Comienza el tratamiento del aborto en el Senado

Desde el martes 10 arrancan los expositores y se discuten tres proyectos

En el Senado de la Nación comenzó el plenario de las tres comisiones que tratarán el proyecto de legalización del aborto. Habrá reuniones los días martes y miércoles, a partir del 10 de julio hasta el 31 de julio y contará con expositores a favor y en contra. Ya hay anotadxs al menos 60 invitadxs. La proyección de obtener un dictamen el 1ro de agosto se vuelve lejana, dentro del Senado ya hay fuerte disidencia: se han presentado 3 proyectos y se preven pedidos de modificaciones.

En la primera reunión, el 3 de julio, apareció la primera estrategia dilatoria de  la posición antiderechos. Se basó en la propuesta de llevar el plenario a distintas provincias para “federalizar” el debate. La vocera de la propuesta fue la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia. La reacción general estuvo dividida entre quienes declaran un espíritu federalista y quienes señalaban el oportunismo de la propuesta. La Senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado argumentó que el costo de traslado para los senadores del interior era un motivo de preocupación. Llama la atención la declaración en tanto se ha hecho público recientemente cómo se compone un sueldo de senador nacional, que en marzo cobraba $113.000 pesos al los que se le suman $70.000 para usar en 20 aéreos y 20 terrestres.

El debate fue encendido, especialmente por Miguel Ángel Pichetto, el jefe del Bloque Justicialista, que señaló que “tenemos que garantizar un debate democrático, pero no avalamos hacer el debate en el Interior”.

Finalmente, Federico Pinedo del PRO pidió no votar esta propuesta y ante la falta de acuerdo entre los senadores, la última palabra sobre la “federalización” del debate quedará en manos de los presidentes de las tres comisiones: Mario Fiad, de Salud; Pedro Guastavino, de Justicia; y Dalmacio Mera, de Asuntos Constitucionales.

También durante las primeras reuniones del plenario de comisiones se presentó la propuesta de lista de oradores. Entre quienes expondrán figuran el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien a fines de junio debió suspender una charla en Tandil por presión de grupos antiderechos; representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; de la Fundación Huesped; de la Universidad Católica; del CONICET y de Amnistía Internacional. La mayoría de los expositores ya participaron de las reuniones de comisiones de la Cámara de Diputados, por eso se les pidió que no repitieran los argumentos.

 

Los proyectos

Los proyectos de ley que se discutirán incluyen el expediente 22/18, que es el proyecto de ley en revisión sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo; el expediente S.-1823/18, del senador Pinedo: proyecto de ley que sustituye el artículo 88 del Código Penal respecto de los atenuantes para los casos de aborto; el expediente 1825/18, del senador Pinedo y la senadora Boyadijan (Cambiemos de Tierra del Fuego), proyecto de ley que establece el programa “el Estado se hace cargo y te acompaña” respecto a la contención de las personas embarazadas; y el expediente 2001/18, del senador Guillermo Pereyra: proyecto de ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado.

¿Cómo analizan la presentación de otros proyectos? “A partir de la primera reunión plenaria vemos un nuevo escenario en el Senado”, expresa Laura Salomé, de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto. “Por un lado quienes apoyan el proyecto que viene de Diputados, por el otro lado quienes sabemos que están en contra y con posiciones inamovibles y que han presentados estos proyectos que son proyectos antiderechos y que no tienen nada que ver con nuestra vida, nuestra salud y nuestras decisiones. Pero lo que vemos preocupante es que en declaraciones hay como una tercera posición que es de senadores y senadores, más particularmente de Córdoba, que proponen algunas modificaciones en intervenciones en los medios de comunicación”.

En la Campaña emitieron un comunicado donde reconocen que tienen el apoyo de la mayoría de la población, “las últimas encuestas dicen que la sociedad apoya la despenalización y legalización en todas las regiones de la Argentina ​por encima del 60%” y rematan el comunicado al grito de “​¡exigimos la sanción sin modificaciones!”.

El proyecto presentado por el Senador Pinedo propone únicamente la modificación del artículo del Código Penal que penaliza a quien se realiza un aborto. La modificación implica la inclusión del siguiente párrafo luego del señalamiento ya existente de una pena de prisión de uno a cuatro años: “El Juez podrá reducir la pena a la mujer al mínimo legal en atención a su edad, su educación, la calidad de los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, y las consecuencias lesivas que hubiese sufrido como consecuencia del hecho”. Este proyecto así presentado busca mitigar la penalización en el caso de que la concepción sea producto de una violación o en otras ocasiones especiales pero mantiene el aborto como delito. Mantiene la penalización. El mismo artículo es también sustituido en el proyecto de ley que tiene media sanción: “Será reprimida con prisión de tres meses a un año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible”.

El otro proyecto presentado por Pinedo, junto con la senadora Boyadijan, busca facilitar a las mujeres que cursan embarazos no deseados “dar en adopción a sus hijos por nacer”. La ley crea el programa El Estado se hace cargo y te acompaña que indica que el Estado “se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer”. Si para muchos detractores de la legalización del aborto el fundamento para oponerse radica en el gasto que implica para el Estado la aplicación de la ley, ¿usarán el mismo argumento en este caso? ¿Lo harían las obras sociales de los sindicatos?

Por último, el tercer proyecto presentado pertenece al senador por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra y legisla también sobre la repentina preocupación por “la protección de la mujer con embarazo no deseado”. En este proyecto la vida es definida como “un don de Dios” y también facilita las condiciones en las cuales cualquier mujer que no desee un embarazo en curso pueda dar en adopción el futuro bebé. “En el caso que la mujer sea casada se requerirá la decisión libre e informada de su cónyuge”, expresa el proyecto de ley para dejar en claro que lo último que se garantiza es la autonomía de las personas gestantes para elegir qué hacer con su vida y sus cuerpos.

“La tercera posición” la ocupan aquellos que buscan aprobar el proyecto pero con modificaciones. En ese caso la ley debe volver a votarse en la Cámara de diputados, donde sería la decisión definitiva.En declaraciones mediáticas los cambiemitas Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado y el justicialista Carlos Caserio, cordobeses los tres, declararon estar a favor de la despenalización del aborto pero con cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Los ejes sobre los que plantearías modificaciones son:

  • el costo y cómo afectaría los presupuestos de las provincias y las comunas
  • el artículo 2° del proyecto, que establece la prisión por hasta un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo a la institución y al médico que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
  • la objeción de conciencia institucional
  • bajar a 12 semanas el límite legal

Mientras el Senado comienza el tratamiento, dentro del oficialismo se responden entre sí las opiniones cruzadas —Lipovetzky le señala a Michetti el error de no considerar superior el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y Peña niega a Carrió que Macri haya dado luz verde al debate porque era sabido que el proyecto no prosperaría— ; la CGT dice y se desdice; los pañuelazos se producen como estampidas en todo el país y se multiplican los atentados contra aquellas que cargan el verde como insignia orgullosa.

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