Ha ingresado al Congreso de la Nación el proyecto de retroceso laboral del Presidente Milei. Una falsa “modernización” que nos llevaría 120 atrás.
Inconcebiblemente, a esta espuria iniciativa legislativa se la ha denominado “de modernización laboral”, cuando nada, absolutamente nada tiene de eso.
La realidad es que estamos ante una ofensiva sistemática y maliciosa que tiene como fin quitar derechos a los trabajadores en beneficio de los empleadores.
Estos últimos, de ser aprobado este esbozo de norma, no solo bajarían sus costos laborales sino que, además, adquirirían indebidas atribuciones sobre los trabajadores, quienes verían gravemente afectadas sus condiciones laborales y de vida.
Cabe subrayar que prácticamente todo el profuso articulado de este proyecto resulta contrario a los trabajadores.
Además, busca limitar el accionar de las organizaciones sindicales y consiguientemente la defensa que hacen de sus representados. Debe lamentarse y rechazarse de plano el daño particularmente grave que pretende ocasionar a la negociación colectiva, llegando prácticamente a anularla.
Resulta muy triste comprobar que este emprendimiento está impregnado de un fuerte desprecio hacia los trabajadores. Recoge de esa forma las proclamas de los sectores más reaccionarios y prebendarios del país, aquellos que siempre buscaron el sometimiento de los asalariados y que confían en que, ahora sí, verán realizado ese viejo anhelo.
Persiguiendo ese afán, el texto del proyecto no duda en violar pactos internacionales, leyes argentinas y también la misma Constitución Nacional.
Argumentos falaces
Procurando justificar este malhadado intento de ley ante la población, sus promotores hacen afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad. Una de ellas es que generará empleo. Eso no es así. De hecho, las legislaciones laborales que quitaron derechos a los trabajadores, tal como pretende hacerlo esta, nunca generaron trabajo y, por el contrario, siempre lo destruyeron. Veamos algunos ejemplos:
- Con Menem el desempleo llegó al muy alto índice del 18,5% después de una brutal flexibilización laboral.
- Con De La Rúa, la desocupación subió aún más, alcanzando el 21,5%, Ley Banelco mediante, que fue otro esquema flexibilizador y de precarización laboral teñido de sospecha de soborno.
- Mauricio Macri, con similar política laboral, duplicó el desempleo que había dejado Cristina Fernández de Kirchner.
Como vemos, la ley de hierro es: a menos derechos laborales más desocupación.
Por el contrario, en los gobiernos que generaron derechos para los trabajadores, crecieron tanto el empleo como las rentas empresarias y la economía en general.
Un claro ejemplo de ello es que entre 2002 y 2015 se crearon 233.000 empresas y se generaron 4.711.344 puestos de trabajo, de los cuales casi 3.500.000 fueron en el sector privado.
La realidad es que las regresiones laborales no aumentan el empleo ni la registración de trabajadores y menos aún incrementan los salarios.
Cuando entre el FMI, pierden los trabajadores
Otro dato importante es que, cada vez que la Argentina se endeudó con el FMI, el respectivo gobierno degradó la regulación legislativa del trabajo. Sucedió así con la dictadura cívico-militar, con Menem, con De La Rúa, con Macri y ahora con Milei.
Por el contrario, en los gobiernos que no contrajeron deuda con el Fondo Monetario Internacional, como fueron los casos del de Néstor Kirchner (que canceló la que teníamos con ese organismo), Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández [1], no se dieron procesos de quita de derechos laborales y, muy por el contrario, aquellos aumentaron.
Queda claro entonces que el proyecto de ley que venimos objetando es una imposición del FMI, aunada a la voluntad de los sectores reaccionarios locales y a la de un gobierno cipayo que evidentemente odia a los trabajadores.
Riesgo de facilitación de “negocios”
Pero el proyecto de ley en cuestión no solo pretende retrotraer los derechos laborales y la justicia social sino que, además, permite vislumbrar potenciales negociados para favorecer a amigos del poder. Veamos algunos ejemplos de ello:
1. Un fondo codiciado
El proyecto propone la creación del llamado FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que coadyuvaría a los empleadores del sector privado a pagar las indemnizaciones por despido.
A esos efectos, cada empleador deberá constituir una cuenta dentro de un fondo administrado por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores. El aporte a efectuar mensualmente a esa empresa gestora es del 3% de las remuneraciones, se trata de mucho dinero.
Si esta ley se sancionara como está prevista, cuatro vivos a los que se los autorice a administrar el citado fondo se podrían llenar los bolsillos con copiosas comisiones, tal como sucedió en su momento con las AFJP, que tanto beneficiaron a sus dueños y dañaron a los trabajadores. Situaciones así hemos visto muchas y de allí que generan sospechas.
La norma propuesta, además de generar el riesgo de las componendas comerciales comentadas, habilita a que el ya referido 3% que los empleadores deben aportar obligatoriamente al FAL, lo deduzcan de las contribuciones que hacen al sistema jubilatorio.
Es decir, que esa parte del pago de las indemnizaciones les saldría gratis, mientras que, simultáneamente, se desfinanciaría el sistema de prestaciones de la seguridad social, cuya ya marcada insuficiencia hace que a la gran mayoría de los jubilados y pensionados se les liquiden haberes misérrimos.
2. Una ayudita a las billeteras virtuales
Una segunda puerta que el proyecto abre a posibles negociados, y en relación a la cual también habrá que estar muy atentos, es la habilitación que hace a las billeteras virtuales para recibir depósitos de las cuentas sueldos que hoy solo pueden tener los bancos.
Pero, más allá de eventuales negocios, aquí surgiría otro perjuicio para los trabajadores ya que, en el caso de depositar su sueldo en esas billeteras, quedarían desprotegidos, dado que sobre ellas el Banco Central no efectúa el control que si ejerce sobre los bancos. Tampoco esas cuentas sueldo contarían con el resguardo que brinda el seguro de depósitos (SEDESA), que sí cubre a los fondos ingresados en las entidades bancarias.
Para muestra basta un botón
Me he referido solo a algunos aspectos del proyecto de reforma laboral. No puedo decir algunos aspectos negativos porque prácticamente todos lo son.
Es por eso que se trata del emprendimiento más grande de inequidad del que tengamos memoria. Es evidente que hay mala fe, mentira y perversión en quienes lo han pergeñado y lo sostienen.
Lamentablemente, a lo largo de sus 197 artículos, 26 títulos y 71 páginas, se percibe invariablemente un gran desprecio hacia los trabajadores, como así también la indisimulable voluntad de beneficiar muy generosamente y sin ningún tipo de ambages a los empleadores.
De ninguna manera debería ser así. Nada bueno se construye con una parcialidad tan grosera ni con la animadversión que se observa en los 197 artículos referidos. Por el contrario, las sociedades solo progresan si hay respeto mutuo, equilibrio, consideración hacia los menos favorecidos y una clara vocación por realizar la justicia social.
Por otro lado, en lo que hace al plano económico, debe quedar claro que es imposible que se produzca un desarrollo nacional real y sostenido actuándose de la pésima manera que lo hace este reciente intento legislativo.
Esta aberración no debe concretarse
- Ni los argentinos ni la Argentina merecemos este ultraje. De allí que tenemos que oponernos firme y decididamente a él en el Congreso Nacional, en la Justicia y en todos los ámbitos posibles.
- Con este tipo de procederes el gobierno nos encontrará en la vereda de enfrente.
- Será fundamental movilizarnos y ejecutar una intensa y progresiva acción gremial.
- Ya en lo que hace al marco general, resulta esencial construir las mayorías necesarias en el Congreso que nos permitan revertir estos y otros procederes regresivos.
- Y muy especialmente, no debemos dejar que, con intentos del Poder Ejecutivo como este, se vaya formando una oscura realidad que tire por la borda la lucha de tantos argentinos y argentinas que en muchos casos hasta dieron su vida para que tengamos una patria mejor, la que, a no dudar, con el esfuerzo conjunto habremos de lograr.
[1] En el gobierno de Alberto Fernández no se pidieron fondos frescos al FMI, sino una refinanciación del gran crédito solicitado por Macri en el 2018, a los efectos de poder pagarle al mismo FMI.
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