Confesiones de un jubilado

El único camino para lograr defender los derechos de los jubilados es aliarse con el gremialismo

 

Se ha dicho, y con razón, que la seguridad social protege y acompaña a las personas desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte. Esto es así debido a que cuando nos encontramos engendrados en el vientre de nuestra madre, ella se encuentra amparada por una prestación por embarazo, y cuando fallecemos nuestra pareja o nuestros hijos, si son menores o discapacitados, reciben lo que se llama una pensión derivada. Por lo tanto, la jubilación es sólo un proceso en este camino de protección que nos brinda la seguridad social y que es obligación del Estado cumplir y hacer cumplir.

Cuando vemos la luz de la vida, nace un nuevo derecho a una prestación social: la asignación por hijo, que cobran nuestros progenitores. Esta prestación puede ser contributiva (para los trabajadores en relación de dependencia) o no contributiva (para aquellos que no tienen relación de dependencia). Pero también existe una tercera forma de cobrarla, que es la que tienen los sectores acomodados y consiste en descontarla de su declaración de ganancias. También existe un grupo que no tienen ninguna protección, que contempla a su vez dos subgrupos: por un lado, alrededor de un millón de niños que aún no han sido incorporados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por falta de una política en este sentido; y por otro los trabajadores autónomos que, debido a que tienen un ingreso superior al mínimo requerido pero no lo suficiente para poder descontarlo de ganancias, no cobran nada.

Cuando superamos los 18 años de edad y accedemos a un trabajo registrado adquirimos el derecho a una prestación por accidentes laborales y por las llamadas enfermedades profesionales. Está prevista, a su vez, una prestación cuasi marginal actualmente por su falta de representatividad y modernización en su diseño y operatoria que es la prestación por desempleo, la cual sólo rige para aquellos que trabajan en relación de dependencia, que la perciben cuando cumplen con determinada antigüedad en el empleo, pero el valor económico de la misma no cubre hoy en día ninguna necesidad básica.

Finalmente entramos en el mundo de la previsión social con cuatro tipos de prestaciones: si tenemos la edad y los aportes requeridos accedemos a una jubilación; si fallecemos siendo jubilados nuestra pareja y/o nuestros hijos tendrán derecho a una pensión derivada; si fallecemos cuando aun no hemos accedido a la jubilación, aquellos que tienen derecho a la pensión derivada tendrán derecho a una pensión directa; y por último, si nos incapacitamos en algún momento de nuestra vida activa tenemos derecho a la jubilación por invalidez (retiro transitorio o definitivo por invalidez, según la ley).

Si bien el cúmulo de contingencias sociales no se agota en aquellas que las sociedades modernas han intentado solucionar, pareciera que tanto las que están en vías de solución como las que aún no han sido atendidas tienen el mismo origen: la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la vejez. Así, las que responden a las tres primeras causas son contingencias que acaecen a lo largo de la vida de los individuos, mientras que la vejez solo se presenta en el ocaso de la vida humana. A su vez, la cobertura de estas contingencias se resuelve de manera diferente. Las primeras son fácilmente identificables, es decir, todo individuo sabe que es posible padecer una enfermedad, tener un hijo, contraer matrimonio, tener un accidente laboral o invalidarse. Mientras que la vejez y la incapacidad de producir al final de la vida son, en general, percibidas como algo muy lejano. Así es que es muy difícil que un joven, por voluntad propia, decida incorporarse a un sistema individual para “otorgarse” cobertura a sí mismo por algo que su propia omnipotencia le hace creer que no ocurrirá, o que le resultará sencillo resolver.

Si uno le pregunta a un joven por lo que le brinda la seguridad social, rápidamente contestará que no recibe nada. Sin embargo, ya ha recibido una asignación familiar desde antes de nacer y a lo largo de su desarrollo; también ha estado protegido de los riesgos laborales e incluso contará con la cobertura de una obra social. Si esto que forma parte de su vida cotidiana, que pasa frente a sus ojos diariamente, escapa de su percepción y registro, es fácil imaginar que el acceso a su la jubilación lo vea como un hecho incierto y muy lejano, que quizás ocurra en “otra vida”.

Por otro lado, cuando nuestro joven del ejemplo ve las prestaciones que cobran los mayores de su círculo de afectos cree que en su caso no necesitará de esos beneficios porque está seguro de que, a lo largo de su vida, podrá hacerse de un capital suficiente para no depender de ellas. Y eso sería más fácil si no lo obligaran a hacer los aportes que le descuentan de su sueldo. Este modo de visualizar el presente y el futuro generó, en nuestro país, una cultura de la evasión, que ha sido devastadora para el sistema previsional. Los empleadores son fuertes impulsores de este flagelo, los medios de comunicación dominantes venden a la ciudadanía que la Argentina registra la mayor presión fiscal del mundo, algo absolutamente falso pero que cuenta con la complicidad, en ocasiones, de los propios empleadores. Por otro lado, el Estado también es responsable por no contrarrestar esta cultura de la evasión con el poder de policía que tiene o dar la batalla comunicacional adecuada, y, por supuesto, por no disponer de una estrategia inteligente. Incluso la cultura de la evasión es la que provoca que, en numerosas ocasiones, sean los propios jubilados quienes se discriminen entre sí en función del origen de su beneficio. Si es con o sin moratoria, si es por invalidez, si tenía recursos y se inscribió en una moratoria, entre otros.

La obtención de un beneficio jubilatorio es compleja, presenta diversas formas de lograrlo y otras veces se frustra en el camino, pero por lo general los más ricos acceden con mayor facilidad y a medida que descendemos en la situación económica del futuro beneficiario las dificultades se acrecientan hasta llegar a quienes, a pesar de haber aportado, no accederán nunca a un beneficio. A modo de ejemplo, un gerente bancario con toda una carrera administrativa accede inmediatamente a su jubilación, igual que los trabajadores sindicalizados, mientras que una mujer que ha trabajado toda su vida en el servicio doméstico o cuidando ancianos y que ha hecho todos su aportes en regla, al momento de jubilarse tendrá que presentar todos los recibos de sueldo, se verificará a todos sus empleadores –aunque obviamente muchos hayan fallecido– y para completar el cuadro tendrá que sortear la encuesta socio-económica, que no significa otra cosa que acreditar que es pobre. Si alguna de estas pruebas fracasa, simplemente no se jubila. Así de injusto es el sistema previsional.

En la Argentina, el nivel de aportes alcanzados al día de hoy permitiría jubilar alrededor de un 12% de mujeres y menos del 20% de hombres en edad de acceder al beneficio. Por supuesto que una proporción importante de ellos pertenecen a los de mayores ingresos. Por ello, si el Estado no implementa rápidamente una moratoria la consecuencia inmediata y fatídica será la baja en la cobertura previsional. Prueba de ello es que en 2020 se dieron de alta 78.670 beneficios menos que en 2019, ello sin contar el crecimiento vegetativo de la población que es el 9,32 por mil. Esa es una situación parecida a la que encontró Néstor Kirchner en 2004, cuando decidió implementar el plan de inclusión jubilatoria.

Otro parásito malicioso de la previsión social son las llamadas encuestas socioeconómicas, y considero que hay que erradicarlas por varias razones. Primero, porque son injustas de acuerdo al principio constitucional de igualdad ante la ley; segundo, son discriminatorias, ya que obligan al pobre a acreditar su pobreza mientras que al resto no se lo fuerza a ninguna humillación similar. Las encuestas socioeconómicas son producto de la vergüenza de algunos que se creen progresistas y en verdad son neoliberales disfrazados con un discurso que satisfaga a los poderosos.

Pero hay otras cuestiones más subjetivas que atraviesan el corazón de un jubilado. En primer término, el desprenderse de su grupo de pertenencia, porque quien durante años ha trabajado en un lugar determinado crea con sus compañeros una relación afectiva que lo contiene para, de golpe, perder esa contención afectiva al jubilarse. Algunos buscan refugio en grupos de pertenencia alternativos, como los centros de jubilados, mientras otros rumian su soledad entre cuatro paredes. Pero en un caso u otro el abandono del trabajo suele ser traumático. Poco a poco los amigos se pierden, o se cambian, el teléfono pareciera que no funciona porque ya no se reciben tantos llamados, y se siente dando los últimos pasos en la vida. Al momento de empezar los trámites jubilatorios, la imaginación hace creer que se podrán disfrutar las cosas que el trabajo impedía y, sobre todo, a la familia, a los hijos, nietos y nietas, pero ellas o ellos también han crecido y tienen su propia vida, que hay que respetar. Algunos, los menos, encuentran nuevas actividades donde desarrollarse o entretenerse, pero otros tienen que seguir trabajando para poder hacer frente a lo magro del beneficio previsional. De manera que jubilarse es cosa seria: en algunos casos resurgirá una energía positiva y en otros un desasosiego, pero en todos los casos resulta un cambio de enorme trascendencia en la vida de las personas.

Otra cuestión traumática en la vida de un jubilado es visualizar que su beneficio está mal liquidado, porque para regularizarlo empezará un nuevo camino plagado de infortunios y traiciones, donde el reclamo ante la justicia por un beneficio mal liquidado puede llevar más de diez años. Primero hay una “selección natural” por la cual los más pobres serán desechados: ningún profesional querrá llevar adelante un juicio que consuma diez años de trabajo y atención para terminar cobrando un honorario insustancial, por lo que cualquier pretexto es bueno para convencer al jubilado que no le conviene intentar la vía judicial. A los que quedan, les espera un camino plagado de espinas, juicios que se paralizan por inacción del abogado, pruebas sin sentido que piden los jueces y la holgazanería intolerable en el Poder Judicial. Pero una vez que terminó el vía crucis judicial y se cuenta con la sentencia pertinente, empieza otro que es que ANSES la pague, lo cual lleva en promedio 500 días más.

Pero quizás lo más problemático de la condición de un jubilado es que ha perdido toda capacidad de hacer valer sus derechos. Muchos han iniciado el camino arduo de crear un partido político, otros un sindicato, pero todos fracasan por una razón básica: los jubilados no tienen poder para hacer una huelga y su capacidad de movilización es limitada, por lo que necesitan de la solidaridad de los trabajadores activos para hacerse visibles. Por ello, el único camino para lograr defender los derechos de los jubilados consiste en cristalizar una alianza estratégica entre el gremialismo y los jubilados, para lo cual los jubilados y pensionados deberían elegir democráticamente a sus representantes, como ocurre en países como Uruguay, por ejemplo.

La palabra jubilación para denominar la prestación social de retiro por vejez se comenzó a utilizar en Argentina para luego incorporarse al léxico técnico de otros países de la región. Proviene de la palabra latina jubilaeus y corresponde a un festejo judío que se realizaba cada 50 años donde cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a sus antiguos dueños y se otorgaba libertad a esclavos. Por eso, y para hacer honor al termino jubilación, es hora de que jubilarse sea una fiesta y no un padecimiento. Ello es posible, sólo hace falta voluntad política para cristalizar el cambio cultural que implica.

 

 

 

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