Chile Verde Apuñalado

Oleada feminista y emergencias sociales

 

La noche del 25 de julio más de 50.000 personas, mujeres en su inmensa mayoría, realizaron en Chile su sexta marcha en favor de una Ley de Interrupción del Embarazo, acompañadas por los mismos pañuelos verdes utilizados en la Argentina para exigir una ley de aborto seguro. La manifestación llevada a cabo en la capital chilena concluyó con la agresión de un grupo, identificado como “ProVida”, que derivó en golpizas y el apuñalamiento de tres mujeres. Una de las consignas de la marcha la marcha fue “las ricas se lo pagan… las pobres se desangran”.

La concentración, que incluyó intervenciones urbanas y representaciones artísticas, se inició en la Plaza Italia y recorrió La Alameda –avenida céntrica de la capital chilena—hasta el sector de Echaurren, e incluyó 25 ciudades a lo largo de todo el país trasandino. Antes de la finalización de la movilización en la Capital, un grupo antiabortista se abalanzó contra un sector de la columna, golpeó a varias de las mujeres que marchaban pacíficamente y produjo heridas cortantes en las piernas y en el torso a tres de las promotoras del aborto libre, gratuito y seguro. Las mujeres lesionadas fueron atendidas en la Posta Central, un centro público asistencial de urgencia, después de que los agresores pintaran en los alrededores del Palacio de La Moneda (sede del poder ejecutivo chileno) lemas como “muerte a las putas” o “fuera feminazis”.

Una de las chicas heridas, Valentina Figueroa, describió el hecho como una acción planificada por 20 encapuchados que buscaban resarcirse frente a la frustración que sentían por el éxito de la movilización. Uno de los grupos que se adjudicó el ataque, el Frente Nacional Social, explicó a través de las redes sociales que “pintamos la Alameda con sangre y vísceras de animales para recordarles a las aborteras que aquello que buscan es dar muerte a niños”. La falta de respuestas de las autoridades gubernamentales y la impunidad con que se generaron los hechos de violencia, pusieron una vez más en evidencia la fragilidad a la cual están expuestas en Chile las mujeres que buscan agruparse y demandar derechos.

Según cifras difundidas por el Ministerio de Salud de Chile, se realizan aproximadamente 33.000 abortos ilegales por año, es decir un promedio de 90 abortos diarios. Se estima que un gran porcentaje de ellos –sobre todos los asumidos por las mujeres, adolescentes y niñas más humildes— se llevan a cabo en condiciones regulares o pésimas de control sanitario, y una carencia total de seguimiento post abortivo. Las consecuencias de esas prácticas han sido abordadas (parcialmente) en el marco de una ley, aprobada durante el último mandato de Michelle Bachelet, el 3 de agosto de 2107, relativa a la interrupción autorizada del embarazo únicamente en tres casos: inviabilidad fetal, peligro de vida para la mujer y embarazo por violación.

La movilización fue convocada por la Mesa de Acción por el Aborto y fue convocada –entre otras consignas—para extender la incondicionalidad del acceso al aborto, sobre la base de la consigna #NoBastan3Causales, en referencia a la normativa aprobada en agosto del año pasado. La media sanción en Argentina prologó las marchas que se están desarrollando en Chile y en otros países de America Latina, región en la que se ha legalizado el aborto únicamente en dos países (Cuba y Uruguay) y una ciudad, el Distrito Federal mexicano.

El apuñalamiento de las tres manifestantes generó un mayoritario repudio de la sociedad chilena, al tiempo que reinstaló —en la agenda mediática y en las redes sociales— las diferentes formas de violencia que vulnerabilizan la condición femenina. Según datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, durante el año 2017 se registraron                   9.051 denuncias de abusos sexuales y 91.201 acusaciones de violencia intrafamiliar. De este último conjunto, 72.172 fueron denuncias hechas por mujeres. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Chile ocupa el tercer puesto a nivel mundial en la cantidad de denuncias por abuso sexual infantil cada 100.000 habitantes, con 68,5 casos en 2012. A nivel sudamericano, Chile es el primero en la tasa de denuncias por este ilícito. Ese mismo organismo consigna que 17 personas son violadas y 34 abusadas sexualmente cada día.

 

Femicidios en Iberoamérica (tasas por cada 100.000 mujeres), con datos comparativos actualizados a 2016 [1].

 

Disculpe por la molestia: están matando mujeres

Los datos de las violencias contra las mujeres de América Latina han mostrado en los últimos años su articulación con la política: en Brasil Marielle Franco y en Honduras Berta Cáceres, han puesto en evidencia que las posibilidades de ser asesinada aumentan proporcionalmente si las activistas no responden a los patrones heteronormativos instituidos por la lógica patriarcal o son militantes feministas. La idea de mujeres que demandan en formato público acceso a la igualdad y compartir privilegios con sus congéneres varones aparece –ante amplios grupos sociales— como una fuerza disruptiva digna de ser acuchillada. Las luchas sociales de las mujeres impactan en tres áreas cuyo control ha estado manejado por un formato de masculinidad que ve desafiada su identidad ante la equidad planteada por las corrientes feministas: la autonomía corporal de las mujeres (el derecho a apropiarse de su propia sexualidad y capacidad procreativa) supone una automática pérdida de poder –de los varones— sobre su histórica, engreída apropiación. El acceso femenino a la representación política es también un agravio incomprensible para un sujeto que estuvo formado en la creencia de la superioridad del liderazgo. Por último, la desigual distribución económica de los tiempos (de cuidado de niños, de tareas hogareñas), de los bienes y de las rentas ha sido considerado como el patriarcado una responsabilidad intrínseca e intransferible hacia otros que no sean varones.

La lucha por el aborto gratuito y seguro se inscribe en la lucha de las mujeres latinoamericanas por alcanzar derechos similares –o equitativos— a los varones, quienes vienen detentando privilegios objetivos, pocas veces cuestionados por sus portadores, incluso por quienes postulan modelos de equidad social genérica y activismos en favor de los grupos más desfavorecidos. Los hechos de Santiago de Chile implicaron la actualización de un debate ligado a los mecanismos más eficientes y adecuados para el logro de la “conquista del respeto” y el reconocimiento social por parte de nuevos sectores otrora atravesados por el sentido común patriarcal.

Incluye, además, la reflexión sobre los innovadores y necesarios dispositivos de defensa mutua y solidaridad, tanto simbólicos (de empoderamiento) como materiales (de sororidad práctica) necesarios para enfrentar a quienes no soportan la emergencia de una ola feminista que atraviesa el espacio público con una fortaleza y creatividad revolucionaria: las mujeres empiezan a debatir cuáles son las formas de autodefensa necesarias para el “cuidado común” de un colectivo que desafía el status-quo urbano, tanto a nivel discursivo como estético.

 

¿Dónde están los varones?

La marcha de La Alameda dejó como corolario, además, un debate pendiente sobre las implicancias políticas que conlleva la contemporánea movilización feminista, tanto para la sociedad en su conjunto como para un sector –todavía minoritario— de los varones que empiezan a replantearse, teórica y practicamente, una deconstrucción activa de su machismo incorporado como sentido común corporal y relacional. El reto feminista empieza a prefigurar, al interior del mundo masculino, (específicamente dentro de América Latina) tres tipos de respuestas: una inmensa mayoría percibe los pañuelos verdes como una bravata incomprensible acuñada por una juvenilia adolescente. Un segundo grupo lo percibe como una intimidación a su identidad patriarcal-machista. Pero existe un tercer grupo –hoy minoritario— que entiende la acción colectiva feminista como una oportunidad de mejorar las condiciones de vida compartida de toda la sociedad. Estos últimos son hoy más timoratos que el segundo grupo (el responsable de los apuñalamientos en La Moneda) y permanece dubitativo frente a los cambios sociales que impone la marea de colores femeninos.

Las Nuevas Masculinidades (así se denomina a los potenciales suscriptores del tercer conglomerado) no se han asumido aun como sujeto compatible con lo que las mujeres están liderando en todo el mundo. Inscribirse con coherencia en ese movimiento social exige remover y escarbar en “dos interioridades” paralelas. Por un lado, la que supone desandar las propias taras inscriptas por el persistente machismo en el propio cuerpo, y por el otro desmontarlo en los frates, muchos de ellos dispuestos a celebrar la crueldad contra lxs más débiles o celebrar el sometimiento de quien está (o ha sido constituido como) indefenso.

Los apuñalamientos de La Alameda fueron posibles porque el segundo grupo se cree con derechos a matar, violar, violentar, abusar, acosar y piropear como si tuviese un eterno derecho de pernada. Además, porque el primer grupo sigue apoltronado en la indiferencia, la sorpresa lánguida o la parsimonia de creer que este es un viento de colores, femenino y   pasajero. Pero también porque las Nuevas Masculinidades no logran instalarse como una posibilidad consciente, empoderada y orgullosa frente al resto de los varones. Porque les cuesta –aún— ofrecerse como una alternativa digna de ser reproducida, difundida y practicada entre quienes miran las marchas de mujeres, como testigos absortos de algo que está cambiando pero que no terminan de asumir.

 

 

[1]. Fuente CEPAL: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

2 Comentarios
  1. Enrique dice

    Muchísimo me gustaría tener la valentía, el coraje y sobretodo el disernimiento, para integrarme al tercer grupo. Es difícil para los mayores, pero igualmente…lo estoy intentando!!! (78)

    1. Jorge Elbaum dice

      Ya con intentarlo es un ejemplo para los que les das ele ejemplo!

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