CASAL SE EQUIBOQUINA

El gobierno desmiente hostigar a la fiscal del Correo, pero el procurador Casal la tiene en la mira

 

En su descargo al relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, el gobierno de Mauricio Macri minimizó las presiones hacia la fiscal que entiende en la causa que más preocupa al Presidente saliente: Correo Argentino SA, empresa controlada por el Grupo Macri y que puso al mandatario de los dos lados del mostrador. Sin embargo, los dos principales gremios de la Justicia, la UEJN de Julio Piumato y el SITRAJU, denunciaron nuevas maniobras desde la Procuración para sacar de la fiscalía y, así del expediente, a la fiscal que denunció que el acuerdo que el Correo quiso cerrar con el gobierno era abusivo y representaba una nada módica quita del 98,82 por ciento de la deuda que la empresa sostiene desde 2001 con el Estado nacional.

 

 

Descargo o descaro

“No pueden serle imputables al Estado las estrategias procesales de una de las partes, en este caso el Correo Argentino SA que, a través de sus abogados, intentó apartarla de la causa sin éxito. Lo que da la pauta del correcto funcionamiento del Poder Judicial, que integra el Estado Argentino, que ha resuelto con absoluta libertad esta cuestión”, dice el escrito que el gobierno de Macri presentó ante el relator Diego García Sayán. La respuesta formal soslaya que quien controla la empresa es el grupo Macri.

En su descargo, el gobierno también justificó las críticas que desde Cambiemos le dedicaron a la fiscal. Entre sus detractores estuvieron el ministro de Justicia, Germán Garavano, así como Marcos Peña y el diputado Pablo Tonelli, representante de la coalición gobernante en el Consejo de la Magistratura y en el pasado uno de los abogados que intervino en el caso.

“En lo que respecta a las críticas mediáticas recibidas por la fiscal Boquín, las mismas se encuentran dentro del marco de la libertad de expresión que rige en el país, tal como se ha explicado al describir la situación de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó”, escribieron desde el gobierno.

 

 

Las maniobras

La asociación hecha por el gobierno en su descargo entre Boquín y Gils Carbó no es antojadiza. Boquín ocupó la fiscalía que había dejado vacante Gils Carbó cuando fue elegida procuradora general. Es un lugar más que sensible porque pasa por ahí todo lo que hace a las empresas más importantes del país. Boquín rechazó el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino SA en febrero de 2017, mientras Gils Carbó seguía al frente del Ministerio Público Fiscal. Su suerte empezó a cambiar con la renuncia forzada de la jefa de los fiscales y el reemplazo por Eduardo Casal.

Para principios de 2018, la Secretaría Disciplinaria —a cargo de Juan Casanovas— juntó una denuncia por supuestos malos tratos de una empleada de la fiscalía con un pedido de otra empleada de no volver a trabajar a la oficina a cargo de Boquín. Esta trabajadora además es la pareja de un juez que estaba concursando para la Sala B de la Cámara Comercial, casualmente donde tramita el caso Correo Argentino SA. La maniobra fue contada en detalle por Ari Lijalad en El Destape y por Irina Hauser en Página/12.

Boquín contestó los planteos, pero el expediente nunca se cerró. Todo lo contrario. Un nuevo caso muestra que hubo un intento activo de la Procuración por mantener la causa disciplinaria a flote contra la fiscal.

 

 

El apriete

Según informaron desde la UEJN, un día después de las PASO se presentó a declarar un empleado de la fiscalía que estaba buscando ser trasladado a Mar del Plata por cuestiones familiares. Este abogado había iniciado los trámites a principio de este año, pero sin éxito. Lo había hecho con apoyo de Boquín, con quien tenía una relación bastante cercana.

Un día fue a la sede de la Procuración y le hicieron saber que la única forma de destrabar el traslado era si denunciaba a la fiscal. Así lo hizo el 12 de agosto y el pase se oficializó exactamente un mes después, confirmaron desde el gremio.

El abogado –cuyo nombre se preserva– contó ante un representante del gremio la sugerencia que había recibido de parte de un funcionario de la secretaría Administrativa y de Recursos Humanos, que maneja Juan Pablo Ugarte. “Tranquilo, te vamos a acompañar porque sabemos que todos los pedidos que hace Boquín los rechazan”.

Algo cambió, y después de agosto el abogado se presentó, declaró en contra de la fiscal y casualmente le salió el traslado. En el gremio y en la fiscalía, hubo sospechas y algo más.

 

 

El armado

“Este procurador ha hecho siempre lo que le pidió el Poder Ejecutivo”, dice Demetrio Iramain, el secretario adjunto del SITRAJU. “Estamos muy atentos a lo que pasa con la fiscal para que no le hagan un último favor a Macri antes de irse”, agrega.

Ese sindicato fue protagonista involuntario del expediente.  Como había avalado el pase de la trabajadora que no quería regresar a la fiscalía –lo que es una práctica habitual—, la Procuración lo tomó como un aval en una denuncia contra Boquín.

El 23 de agosto último, el secretario general del gremio, Agustín Bruera, hizo una presentación ante Casal para advertirle que no iban a permitir que los hicieran parte de una maniobra para desestabilizar a la fiscal del caso Correo.

También decían que pese a haber usado como una denuncia que jamás habían hecho el aval a un pedido de traslado de una afiliada, se les negaba el acceso al expediente. Situación que todavía persiste, según confirmó Iramain.

 

 

 

 

Los apoyos

Piumato se presentó el 21 de agosto ante Casal para pedirle que ratificara a Boquín, ante versiones de que la Procuración buscaba con el acumulado de denuncias por supuestos malos tratos sacarla de su fiscalía hasta en tanto se investigaran. Según entendían los gremios era una maniobra para ganar tiempo, poner a un fiscal que apoyara un nuevo acuerdo y dar por cerrado el caso que más le preocupa al Presidente y que tiene su correlato en Comodoro Py en el despacho del juez Ariel Lijo.

“Gabriela Boquín es una excelente profesional”, dice Piumato ante una consulta de El Cohete. “No merece lo que están haciendo o han tratado de hacer. Nosotros la respaldamos integralmente”, agregó.

 

 

 

 

 

 

Mensajes sospechosos

Boquín sufrió, además, dos robos extraños en su auto. El primero fue en octubre de 2016, como detalló el periodista Ariel Zak oportunamente en Tiempo Argentino. Un ladrón provisto de guantes de látex desactivó la alarma del auto blanco que estaba estacionado frente a la casa de la fiscal en el barrio de Núñez. Había cosas de valor, pero el criterioso asaltante decidió llevarse un maletín con papeles. Sucedió justo después de que la Cámara Comercial recibiera el expediente del Correo y antes de que la fiscal presentara su oposición.

Meses después, la fiscal encontró forzada la cerradura del auto de su marido. Los dos hechos fueron denunciados ante la fiscalía de José María Campagnoli. La secuencia se completó, tres meses después, con la aparición de su gato muerto en la puerta de su casa.

 

 

 

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