Escrita en español en una sentencia italiana por crímenes del Plan Cóndor, la palabra “desaparecidos” clarifica que todo intento negacionista se enfrentará a pilares de memoria, verdad y justicia afirmados en un universo mucho más amplio que las estrechas órbitas de los trolls argentinos.
“Sono universalmente noti come desaparecidos”, dice sobre las víctimas de las dictaduras sudamericanas el documento oficializado en la tercera semana de febrero. Corresponde a los fundamentos del fallo por los que la III Corte di Assise, del Tribunal Ordinario de Roma, condenó en octubre a prisión perpetua al represor uruguayo Jorge Tróccoli por tres desapariciones forzadas. La resolución permite verificar la importancia de la reconstrucción documental que sobrevivientes, organismos de derechos humanos y Estados latinoamericanos consiguieron en las décadas posteriores a las dictaduras. Una vez más, el corpus reunido abonó los caminos probatorios con material irrebatible.
La razón por la que Tróccoli fue juzgado en Roma y no en Sudamérica surge de su ciudadanía italiana, que aprovechó en 2007 para radicarse en la península, en busca de eludir su pasado criminal. Las leyes locales, recordó el tribunal, habilitaban a enjuiciarlo allí en tanto es un ciudadano italiano que cometió crímenes de jurisdicción universal. Tróccoli sumó así su segunda condena en Italia, tras la que le fuera aplicada en 2021, también por su participación en el Plan Cóndor. La fuga no lo cobijó con la impunidad esperada.
Italia fue además la cuna de una de las víctimas por las que fue llevado a juicio por segunda vez. Raffaella Filipazzi había nacido en Bagnolo Mella en 1944, una localidad lombarda que en ese momento llegaba a los 10.000 habitantes. Para el momento de su desaparición, estaba en pareja con el argentino José Agustín Potenza, cuya historia de militancia muestra la nítida vinculación entre las represiones dictatoriales argentinas de 1956 y 1976. Ambos compartieron destinos hasta el penúltimo, impuesto por sus asesinos: sus cuerpos fueron recuperados en 2013, en Paraguay, casi cuatro décadas después de los raptos. Recién entonces sus familiares pudieron tener sitios donde recordarlos.
También fue juzgado por la docente y militante uruguaya Elena Quinteros, que fue secuestrada en la embajada venezolana en Montevideo, donde procuraba refugiarse de las cacerías del Cóndor. La grosera violación a la inmunidad diplomática provocó la ruptura de relaciones entre ambos países sudamericanos y expuso a la dictadura uruguaya ante el mundo. Sin embargo, recién en 2010 fue condenado en Uruguay su canciller de entonces, que no podía ignorar lo ocurrido con la militante del Partido por la Victoria del Pueblo.
En las fechas en que se produjeron los tres secuestros, Tróccoli era jefe de la sección de inteligencia del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), que tuvo un rol central en los hechos. Sus oscuras tareas no se limitaban a las calles uruguayas: en diciembre de 1977, se trasladó a la Argentina para participar de los raptos de militantes de los Grupos de Acción Unificadora junto a sus camaradas de la ESMA, con los que tenía estrecho vínculo. Apenas un ejemplo del grado de articulación al que arribaron las fuerzas represivas del sur del continente.
En 2022, el gobierno de Alberto Fernández sumó al Estado argentino a las querellas del juicio, junto a los familiares de las víctimas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro país y el Frente Amplio del Uruguay.
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De la Fusiladora al Plan Cóndor
Cuando en 1956 Raffaella Filipazzi llegaba a la Argentina desde Italia, acompañando la viudez materna producto de la Segunda Guerra, José Agustín Potenza vivía meses de agitación y pesares. La dictadura que en septiembre de 1955 había derrocado a Juan Domingo Perón mantenía sobre Potenza un pedido de captura. Lo sospechaba de ser parte del movimiento revolucionario que el general Juan José Valle encabezó en junio de 1956, en procura de reencauzar la vida democrática del país.
Integrante del sindicato de músicos y militante peronista, Potenza buscó evitar el destino de los fusilados en José León Suárez y solicitó asilo en la embajada de Nicaragua. Luego se exilió en Uruguay, donde permaneció hasta que la parcial reapertura democrática de 1958 le permitió reingresar a la Argentina. En los años siguientes, trabajó en la Biblioteca del Congreso y formó pareja con Filipazzi.
Dos décadas después de la persecución de los fusiladores de 1956, la maquinaria represiva los capturó en una típica articulación entre los aparatos dictatoriales del cono sur latinoamericano. El Cóndor persiguió a la pareja en su infatigable raid de supervivencia por la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, donde eran presas codiciadas por Alfredo Stroessner, que les adjudicaba participación en un plan para asesinarlo. Los servicios de inteligencia vinculaban a Filipazzi con miembros del Movimiento Popular Colorado, una facción expulsada del Partido Colorado que se pronunciaba por la justicia social y la democracia, en abierta oposición al dictador.
Potenza y Filipazzi fueron secuestrados por el FUSNA el 27 de mayo de 1977, cuando se alojaban en el hotel Hermitage de Pocitos, y entregados a la dictadura paraguaya pocos días después. Aunque el FUSNA los registró como liberados, la Justicia italiana pudo constatar que el 8 de junio ambos ocuparon los asientos 10 y 12 de un vuelo comercial de Líneas Aéreas Paraguayas que partió de Montevideo hacia Asunción. En el 11 se sentó el jefe de Registro de Extranjeros de la policía de la ciudad de destino, Victorino Oviedo, que dos días antes había recorrido el trayecto inverso. Otros tres pasajeros coincidieron en ambos servicios. Al menos uno de ellos, Marcial Gómez, fue sindicado como integrante de la fuerza.
La pareja permaneció cautiva hasta los primeros días de diciembre, cuando la Cruz Roja preparaba una inspección y el entramado represivo debía quedar vacío de prisioneros no registrados. Pese a la búsqueda de sus familiares, nada se supo de Filipazzi ni de Potenza hasta que sus restos fueron hallados en la fosa común de un predio policial en 2013, identificados a mediados de 2016 y entregados a sus familias, en febrero del año siguiente.
En 2018, el entonces Presidente Tabaré Vázquez les pidió perdón en nombre del Estado uruguayo por los crímenes y aportó documentación probatoria de la estructura de FUSNA y el rol de Tróccoli en ella.
Beatriz García, hija Raffaella, compartió con El Cohete sus sensaciones de alivio ante la condena al marino uruguayo. Tras medio siglo de espera, sintió que la impunidad soportada se diluía como un peso que siempre había estado presente sobre sus hombros. “Había pensado que este momento ya no llegaría, y que haya sido en el país de ella lo hace más justo aún”, dijo, antes de dejar un mensaje de acompañamiento y aliento a quienes aún buscan a sus desaparecidos o reclaman justicia por ellos.
De jardines ajenos
A pesar de la violencia extendida de la Triple A y sus satélites, en 1975 la Argentina era el último bastión del cono sur para el refugio de militantes sudamericanos contra los secuestros y asesinatos sistemáticos que cubrían el mapa subcontinental. Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay ya vivían bajo dictaduras como la que se instalaría en la costa este del Río de la Plata en marzo del año siguiente.
Esa situación explica que haya sido en Buenos Aires donde diversas vertientes de la militancia uruguaya confluyeron, en julio de 1975, para conformar el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Desde la misma cita fundacional, los servicios de inteligencia siguieron sus pasos, por considerar al PVP “la principal amenaza sediciosa” del Uruguay.
Elena Quinteros era una maestra de treinta años, que en su labor social y política había conocido las condiciones de vida de los sectores arrojados a los márgenes de la sociedad uruguaya. En el PVP se le encomendaron tareas de difusión que la obligaron a reingresar a su país, una decisión arriesgada que —escribió el tribunal italiano que estudió el caso— tomó con “coraje y determinación, no obstante los peligros que comportaba”.
Fue secuestrada entre el 24 y el 26 de junio de 1976 y trasladada, presumiblemente, al centro clandestino de detención “300 Carlos” del Ejército. Allí operaba la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas. Durante los interrogatorios, Quinteros convenció a sus captores de que podría entregar a un compañero del PVP que el 28 de junio la esperaría en bulevar Artigas y Palmar. La cita no existía, pero la embajada de Venezuela sí: se ubicaba a pocos metros, y en ella habitaban refugiados uruguayos. El supuesto operativo requería que sus secuestradores le dieran una distancia mínima, que Quinteros aprovechó para escapar rumbo a la sede diplomática, a la que ingresó gritando su nombre y oficio. Sus verdugos irrumpieron violentamente en la embajada y se la llevaron por la fuerza, pese a la resistencia del personal del lugar.
El gobierno venezolano protestó la grosera violación de la inmunidad diplomática y, ante la falta de respuestas satisfactorias, rompió relaciones con Uruguay. De ese modo, el episodio alcanzó visibilidad internacional. Durante los días transcurridos entre el secuestro y la ruptura de vínculos diplomáticos, el gobierno uruguayo prometió investigar, pero pronto comunicó que no había encontrado indicios para acusar a ningún compatriota.
Mientras ese era el mensaje público, otra tinta escribía los documentos reservados. Con un día de diferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores produjo un memorándum secreto en que consideraba como “alternativas de acción” entregar o no a “la mujer”. El texto prueba que los pormenores de lo ocurrido no eran ignorados por el entonces canciller, Juan Carlos Blanco Estradé, condenado en 2010 a veinte años de prisión. Entre las opciones consignadas, prevaleció la de no liberar a Quinteros, que permanece desaparecida.
Documentos internos que la Armada uruguaya produjo un cuarto de siglo después permitieron establecer que del segundo rapto de Quinteros había participado también personal del FUSNA bajo el mando presencial de Tróccoli. Dentro del corpus más antiguo de esa fuerza se halló su ficha, con una anotación manuscrita que confiesa el destino con que los militares uruguayos castigaron su intento de supervivencia.
Al pronunciar y fundamentar su veredicto contra el marino uruguayo, el tribunal italiano acercó justicia a tres casos que retratan la impunidad de la época y la magnitud de la articulada represión del Cóndor: se produjeron contra ciudadanos de tres países distintos y a la vista de terceros, en el trayecto de un vuelo comercial entre dos capitales y en el jardín de una embajada en medio de Montevideo.
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