Hace un tiempo que desde esta tribuna venimos planteando las encrucijadas en las que la región patagónica se encuentra frente a los desafíos de la política nacional a las provincias que la componen, especialmente frente a la energética. Y, particularmente, ante el vencimiento de las concesiones hidroeléctricas de las represas del Comahue (Neuquén y Río Negro – la privatización de las hidroeléctricas) como las de la provincia de Chubut. Asimismo, sobre la necesidad de una nueva legislación sobre las energías eólicas, que retribuya a Chubut con las regalías que le corresponden por el uso del recurso natural suelo en la generación de electricidad.
En este caso, habremos de profundizar el caso de Futaleufú, cuya represa está caracterizada por un proceso histórico que la diferencia de las centrales hidroeléctricas que componen el complejo de la región del Comahue.
En una nota anterior (ver ¿Será posible Chubut?) nos referimos a esa central hidroeléctrica. Queremos analizar ahora el contexto que rodea a Futaleufú. Ya que la decisión del Estado Nacional de prorrogar por un año el vencimiento en 2025 de la respectiva concesión, debiera permitir una negociación que signifique un beneficio real para los intereses provinciales, que son también los nacionales, y que no siga la suerte que parece asignarse a las hidros del Comahue.
Futaleufú se inscribió como parte de un proyecto nacional para el desarrollo industrial de los metales livianos, en este caso para la producción de aluminio. Este proyecto se complementó con una línea de transmisión en 330kV desde la zona de Esquel y Trevelin en el oeste de la provincia de Chubut, hasta la ciudad de Puerto Madryn en la costa norte de Chubut, donde se instaló la planta productora de aluminio Aluar, elegida por las autoridades nacionales para aquel desarrollo, y se construyó, además, un puerto de aguas profundas. El objetivo de este ambicioso proyecto era lograr abastecimiento local de metales para la industria aeronáutica militar, y luego al resto de la industria nacional.
Esta central, a diferencia de las del Comahue, no tuvo el fin específico de abastecer al mercado eléctrico nacional, sino suministrar a Aluar energía para la producción de aluminio. La provincia de Chubut realizó una fuerte inversión para el complejo quedándose con la titularidad del 34% del paquete accionario de la misma, que se consolidó con la parte provincial de la concesión. Sin embargo, esa participación tuvo escasa o nula repercusión económica para la provincia, ya que el precio de venta de la generación de esa represa se fijó en 16 dólares el MW –vigente hasta la actualidad–, a una importante distancia del precio real.
Cabe recordar también que durante el gobierno de Néstor Kirchner se concretó la interconexión entre Choele Choel (Río Negro) y Puerto Madryn (Chubut), integrando a la Patagonia al Sistema Argentino De Interconexión (SADI), rompiendo el aislamiento eléctrico de la Patagonia y la dependencia de la propia empresa Aluar de la central hidroeléctrica Futaleufú.
En el marco de este laberinto que la política energética y de desarrollo propone a la Patagonia, y frente a los intereses geopolíticos que amenazan la soberanía argentina en este vasto y rico territorio de nuestra patria, es necesario reafirmar la soberanía energética sobre nuestros recursos con ese potencial, no sólo a través de discursos grandilocuentes, sino a través de acciones concretas que marquen el rumbo.
En este proceso que recorremos, el año 2025 proponía una gran oportunidad para comenzar a resolverlo. Esto es, al vencimiento de la concesión a treinta años por la cual se había privatizado la central Futaleufú, así como al vencimiento de los beneficios otorgados a los parques eólicos. Pero esta última es otra situación para abordar específicamente.
La cuestión es que, ante el vencimiento de la concesión de Futaleufú, la provincia de Chubut podría reclamar sus derechos sobre la central hidroeléctrica en el marco de una política de soberanía energética provincial que se integrara a una política energética soberana nacional y que permitiera dotar de energía eléctrica al territorio provincial. Hoy Chubut permanece abastecido en un 85% por un sistema de generación aislado que le cuesta alrededor de 15.000 m3 de gasoil anuales, sólo para sostener un esquema de “supervivencia”, con cortes reiterados y dependencia extrema de los costos de los combustibles.
Los escenarios que se abren frente al vencimiento de esa concesión son:
- El regreso al Estado Nacional y la posterior continuidad en el marco de la concesión actual, alternativa vinculada sólo a los intereses de Aluar.
- El regreso al Estado Nacional y una transformación de la concesión protegiendo los intereses de Aluar, pero incluyendo los del territorio provincial.
- Ahora bien, bajo el actual gobierno de Javier Milei y Luis Caputo, se abre un nuevo escenario: que ante la necesidad imperante de conseguir dólares para llegar a las elecciones de octubre sosteniendo una política monetaria y antiinflacionaria ficticia en base a endeudamiento externo, la represa se convierta en una de las ultimas joyas de la abuela, extranjerizándola por completo. Es decir, no sólo concesionándola al mejor postor internacional, poniendo en riesgo los intereses de la principal empresa industrial de la Patagonia, sino también enajenando un activo físico como es la central hidroeléctrica. Esto, con el solo objetivo de alimentar el modelo especulativo financiero inaugurado por Mauricio Macri y Toto Caputo y llevado al extremo por Milei.
Estos tres escenarios necesitaban diferentes esquemas resolutivos. La continuidad del modelo actual sería a priori el más sencillo, cuyo único inconveniente sería la voluntad de entregar activos del Estado a cambio de algunos millones de dólares.
Por otro lado, el potencial escenario virtuoso implicaría sentar a la provincia de Chubut a una mesa de negociación y la construcción de un proyecto común entre el Estado provincial y Aluar, habida cuenta que esta empresa es una de las únicas que aún se puede estimar como participante de la burguesía nacional. Pero esta mesa de negociación debería tener un instrumento que proponga un ordenamiento de la política energética provincial y de sus servicios públicos, levantando la bandera de la soberanía y ordenando todos los procesos políticos, económicos y técnicos a esa idea nacional.
Este esquema debería incluir a las cooperativas distribuidoras, características de esta provincia, actualmente en crisis, proponiendo un plan de saneamiento económico financiero a través de una revisión de su estructura de costos total para brindar uniformidad a la política tarifaria. Integrándolas a una política provincial y fortaleciendo el rol de la administración provincial frente a CAMMESA, con el respaldo de la gobernanza del sector eléctrico local.
El gobierno provincial encabezado por el gobernador Ignacio Torres envió un proyecto para crear una empresa provincial de energía, finalmente aprobado por la Legislatura provincial, que no considera la idea de soberanía energética y lo funda sólo en la gobernanza del sector, que no reside en los actores locales, sino en aquellas empresas nacionales e internacionales asociadas a la generación y distribución de energía eléctrica de mayor poder. Son ellas quienes se distribuirán, eventualmente, los negocios emergentes del sector, lo cual es un golpe letal al sistema cooperativo y a la idea de soberanía energética.
Pero principalmente no construye la alternativa virtuosa de integrar en una política energética provincial los intereses de todos los actores del territorio, desde la potente empresa Aluar, el sector cooperativo provincial, hasta las oportunidades de desarrollo productivo de un extenso y aislado territorio provincial.
En el contexto actual parecen prevalecer los intereses nacionales de la entrega a las corporaciones por sobre los provinciales, que requieren la necesidad de considerar que el gen constitutivo de la decisión sean los derechos provinciales y la soberanía nacional.
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