Choque de libros

El Tribunal Superior de Justicia de CABA parece haber leído libros de leyes que nadie más leyó

 

No sé cómo piensan ustedes cuando piensan. En mi caso suelo pensar en libros; digo para ser clara, pienso lo que pasa como si fuera arte de un libro que nadie escribió pero que en mi cabeza existe. Conozco a un hombre que me gusta y tiendo a recrear ese primer encuentro como si fuera parte un libro. O voy en un taxi un día de enero de 2020 y veo en la cartelera de un quiosco de diarios la tapa de una revista que habla de la nueva peste china e imagino una novela apocalíptica que empieza con esa lectura accidental en una esquina mientras voy, tarde y apurada, a algún lado.

Después de una vida de pensar en forma libro, he concluido que la realidad suele superar por varios cuerpos a mi capacidad de ficcionalizar los hechos. Yo imagino un desenlace y luego viene el destino y crea otro infinitamente más sorprendente. Pero debo añadir aquí que el hecho que la realidad se esmere en sorprenderme no hace que esas sorpresas sean necesariamente buenas o agradables o fáciles de asumir.

Algo así me paso con el caso Correo Argentino. Desde que tomó estado público el caso, cuando en el 2016 el gobierno que conducía Mauricio Macri intentó llegar a un acuerdo económico por una deuda con la empresa Correo Argentino —curiosamente conducida, a su vez, por la familia Macri—, se sucedieron una serie de hechos sorprendentes.

El primero de ellos fue el intento de acuerdo en sí mismo. El Estado, reitero, conducido por Mauricio Macri, aceptó el acuerdo propuesto por la empresa conducida por la familia Macri que consistía en que la empresa pagaría el 1,18% de su deuda y con eso se consideraría terminada la deuda. Y ello, porque el Estado aceptaba una quita del 98,82% de la deuda. Para ponerlo en números que a gente como yo le resultan mas fáciles, imaginemos que cualquiera de nosotros compra un departamento de 100.000 dólares. ¡¡¡Pero al momento de pagarlo, le ofrece al vendedor pagarle al vendedor 1180 dólares… y el vendedor acepta!!! En el barrio donde crecí dirían que eso es imposible. Porque para el vendedor sería un negocio ruinoso. En el caso de Correo Argentino, fue la fiscal la que dijo que el acuerdo que había aceptado el Estado Nacional (que sería el vendedor del departamento) era un negocio ruinoso. E impugnó el acuerdo.

Esto derivó en una causa penal, donde las pericias han demostrado que, en efecto, ese acuerdo era un negocio ruinoso que perjudicaba al Estado nacional. Están imputados Macri, entonces Presidente de la nación, pero también su ministro de Comunicaciones y otros funcionarios y miembros de la empresa Correo Argentino. Me gustaría contarles más avances en la causa penal, pero a cinco años de haberse realizado la denuncia, no los ha habido.

Pero mientras se detenía la causa penal, en la causa comercial el concurso de Correo Argentino avanzaba. (Aclaración para el no abogado: concurso refiere aquí a “concurso de acreedores”, proceso judicial en el cual un deudor, con control un juez, de un síndico y un fiscal, resuelven el mejor modo para que una persona o una empresa paguen sus deudas.) Del avance del concurso resultaron algunas cosas interesantes. La primera de ellas es que Correo Argentino no puede pagar sus deudas. Así de simple. No tiene dinero y no hay nada que pueda ser vendido y que alcance para pagar lo que le debe a un montón de gente.

Lo otro interesante es que Correo Argentino está así de pobre porque decidió empobrecerse. Supongamos que tenía mil pesos de patrimonio y lo que hizo fue gastar los mil pesos y además vender la billetera vacía. ¿Pero en qué gastó el dinero, se preguntarán? Estando pobrísima la empresa, contrató abogados que no podía pagar. El hecho de que fuesen además abogados vinculados a las empresas de la familia Macri es apenas un detalle. Pero más aun, le pagó adelantos millonarios a sus directores. Para seguir ejemplificando: Correo Argentino tenía 1.000 pesos de patrimonio y le pagó a sus directores 1.200 pesos de adelanto. Cosa rarísima en una empresa sin dinero, ¿no? Es como si vos o yo le pagáramos al paseaperros de Morgana y Lobito más de lo que gano por mes. Al final quedaría con dos perritos muy paseados, pero sin dinero para alimentarlos.

Si la empresa es tan pobre que no le alcanza para pagar sus deudas, el concurso fracasa y se decreta la quiebra. Pero la quiebra, cuando la empresa es tan pobre y se demuestra que ha hecho malas inversiones con el dinero que debía pagar sus deudas, tiene consecuencias. Una de esas consecuencias es que los padres de la empresa quebrada tienen que responder con su patrimonio. En general los padres de las empresas son otras empresas. Y en el caso de Correo Argentino, su papá es una empresa que se llama SOCMA, que curiosamente también es de la familia Macri. Pero a diferencia del hijito bobo de Correo Argentino, a SOCMA le va mejor con la administración de su dinero. Es como si tu hijo adolescente te roba el auto sin permiso y choca con otro auto. Vos no eras el que manejabas el auto, pero el auto es tuyo y vos tenés que garpar los gastos del choque.

Es por eso que los abogados de la familia Macri están muy interesados en que no se declare la quiebra fraudulenta de Correo Argentino. Porque eso supone que la familia Macri tendría que pagar la deuda.

La causa del concurso del Correo Argentino tiene 20 años. Lo loco es que no debería haber durado más de dos años. Pero sabrán ustedes, los ricos no piden permiso. Sostiene el Poder Judicial que Correo Argentino fue vaciada de patrimonio y que su situación de no poder pagar es un fraude, porque fue una maniobra para evadir el pago de la deuda. Y estaba en plazo la jueza de dictar la quiebra con las consecuencias que eso tiene, cuando apareció lo impensado.

Los abogados de la familia Macri decidieron pedir el apartamiento tanto de la jueza como de la fiscala que intervienen en la causa Correo Argentino.  La Cámara de Apelaciones se lo rechazó… y miren qué loco, apelaron nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Curiosamente integrado por muchos amigos de la familia Macri.

Ustedes me dirán: “Grace, si la causa pasa en la ciudad, ¿dónde está el problema en que intervenga el Tribunal Superior de la ciudad? Y entonces tendría que contarles que el concurso de Correo Argentino tramitó desde siempre en los juzgados nacionales. No en los juzgados de la Ciudad. De hecho y para ser exactos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NO TIENE juzgados Civiles y Comerciales. Porque son nacionales.

Y aquí aparece el dato mas curioso: los tramites de los juzgados nacionales civiles y comerciales están establecidos por ley. La ley se llama Código Procesal Civil y Comercial, que es la ley 17.454 que dictó el Congreso de la Nación. El primer artículo de ese Código dice: “Art. 1° – La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el artículo 12, inciso 4, de la Ley 48, exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por Ley”.

Esto implica que, si vos iniciaste un concurso comercial en un tribunal comercial nacional de la ciudad de Buenos Aires, tus apelaciones van a ir la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y si no estás conforme con lo que decide la Cámara Nacional de Apelaciones, tu reclamo debe ir al siguiente tribunal nacional que existe: y en ciudad de Buenos Aires, ese tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esto, que lo tiene claro un estudiante de primer año de derecho, no parece tenerlo tan claro el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Uno de los jueces recordó en la sentencia que “a su vez, la Sala B de la Cámara Nacional ya se ha pronunciado respecto de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado, al afirmar que ‘no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero (cfr. art. 1 y ccds. decreto-ley 1285/58) y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar’ (Resolución de fecha 5 de marzo de 2021)”.

Como decíamos, los abogados de la familia Macri recusaron a la jueza y también a la fiscal. En la recusación de la jueza, la Cámara Nacional de Apelaciones dijo que no correspondía apartarla. Y entonces los abogados de la familia Macri presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones un recurso de inconstitucionalidad. Que, una vez, rechazado, en lugar de ir a la Corte Suprema de Justicia, pretendieron pasarlo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ¡Y el Tribunal se los aceptó!

A la hora de pretender, los abogados podemos pretender lo que se nos dé la gana. Pero estos abogados obtuvieron un triunfo, cuyo camino viene construyéndose despacio: que el Tribunal de Justicia de la Ciudad actúe como un tribunal superior de una de las provincias e intervenga en una causa nacional.

Debo hacer dos notas al pie importantes. La primera es que la Ciudad Autónoma es eso, una ciudad autónoma. No es una provincia. Y la segunda, que a la fecha la Ciudad Autónoma carece de competencias en lo civil y comercial. Por eso no hay juzgados civiles y comerciales de la ciudad. Son todos de la Nación. Por eso son nacionales, precisamente.

Con tres votos —los mínimos requeridos para aprobar— el Tribunal de la Ciudad admitió el recurso de los abogados de la familia Macri y ordenó a la Cámara Nacional revisar su sentencia.

La pregunta que nos hacemos todos es si los tribunales nacionales van a acatar la orden del Tribunal Superior de la Ciudad. No tengo la respuesta en este caso. En un caso anterior, de marzo del 2021, en una causa que se llama “Levinas, Gabriel Isaías/ SAG – otros (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado) en/ Ferrari, María Alicia y otro c/Levinas, Gabriel Isaías s/rendición de cuentas”, similar al presente, la Cámara Nacional de Apelaciones había señalado: “Este Poder Judicial de la Nación no se confunde ni equipara con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tiene por cabeza a su Tribunal Superior de Justicia. Luego, la pretensión de este último de admitir un recurso no previsto por la ley, y revocar una resolución de esta cámara, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal. Por el mismo motivo, tampoco se cumplirá con la pretensión del TSJ de que esta sala haga saber su decisión a la magistrada de primera instancia”.

Desde la reforma constitucional de 1994, esto es hace casi 30 años, permanece sin resolver el traspaso de Justicia Nacional de la ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción de la Ciudad. No resolver este tema hace que la Justicia ordinaria (por contraposición a la federal) que ejerce sus atribuciones en la Ciudad, siga siendo nacional. Esto es, sus jueces son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, su órgano de Control es el Consejo de la Magistratura Nacional y así todo.

Hace un año, en la propuesta de Reforma Judicial que envió el Poder Ejecutivo Nacional y que aun permanece en las gateras silenciosas de la Cámara de Diputados, el proyecto proponía traspasar partes de la Justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma. Decir que los jueces nacionales se pusieron en pie de guerra frente a esa idea, es ser bondadoso. Mas bien tenían espuma en la boca ante dicha posibilidad.

Como sea, la decisión terminará en la Corte, de eso no me cabe duda

Pero mientras tanto, el Poder Judicial –sin controles democráticos periódicos— termina intentando forzar aquello que no logra la política, que sí esta sujeta a controles periódicos. Y este es uno de los problemas de pensar en forma de libro: chocan los libros que imaginamos o podemos llegar a escribir, con libros que ya existen. Cuando los libros que existen son leyes, su sola existencia bloquea la posibilidad de decidir como si no existieran. Y las leyes, señores, las dicta el poder político, que por eso mismo se somete a controles democráticos periódicos. Para que todos podamos elegir a quienes van a dictar las leyes. Porque si lo hacen órganos sobre cuya elección y control no tenemos participación… ¿cómo vamos a poder decirles de modo que entiendan que están haciendo las cosas mal o que no estamos de acuerdo?

 

 

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