Certificados de pobreza

 

El 16 de diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño a través de la mayoría automática del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta decidió rechazar el reclamo judicial de una madre que solicitaba una vacante para Sala de 2 años en la escuela pública para su hijo.

La falta de vacantes en establecimientos públicos es un problema estructural del servicio educativo en la Ciudad de Buenos Aires. En la planificación urbana impulsada desde el GCBA se atiende a los intereses inmobiliarios que exigen el aumento de la capacidad constructiva (el nuevo Código Urbanístico y Código de Edificación son un ejemplo de ello) pero no se determinan medidas que aseguren la correspondencia de los servicios públicos con el incremento de la densidad constructiva y demográfica. Esto ha generado que la falta de vacantes se incremente año tras año hasta transformarse en una bomba de tiempo que Rodríguez Larreta debió desactivar con el auxilio de la justicia.

El GCBA no transparenta la cantidad de vacantes que faltan, principalmente en el nivel inicial. Desde los colectivos que defienden la escuela pública sostienen que en 2020 faltaron más de 20.000 vacantes. Desde hace más de una década los tribunales de la ciudad fueron inundados de demandas de familia exigiendo que se respete el derecho otorgado por el artículo 24 de la Constitución porteña que establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. El artículo 20 de la Ley 6292 remarca esta misma obligación en cabeza del Ministerio de Educación. A pesar de la claridad de la Constitución, el gobierno del Pro hace 13 años que interpreta que sólo debe garantizar la educación pública a todo niño/a que lo solicite a partir de los 5 años, es decir, desde la edad de escolaridad obligatoria.

Igual que sucede con las personas en situación de calle y las políticas de paradores y subsidios, la justicia ha dictado cientos de órdenes en contra del GCBA que no lograron modificar su postura ni sus políticas con relación a las vacantes. En este contexto insostenible, Rodríguez Larreta logró que la mayoría del TSJ, soslayando absolutamente lo que dice la Constitución de la Ciudad, aceptara la interpretación que sostiene el gobierno, por la cual estaría obligado a garantizar universalmente la educación pública recién a partir de los cuatro años. Para les niñes de menor edad, se debería demostrar que no tienen recursos económicos para pagar un jardín privado. Esto implica la destrucción del principio de inclusión, integración y universalidad que ha caracterizado a la educación pública en Argentina. En el nivel inicial, el GCBA estaría autorizado según el fallo a reducir la educación pública sólo para los sectores pobres que demuestren su condición.

La falta de vacantes es el resultado del vaciamiento de la educación pública y de la falta de inversión en infraestructura y recursos en educación. En un año donde la pandemia obligó a tener las escuelas vacías, el GCBA consideró más adecuado dar de baja las obras de infraestructura que aprovechar la situación para refaccionarlas y avanzar en arreglos estructurales.

Desde lo económico y social, la retracción de la educación pública implica un incremento del sector privado de la educación porque las familias que apuestan a la educación pública ante la falta de vacantes no tienen otra alternativa que encontrarla en escuelas privadas, que cada vez reciben más subsidios por parte del GCBA. Otra estrategia privatista del GCBA ha sido reemplazar los jardines que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Educación por los Centros de Primera Infancia que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (Ex Ministerio de Desarrollo Social) y son tercerizados a fundaciones privadas.

En este contexto de crisis económica y sanitaria, la falta de ingresos de las familias y la insuficiencia de vacantes en el nivel inicial generan una sobrecarga de las tareas de cuidado de las familias, principalmente de las mujeres, o la iniciación de demandas judiciales.

Desde lo cultural, esta decisión del TSJ en respaldo de la postura del GCBA instala en la sociedad el concepto de que la escuela pública es el depósito de pobres, de los que no pueden, un lugar donde uno cae.

Por esta decisión del TSJ, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Regional CABA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), solicitaron el juicio político (al que se puede adherir desde aquí) a la mayoría automática del tribunal que conforman Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano.

 

 

Esta mayoría automática no decide de acuerdo a derecho sino a criterios políticos delineados por el Jefe de Gobierno. El fallo de vacantes es un claro ejemplo. Para recordar otras sentencias que soslayan la Constitución de la Ciudad para proteger al gobierno podemos mencionar: 1. El rechazo de la demanda que cuestionaba la venta de los predios de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors sin una ley de la Legislatura que lo autorice. 2. La sentencia que declaró legal la obra alrededor del Palacio Roccatagliata admitiendo que el Poder Ejecutivo puede establecer excepciones a la planificación violando la división de poderes y competencias que estable la Constitución de la Ciudad. 3. La sentencia que autorizó a pedir documentos de identidad sin una causa razonable. 4. El rechazo por cuestiones formales a tratar la constitucionalidad de la ley que autorizó la reprivatización del subte.

La Educación pública sufre ataques constantes. Durante 2020 fue un gran negocio para las intermediarias que prestaron este servicio de los bolsones alimentarios con sobreprecios del 100%. El porcentaje de presupuesto destinado a la educación desciende cada año. Dirigentes sindicales de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sufren persecución judicial. Se intervino la cooperadora de la escuela de Agronomía, Álvarez Thomas. No se compró una computadora nueva ni se otorgó internet a ningún estudiante para garantizar la conectividad ante la suspensión de las clases presenciales.

En diciembre del año pasado el GCBA decidió interrumpir la Canasta Escolar Nutritiva con la excusa de la finalización del ciclo lectivo y el inicio del receso de verano, sin importar que las familias que recibían esta prestación alimentaria continúen con vulnerabilidad alimentaria. El 45,9% de la niñez porteña habita en hogares cuyos ingresos no superan la línea de la pobreza. Y uno de cada tres porteñes es pobre. Además, la pandemia y la gestión de la cuarentena agravó una situación laboral que ya estaba en estado crítico: en Argentina, alrededor de 4 millones de trabajadorxs perdieron sus puestos de trabajo o fueron suspendidos.

Por este motivo, las mismas organizaciones que impulsan el juicio político de la mayoría automática del TSJ junto a la Cátedra de Ingeniería Económica y la CTAA-Capital presentaron una demanda judicial solicitando la prórroga de esta nueva política alimentaria. La justicia decidió rechazar la medida cautelar y sólo se instó al GCBA a informar a la comunidad educativa las políticas alimentarias vigentes.

 

 

 

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