Centrales sindicales contra el Parque Los Cadáveres

Nuevo rechazo al proyecto del Parque Nacional en Campo de Mayo.

 

El rechazo al proyecto del Parque Nacional en Campo de Mayo continúa creciendo. Luego del documento consensuado con velocidad por los organismos de derechos humanos, las principales centrales sindicales del país emitieron un comunicado para rechazar la transformación de una de las mayores guarniciones militares del país que fue, como señalan, uno de los escenarios más criminales del plan represivo y de exterminio de la dictadura genocida de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Entre otras organizaciones, el texto lleva la firma de ATE Capital, Suteba, Fetia, Sitraju CABA, APA, Conadu, Subte, Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal de la CGT, Sindicato de Curtidores.

«Las organizaciones sindicales abajo firmantes rechazamos el proyecto presidencial de convertir en Parque Nacional a Campo de Mayo», señalaron. «Este territorio, que comprende las localidades de San Miguel, Hurlingham, Tigre y San Martín en provincia de Buenos Aires, alberga una de las mayores guarniciones militares del país, siendo uno de los lugares estratégicos para las sucesivas dictaduras del siglo XX y uno de los escenarios más criminales del plan represivo y de exterminio de la dictadura genocida de Videla, Massera y Agosti. En su interior, al menos, funcionaron simultáneamente cuatro campos de concentración: El Campito, Las Casitas, la prisión militar (cárcel de encausados), el Hospital Militar Juan Madera y la maternidad clandestina. Se estima que 27 nacimientos corresponden a esta zona de influencia. Se calcula que pasaron por allí unos 5.000 personas de las cuales sobrevivieron muy pocas (alrededor de 38). Junto a la ESMA, Campo de Mayo fue el mayor centro clandestino de detención del país».

El proyecto impulsado por Mauricio Macri, señalan, «es una provocación al pueblo y a su historia de lucha, un grave atropello a la Memoria y una garantía de impunidad de los crímenes allí sucedidos. No solo impide el hallazgo de nuevas pruebas que puedan ser utilizadas en las causas judiciales, sino que recuerda a otros intentos que hubo para demoler ex Centros Clandestinos de Detención, como lo que ocurrió con la Mansión Seré o el intento de Carlos Menem por demoler la ESMA y construir en el predio un parque público». Con esta medida –agregan— se evidencia una vez más la voluntad política de este gobierno de convertirse en cómplice de los criminales, desmantelando áreas estratégicas del Estado que investigaban delitos de lesa humanidad, persiguiendo a organismos de derechos humanos y allanando el camino para que los genocidas cumplan prisión en lugares preferenciales. «Exigimos el retorno de políticas que tengan que ver con la defensa de los Derechos Humanos, la implementación de políticas que preserven y resguarden los lugares donde imperó el Terrorismo de Estado como sitios de transmisión de valores democráticos y de toma de conciencia de lo que fue la represión genocida, cuya consecuencia humana es por todos y todas conocida: el genocidio de 30.000 compañeras y compañeros».

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