Con el segundo año de mandato presidencial en curso, el oficialismo anarcocapitalista sigue basando su gobierno en un Estado presente.
Lo que modificó es la brújula de las decisiones, que en algunos casos repiten políticas económicas implementadas en las últimas décadas, y en otros reportan aceleraciones e intensidades poco frecuentes desde la recuperación democrática.
Mientras los periódicos relevamientos laborales muestran repetidas retracciones de empleos y salarios, la represión a la protesta social se intensifica. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estimó que en la primera mitad de 2025 se lamentaron en la Capital Federal mayor cantidad de episodios represivos y heridos que en el total del año anterior.
En las provincias ya comenzaron a experimentarse también hechos como el ocurrido a mediados de octubre en Villa Río Bermejito, una pequeña localidad chaqueña. Como contó El Cohete, se observó allí el compromiso local en la represión y una desproporción evidente de efectivos y manifestantes, dos características preeminentes en los operativos desplegados en el distrito en que residen las autoridades nacionales y atiende Dios.
Un año en medio
La CPM inició su monitoreo de manifestaciones de protesta tan pronto como la ministra Patricia Bullrich oficializó el denominado “protocolo antipiquetes”, que escuda la amenaza de represión en la excusa de la libre circulación. El organismo acaba de publicar el primer informe de 2025, que abarca la mitad inicial del año y permite establecer una comparación interanual en volumen e intensidad de la represión a la protesta social en la Capital Federal.
Desde el comienzo de enero y hasta el último día de junio, la Comisión monitoreó 39 movilizaciones y en 21 de ellas registró episodios represivos. La frecuencia de este tipo de eventos revela una marcada aceleración respecto de la que había apuntado en 2024, cuando los halló en 17 de 60. En otros términos, la recurrencia de prácticas represivas pasó de menos de un tercio a más de la mitad.
Catorce de las 21 protestas reprimidas correspondieron a las que cada miércoles convoca a jubiladas y jubilados, grupo etario que suma a sus vulnerabilidades las producidas por el paso de la motosierra sobre sus haberes previsionales, los subsidios de servicios y transporte que reportan salario indirecto, y la cobertura de medicamentos que el PAMI se resiste a reponer, pese a los fallos judiciales que lo ordenan.
La distribución de palos sobre el sector no parece ser una práctica en repliegue. El último miércoles, el oficialismo celebró su desempeño electoral con una nueva represión a manifestantes en la convocatoria semanal de la otrora llamada clase pasiva. El operativo incluyó la detención de Francisco Paco Olveira, cura en Opción por los Pobres.
Ese aspecto atestigua con claridad una intensificación: el primer semestre de este año concluyó con 130 detenciones en el marco de hechos de represión, cuando 2024 había cerrado con 93. La mayor parte se produjo en la protesta de jubilados del 12 de marzo: 114 personas fueron liberadas de inmediato por orden de la jueza Karina Andrade, que objetó el “déficit en la información suministrada” por las fuerzas de seguridad para justificar sus aprehensiones.
La escalada represiva colocó al país en la mira de organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El ex juez Alberto Baños, actual subsecretario de Derechos Humanos, conjugó negacionismo en pasado y presente: negó por igual la magnitud de lo ocurrido durante la dictadura y la represión actual.
El comunicado oficial del gobierno felicita su “contundente respuesta”, que consistió en acusar al organismo de estar colonizado por kirchneristas. Hace pocas semanas, en ocasión de otro disparate, un usuario de redes sociales definió la forma de razonar oficial:
Según esta gente el kirchnerismo oscila entre su desaparición y el control mundial. https://t.co/RsoVXDtCHJ
— Leonardo (@guarda_la_moto) September 1, 2025
7x1
De acuerdo al relevamiento de la CPM, en las 31 movilizaciones que monitoreó presencialmente hasta el 30 de junio constató la intervención de la Policía Federal y en 22 de ellas, la de la fuerza policial porteña. Sin embargo, también
- registró la participación de la Prefectura (19 casos) y la Gendarmería (16), que son fuerzas militarizadas del sistema de defensa;
- en una decena de oportunidades advirtió el concurso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuyo nombre define un ámbito operativo ajeno a marchas y concentraciones en las calles, en las que desde 2024 incrementó su presencia del 10% al 30%;
- en 26 monitoreos detectó la portación de armamento letal, con mayor frecuencia por parte de la Policía de la Ciudad;
- en la misma cantidad de ocasiones descubrió prácticas asociadas a tareas de inteligencia, avaladas por el decreto presidencial que contrarrestó los intentos locales y las advertencias internacionales para limitarlas o transparentarlas; y
- en la convocatoria de ATE frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el 27 de marzo, observó a una persona que vestía de civil, pero portaba arma reglamentaria y handy.
El informe destaca la desproporción en la cuantía de efectivos, cuyo promedio calcula entre el doble y el triple de la de manifestantes. El ejemplo extremo es el de la movilización del 16 de abril, cuando se dispusieron siete agentes del orden para contener la peligrosidad de cada jubilado en protesta.
Mala puntería
Al finalizar la primera mitad de este año, la CPM constató como saldo de los 21 episodios represivos a al menos 1.251 personas heridas, cifra que supera a la que el organismo asentó al cabo de 2024, cuando había contabilizado 1.216. Más de la mitad de los casos registrados en 2025 surgieron del operativo del 12 de marzo, que acabó con 672 heridos. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo.
El de Grillo es el caso más grave dentro de un colectivo que aportó la mayor cantidad de víctimas, un 14,4% del total semestral de heridos: 179 trabajadores y trabajadoras de prensa sufrieron en carne propia el rigor de una represión anarcocapitalista con muy deficiente puntería o escaso respeto por la libertad de expresión.
Tampoco cabe la sospecha de peligrosidad hacia otros grupos afectados durante el primer semestre, como los 132 adultos mayores que también resultaron heridos, o las tres niñas de entre ocho y catorce años, y un adolescente de 16, sometidos al rocío de gas irritante.
Versos y reversos
En el reverso de la práctica represiva se ubican los retrocesos en el empleo y el salario. Junio pasado, el último mes del periodo comprendido por el monitoreo de la CPM, registró una caída interanual de 18.000 puestos de trabajo formales.
La destrucción de empleo bajo el gobierno de Javier Milei acumulaba así 190.000. La mayor parte correspondía al ámbito privado, que el discurso oficial se vanagloria de promocionar: el sector perdió 12.200 puestos en la comparación interanual de junio, acumulando 114.000 menos que en noviembre de 2023.
A esas contracciones se suman las que al promediar el año evidenciaban la órbita pública y el trabajo en casas particulares, con 57.000 y 18.000 fuentes de trabajo menos que en el último mes completo de mandato de Alberto Fernández.
El comportamiento del salario promedio del sector privado ayuda a detectar los momentos en que las recuperaciones se enmascaran detrás de abruptas y pronunciadas caídas previas, producidas por el mismo programa económico.
Los cómputos oficiales dibujan las pendientes por las que desbarrancó el salario formal privado en los comienzos de los gobiernos de Mauricio Macri y Milei. Las recuperaciones posteriores nunca alcanzan los pisos perdidos.
Sobre ese mapa procurará descargar el oficialismo la reforma laboral que reclaman sus financistas, con el auxilio del poder disuasorio que puedan aportar balas de goma y gases lacrimógenos.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí