Cazadores de ineptos

Es indispensable regular la puerta giratoria de entrada y de salida a la función pública

 

Los CEOs, en el gobierno de un Estado capturado, cruzado por conflictos de intereses múltiples y constantes, entraron en una peligrosa etapa –para ellos— de desprotección mediática. Cada vez es más frecuente la divulgación de graves de casos que, aunque lo niegue Laura Alonso, constituyen actos de corrupción según las normas de las convenciones internacionales especiales que rigen en nuestro país.

El conflicto de interés, deletérea situación base de actos de corrupción, es singularmente frecuente y de alta intensidad en un gobierno como el macrista, que llevó a la función pública a los ejecutivos de las empresas que contratan con el Estado. Es harto probable que los cambios en los vientos políticos hagan que los expertos en olfatearlos que habitan en Comodoro Py los judicialicen más temprano que tarde. Sin embargo, cualquier aporte serio a la lucha contra la corrupción debería, sin esquivar acciones judiciales acordes al estado de derecho, centrarse en las reformas institucionales que impidan la repetición de un proceso de perversión de la función pública como el que está finalizando.

Esta semana nos enteramos mediante una nota publicada en el diario El Cronista que las agencias de empleo —headhunters, en lenguaje corporativo— recibieron desde el mismo lunes posterior a las PASO un aluvión de consultas de funcionarios para regresar al sector privado. Según esas agencias, unas 5000 personas desearán abandonar la función pública. Lo paradójico es que la calamitosa crisis económica que dejó el macrismo hará imposible (según sostienen los autodenominados “caza talentos”) que las compañías puedan absorber semejante caudal de demanda laboral. Se ve que tan talentosos no eran o deberán convocar a los cazadores de ineptos.

La puerta giratoria que transformó a los gerentes en funcionarios para luego reconvertirlos tiene que frenarse. Este tiempo aciago llegó a su fin y es momento de asegurarnos de que no repita.

Desde diciembre de 2015 los argentinos sufrimos de gobiernos nacional, provinciales y municipales con un alto grado de exposición a los conflictos de interés. A esta situación no escapó la propia Corte Suprema, con un presidente seriamente comprometido por su intervención en casos donde sus (ex) clientes se vieron favorecidos por actos de Carlos Rosenkrantz. La incorporación directa en altos cargos de la Administración Pública de personas que, en el pasado inmediato fueron –o son— propietarios en grandes empresas o gerenciaron en el sector privado, hizo proliferar decisiones favorables a este sector de la sociedad por encima del interés general. En este sentido es indispensable modificar el marco legal que regula el ingreso, tránsito y salida de la función pública. Debe regularse mejor sobre incompatibilidades; ser precisos y rigurosos es fundamental para evitar los subterfugios sobre los que se escondieron decisiones de funcionarios importantes de este esquema de gobierno empresarial.

Regular la puerta giratoria de entrada y de salida a la función pública es indispensable para obstruir el funcionamiento de ese mecanismo de cooptación que funcionó aceitadamente desde 2015. En ese sentido deben establecerse períodos de enfriamiento posteriores y anteriores al ejercicio del cargo. Pero por sobre todas las cosas es indispensable fortalecerse el rol de los organismos de control, asegurando independencia e idoneidad de sus autoridades. Ello implica un encuadre institucional adecuado, empezando por una refundación de la Oficina Anticorrupción con control parlamentario, de modo que se convierta en un organismo autónomo y con las facultades suficientes para enfrentar con inteligencia, eficacia y de un modo participativo este grave problema.

Desde el campo popular no debemos limitarnos a la crítica de la corrupción en este gobierno, que ha sido sistémica, escondida por la cubierta mediática. No debemos esconder una autocrítica y es indispensable asumir el fenómeno con políticas públicas —hoy a manera de propuestas— desde el comienzo de la gestión, en diciembre de 2019. Es necesario que se comprenda que la corrupción es un problema de Estado, que debe concitar la más amplia atención por parte de todos los sectores y que nadie debe degradarla utilizándola como arma política circunstancial. Por el contrario, es imprescindible crear, con el esfuerzo y la buena fe de todos, un marco institucional sólido, democrático y participativo que constituya una herramienta eficiente para prevenirla y derrotarla cuando emergen este tipo de prácticas ilícitas.

Es indispensable que el nuevo gobierno lleve adelante una política anticorrupción. Una razón es la opinión pública instalada al respecto. La corrupción seguirá siendo un tema central en la consideración general, sobre todo por un permanente fogoneo por los medios del establishment. Es campo fértil para afectar gobernabilidad a partir de allí.

Está claro que no darle la debida importancia antes permitió –mediante operaciones mediático judiciales— la instalación de ideas y prejuicios harto disvaliosos sobre el peronismo, el kirchnerismo y sobre todo el espacio nacional y popular. Y, lo más pernicioso, lograron desacreditar el rol de la política en general, dejando a toda la dirigencia envuelta en una brumosa sospecha generalizada. En términos personales, además de los daños a la política ya mencionados, las meras conjeturas de corrupción han sido sumamente costosas para muchos dirigentes o ex funcionarios. Al haber salpicado a casi toda la política pública, los sectores más conservadores procuraron enviar un mensaje a futuro: las políticas más osadas en favor de los intereses populares tienen castigo en tribunales, igual que las que afecten intereses de ciertos sectores o personalidades del poder real. A un tiempo se bloqueó, o por lo menos dificultó, la posibilidad de investigar la corrupción de un Estado cooptado por elites económicas. Se encubrió, pretextando una corrupción instalada en la clase política, el rol fundamental de los poderes económicos para obtener beneficios a costa de los intereses generales. Y esta fuente principal y beneficiaria privilegiada de los actos corruptos nunca fue puesta de manifiesto mientras, por el contrario, se propició la disminución de la intervención estatal.

 

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