Las visiones sobre el corto plazo varían, pero una idea cobra fuerza: el agotamiento del capital político de Milei. Más allá de cualquier fatalismo, es alta la probabilidad de un cambio de signo político en las presidenciales del 2027; inclusive, no es descabellado prever un escenario de conflictividad social que rememore el estallido del 2001.
En aquel entonces —como ocurrió en 1989 [1], aunque con rasgos distintos— el epicentro de la crisis se concentró en la Casa Rosada. Pese a que el colapso se sintió en todo el país, gobernadores e intendentes actuaron con una lógica diferenciada que los protegió del descrédito: su repliegue estratégico frente al naufragio presidencial permitió tejer una red de gobernabilidad que, más allá de la profunda fractura social, sostuvo un andamiaje institucional mínimo hasta los comicios de 2003, hito que marcó el inició de un nuevo ciclo político.
Gobernadores e intendentes de distintas filiaciones políticas y actores locales clave activaron mecanismos de contención. Fue una estrategia orientada a garantizar una gobernabilidad básica, a blindar los gobiernos subnacionales frente al colapso y a preservar el capital político territorial. En ese contexto, la transición de 2003 no fue un acto de restauración automática, sino el producto de una compleja ingeniería política: una trama de acuerdos y arduas negociaciones entre actores que lograron recomponer, en mayor o menor medida, los pilares de la legitimidad gubernamental en todo el país.
A diferencia de los dos ejemplos citados, la erosión de la confianza aparece hoy como un fenómeno transversal que —con algunas excepciones— no distingue niveles de gobierno ni filiaciones partidarias, afectando tanto a opositores como a oficialistas y a quienes intentan navegar entre ambos mundos. Pese a su origen multicausal, el fenómeno se traduce en una pérdida de legitimidad provincial y local que compromete su eficacia como barreras de contención institucional.
Como reflejo de esta situación, al comparar las elecciones celebradas entre 1985 y 2025 [2], se observa que, desde la recuperación democrática, los oficialismos provinciales nunca habían alcanzado un nivel de apoyo tan bajo como en las legislativas de 2001 y de 2025. Los resultados de estas dos elecciones son elocuentes: 21% y 24,8% respectivamente, muy por debajo del promedio histórico del 29%. No se trató solo de una merma en votos, sino también de un retroceso en la competencia: apenas la mitad de los oficialismos logró imponerse en sus distritos, mientras que en otras cinco provincias ni siquiera lograron posicionarse entre las dos fuerzas mayoritarias [3].
Este escenario, lejos de ser coyuntural, amenaza con agravarse ante las proyecciones de un mayor deterioro socio-político en los próximos meses; sin esa reserva de capital político regional y local, la capacidad de articular acuerdos y erigir una valla de gobernabilidad frente al naufragio del modelo libertario resulta mucho más limitada.
Y como si esto fuera poco, la fragilidad se ve acentuada por la heterogeneidad partidaria de los mandatarios actuales. Por primera vez desde el retorno democrático en 1983, los gobernadores peronistas no son una amplia mayoría, lo que diluye la cohesión de una cultura política compartida que, en otros hitos históricos, funcionaba como un eje de su articulación.
Mientras que en 1989 y 2001 la liga de gobernadores actuó como un eje de gobernabilidad sustentado en los acuerdos tácitos que daba el mismo origen partidario, hoy predomina una fragmentación que promueve la desconfianza y prioriza la supervivencia en el territorio propio, debilitando lazos de confianza y códigos compartidos.
La debilidad de los poderes subnacionales constituye un condicionante central para cualquier salida política: sin referentes territoriales sólidos, se reduce la capacidad de articular acuerdos y mecanismos de contención frente a escenarios de alta conflictividad. La fragmentación partidaria y la erosión del capital político regional y local limitan la construcción de consensos mínimos y elevan el costo social y político de las transiciones. Por ello, la recomposición institucional exige no solo alternativas nacionales, sino también pensar en un itinerario de recomposición y legitimación para los gobiernos provinciales y municipales.
[1] Recordemos que la salida institucional a la crisis de 1989 consistió en un doble adelantamiento: primero el de los comicios (las elecciones programadas para octubre se celebraron en mayo) y luego el del traspaso de mando (el Presidente Raúl Alfonsín entregó el mando a Carlos Menem cinco meses antes de lo previsto).
[2] A fin de establecer un indicador homogéneo, se tomaron como referencia las elecciones de diputados nacionales, analizando el desempeño de cada oficialismo provincial en su respectiva jurisdicción.
[3] Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El tema tiene una dimensión regional que no es menor: a diferencia de las otras crisis políticas, Buenos Aires y CABA parecen estar menos afectadas. Ningún oficialismo ganó en la Patagonia (salvo La Pampa, si es que se la considera parte de esa región).
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