CHIRINADA

 

Chirinada es un argentinismo reconocido por la Academia Española, por “asonada inútil, motín frustrado”. A sus 77 años, el general Ernesto Juan Bossi se lamentó: “Yo no sé para qué me meto en esto. El domingo, Horacio Verbitsky me va a masacrar”. Había pedido una reunión con el general Juan Martín Paleo, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien lo escuchó con el respeto debido a un superior. El artillero Bossi, de la Promoción 93 del Ejército, tiene 19 años más que el Infante Paleo, de la 114. Pero eso no le impidió decirle que el lanzamiento de la Mesa de Encuentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad encabezada por Bossi “nos desequilibra a nosotros. No necesitamos alguien que haga nuestra tarea”. Esa es una de las principales diferencias con la repercusión que a partir de 1983 tuvieron otras organizaciones de retirados de las Fuerzas Armadas, como el Círculo Militar y los foros de Generales, Almirantes y Brigadieres: hoy los oficiales en actividad no se sienten representados por esta “rémora de la Argentina que ya nadie quiere”, como los llamó el Presidente Alberto Fernández.

 

 

 

Se comprende: la declaración fundacional de la Mesa, distribuida desde la Sociedad Militar Seguro de Vida, decía que el grupo “se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional". Enunció como objetivos:

• dar visibilidad a la problemática de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, y generar conciencia a través del debate público y político;
• unir a la “familia de los uniformados” de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, y
• “determinar intereses comunes y particulares de los uniformados” sobre “leyes, haberes, obra social, protección legal para actuar, etc.”.

Es decir, funciones que cumplen el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa, los jefes de Estado Mayor de cada fuerza y el Estado Mayor Conjunto. El blanqueo de la remuneración de los militares en actividad, que desde la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía cobraban en negro una parte de su salario, implicó una sustancial mejora en las jubilaciones de los retirados. Un general en pasiva percibe mensualmente más de 230.000 pesos, el doble que la jubilación máxima a la que puede aspirar un civilacho. Esto fue anunciado por el Presidente Fernández el Día de las Fuerzas Armadas, y, junto con la sanción del Fondo para la Defensa, de 400 millones de dólares para el desarrollo productivo de las Fuerzas Armadas, que Rossi propuso como diputado hace un año y que Alberto Fernández promulgó el mes pasado, quitaron los principales argumentos que los retirados utilizaron siempre para generar simpatías entre las nuevas promociones. Hoy los sienten como una mochila que no quieren cargar. Esta conspiración sucede al paso de comedia del ex senador Eduardo Duhalde cuando afirmó que no se realizarían las elecciones del año próximo y que habría un nuevo golpe militar.

Durante la gestión de Martín Balza al frente del Ejército, Bossi fue secretario general, cargo desde el que propició que las Fuerzas Armadas volvieran a cumplir tareas policiales, para lo cual quería debatir si era necesario que se reformaran las leyes de defensa y seguridad interior o bastaba con forzar sus límites. Su cerebro derecho era el entonces coronel Daniel Reimundes, quien de regreso como agregado militar en Washington, lo sucedió en la Secretaría General, cuando Ricardo Brinzoni reemplazó a Balza.

Bajo la presidencia de Fernando De la Rúa, Bossi se hizo cargo de la Central Nacional de Inteligencia, que formaba parte de la SIDE, dirigida entonces por Fernando de Santibañes. Brinzoni, Reimundes y Bossi, protegidos por los sucesivos ministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena creyeron que había llegado la hora de reconvertir a las Fuerzas Armadas en función de lo que el Comando Sur denominó Nuevas Amenazas, es decir, la vieja amenaza de que los militares vuelvan a desempeñar tareas policiales. No lo lograron, y en 2001 el acuerdo bipartidario peronista radical consiguió que se sancionara la ley de inteligencia nacional que reforzó la separación entre Defensa y Seguridad Interior, trazada por las respectivas leyes, de 1988 y 1992.

La respuesta del Ministro de Defensa Agustín Rossi fue fulminante. Dijo que eran conspiradores contra la democracia y recordó un episodio similar, que revelé en una nota del año 2004, que podés leer aquí. Pero aún antes, seguí con atención la trayectoria de Bossi. Además de hacer su carrera como oficial jefe y superior durante la dictadura militar, que lo designó interventor castrense en el gobierno de Río Negro, en 1980 fue uno de los jefes de la misión militar en Bolivia que apoyó el golpe de los narco generales y narco coroneles Luis García Meza y Luis Arce Gómez y que exportó el método del secuestro, la tortura y la ejecución clandestina.

Reimundes es hijo del coronel homónimo Manuel Reimundes que al iniciarse la década del '60 comandó la Logia El Dragón Verde, precursora de las doctrinas de intervención castrense en política bajo capa de acción cívica populista y lucha antisubversiva.

Las propuestas de Bossi y Reimundes, favorecidas por la restricción presupuestaria para las Fuerzas Armadas, parecieron hacerse realidad cuando el Presidente Carlos Menem anunció que se intensificaría el rol militar en la lucha contra lo que ambos mencionaron como “narcoterrorismo y narcotráfico”. Quien se opuso y debido a ello debió pasar a retiro fue otro de quienes ahora integraron la fugaz mesa de enlace, el Comandante José Ricardo Spadaro, el único del grupo con experiencia de combate: creador del grupo Alacranes de Gendarmería, participó en la guerra de Malvinas como jefe de una unidad de comandos, que tuvo la mayor proporción de bajas sobre el total de su personal: 7 sobre 40.

Las suyas fueron vidas paralelas. Ambos:

• ocuparon la jefatura política del Estado Mayor del Ejército,
• presidieron la Sociedad Militar Seguro de Vida (que en realidad es una asociación civil que presta servicios mutuales a militares retirados), y
• fueron procesados por la Justicia federal.

A Bossi lo sobreseyó el juez Jorge Urso en una resolución dogmática y sin fundamentos, en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en la que falsificó documentos para encubrir la maniobra. Esto, según Urso, no constituye delito. Reimundes fue procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado por integrar una organización que pinchaba teléfonos y computadoras y vendía los contenidos. La causa se inició en 2006. En diciembre de 2014, el fiscal general Fernando Domínguez solicitó la elevación a debate oral para juzgar al ex jefe de la SIDE Juan Yofre, por espionaje y como jefe de la asociación ilícita, y como encubridores a Reimundes, al columnista de La Nación Carlos Pagni, al ex director de Ambito Financiero, Roberto García; a los directores de los portales Seprin, Héctor Alderete, y Urgente 24, Edgard Mainhard; al empresario de medios Néstor Ick; y a los espías rasos Pablo Alfredo Carpintero e Iván Velázquez. En enero de 2015, a solicitud de Yofre, Arroyo Salgado declaró nula la investigación que ella misma dirigió, debido a la actuación como infiltrados de dos agentes inorgánicos de la ex SIDE. La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento con otro motivo: que los mensajes interceptados no afectaban la seguridad nacional, pero apostrofó a la jueza por haber tardado nueve años en descubrir una ilegalidad que constaba en la primera foja de su expediente. Qué le hace una mancha más al tigre judicial argento.

Para medir la calidad del personal, es útil saber que los procesados empleaban casillas de correo cuyos nombres se inspiran en los movimientos políticos que gobernaron Italia y Alemania durante el cuarto más cruento del siglo XX: [email protected] (por la marcha del fascismo sobre Roma); [email protected] (en alusión al gran pogrom nazi que precedió a la política de exterminio de la población judía de Europa); [email protected] (en recuerdo de Otto Skorzeny, el comando SS a quien Hitler encomendó en 1943 el rescate de Benito Mussolini). ¿A eso se refería Reimundes, cuando dijo: “La historia me condena”, en diálogo con Guillermo Carmona, presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares?

Carmona fue el principal operador del ministro Rossi ante los conjurados. “Dígale al ministro que solo prestamos las instalaciones”, le dijo Reimundes. Rossi ordenó responderle que “nos cuesta creerle”, y pidió que dijera por escrito que no participaba en tales actividades. La Sociedad Militar Seguro de Vida lo hizo de inmediato, igual que la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, presidida por el general de comandos Sergio Fernández; que la Fundación Criteria; que la Mutualidad el Personal de Intendencias Militares, que la Federación del Personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y que la UCEMA, en declaración firmada por su presidente, el ex ministro de Menem Roque Fernández.

Criteria dijo que el general Ricardo Cundom había asistido a título personal a una reunión informativa y UCEMA que otro tanto había ocurrido con el general Claudio Pasqualini.  No son personajes menores: Cundom fue jefe de Estado Mayor del Ejército el último semestre de la presidencia de CFK y Pasqualini lo sucedió durante los cuatro años de gobierno de Maurizio Macrì. Pasqualini es yerno del coronel Athos Renes, condenado a prisión perpetua por Crímenes de Lesa Humanidad. Su hija, Maria Laura Renes, es una activa participante en las redes de negacionistas que consideran a los militares sometidos a juicio como presos políticos. Rossi le dedicó un tuit: como jefe del Ejército “tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?”.

Pasqualini y el ex jefe de Estado Mayor Conjunto, Bari Sosa, pasaron a retiro en 2020 y comenzaron a trabajar para el ex carapintada Jorge Alberto Tito, un retirado como oficial subalterno que regentea al menos dos agencias de seguridad: CI5 y Hunter, un nombre muy apropiado para los reivindicadores de la dictadura y que poco tiene que ver con las tareas de una agencia de seguridad. Tito sería uno de los impulsores y financistas de la chirinada. Uno de sus hijos conduce la Fundación Criteria. Tito resultó ser un cazador cazado.

Otro integrante de la mesa es el comisario Pablo Bressi, quien fue jefe de la policía bonaerense del Hada Buena y a quien la Justicia federal de San Isidro investiga por narcotráfico. En febrero de 2018 un testigo presencial declaró ante el fiscal Fernando Domínguez que Bressi era el recaudador de una red que embarcaba cocaína hacia España, en ladrillos con envoltorio amarillo escondida entre autopartes, según el testigo, yerno de quien exportaba las autopartes.

 

 

 

 

En comunicaciones con Paleo y con Rossi, varios de los implicados dijeron que los convocaron a una reunión informativa y que les sacaron la foto en la terraza de la Sociedad antes de saber de qué se trataba. Es una suerte que ni la seguridad ni la defensa dependan de estos muchachos tan ingenuos como para que un Bossi y un Reimundes cualquiera los lleven de las narices.

 

 

 

 

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