CONDENADOS A CUARENTENA ETERNA

 

Desde hace décadas, la economía capitalista acusa crisis periódicas que no supera pese a intervenciones estatales orientadas a salvar a los grandes capitales. Respaldados por el FMI, estos capitales han exigido políticas estatales de ajustes fiscales, privatización de servicios públicos, y su propio salvataje. Las crisis se profundizaron y el costo recayó invariablemente sobre los trabajadores, públicos y privados.

En este contexto llegó el Covid-19 atestando un golpe de gracia a economías ya en crisis, a sectores sociales sin margen para la supervivencia, y a Estados sin recursos o voluntad política para afrontar los efectos de la pandemia en la población.

En el origen de la pandemia se presume la transferencia de virus entre animales y seres humanos como resultado de prácticas laborales y ambientales inescrupulosas. En su propagación opera el manejo irresponsable de la fuerza laboral con consecuencias en hospitales, fábricas, y también en la población con necesidades específicas e imperiosas en materia de accesibilidad y trabajo.

Somos testigos de un extraordinario desarrollo mundial de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y capacidad laboral, por un lado, y de la insatisfacción de necesidades básicas de la población trabajadora por el otro.

Hoy, en pandemia, enfrentamos una crisis sanitaria y económica-social sin precedentes. Unas 174.000 personas, al menos el 40%, se infectó en el trabajo o en el transporte (fines de agosto), evidenciando la ausencia de protocolos preventivos. La falta de testeos masivos contribuye a su propagación, y la ausencia de cuidados especiales a adultos mayores ha impactado en la mortalidad masiva en geriátricos.

En vez de asumir su responsabilidad, el Estado apela a la conciencia de la gente. Sin embargo, la salud pública no es la suma de acciones individuales, sino el resultado de políticas de Estado.

 

 

Pandemia y discapacidad

La manera en que se instrumenta la cuarentena deja a esta población en estado de abandono creciente.

Nos llegan relatos desgarradores. Desde Jujuy, por ejemplo, relatan que las pensiones no-contributivas recortadas siguen sin ser reconocidas. Sólo se pagan por orden judicial y la Agencia Nacional de Discapacidad no ha desistido del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la gestión anterior. No hay provisión de medicamentos. Como Nación no reintegra a los prestadores, éstos no reconocen su obligación de atención. Respecto del Covid, no hay protocolo para personas con discapacidad. Se discontinuaron las asistencias domiciliarias y las personas sobreviven gracias al apoyo de los vecinos.

Podemos agregar que no se avanza en el cumplimiento del cupo laboral, no se garantiza la continuidad educativa de niñes con discapacidad. El programa Incluir Salud debiera renombrarse ¡Excluir Salud!, y se restringe el acceso al Certificado Único de Discapacidad. Aun contando con él, la desatención a las condiciones de vida de familias donde anida la discapacidad (falta de agua, por ejemplo) deviene en muertes evitables.

 

 

Implicancias en accesibilidad

Venimos tejiendo alianzas con otros movimientos, con incidencia política creciente. Nuestras luchas no pueden prosperar fragmentadas. Nos atraviesan las demás problemáticas sociales. La crisis económica actual sumada a la pandemia nos iguala cada vez más a una población que se ve sumida en creciente pobreza y desamparo, y nos enfrenta irremediablemente a las clases dominantes, las que sólo piensan y actúan en función de sus propios intereses de enriquecimiento.

Son justamente las clases dominantes y sus gobiernos quienes se han opuesto sistemáticamente a mejorar las condiciones de accesibilidad y del hábitat, así como a brindar empleo a personas con discapacidad. Al respecto, hasta hace poco las encuestas de población de Estados Unidos han definido a la discapacidad como la incapacidad para realizar trabajo productivo, como incapacidad para ganarse la vida trabajando. ¿Para qué, entonces, invertir en mejorar condiciones de vida para una población sospechada improductiva, o sea no explotable en el trabajo, incapaz de generar las ganancias deseadas? Si comprendemos esto, podemos comprender el razonamiento que subyace a las políticas en discapacidad y en accesibilidad.

Por eso postulo que la lucha de las personas con discapacidad es indisoluble de la lucha del grueso de desempleados por ganarse la vida trabajando, por ser explotados, en tanto lucha para intentar sobrevivir.

Es el derecho que impone la necesidad, y forma parte de esta lucha garantizar que los espacios y medios de circulación sean accesibles; en primer lugar, el hogar. Pero no sólo: sin accesibilidad difícilmente uno pueda educarse, formarse, buscar empleo y realizar las tareas que un empleo requiera.

Acceder a una vivienda es un derecho de necesidad, de autopreservación, de cobijo ante las inclemencias, hábitat de la familia, lugar de reproducción social en su sentido más amplio: lugar de estudio y tareas escolares, de nutrición, de higienización y descanso, e inclusive de trabajo en muchos casos, más aún en pandemia. Lugar donde muchos nacen y luego mueren; donde casi todos se reponen cuando se enferman.

La crisis económica y pandémica evidencia aún más la crisis histórica de vivienda social, a saber, la necesidad de cuatro millones de familias, así como la inexistencia de viviendas con diseño accesible para estos sectores poblacionales, o su restricción a cupos arbitrarios.

La pandemia ha puesto en agenda la cuestión urbana como parte de un orden social que debe ser transformado de raíz. El espacio y el suelo, como mercancías, están en el origen de las múltiples formas de hacinamiento que se padecen en las ciudades.

Las cuarentenas se vuelven insoportables, no sólo per se, sino por un entorno urbano que es intolerable, con departamentos de exiguos 23 m², carentes de aireación e iluminación natural, con veredas y calles intransitables, falta de espacios verdes, etc.

Las vivencias del conjunto de la población en cuarentena son moneda corriente para las personas con discapacidad en su cuarentena eterna.

Por ello, la agenda por un hábitat inclusivo debe hacer foco en los sectores más vulnerados, más empobrecidos por esta crisis que todos padecemos, haciéndonos partícipes de sus luchas como si fueran nuestras, porque lo son.

 

 

 

 

* Presidente, Fundación Rumbos. Co-fundador REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ([email protected])

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