Con bandera corsaria

 

“Hay que cerrar todas las empresas del Estado”, declaró el Presidente Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand, en sintonía con lo que dijo Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem: “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” [2].

El Presidente, tras 48 días de gobierno, emitió el Decreto 55/2023 “Emergencia del Sector Energético Nacional”; el Decreto 70/2023 “Bases para La Reconstrucción de la Economía Argentina”, anunciado el 20 de diciembre, y la ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus; medidas orientadas al “libre mercado” que en el trasfondo sólo benefician a sectores empresarios locales y trasnacionales.

En este sentido, el proyecto inicial de la Ley Ómnibus, entre su más de 300 páginas, dispone, en el artículo 8: “Declárense ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de la Ley N.º 23.696 de Reforma del Estado, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal enumeradas en el ANEXO I”. Se refiere a 41 empresas en total, entre las cuales se encuentra Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NASA), empresa de bandera encargada de operar y construir centrales nucleares en el país. Si bien el texto original de la ley ha sido modificado tras las sesiones en comisiones de la Cámara de Diputados, no cambia el espíritu de este gobierno que es el de desregularizar la economía, implementar una reforma laboral y previsional, entregar los recursos naturales y vender las empresas del Estado.

A saber, Nucleoeléctrica opera tres centrales nucleares: Embalse (656 MW); Atucha I (362 MW) y Atucha II (745 MW); estas representan el 4,1% de la potencia instalada de la matriz eléctrica nacional y el 7% de la energía generada del país; además, la empresa estatal se ubica entre los principales grupos empresarios de generación de energía eléctrica junto con YPF, ENARSA, Central Puerto, Pampa Energía, entre otros.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el Poder Ejecutivo nacional introdujo modificaciones sobre las privatizaciones respecto al proyecto de ley original porque este había producido rechazo en parte de los legisladores y de la opinión pública. Estas modificaciones establecen que YPF quede fuera del listado de privatización y NASA, junto con el Banco Nación y ARSAT, será sujeta a privatización “parcial”, es decir, se constituye en sociedad mixta con control estatal. A su vez, Dioxitek, empresa que genera el polvo de dióxido de uranio para el combustible nuclear utilizado en nuestras centrales, permanece en el listado original.

Más allá de los cambios introducidos, que dicen “salvar” las empresas mencionadas del remate y la privatización, no significa que la intención de venta o desmantelamiento de estas desaparezca durante el periodo de gobierno libertario.

 

 

Nucleoeléctrica Argentina S. A.: síntesis de un proceso neoliberal

Es importante conocer la historia de Nucleoeléctrica Argentina S. A. que, si bien se ha consolidado como la empresa insignia del sector nuclear en el segmento de generación de energía, su nacimiento es parte de la reforma y desmantelamiento del sector energético realizado en la década del ‘90. El actual secretario de Energía y ex empleado de Iberdrola, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue parte de dichas reformas como asesor de Carlos Bastos, ex secretario de Energía de Carlos Menem y miembro de la Fundación Mediterránea. Es decir, Nucleoeléctrica fue creada con el fin de privatizar las centrales nucleares del país. En este contexto, queda flotando una incógnita: ¿el secretario ha venido a culminar lo que dejó inconcluso en los '90?

Diego Hurtado, ex secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación y ex vicepresidente de CNEA, menciona que “NASA no logró ser privatizada en los ‘90 dado que el perfil empresario —o por lo menos de aquellos empresarios nacionales y extranjeros que quieren hacer negocios en la Argentina— tiene miradas cortoplacistas, de búsqueda de bajo riesgo. No invierte en tecnología local, sino que el negocio que vienen a hacer a la Argentina en general tiene un componente importante de especulación financiera y un escasísimo componente de generación de capacidades industriales, tecnológicas, de generación de efectos multiplicadores que puedan servirle o que puedan ayudar a concretar un proyecto de democracia”.

De esta manera, Nucleoeléctrica, bajo gestión estatal, logró consolidarse como la empresa insignia del sector a raíz del relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue continuado por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Así, la empresa retomó la construcción de la central nuclear Atucha II, tras la paralización de 12 años de la obra por orden de Carlos Bastos, que buscaba la privatización y desmantelamiento del sector.

La culminación de Atucha II es un hito histórico para el sector nuclear argentino y el país, siendo la primera empresa en el mundo en culminar una central nuclear sin ser su diseñadora original. Además, podemos mencionar como hechos relevantes recientes de la empresa, la realización del proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Embalse en el periodo 2016-2019 y la reciente reparación del reactor de Atucha II, entre otros proyectos. Hitos realizados y llevados a cabo por equipos técnicos nacionales que se destacan por el alto grado de conocimiento y excelencia de trabajo.

Por su parte, José Luis Antúnez, ex presidente de Nucleoeléctrica, comentó al respecto de la reparación de Atucha II: “La concreción de este desafío no solamente marca un nuevo hito para la industria nuclear argentina, sino que también confirma las capacidades científico-tecnológicas del país para llevar adelante proyectos complejos de ingeniería”.

La empresa, según su plan estratégico 2021-2030, además de mantener la operación de las centrales actuales, tiene por delante que realizar la extensión de vida de Atucha I; asistir a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el proyecto CAREM (reactor modular íntegramente diseñado y construido en la Argentina); la construcción del almacenamiento en seco de elementos combustibles en Atucha II; conseguir el financiamiento para la construcción de la IV central nuclear Hualong One, según el contrato comercial para la construcción de Atucha III firmado en febrero de 2022, que fue extendido hasta abril de 2025 y, por último, la construcción de la quinta central nuclear, CANDU, denominada “Proyecto Nacional”.

 

 

Condimentos de una receta cipaya: privatizar y desmantelar

En un contexto global de disputa por el control de recursos naturales necesarios para la transición energética, como así también, de una disputa y carrera tecnológica por fuentes de generación de energía limpia, entre las cuales se encuentra la energía nuclear, la decisión del Presidente Javier Milei de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S. A. y otras empresas energéticas va a contramano de lo que hoy debe hacer el país y la región en materia energética y de desarrollo de capacidades cientifico-tecnologicas que aporten a un entramado industrial.

En la COP28 desarrollada a fines del año 2023, más de 20 países, incluidos Estados Unidos, Francia y Japón, llamaron a triplicar la energía nuclear en el mundo hasta 2050 respecto a los niveles de 2020, con la finalidad de reducir la dependencia del carbón y el gas para la generación de energía eléctrica.

En este sentido, el gobierno nacional, en su diatriba de querer vender todo y privatizar para dar paso al “libre mercado”, provocará un proceso de pérdida de soberanía y de entrega del patrimonio nacional a grupos económicos concentrados y trasnacionales, iniciando un nuevo ciclo de saqueo en el país, como el ciclo iniciado en la última dictadura militar y profundizado en los años ‘90 de la mano de Carlos Menem y Fernando De La Rúa.

Al respecto, Hurtado plantea: “Volvemos a la experiencia de querer privatizar lo que debería permanecer en manos del Estado siguiendo el orden global neoliberal donde se le asigna a América Latina el lugar de la especulación financiera y la producción de minerales y recursos primarios”.

Iniciar un nuevo ciclo de privatizaciones de las empresas del Estado y, en particular, del sector nuclear nos llevaría a perder el desarrollo de conocimiento estratégico y capacidades tecnológicas socialmente acumulado durante más de 70 años, iniciado en el año 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En este sentido, Hurtado menciona que “Nucleoeléctrica es para la Argentina un núcleo de acumulación de capacidades ingenieriles, de capacidades tecnológicas, con grados crecientes de autonomía en un sector emblemático para el país como es el sector nuclear”.

El sector nuclear en la Argentina presentó la posibilidad de desarrollar un entorno sistémico, con capacidad de innovar en tecnología, crear conocimiento estratégico y fomentar un entramado productivo público-privado que sigue vigente en la actualidad, con posibilidades de desarrollarse posicionando al país como líder en temas nucleares en la región. Es por ello que privatizar total o parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina S. A. significa abrir una puerta al desmantelamiento del sector nuclear y la consecuente pérdida de las capacidades desarrolladas.

 

 

* Nicolás Malinovsky es ingeniero electricista (UNRC), magíster en Gestión de la Energía (UNLa), diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia. Redes: @nicomalinovsky.

** Gracias a Diego Hurtado por su valiosa colaboración con el presente texto.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí