Causas Armadas

 

En el año 2000, un defensor de Mercedes encontró al peluquero de un grupo de policías como testigo en causas fraguadas. A partir del hallazgo, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires empezó reunir una base de datos con patrones sistemáticos de causas armadas que poco a poco mostraron la monumentalidad de la práctica. El Registro de Casos de Tortura y Causas Armadas reunió desde entonces un total de 13.241 casos, de los cuales 456 siguen activos. Hay 11 causas armadas a la espera de una revisión de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Las historias son réplicas del caso de Cristina Vázquez en tiempo presente, producto de un justicia orwelliana con un taxista que lleva preso trece años por un crimen que no cometió. El titular de la Defensoría ante Casación, Mario Coriolano, acaba de presentar esta semana ante la Corte de Nación el caso de un obrero de Villa Adelina, en San Isidro, detenido y condenado a cuatro años de prisión. El caso se activó por los procesamientos de San Isidro: detrás del hombre detenido y condenado está también la banda de poliladris extorsivos del fiscal Claudio Scapolán.

 

 

El Pato

El caso se inició el 23 de enero de 2013, a partir de la actuación preventiva de dos policías de la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro. Los agentes Sergio Javier Mamaní, Mario Alberto De Armas y Federico Daniel Emilio Rodríguez dijeron haber hecho una observación en torno a una casa de la calle del barrio de Villa Adelina donde habían visto “movimientos compatibles con la compra-venta de estupefacientes”, entre un sujeto obeso, de pelo largo y colita y un joven. Siempre según la declaración, siguieron al joven a lo largo de dos cuadras, lo requisaron, y le sacaron 4,9 gramos de marihuana. A partir de entonces, empezó el calvario para a quien llamaremos G.P.

Los policías dijeron que hicieron “tareas de inteligencia” en la casa de la calle Aráoz durante tres días. Vieron entrar y salir personas y pidieron allanamiento. El fiscal Scapolán firmó el pedido con los datos de los policías. El juez hizo lo mismo “en base a argumentos de hecho y de derecho allí obrantes”, es decir, la requisitoria fiscal, “en honor a la brevedad” y aceptó. Los policías entraron a la casa de G.P. Le pusieron un revolver en la cabeza. Exigieron tres ladrillos de marihuana y cien mil pesos. Si se los daba, dijeron, ellos se iban, y acá no pasó nada.

G.P. no tenía ni ladrillos ni plata porque no comercializaba estupefacientes. Era un obrero con veinte años en una fábrica, colaboraba con la capilla Cristo Obrero. No tenía pelo largo. Ni antecedentes. Los policías entraron a una habitación. Hoy se sabe que escondieron marihuana en una caja. Diez minutos más tarde hicieron pasar a dos testigos que constaron el hallazgo.

G.P. quedó detenido. Desde entonces dice que la policía lo confundió con otra persona, que vivía a dos cuadras, tenía pelo largo, vendía droga y tenía su mismo apodo: G. Pato. Lo mismo dijo el cura de la iglesia del barrio, Di Camilo. Y su familia presentó hasta fotos de época para mostrar que G.P. no tenía colita sino pelo corto.

 

 

 

 

Scapolán pidió su condena. El juez dictó falta de mérito. Pero el 13 de marzo de 2014, el Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro lo condenó a la pena de 4 años de prisión como autor del delito de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Más tarde, los argumentos se repitieron de escalón en escalón. El caso pasó a la Cámara de Casación bonaerense. Y luego a la Corte de la Provincia. En septiembre del año pasado, Coriolano pidió revisión a la Corte de Nación. Y después de entender que la causa tenía a los mismos policías y fiscal investigados en San Isidro, esta semana presentó el procesamiento de Sandra Arroyo Salgado. En el escrito señala que mientras G.P. estaba detenido, el fiscal investigó al verdadero G. Pato, y hasta usó como prueba el testimonio del cura que señalaba cuál era cuál.

El escrito es importante porque retoma los patrones del Registro de Datos de Causas Armadas. Y permite entender la operatividad de esas categorías. Coriolano dijo que las supuestas investigaciones previas suelen ser en realidad una modalidad habitual de esos casos; que en general no están sostenidas con pruebas (fotos, videos, ni testigos). Que en este caso, no hubo ni fotos, ni videos. Y hubo un requisado al que nunca se convocó. Explicó el eje de las pruebas plantadas. Que en este caso, nadie vio el momento exacto en el que la policía encontró la marihuana, tal como los testigos también lo dijeron en el juicio.

“Preguntado por la defensa respecto de si pudo ver efectivamente el lugar de donde secuestraron la caja, manifiesta que no. Que lo que vi fue que el policía se agachaba y yo permanecía detrás de él. Con su cuerpo, tapó el lugar de donde sacó la caja. Cuando se levantó tenía consigo una caja, que era una caja de sopa o algo así, que tenía adentro bolsitas de marihuana”.

El defensor, incorporó, por último, textuales de G.P. Primero de una carta, y luego de una ampliación. “Los policías me dijeron que la haga corta, que les diga donde está la droga y la plata y que se iban”, dijo. Habló del revolver en la cabeza, de los tres ladrillos de marihuana y los 100 mil pesos. “Como era evidente que no los tenía, les dije que revisen toda la casa, que no era la persona que buscaban y que no me dedicaba a vender drogas, que estaba muy lejos de eso. Seguidamente veo que ingresan dos o tres efectivos policiales a mi habitación. Ahí no había ningún testigo de procedimiento y, a los 10, 15 minutos hicieron ingresar a los testigos y les mostraron las sustancias”.

 

Patrones Sistémicos

El Registro se inició cuando Aldo Rico era ministro de Seguridad de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires. Volvía la Maldita Policía tras una purga iniciada como consecuencia del asesinato de José Luis Cabezas en 1997. Aldo Rico arengaba a la Bonaerense con tono patriotero: ahora la tropa tiene quien la banque, decía. Los defensores comenzaron a ver, entonces, que detrás de los períodos de arengas crecían las denuncias de violencia policial. En ese contexto, el defensor de Mercedes se encontró con un detenido que denunciaba que le habían armado la causa.

–Pero hay un testigo –dijo el defensor.

–Pero es el peluquero de los policías  —aclaró el acusado.

 

 

 

 

“Ahí empezamos a decir esto es armado”, dice Coriolano. “Publicamos una Resolución para establecer un indicador que llamamos Programa Integral de Sistematización de Información de Tortura, Causas Armadas y hostigamiento a la defensa. Recibimos pedidos de organizaciones y de detenidos. Y empezamos a poner un ojo para detectar cuándo se rechazaban recursos, qué tipo de pruebas había y vimos datos que empezaban a ser concordantes. Eso nos llevó a armar un listado de casos en el que volcamos lo que fui llamando Patrones Sistémicos, es decir una reiteración de maniobras en el armado de los casos a lo largo y ancho de la provincia que empezaron a coincidir”.

El listado hoy tiene tres grandes capítulos. Uno, las razones: ¿por qué se arma una causa? La respuesta: 1. porque hay un caso mediático y presiones para encontrar un culpable; 2. porque una comisaría quiere ascensos, y hace estadística. O, 3. porque quieren caja: es decir, buscan a quienes tienen antecedentes y extorsionan a cambio de la libertad. Los destinatarios son jóvenes o adultos con poca o nula instrucción. Y los organizadores, hasta ahora, comisarías o Departamentales donde suele haber antecedentes y mismas prácticas. Por último, están los patrones: maniobras desagregadas de las que habla Coriolano. Hay doce. Entre ellas:

• Llamadas anónimas al línea 911 o la Comisaría.
• Tareas de Inteligencia previas en las que los agentes simulan investigaciones con testigos o vecinos que señalan a un autor. Pero los testigos no aparecen. A veces, supuestamente por miedo. Siempre son los policías los que los reemplazan.
• Descripción genérica del supuesto autor, otorgada por un testigo.
• Plantado de evidencia.
• Falsos Testimonios: declaraciones de civiles o policías que falsamente manifiestan haber presenciado el hecho.
• Falsos testimonios concatenados o manipulación de testimonios.
• Investigación direccionada en una sola línea, es decir se obtiene un culpable y se abandonan otras opciones.

 

 

Preso en el Olvido

Un caso emblemático en estos años fue Marcos Antonio Milla: condenado a perpetua por el crimen de un colectivero. Habían detenido también a otros jóvenes menores de edad. Un sacerdote dijo que Marcos no tenía nada que ver, pero además no le daba el físico porque estaba consumido por el paco. Ya había condena de un Tribunal Oral y confirmación de Casación, pero los menores no estaban en juicio. La defensora pidió un listado de pasajeros del colectivo al sistema SUBE. Los convocó. Era la primera vez que alguien lo hacia. El único testigo del caso era un policía que de casualidad esperaba un colectivo en la parada y los había visto bajar. Los pasajeros del colectivo declararon. Ninguno reconoció a los jóvenes. La declaración permitió finalmente anular la condena de Marcos.

Quien todavía está detenido es Jorge Enrique González Nieva. Preso desde 2007, el caso es conocido. Lo tomó Amnistía Internacional e Innocence Project Argentina, las crónicas lo mencionan como Un preso en el olvido. González Nieva fue condenado en 2010 por el Tribunal en lo Criminal 1 de Morón a 25 años de prisión como autor de robo agravado con homicidio, amenazas agravadas por el empleo de arma y portación ilegal de arma de guerra, en un caso de una salidera bancaria de 2006. Hasta entonces manejaba un taxi, y ese día, en realidad, tomaba un café en la esquina de la escuela de sus hijos. Nada había en la causa en su contra hasta que, otra vez, en “tareas de inteligencia” realizadas por integrantes de la Comisaría 3 de Castelar, un “informante” dijo haberlo visto a esa hora y ese día en la puerta de un taller mecánico de la zona con una moto negra. La policía lo detuvo. Le pidió el taxi para liberarlo. No se los dio. Empezó el calvario.

Hoy se sabe que los policías del caso con el correr del tiempo quedaron imputados en otra causa porque detenían a personas para extorsionarlos y pedían plata a cambio de la desvinculación. Y el fiscal fue desvinculado. Ese fue el caso a partir del cual, el área comenzó a pedir antecedentes de policías. González Nieva estuvo en la cárcel de Olmos. Desde 2018 está con domiciliaria.

 

 

 

 

 

Facundo

El 13 de julio de este año, el área pidió antecedentes de Casos del Registro de Torturas y otros tratos Crueles, inhumanos o Degradantes de la zona de Villarino y alrededores, en el Departamento Judicial de Bahía Blanca donde se investigaba el caso Facundo Castro. Encontraron cinco casos antecedentes, ocurridos entre 2009 y 2019. Tres, menores de edad. Y son los casos mas cruentos. Dos ocurrieron entre febrero y julio de 2010 en la Comisaría de Médanos. Y otro en 2009 en la comisaría de Pedro Luro.

En Médanos, uno recibió golpes de puño en la cara en el momento de su aprehensión. Y luego, en la comisaría. Al otro lo obligaron a desvestirse completamente y a permanecer sin ropa y arrodillado desde las 20.30 hasta las 2.00. Le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, lo que significa práctica de submarino seco. Recibió un golpe de puño y patadas en el pecho. El joven que pasó por la comisaría de Pedro Luro recibió una “feroz golpiza por parte del personal policial”.

Luego aparecen las denuncias de los adultos, más recientes, de 2017 y enero de 2019. Uno en el Destacamento de Hilario Ascasubi. Denunció golpes de puño, patadas, e ingreso ilegal al domicilio. Y otro denunció en la estación de policía de Seguridad Comunal Villarino, seccional primera Médanos que tras una discusión en la calle, personal policial fue a su domicilio. “Ni bien detengo la camioneta se me acerca un policía, abre la puerta y me pega uno o dos golpes en la cara. Me baja de la camioneta y me tira al piso”. Lo esposaron en el piso mientras un policía le puso un pie para pisarle la cabeza.

La responsabilidad directa de los policías de la zona en el caso de Facundo no es la hipótesis principal de quienes investigan el caso, ni de quienes trabajan en el peritaje del cuerpo encontrado en las afueras de Bahía Blanca. Pero esos antecedentes explican razones estructurales de las sospechas y el contexto a partir del cual también la Defensoría hizo el pedido.

 

 

 

 

 

Los otros armados

El jueves pasado, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma judicial. María de los Ángeles Sacnun habló de causas armadas. Dijo que la reforma no es un reforma verdadera sino reorganización de la Justicia, y que la verdadera reforma judicial ya la hizo de facto el gobierno de Mauricio Macri. Mencionó una serie de hitos. La creación de la Mesa Judicial, las prisiones preventivas con la doctrina Irurzun; el traslado de jueces sin acuerdo del Senado con el caso emblemático de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara de Apelaciones, estratégica para sostener las prisiones de primera instancia. Y, agregó, el rol de la AFI: el armado de causas, dijo. El lawfare.

Hoy el Registro de la Defensoría es elogiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nutrió informes del Comité contra la Tortura y por la Relatoría Especial sobre la Tortura de ONU durante los mandatos de Nigel Rodley, Theo van Boven, Manfred Nowak y Juan Méndez. Pasó de ser una resolución a estar sostenido con respaldo de ley. Sus categorías y patrones se ampliaron con el correr de los años. Sumó antecedentes de Asuntos Internos con González Nieva, y el caso Scapolán plantea un cruce nuevo entre policías y fiscales que empieza a ser pensado como la policialización de las fiscalías. El Registro es un antecedente que puede ser pensado ahora para otros armados. Como ocurrió con el trabajo de responsabilidad empresaria en dictadura, tal vez es una clave para pensar patrones y recurrencias en la agenda pendiente del lawfare.

 

 

 

 

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