El 2 de diciembre el diario La Nación publicó un informe de la consultora W, en el que se analizan los ingresos según estratos poblacionales, presentados bajo la forma de una pirámide. La consultora ubica al 5% de la población en la “clase alta” y abajo otro 17% que llaman “clase media alta”. Hasta aquí –decimos nosotros– los sectores que están económicamente sin problemas: el 22% de la población.
Hacia abajo aparecen los restantes tres grandes estratos: “clase media baja” (sector que por múltiples indicadores cualitativos sabemos que no la está pasando nada bien, en pleno achique de gastos y recorte de actividades), que agrupa a un 26% de los habitantes; la “clase baja superior” (SIC) compuesta por el 28% de la población, en una situación más precaria aún, y debajo de todo aparece la clase baja (seguramente sostenida por una AUH que el gobierno se ha ocupado hasta ahora de actualizar, y ayudada por diversas organizaciones de la sociedad civil), en la que la consultora ubica al 24% de los habitantes.
Las dos clases que están sufriendo más la depreciación de sus ingresos, producto de las políticas económicas contra el trabajo y la actividad productiva del mileísmo, son la clase “media baja” y la clase “baja superior”, que sumadas representan a la mayoría de la población, el 54%. Las categorías con ingresos insuficientes, sumadas, totalizarían el 78% de la población argentina.
En otra medición, realizada para el mes de octubre de este año, la Universidad Católica Argentina también construyó, en base a información del INDEC y elaboraciones propias, su propia pirámide social, que consta de siete estamentos, determinados en base a los ingresos de los hogares familiares.
Arriba de todo, el 3% más rico de los hogares, que UCA llama la “elite socioeconómica”, gana arriba de 30 millones de pesos por mes. Le sigue la clase media alta, un reducido 7% de los hogares, que gana entre 15 y 30 millones por mes. A continuación aparece la clase media integrada, que llega al 20% de los hogares, y que gana entre 5 y 15 millones de pesos al mes. Aquí ya sumamos el 30% con ingresos de buenos a elevadísimos.
A estos estratos acomodados le siguen dos de sectores medios: uno, al que la UCA llama sectores “medios aspiracionales”, que serían el 20% de la población, y por debajo los “medios bajos vulnerables”, constituidos por otro 20% del total. Este 40% de la población gana entre 2 y 5 millones de pesos al mes.
Finalmente, en la base de la pirámide la UCA distingue entre un 20% al que denomina sectores “bajos no indigentes”, y un 10% a los que llama “pobres extremos”. Estos últimos no llegan a los 800.000 pesos por mes. Los anteriores superan ese piso pero no rebasan los 2 millones.
Si agrupamos los sectores medios bajos vulnerables, los bajos no indigentes y los pobres extremos, tenemos a la mitad de los hogares de la Argentina pasando problemas que van de severos a gravísimos. Probablemente el estrato más difícil de ubicar en ese panorama sea el “medio aspiracional”, en una franja de ingresos ubicada entre lograr cubrir gastos discretos sin penurias, o ingresar en zona de incertidumbre económica.
Comer y descomer
Estas fotografías aproximativas del cuadro social tenemos que insertarlas en una visión dinámica del panorama económico y social: las perspectivas de la economía nacional para el 2026, producto de la política económica mileísta, y las nuevas iniciativas legislativas, que el gobierno está apurando para ya aprobarlas en las próximas semanas.
Dos certezas para 2026:
- el gobierno deberá seguir haciendo piruetas financieras para lograr cubrir los fuertes vencimientos de deuda externa que asoman en el horizonte; y
- la situación de la economía real continuará en un plano inclinado por la caída de los ingresos de la población, el efecto sobre la actividad económica combinado con la apertura importadora, el recorte del gasto público y otros factores contractivos.
En cuanto a las piruetas, esta semana tuvimos un anticipo: en una licitación en el mercado local, el ministro de Economía obtuvo 910 millones de dólares a una tasa del 9,26% anual.
El gobierno es adicto a presentar todos los hechos como una sucesión interminable de victorias. Sin embargo, esta licitación no parece un logro promisorio. Luis Caputo logró, efectivamente, que les prestaran dólares para ir juntando para el pago del 6 de enero, pero lo lograron a una tasa exageradamente alta, que sólo puede ser pagada transitoriamente y por un monto de fondos relativamente acotado.
La deuda externa que tiene la Argentina –gracias a las gestiones neoliberales– sería imposible de pagar si creciera sistemáticamente a una tasa superior al 9% anual. Hay que recordar que el producto de la Argentina no viene creciendo, y que este año registra un movimiento alcista en el cual los sectores financieros e inmobiliarios tienen un lugar destacado. Esos sectores, precisamente, son incapaces de suministrar las divisas para el repago de los compromisos externos.
La política económica de este gobierno depende directamente del favor de la administración Trump. Habrá que ver qué nuevas negociaciones e inventos harán para que la Argentina siga pudiendo pagar sus compromisos externos, sin generar los dólares por las vías normales y recomendables.
En cuanto a lo que se viene en la economía real, todo indica un escenario crecientemente complicado, ya que se siguen acumulando situaciones llamadas a afectar negativamente la actividad económica: inflación continua con salarios detenidos, contracción del gasto público, flujo importador que desplaza a actividades productivas locales, falta de incentivos para la inversión productiva o directamente cierre de empresas, reducción del mercado interno por saturación de deuda en muchas familias, y pauperización creciente de sectores medios.
Por supuesto, persiste la incógnita sobre si, además, ocurrirá una devaluación de la moneda, y cuándo.
Hay quienes interpretan que el apuro oficial por sacar algunas reformas antipopulares puede tener su origen en que el gobierno está siendo apremiado por factores externos para que efectúe una devaluación en función de fortalecer la capacidad de pago de los vencimientos que se aproximan, medida que tendrá un efecto erosivo sobre la imagen de Milei y sobre la disposición de sectores políticos a acompañar sus iniciativas.
Por lo tanto, el gobierno estaría tratando de aprovechar el envión electoral de octubre para arremeter con las leyes reclamadas por diversas fracciones del empresariado, antes de tener que implementar el recetario reclamado por los financistas globales: devaluación, compra de divisas para fortalecer las reservas y, como consecuencia inevitable, un achicamiento adicional del gasto público social.
Como se ve, todo indica un 2026 peor en lo económico que 2025.
Ataque legislativo a los trabajadores
La nueva legislación laboral que se viene anunciado confirma el carácter de experimento extremista del gobierno de Milei.
En este caso, están viendo hasta dónde se puede debilitar a los trabajadores en sus derechos adquiridos a lo largo de generaciones, aprovechando la pasividad de los grandes sindicatos y la indiferencia de una masa importante de trabajadores precarizados.
Lo que se conoce es un pliego de demandas patronales, atravesado por el anhelo de un “no movimiento obrero”, similar a lo que logró en Chile la dictadura de Pinochet, con sindicatos atomizados y débiles.
Sería extenso enumerar aquí todos los aspectos de la legislación que se quiere imponer, pero queremos remarcar sólo algunos puntos específicos, por los efectos económicos que van a tener.
El gobierno y sus inspiradores buscan descentralizar las negociaciones laborales y favorecer que ocurran en los niveles más bajos posibles (provincias, empresas). La idea es que el polo negociador obrero tenga el menor poder posible frente a las empresas.
Quieren crear “bancos de horas” para que las empresas regulen las jornadas laborales (podrán ser de hasta 12 horas), lo que permitirá el ahorro del pago de horas extras.
Obligarán a renegociar los convenios colectivos que se mantenían vigentes más allá del período negociado. Esa negociación se efectuará en un muy mal contexto político y económico para los trabajadores.
Van a derivar el 3% de las contribuciones patronales, necesarias para sostener el sistema jubilatorio, hacia un fondo de despidos, que será el que abone las indemnizaciones. Para las empresas es indiferente, pero el gobierno promueve el desfinanciamiento del ANSES.
Habilita el pago selectivo de aumentos salariales “por mérito” por parte del empleador, al margen de la negociación colectiva. Medida para dividir y generar fricciones entre los trabajadores.
Se generan nuevas trabas para el ejercicio del derecho de huelga, para hacerlo perder fuerza y capacidad de presión social.
Las vacaciones podrán ser fraccionadas por la empresa y otorgarse en períodos no comunes, lo que ocurriría de “mutuo acuerdo” con el trabajador.
Se consagraría la ficción de que los choferes o los repartidores que trabajan para aplicaciones sean considerados “prestadores independientes”.
El proyecto incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasaría del 6 al 5%).
Otro ítem que apunta a desfinanciar a los sindicatos: los empleadores dejarían de estar obligados a ser agentes de retención de los aportes sindicales.
Son sólo algunos ejemplos de la búsqueda de atomización de la fuerza de trabajo y su subordinación completa a las necesidades empresarias.
En ese camino de deterioro de la correlación de fuerzas, de cancha inclinada por el Estado a favor de las empresas, es evidente que los salarios caerán, que el consumo de la clase trabajadora se reducirá, y que por lo tanto la actividad económica recibirá un nuevo impulso descendente de parte de la administración Milei.
La oposición, ¿no tiene posición económica?
No se conoce qué piensa de la economía nacional el mayor partido opositor. La ambigüedad económica del Partido Justicialista es política: encierra un conjunto de contradicciones que determinan que no pueda enunciar nada claro sobre lo que se pretende hacer.
Pero si el PJ no puede oponerse claramente a este modelo de destrucción nacional, no puede estar a cargo de liderar la oposición. Si no es capaz de asumir un punto de vista definido frente a la venta vil de los activos del Estado, el endeudamiento externo para prolongar la timba financiera, la extrema apertura importadora anti industrial, la destrucción del sistema científico tecnológico, o la proclamada voluntad extranjerización de los recursos naturales, no se puede saber en qué país está pensando.
Con esa ausencia de una cuestión política central, la economía, se deja a la gente indefensa, a la intemperie, librada a la catarata de estupideces económicas que plantea el gobierno, y a las infinitas repetidoras mediáticas del neoliberalismo vernáculo.
Hacer política no es lo mismo que levantar la mano en el Parlamento, por más que el sentido del voto sea correctísimo.
En un momento de tan bestial ataque a la vida de las mayorías para construir un modelo elitista y extranjerizado, asumir posturas ambiguas o tecnocráticas es por demás sospechoso.
Si son claras las necesidades populares de mayores ingresos para poder cubrir necesidades básicas, tener una vida cotidiana sin privaciones severas y esperanzarse con progresar a través de la educación y el esfuerzo productivo, ¿qué es lo que está impidiendo definirse claramente a favor de estas recuperaciones elementales de derechos? ¿A quién más se le quiere hablar? ¿A quién se quiere interpelar?
Si se está pensando en converger con ciertos sectores del empresariado, vale la pena hacer un esfuerzo de diferenciación. Es cierto que hay espacios de convergencia entre capital y trabajo cuando se habla de producción de riqueza, desarrollo del país, mejora de la calidad, incremento de las exportaciones o sustitución eficiente de importaciones.
¿Pero qué pasa si el empresariado que mayor influencia política tiene en nuestro país apoya sin cortapisas un modelo económico de destrucción de la industria, de empobrecimiento de las mayorías, y de reparto de negocios entre minorías privilegiadas?
Sabemos que el “modelo” económico de Milei está totalmente desequilibrado, es inconsistente, requiere salvatajes cada tres o cuatro meses… Todo el gran empresariado que apoya este experimento lo sabe perfectamente, y no le exige a los mesadineristas oficiales los famosos “equilibrios macroeconómicos”, ni le toma pruebas de seriedad y rigor.
Al contrario, pasa por alto todas y cada una de las reiteradas contradicciones, falacias, engaños económicos, estadísticas truchas y contabilidad creativa que usa el gobierno para seguir adelante. La promesa de negocios es lo único que importa.
Es decir, la derecha económica acompaña toda esta aventura desequilibrada por la única razón de incrementar sus negocios presentes y futuros, sin preocuparse por equilibrios macroeconómicos ni sociales.
Dicho esto: ¿a qué se dedica el mayor partido político de la oposición argentina? A tratar de congraciarse con estos sectores a los que les importa un bledo –en la práctica– la consistencia macroeconómica, tratando de hablarles en lenguas para mostrarse serios y responsables.
Debemos decirlo con claridad: en la Argentina 2025 no hay sectores económicos de peso que estén en condiciones de reclamarle seriedad económica a nadie, simplemente porque están apoyando este saqueo continuo de los bolsillos populares sin ninguna estrategia seria de progreso nacional.
La dirigencia popular debe poder distinguir entre la capacidad de los empresarios de estar al frente de importantes conglomerados corporativos, y la calidad de su visión económica y social.
Pareciera que en el espacio popular ha ido aumentado un espíritu de subordinación intelectual a los dueños del capital, concediéndoles una sabiduría de la cual carecen. Así, la actitud de ciertos economistas del espacio se llena de guiños y tecnicismos para que los decodifiquen desde los poderes fácticos como gente colaborativa y “racional”, y no los demonicen como “k” o “zurdos” impugnadores de sus prácticas sociales.
¿Cómo podrían ser intelectualmente respetables empresarios que apoyaron el experimento rentístico-financiero de Martínez de Hoz, la apertura indiscriminada con tipo de cambio atrasado de Cavallo, el uso de endeudamiento externo para cubrir gasto público corriente de Macri? ¿Cómo podrían ser personas de consulta, o con poder de veto, los que apoyaron metódicamente la destrucción de las fuerzas productivas, el endeudamiento sin fin y la degradación de una sociedad relativamente integrada?
Claro que existen grandes empresarios sueltos que tienen vocación productiva, pero no se expresan claramente contra el modelo financiero de vaciamiento nacional. Sin creen en un modelo nacional, lo disimulan muy bien.
También se debe reconocer la existencia de una dirigencia pyme que muestra niveles de consciencia notables sobre su rol en la economía, la importancia del salario, el papel del Estado y la necesidad de un proyecto de desarrollo nacional. Pero el defecto es que no se constituyen en actor político relevante, capaz de condicionar y presionar a actores políticos veletas que pueden apoyar cualquier cosa.
¿Podrían las pymes, en vez de ir fundiéndose en soledad, en fila india como está ocurriendo en este momento, decidir un paro nacional y convocar y convocarse, junto con su personal, a la Plaza de Mayo, para expresar su total disconformidad con el rumbo económico y social?
En definitiva: el PJ todavía mantiene expectativas de acercamiento con alguna fracción del gran capital, incluso si ahora está apoyando esta aventura depredadora. Quizás estén esperando que reflexionen, maduren, comprendan y se acerquen al campo nacional.
Tal vez el camino a recorrer sea exactamente el inverso: construir un bloque nacional convocando y fortaleciendo política e ideológicamente a los sectores populares en torno a propuestas que los expresen. Esto requiere, como condición necesaria, contar con una voz clara, creíble y una orientación definida y comprensible.
Sólo a partir de construir un bloque nacional de sectores populares se podrá establecer un diálogo franco en la medida que el empresariado acepte acumular a favor, y no en contra, del progreso del país.
Parte de la debilidad opositora es creer que se está frente a un gobierno fuerte. Pero todo es muy precario en este gobierno, tanto en lo económico como en lo social.
Su fortaleza son sus apoyos, pero también la debilidad opositora, que parece incluir un pesimismo exagerado a pesar de las fragilidades oficiales.
La inflación persistente, el aumento de los precios de los alimentos, las deudas familiares, las privaciones acumuladas, la pérdida de empleos, seguramente generarán el malestar que haga cambiar posiciones, genere una reflexión, determine el abandono de ensoñaciones positivas, y predisponga para entender mejor cuestiones vinculadas a la realidad.
En qué momento las penurias colectivas generarán una nueva consciencia, dependerá también de la acción política, de la práctica política de quienes quieran ver una Argentina muchísimo mejor que la que hoy promueven el capital concentrado y sus vasallos.
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