Comodoro Py y el espíritu republicano

 

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

 

El país se convirtió en una competencia sobre trazar escenarios acerca de lo que vendrá. La justicia no es una isla. Los que caminan tribunales, los que son parte del aparato judicial y quienes siguen las noticias de la Justicia, mantienen diálogos circulares acerca del futuro.

Las charlas giran en torno a dos grandes ejes. Por un lado, sobre el futuro de las causas de corrupción que tienen a mal traer a los kirchneristas y también acerca de qué va a pasar con las que rozan a Cambiemos. Por el otro lado, las charlas son más político-judiciales, ya que se barajan nombres que vienen y se discute quiénes se van.

Como anticipé en este espacio, la Corte Suprema el martes se expidió en la demanda de las provincias frente al Estado federal y, en consecuencia, el gobierno deberá compensar a los estados provinciales por las deducciones en el Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias para alimentos.

El fallo tiene muchas lecturas. Se priorizó que la Corte falló en contra del gobierno y ello es verdad. Pero la sentencia también podría funcionar como un gran disparador para discutir dos temas que la dirigencia debe abordar. Me refiero al esquema tributario de nuestro país y a la necesidad de definir con claridad los alcances del federalismo que prevé la Constitución, pero que está atenuado por las leyes inferiores.

Recordemos, de paso, que desde la reforma constitucional de 1994 el Congreso de la Nación debe sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Más allá de los tiempos electorales y a pesar de las restricciones políticas propias de los tiempos de crisis, sería una muestra de madurez de nuestra dirigencia encarar estos problemas estructurales que son decisivos en cualquier estrategia de desarrollo porque, en definitiva, lo que subyace al fallo de la Corte es el histórico problema de la distribución de los recursos económicos.

Esta semana también conocimos que el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes renunció a su cargo por motivos de salud. La pregunta más interesante no creo que sea el pasado del fiscal, que es polémico, o detectar si hay otras razones debajo de su renuncia. Es que mientras la Justicia federal permanezca trabajando con un Código de Procedimiento de 1991 —porque el Presidente Mauricio Macri suspendió por decreto el más moderno, sancionado en 2015 por el Congreso—, el cargo que ocupaba Moldes es estratégico.

Básicamente porque es un gran cuello de botella que define la suerte de las apelaciones de los fiscales de primera instancia y sin rendir cuentas. Quien defina su reemplazo y cómo lo haga será un síntoma real y concreto del modo en que se piensa el diseño de la agencia judicial.

Si la decisión la toma el Procurador interino Eduardo Ezequiel Casal, seguramente veremos más de lo mismo y, por cierto, nada a favor de la República. Es decir, un guiño a la corporación judicial y al gobierno, como persistentemente se comportó en los casos de los fiscales Gabriela Boquín, Juan Pedro Zoni y Carlos Stornelli, entre muchos.

En cambio, si la vacante la tiene que cubrir un hipotético nuevo gobierno será una prueba de fuego. Aún manteniendo el viejo Código de 1991, Alberto Fernández podría impulsar un traslado o un concurso. Si escoge un concurso, que lleva sus tiempos, podría recurrir además a soluciones imaginativas que oxigenen un poco el aire espeso que se respira en Comodoro Py.

En ese caso, sus acciones serían compatibles con el espíritu republicano que existió en el homenaje que se hizo en la Facultad de Derecho al profesor Esteban Righi que, además, fue Procurador General.

 

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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