El conflicto mapuche como tapadera de negocios

Macri sigue la intacta agenda de los ’90 pero la encubre

 

El conflicto por el derecho al territorio del pueblo mapuche-tehuelche en el área del lago Nahuel Huapi hunde sus raíces contemporáneas en la conformación misma del Estado argentino en la región. Hacia 1900 se crea la Colonia Agrícola Pastoril, que formaliza el despojo de los ocupantes originarios sobrevivientes, lotea, hace una reserva para el futuro pueblo de San Carlos de Bariloche y otorga los primeros títulos de propiedad privada y de ocupación precaria. Un segundo gran ciclo fue el de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi y la administración de Exequiel Bustillo (1934/44), que consolida, perfecciona y profundiza un modelo nacionalista conservador de naturaleza sin gente y al servicio de las necesidades de la oligarquía porteña.

Innumerable documentación institucional y familiar prueba que siguió habiendo ocupación efectiva mapuche y que, de distinto modo, las familias reclamaron y defendieron sus derechos. Más numerosa es la documentación que prueba que Parques Nacionales sostuvo por décadas órdenes de desalojo, muchas ejecutadas con violencia, hasta por lo menos la administración de María Julia Alsogaray en los ’90.

Parques Nacionales jamás abandonó su política de los permisos precarios de ocupación para la gente mapuche y criollos pobres, asfixiados en sus posibilidades de desarrollo económico agropecuario en nombre de preservación de la naturaleza. Para el 2000 flexibilizó su política hacia algunas comunidades y, a instancias de la Confederación Mapuche del Neuquén especialmente, inicia un proceso de co-manejo, controvertido pero que vislumbraba otras prácticas desde el estado hasta la administración Macri.

A la vez, con la recuperación de la institucionalidad democrática, el pueblo mapuche reafirmó expresiones organizativas de base propias que en el caso de Río Negro conquista para 1987 la ley integral del indígena, pionera en el país, fruto de un masivo y amplio debate. Ese crecimiento tiene otro instrumento político y jurídico fundamental para esta etapa con la reforma constitucional del 94 que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina.

Así cierra el ciclo del reclamo administrativo infructuoso por décadas —que a lo sumo lograba frenar desalojos— y comenzó a desplegarse la estrategia de recuperación de fracciones del territorio al amparo de la Constitución Nacional. (Las recuperaciones territoriales de Pulmarí en Neuquén y Pampa Amarilla en la meseta de Río Negro son contemporáneas en los ’90).

Las comunidades con presencia concreta en distintos puntos del área sur del Nahuel Huapi exponen el amplísimo espectro de situaciones vividas y acumuladas en estos 130 años, en que algunos lograron permanecer en forma continua en los campos, aún arrinconados, otros vuelven ancianos a pequeñas fracciones, otros son bisnietos de los antiguos desalojados, solo por describir algunas situaciones.

En esos 130 años cambió la situación propia de recomposición y revitalización del pueblo mapuche-tehuelche en su experiencia colectiva; se transformó el Estado y multiplicaron sus agencias intervinientes en el territorio; creció y se complejizó la sociedad criolla, en diálogo y en tensión con la reafirmación de los derechos propios de los pueblos originarios; y desembarcó el capital trasnacional con formas nuevas de acumulación y una voracidad sin límites sobre la naturaleza.

 

Conflictos y juridicciones

El conflicto que expone la reivindicación de la lof Lafken Winkul Mapu junto al lago Mascardi no se resolverá en el plano judicial. La justicia federal deberá establecer responsabilidades sobre los emergentes más dolorosos, como el crimen, los heridos de balas, los niños violentados, la ilegalidad del desalojo, abuso de autoridad, etc.

Además, la forma en que se encamine la resolución del conflicto, necesariamente repercutirá en el escenario de continuidad de los otros.

Bariloche tiene un ejido municipal de 25.000 hectáreas, uno de los más grandes del país. Dentro de ellas lofche Millalonco Ranquehue (paraje Virgen de las Nieves), Tripay Antu (cerro Otto) y Tambo Báez (cerro Bella Vista) en conflicto con el ministerio de Defensa a través del Ejército con causas penales iniciadas en el ’95 para las dos primeras y violentos desalojos con tanquetas previos, y desalojo por la fuerza en el 2006 la tercera.

Rewque Tacul (península Tacul, a 7 km. del Llao Llao), Colhuan Nahuel (barrio Virgen Misionera), Celestino Quijada (ladera sur del cerro Otto), Buenuleo (cerro Ventana), todas en tensión con la urbanización municipal pero con procesos de diálogo abiertos. En juridicción de Parques Nacionales Maliqueo (valle del Chalhuaco), Wenu Ñirihuau (Ñirihuau Arriba) y Wiritray (Mascardi).

Parques Nacionales, a modo de fortaleza dentro del Estado, ha logrado no ser discutido profundamente ni puesto en duda, excepto en sus aristas más escandalosas y corruptas de los ’90. En la lógica occidental, las políticas de conservación y protección —como la de las áreas protegidas y parques— se constituyeron en nuevas formas de apropiación y dominio.

A dos años de gobierno macrista, la administración general de Parques no ha dado a conocer una sola línea estratégica para el área, ni se desprende en forma explícita ni por el financiamiento de organismos internacionales ni del presupuesto aprobado ni de anuncios de sectores vinculados. Entonces sí podemos suponer que está intacta la agenda neoliberal trazada en los 90 de incorporación al mercado de la riqueza en biodiversidad, bosques nativos intactos, fuentes de agua dulce sin contaminar y suelos libres de agroquímicos en áreas con relativamente poca población.

La militarización del territorio y el foco centrado en la “conflictividad mapuche” permite que el gobierno no explicite sus planes concretos.

Y la justicia federal no será la que diga a qué intereses protegía el grupo Albatros cuando mató de un balazo por la espalda a Rafael Nahuel hace dos meses.

 

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