuestas se están basando en el modelo regulatorio de Uruguay, pero sin habilitar aún este mercado que además está fuertemente criminalizado”.

 

 

 

 

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