Con la barbaccia en remojo

El ex fiscal de la AMIA entre los aportantes de Cambiemos

 

No hay cuadernos. Sino un aporte directo que probablemente no tenga nada de falso. El ex fiscal de la causa AMIA José Barbaccia aparece aportando 10.000 pesos a la campaña electoral del partido del gobierno. Procesado por encubrimiento en la causa AMIA y salvado a último momento por el gobierno con la expulsión de la abogada que debía acusarlo, su depósito encierra otro escándalo que explican el estado de rojo permanente de Cambiemos. Ahora con intereses compartidos entre acusadores e acusados.

Recordarán los lectores que esta saga ha tenido episodios inolvidables: el cambio de alegato ordenado por el ministro de Justicia Germán Garavano y, luego, la renuncia de la abogada Mariana Stilman, renuncia que puso furiosa a Elisa Carrió. Acusó al ministro de nepotismo, amiguismo y encubrimiento. Luego estallaron las redes. Y se preguntaron si la Directora de Coordinación y representación Nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), Silvina Rivarola O´Connor, era la esposa de José Barbaccia. No era para menos, tenían razón. Una funcionaria que depende directamente del ministro.

En esa saga apareció la disolución de la Unidad Especial de Investigación a cargo de Mario Cimadevilla. La Unidad funcionaba en la órbita del Ministerio de Justicia. La creación fue consecuencia de un acuerdo firmado por Estado Nacional en 2005 con las víctimas del atentado, denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ese acuerdo nuestro país reconocía su responsabilidad por la falta de esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y se comprometía a trabajar en distintas direcciones para garantizar la investigación del atentado, investigar el encubrimiento y sancionar a los responsables. El acuerdo preveía fortalecer la Unidad Especial de Investigación, ahora disuelta.

 

 

Extracto del listado de aportantes privados de Cambiemos.

 

El acta acuerdo fue aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 812/2005, suscripto –entre otros— por el actual Juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, cuando era ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En función del acuerdo, se dictó posteriormente el decreto 229/2006 por el que se le encomendó a la Unidad Especial AMIA el impulso de las pesquisas para determinar las irregularidades cometidas en la investigación del atentado del 18 de julio de 1994. En el mismo sentido, diez años después, el presidente Mauricio Macri dictó el decreto 108/2016 que encomendó a ese órgano estatal intervenir como parte querellante en las causas por encubrimiento del atentado.

Borrando con el codo lo escrito con la mano, el gobierno traspasó las funciones de la Unidad Especial AMIA al Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese programa se encuentra a cargo de Mariano Fridman, otrora abogado de la DAIA cuando Rubén Beraja —uno de los enjuiciados por encubrir el atentado—, era su presidente. Es decir, el órgano encargado de llevar adelante la acusación particular por el encubrimiento del atentado a la AMIA se encuentra ahora a cargo de quien fue abogado de la institución presidida por uno de los imputados, tal como lo contó Eli Gómez Alcorta en estas páginas.

Pero la saga de intereses contrapuestos y representaciones entremezcladas entre acusadores e imputados, ahora incluye el aporte de Barbaccia. El 24 de agosto de 2017, el ex fiscal de la causa AMIA, José Barbaccia —imputado por encubrimiento junto a su par Eamon Mullen—, expuso su defensa en el juicio oral. Dijo que la imputación en su contra “no es jurídica sino política” y acusó a jueces y fiscales de haber estado influenciados por el Poder Ejecutivo. E involucró a Alejandro Slokar, que para entonces era funcionario del Ministerio de Justicia: “Manejaba la postura estatal sobre el tema AMIA y por ello fue premiado por el gobierno».

En el listado de los aportantes de todos los partidos políticos, José Barbaccia aparece con 10.000 pesos a la campaña de Cambiemos.

En un verdadero “cambalache”, los representantes de la querella —el flanco de la acusación estatal— se encuentran así atendiendo los dos lados del mostrador, ”perjudicando deliberadamente la causa que les ha sido confiada”, como señala el artículo 271 del Código Penal. ¿Alguien impulsará alguna investigación al respecto? ¿Puede el ex fiscal desentenderse del “armado político” del gobierno en torno al juicio AMIA? ¿Por qué José Barbaccia se acuerda de Alejandro Slokar, funcionario de segundo orden de la administración de Néstor Kirchner y, en un súbito ataque de amnesia, olvida a Horacio Rosatti que era su Ministro? ¿Un nuevo encubrimiento en esta saga que promete seguir dando nuevos episodios?

2 Comentarios
  1. Ricardo Daniel Muzzio dice

    Es una vergüenza institucional y un bochorno para todos nosotros (los Argentinos), que la Causa AMIA siga sin resolver y presos sus responsables. Los hacedores de mentiras siguen tramando, mientras los que somos de buena voluntad, seguimos mirando sin hacer nada al respecto. Excelente nota.

  2. Miguel dice

    Los aportantes reales y que suponemos deben tener sus comprobantes a disposición si fueran requeridos, lo hicieron con mas fines personales que políticos, como es el de quedar impunes en delitos que los involucra seriamente. Y lo han logrado, por ahora, porque nada de lo hecho debería ser avalado.

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