Cárceles en la Corte

Por el Covid-19, la situación de presos y presas llega al máximo tribunal

 

La situación de las cárceles bonaerenses en plena pandemia llegará en las próximas semanas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después de una feroz campaña mediática que incluyó cacerolazos convocados por funcionarios judiciales, la Suprema Corte bonaerense reencausó hace dos semanas el hábeas corpus con el que la Casación provincial había habilitado la prisión domiciliaria, mientras dure el aislamiento por el Covid-19, para personas detenidas por delitos leves y que integraran grupos de riesgo. El defensor ante la Casación bonaerense apeló el fallo, diciendo que contradice las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado argentino, y pidió la intervención de los cinco supremos nacionales.

 

 

 

Breve pero intensa historia

Mario Coriolano, defensor ante la Casación bonaerense, presentó un recurso para que la Corte nacional revise el fallo del máximo tribunal bonaerense. Como explica el defensor en su escrito, el hábeas corpus que concedió en abril el casador Víctor Violini no habilitó liberaciones masivas ni de personas condenadas o procesadas por delitos graves.

En plena pandemia, un grupo de defensores oficiales y un defensor de Bahía Blanca presentaron dos hábeas corpus por las personas detenidas en cárceles y comisarías bonaerenses. La situación penitenciaria es grave desde hace muchos años y atenta contra la norma básica del distanciamiento social. Ni en las cárceles ni en las comisarías bonaerenses hay entre un metro y medio o dos de distancia entre las personas allí alojadas. De hecho, un informe realizado por la propia Casación bonaerense antes del cambio de gobierno daba cuenta de que, por la sobrepoblación, en algunas unidades los presos o las presas se turnan para dormir.

Violini concedió ese hábeas corpus y ordenó que se dispusieran prisiones domiciliarias mientras dure la pandemia para las personas que estaban detenidas por delitos leves –es decir, no contra la vida ni contra la integridad sexual– y que integraran grupos de riesgo: mayores de 65 años, con patologías previas, mujeres embarazadas o detenidas con sus hijos o hijas.

El hábeas corpus de Violini alcanzaba inicialmente a 417 personas, explicaron desde el Ministerio de Justicia provincial, pero sólo llegaron a volverse efectivas 195 prisiones domiciliarias. El número es ínfimo porque la población penitenciaria bonaerense ronda los 48.000: 4.300 personas están detenidas en comisarías y 43.700 en cárceles. Esos números duplican, con amplitud, las plazas con las que cuenta la provincia.

La decisión de Violini fue impugnada por el fiscal Carlos Altuve y validada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien curiosamente había firmado en marzo una resolución ordenándoles a fiscales y defensores que buscaran medidas para reducir la población carcelaria ante la pandemia. La resolución de Conte Grand no diferenciaba entre los distintos delitos, lo que, entre otras cosas, motivó que el Ministerio de Justicia le enviara una nota para que prestara especial atención en el caso de domiciliarias para agresores por medios sexuales – quienes, en muchos casos, vuelven al barrio o, peor aún, a la casa donde cometieron los ataques.

El 11 de mayo, la Suprema Corte reencausó el hábeas corpus de Violini. El fallo fue considerado un grave retroceso tanto por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mecanismo contra la tortura local, y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

La Suprema Corte bonaerense recibió la semana pasada el recurso del defensor y lo envió a la Procuración para que Conte Grand se expida. Todavía no llegó su opinión. En el máximo tribunal provincial estiman que en un plazo de diez días debería resolverse si el planteo sigue viaje hasta el Palacio de Talcahuano.

 

 

Los argumentos

Coriolano pide que la Corte Suprema nacional acepte el recurso y que convoque a una audiencia pública, como lo hizo antes de firmar el fallo Verbitsky en 2005 para ponerle coto a la sobrepoblación en comisarías y cárceles.

“A quince años del fallo Verbitsky, en el peor de los escenarios imaginables (hacinamiento carcelario en los niveles históricos más altos y la irrupción de una pandemia de transmisibilidad inusitada), la Suprema Corte vuelve a restringir el hábeas corpus colectivo como garantía de protección judicial efectiva para amparar los derechos de las personas privadas de la libertad a la salud, a la vida, a la prohibición de detenciones arbitrarias y penas crueles e inhumanas”, escribió el defensor.

Los supremos tienen desde hace cinco años un planteo formulado por defensores públicos de la provincia por el incumplimiento del fallo Verbitsky. En algunas vocalías siguen con atención el tema carcelario, pero no hay pronósticos aún. El recurso –de urgencia por la pandemia– tardará al menos dos o tres semanas en llegar.

Uno de los puntos que la Suprema Corte bonaerense impugnó del fallo de Violini es que no hay una delimitación entre qué es un delito grave o un delito leve. La Suprema Corte podría haberlo enmendado, dice el defensor. “Lo que hay que entender detrás de esa partición que efectúa el Tribunal de Casación es que, según su criterio, todos los encierros por delitos leves de personas pertenecientes a grupos de riesgo son inconstitucionales”.

 

 

El Covid en las cárceles

El miércoles pasado Carlos Rosenkrantz envió a todas las cámaras federales una recomendación que Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), había hecho llegar a la Corte. La PPN proponía, entre otras medidas, darle mayor presencia al Ministerio de Salud para gestionar la situación en contextos de encierro y realizar una nueva inspección sanitaria en Devoto.

El complejo de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene, al menos, quince internos contagiados. El miércoles pasado hubo una reunión en la cárcel con autoridades del Ministerio de Justicia. Devoto fue uno de los 38 establecimientos carcelarios donde se registraron protestas desde que se declaró la pandemia. La semana pasada, la Corte resolvió que los hechos de violencia institucional que se registraron durante el 24 de abril –con dos personas baleadas con armas de fuego– sean investigados por la justicia ordinaria.

Según estadísticas que difundió el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), hasta el miércoles, se habían detectado 43 casos de Covid-19 en unidades penitenciarias y seis más en comisarías. La situación es grave y el virus avanza.

La situación de las cárceles se discute en todo el mundo. En muchos casos con menor virulencia que en la Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que llamó a reducir los niveles de sobrepoblación para hacer frente a la pandemia, organizó el viernes último una conferencia sobre la situación de las personas privadas de la libertad. Participaron tres argentinos: Raúl Zaffaroni (integrante de la Corte IDH), Daniel Erbetta (Corte de Santa Fe) y Alejandro Slokar (Casación Federal).

A diferencia de la Corte —que todavía no se adentró en la discusión sobre la situación de las cárceles—, la Casación emitió varias acordadas para fijar qué casos deben atenderse con mayor rapidez para procurar morigeraciones de la pena mientras dure la pandemia. Slokar, que es vicepresidente del máximo tribunal penal del país, habló durante su intervención de las diferencias estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas. Se refirió al repliegue del Estado social y al ascenso de su contracara, el Estado criminal – que por la demagogia punitiva llenó las cárceles. “Provocó el hiperencarcelamiento que hoy puede conducir a una virtual masacre», dijo.

 

 

 

 

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