La Cámara Federal de General Roca confirmó este mes los procesamientos de dos militares retirados de inteligencia del Ejército en la causa que investiga, como imprescriptibles delitos de lesa humanidad, las apropiaciones de una veintena de departamentos construidos por la Cooperativa de Vivienda del Periodista de Neuquén para sus asociados. La entidad, que en sólo un lustro había edificado 86 unidades, fue copada por el Ejército en marzo de 1976 y acabó en la quiebra.
El fallo, emitido a días de cumplirse medio siglo de los hechos, confirma la persistencia de los procesos judiciales conquistados por sobrevivientes y organismos de derechos humanos en las décadas transcurridas desde entonces. Los ocho años transcurridos entre la presentación del fiscal Miguel Palazzani y los procesamientos de los únicos dos imputados en condiciones de ser juzgados retratan la otra cara del accionar judicial.
Otro dato aporta a la actualidad del tema: los 21 departamentos de la “Torre de Periodistas I” arrebatados a la Cooperativa entre 1976 y 1978 permanecen todavía en poder del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, ajenos al destino que tenían asignado cuando estaban prontos a la entrega a trabajadores de prensa. En los estrados neuquinos ya tramita una demanda civil de familias damnificadas, para la restitución de las viviendas que los fallos del fuero penal comienzan a confirmar como mal habidas por parte del Estado.
La resolución de la Cámara coincidió con otros dos hechos que contribuyeron a recuperar lo ocurrido en el Alto Valle bajo el accionar de la Triple A y la dictadura. El tribunal de alzada publicó el fallo, que confirmó en todos sus términos al del juez de primera instancia Gustavo Villanueva, el miércoles 4. Un día antes, como informó El Cohete, había comenzado un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la región. Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, los dos procesados por el despojo inmobiliario a la cooperativa de periodistas, están también entre los acusados del debate oral recién abierto.
A lo decidido en el ámbito judicial se añade la reciente muerte del represor Raúl Guglielminetti, cuyos años neuquinos también reseñó este medio. Durante su estadía en la provincia, Guglielminetti se hizo pasar como periodista gráfico y radial. Antes de la dictadura, prestó servicios al nazi rumano Remus Tetu, que desde los rectorados de las universidades nacionales del Sur y del Comahue lideraba la Triple A en la región. De entonces datan los primeros atentados contra personas vinculadas a la Cooperativa. Después del golpe de Estado de marzo de 1976, Guglielminetti participó de la persecución a periodistas de Neuquén y Río Negro, víctimas de secuestros o empujados al exilio.
El techo propio
La Cooperativa de Vivienda del Periodista nació el 21 de junio de 1969, contemporáneamente con el Sindicato de Prensa de Neuquén y el Círculo de Periodistas del Alto Valle. El objetivo era satisfacer las necesidades habitacionales de la mayor parte de los trabajadores del sector de la región. Gobernaba el país la dictadura de Juan Carlos Onganía, y el cooperativista era uno de los pocos ámbitos que permitía alguna diagramación de proyectos colectivos en superficie, sin una amenaza latente de clausura. Ese mismo mes dejaría una muestra al respecto, cuando el dictador dispuso la intervención de los principales gremios de la CGT de los Argentinos.
Con apoyo municipal y provincial, la Cooperativa neuquina adquirió los terrenos para edificar un complejo que inicialmente contempló una torre de 86 departamentos de dos y tres dormitorios, distribuidos en catorce pisos.
La construcción fue financiada con un crédito otorgado en 1971 por el Banco Hipotecario Nacional, que por entonces aún estaba dentro de la órbita pública y un lustro después acabaría siendo vértice en el despojo inmobiliario, tras su intervención dictatorial. El número de postulantes para las 86 viviendas trepó a 120, por lo que la adjudicación fue sometida a un sorteo y de inmediato la Cooperativa comenzó a proyectar nuevas torres.
Para fines de 1975, la primera estaba próxima a su finalización y la entidad programó la entrega de las unidades a sus adjudicatarios para el 7 de junio del año siguiente, cuando se celebrase el Día del Periodista. El paso de los meses demostraría que, como amenazaba el clima en ciernes, cuando llegase la fecha no habría mucho por festejar.
La gran estafa
El plan cooperativista se vio interrumpido por la irrupción de la dictadura, que colocaría como ministro de Trabajo al general Horacio Tomás Liendo, hasta ese momento máximo responsable del Ejército en Neuquén. La relación de Liendo con el periodismo local estaba clara desde que, en persona, informó que la naciente dictadura acababa de instaurar la censura previa.
El aparato represivo no dejó pasar ni un día para echar mano sobre lo generado por la Cooperativa: el mismo 24 de marzo, personal militar irrumpió en su sede, se apoderó de documentación y desplazó a la conducción, designando como interventor al suboficial mayor Ulises Baca Cau. Desde ese momento, comenzó a funcionar en el Comando de la VI Brigada de Montaña.
La velocidad desplegada prueba el conocimiento previo del aparato represivo sobre las actividades de los cooperativistas y robustece la acusación contra los militares de inteligencia con procesamiento confirmado medio siglo después. La causa judicial también deja ver que el grupo estaba infiltrado por personal de la SIDE, como el periodista Pedro Brodi. El propio interventor Baca Cau se había incorporado un lustro antes como socio adherente.
La maniobra ejecutada por el aparato represivo para apoderarse de los departamentos que codiciaba comenzó con la sustracción de documentación y la apropiación de lo hasta entonces aportado por los asociados.
Del otro lado del mostrador, había botas similares a las de Baca Cau. El Banco Hipotecario Nacional también estaba intervenido por la dictadura y su conducción aprovechó un poder que la Cooperativa le había otorgado, como requisito de acceso al crédito, para desafectar a adjudicatarios originales y reasignar quince departamentos al Ejército, cuatro a la Gendarmería y dos a la Policía Federal. De ese modo, se incumplió el estatuto de la entidad, que establecía que las viviendas debían ser entregadas a personal de prensa, gráficos o afines. Con ello, entre septiembre y diciembre de 1978 se completó la maniobra de despojo que había comenzado con el espionaje de los meses previos al golpe y el copamiento de la Cooperativa el mismo 24 de marzo de 1976.
Hilos de la historia
La persecución del aparato represivo dictatorial sobre buena parte de los impulsores de la cooperativa de periodistas neuquinos devela su ligazón con la apropiación inmobiliaria perpetrada por los mismos victimarios.
La biografía de su primer presidente, Enrique Oliva, refleja además la escalada represiva del país entre las dictaduras iniciadas en 1955 y 1976. La participación de Oliva en la resistencia peronista, que incluyó la distribución de las primeras instrucciones de Juan Domingo Perón desde el exilio, decidió a los fusiladores de 1956 a encarcelarlo. Cuatro años después padeció los rigores del Plan CONINTES, implementado por el gobierno semidemocrático de Arturo Frondizi para reprimir acciones de protesta que la sigla exageraba como “conmoción interna del Estado”. En 1976 debió exiliarse en Francia tras conocer su inclusión en una lista de personas a las que los represores neuquinos consideraban peligrosas. Su hija María Teresa y su yerno Enrique Esteban, que también trabajaban como periodistas, fueron secuestrados en julio de 1978.
Otros casos registrados dentro del mismo grupo demuestran nítidamente la continuidad entre la Triple A y la dictadura, que en Neuquén exhiben como arquetípico partícipe en común al recientemente fallecido Raúl Guglielminetti.
Marta Echevarría De León, también militante peronista y socia fundadora de la Cooperativa, fue secuestrada en 1976 en un operativo liderado por el represor. Estaba embarazada, por lo que sus captores la amenazaban con golpearla en el vientre hasta interrumpir la gestación. No fue la única ocasión en que sufrió el accionar de la represión clandestina. En 1975, una bomba había volado el frente de la librería “Libracos”, de la que era copropietaria.
Al igual que la balacera sobre la agencia neuquina del diario Río Negro, el ataque fue atribuido a la patota local de la Triple A, que Guglielminetti integraba. Durante su cautiverio, Echevarría fue interrogada por el paradero de la ex diputada provincial René Etelvina Chaves, que había vinculado públicamente al grupo de choque a órdenes de Remus Tetu con los atentados.
Con su secuestro, se cumplió además la advertencia que Guglielminetti le había arrojado dos años antes, cuando tras la llegada de Héctor Cámpora a la Presidencia fue desplazado de su puesto en la radio LU5 por su condición de agente de inteligencia. “Todo vuelve”, la amenazó entonces.
Marta De Cea, socia de Echevarría en “Libracos”, fue secuestrada en septiembre de 1976 y reconoció la voz del espía entre las de sus interrogadores. Para entonces, nada se sabía de Alicia Pifarré, que había sido empleada de la librería que servía como punto de encuentro de los grupos intelectuales y de militancia de Neuquén. Docente, actriz y militante del PRT-ERP, Pifarré fue secuestrada en junio de 1976 y permanece desaparecida.
Medio siglo después, persisten ausencias, heridas y la usurpación de una veintena de los espacios de vida que la Cooperativa de Vivienda del Periodista construyó sobre lo que hasta entonces era una meseta neuquina invadida por malezas.
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