CONSEJO DE GUERRA

El fallo del Consejo de Guerra sobre el ARA San Juan: responsabilidades de la cadena de mandos

 

Una sentencia sin precedentes que suena anacrónica. Son 140 páginas, dueñas de un lenguaje técnico que parece de otra época o incluso, en su expertise, pertenecer al guión de una vieja película bélica. Y, sin embargo, es de un puro presente anclado en lo real.

El fallo del Consejo General de Guerra sobre el ARA San Juan es un veredicto enteramente novicio sobre el primer hundimiento de un submarino en la historia naval argentina. El órgano del Ministerio de Defensa, que sigue funcionando en tiempos de democracia, sólo tiene injerencia para sumarios internos aunque su valor simbólico, según lo creen desde las querellas, puede tener un efecto real sobre el expediente que tramita en Comodoro Rivadavia a cargo de la jueza Marta Yáñez, y que parece dormir en los laureles.

¿Por qué implosionó la nave? ¿Debió el comandante del submarino Pedro Fernández conducirla hacia inmersión, donde perdió contacto con la base de control tras detectar un principio de incendio en las baterías? ¿O bien sus jefes tendrían que haberle ordenado que siguiera navegando en superficie pese a la feroz tormenta? ¿Cuáles fueron las responsabilidades en la cadena de mandos?

Los interrogantes, en rigor, no se hicieron esperar. Hace cuatro meses, con el propósito de “investigar las responsabilidades disciplinarias durante y con posterioridad al fatal siniestro”, el Consejo de Guerra abrió un peritaje en el que intervinieron especialistas, más de 50 testigos y peritos de la Armada. Las principales conclusiones que se conocieron esta semana son las siguientes:

  • La navegación del ARA San Juan (SUSJ) se desarrolló con normalidad desde Mar del Plata hasta Ushuaia, del 25 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2017.
  • Que en la Base Naval de Ushuaia se debió efectuar el cambio de un interruptor, reparación que fue efectuada por la propia tripulación del buque y que insumió un día de demora.
  • Que la navegación se cumplió en el marco de la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, con la misión de participar en la tercera etapa de adiestramiento naval, efectuar una patrulla de exploración y ejecutar operaciones de vigilancia a fin de contribuir al control del mar.
  • Que a las 23:42 del 14 de noviembre de 2017 el jefe de Operaciones del submarino, Fernando Vicente Villarreal, detecta en los tableros un principio de incendio. Un incendio eléctrico, no de llamas, en la zona de las baterías ubicada en proa. Y llama antes de la medianoche al teléfono de su superior del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Hugo Correa, advirtiéndole que el submarino sube a superficie pese a una feroz tormenta. Al ser un procedimiento de la Armada Argentina, en estricta cadena de mandos, Correa avisa a la vez a sus jefes. Ellos eran el Capitán de Navío Héctor Alonso y el Comandante del COFS, Claudio Villamide.
  • No es algo que no hubiera ocurrido antes, entonces Pedro Fernández ratifica el incendio por llamada satelital a la una de la madrugada. Habla con Villamide. Según declara Villamide —ningún registro quedó grabado, como ocurre con la caja negra de un avión—, le sugirió que cancele la operación y regrese de inmediato a Mar del Plata. Pero lo dejó a su criterio: nadie mejor que un comandante en situación de conflicto, de acuerdo a sus dichos, para tomar la última decisión. Serán ocho llamadas en total a lo largo de seis horas. El comandante nunca se declara en emergencia aunque en dos ocasiones pregunta a cuánto estaban de la flota naval con la que habían realizado un ejercicio poco tiempo antes, lo que podría entenderse como un acto de cierta zozobra.
  • “Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado”, avisa secamente el comandante Fernández, sin sospechar lo que sería, poco tiempo después, la primera vez de un submarino hundido en la historia argentina.
  • El último contacto es a las siete y media de la mañana del 15 de noviembre, a 400 kilómetros de la costa. Allí el jefe de Operaciones del submarino, Fernando Vicente Villarreal, vuelve a hablar con su superior del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Hugo Correa. Le comunica que habían pasado una noche turbulenta y “maltratados” por la nave en superficie bajo la tormenta. Y que seguramente se irían a descansar a plano profundo, de forma tal de “evaluar la entidad de la avería”. Correa declara que escuchó a Villareal con la voz más tranquila y reposada que la primera comunicación.
  • Por la tormenta, sin embargo, el submarino es incapaz de seguir sosteniendo el equilibrio en superficie. Las olas son gigantes, alcanzan los diez metros. Se comprueba que el agua entra por una válvula de ventilación, la “Eco 19”, que conecta con el Snorkel. La válvula había quedado mal cerrada, algo inadmisible en cualquier navegación.
  • En pocas horas el submarino parece una caldera a punto de estallar. Los tripulantes se desesperan: están mareados por el vaivén, aturdidos, cansados, acalorados. El comandante, en una maniobra arriesgada, conduce la nave a inmersión. Los espacios adentro del submarino son reducidos y ante un accidente todo se agrava de forma notable.
  • Se cree que una parte de la tripulación muere asfixiada por la falta de oxígeno luego del contacto del agua de mar con las baterías —son 960 baterías alimentadas con motores diésel—, lo que produce una alta concentración de hidrógeno. De pronto, entonces, la deflagración: una combustión rápida con llama y sin explosión que aniquila a todos de manera simultánea, en segundos.
  • Nadie alcanza ni a vaciar los tanques de lastre en emergencia ni a poner punta arriba el submarino ni a lanzar las boyas satelitales ni las balsas de salvavidas. Sin el control de la tripulación, la nave se hunde a pique verticalmente hacia el lecho oceánico, alcanzando los 500 metros de profundidad. El radar de la base de control sólo puede leer su ubicación si está en superficie; aun así, por las ondas de los sonares, podrían haberlo encontrado si permanecía hasta los 200 metros. El gigante de acero implosiona y se convierte en una especie de lata de gaseosa estrujada con las manos. Así lo encontrarán un año después, partido en pedazos, a 900 metros, pero en aquel momento nadie sabe adónde está ni qué pasó con él.
  • Solo y sin equilibrio el ARA San Juan, de 65 metros de largo y 7 de ancho, con 2.264 toneladas en inmersión y 44 tripulantes a bordo, un submarino de ataque capaz de lanzar hasta 24 torpedos, desaparece frente a las costas del Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. “Pierde el plano”, en lenguaje naval.

 

No todo terminó allí. El Consejo de Guerra interpretó en su veredicto un hecho clave que también se desprende de la investigación de la jueza Yáñez en Comodoro Rivadaria: que el submarino debió haber navegado en superficie todo el tiempo para evitar el naufragio, más allá de la descomunal tormenta. De esa forma, en principio, no habría perdido la comunicación a intervalos con tierra, algo que le hubiera asegurado, por ejemplo, un posible auxilio.

Poniendo la lupa sobre ocho marinos en la cadena de mandos, el Consejo determinó la destitución —la más grave sanción posible— del ex comandante de la Fuerza de submarinos con base en Mar del Plata, Claudio Villamide; además de los arrestos rigurosos de 45 días al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur y al ex jefe de la base de puerto Belgrano, contraalmirante Luis López Mazzeo. Al ex jefe de operaciones Hugo Correa le aplicó un arresto de 30 días, al igual que a su colega Héctor Alonso. Otros de los imputados fueron absueltos.

Se evidenció que uno de los puntos centrales en la desaparición y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan fue determinar por qué el comandante Pedro Fernández decidió irse a inmersión después de haber detectado un principio de incendio en la zona de baterías, algo que en los manuales de navegación es de casi nula recomendación.

Claudio Javier Villamide era uno de los principales responsables en tierra cuando desde el submarino se empezó a comunicar del desperfecto. Y sobre él cayó la máxima pena del Consejo de Guerra, aplicándole una falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 13 de la ley 26.394 que sanciona a quien fuera negligente “en la falta de cuidado o descuido de tropa y equipamiento”. En ese aspecto controversial, el Consejo de Guerra se basó en opiniones como la del capitán de navío Arturo Marfort, quien dijo que sin restringir la libertad del comandante “se le podrían haber impartido algunas directivas tendientes a facilitar la capacidad propia para intervenir”.

En definitiva, se consideró que la implosión se pudo haber evitado si la nave no hubiera ido a inmersión con un incendio que terminó siendo más grave de lo que tal vez se pensaba. El accidente, según el Consejo de Guerra, se debió a dos factores: la meteorología sumamente adversa y el ingreso de agua a las baterías. Además, el fallo revirtió la hipótesis fundamental del macrismo, que volcó en el “error humano” del comandante Pedro Fernández la máxima responsabilidad por el hundimiento.

Al recibir la noticia, la sensación de los familiares de las víctimas ha sido ambigua. Por un lado, que exista una sentencia se percibe como algo positivo; pero el resultado les dejó un gusto a poco.

“Hay una lectura positiva porque prácticamente todos los que estaban comprometidos se llevaron sanciones y aunque no es vinculante, este fallo será trasladado a la causa penal y debería ser tomado como parte de la prueba”, analiza el abogado querellante Luis Tagliapietra, que se quejó que los familiares no pudieron participar de las audiencias.

En la misma dirección opinó el ministro de Defensa Agustín Rossi, para quien la Justicia civil es el último y verdadero eslabón: “El Consejo investigó hacia adentro la cadena de mandos, y determinó que Villamide no hizo lo suficiente para preservar las vidas. Durante la última dictadura y los primeros años de la democracia, los militares tenían su propia justicia militar y se juzgaban a sí mismos, sin que nadie supiera nada. Luego eso se terminó. Hoy los militares son juzgados por la Justicia civil cuando cometen algún tipo de delito. Y es lo que aguardamos con expectativa”.

A fines del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que Mauricio Macri, el ex ministro Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur debían ser investigados para determinar sus posibles responsabilidades en el hundimiento. También en esa ocasión, la Cámara había ordenado la realización de nuevos peritajes técnicos. Todo sigue en veremos.

“Los familiares se habían ilusionado y ahora se manifiestan con hartazgo, porque la jueza Yáñez no avanza y cajonea el expediente”, aclara Tagliapietra.

Tal vez por ello la trama del ARA San Juan, con capas superpuestas que van desde una investigación de la Bicameral del Congreso al Consejo de Guerra del Ministerio de Defensa, comprende en su amplio devenir tintes bélicas, policiales y de espías, tan cercana a un thriller político como a un suspense dramático. Y, con el sufrimiento a cuestas de 44 vidas perdidas, se ha convertido en la non fiction más atrapante de los últimos tiempos.

En la Justicia, como ha desarrollado El Cohete a la Luna en ediciones anteriores, se dan varios frentes paralelos. Uno de ellos es el espionaje ilegal contra los familiares que empezó a tramitar en Mar del Plata y todavía no tiene competencia definida. En Comodoro Py, el posible encubrimiento político en la búsqueda vergonzosa del submarino que llega a los talones del ex Presidente Macri y a su ministro Oscar Aguad. Y la causa madre en Comodoro Rivadavia, donde la jueza Yáñez dictó el procesamiento sin prisión preventiva de seis ex altos mandos de la Armada por “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”. Ellos son todos jefes, y también estuvieron en la lupa del Consejo de Guerra: Jorge Sulía,  de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Correa, de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, del Estado Mayor del COFS; Enrique Luis López Mazzeo, del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, de Mantenimiento de Submarinos; y  Eduardo Malchiodi, de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Los que aguardan sopesando el dolor como una marea perpetua son los familiares. “Esperábamos sanciones más ejemplares del Consejo de Guerra. El malestar es colectivo, nos parece que el ex jefe de la Armada Marcelo Srur tendría que haber sido destituido, lo mismo que López Mazzeo. A nosotros nos siguen ninguneando, y nadie nos da la garantía de que los arrestos se hagan efectivos”, dice Isabel Polo, hermana de un tripulante fallecido, a cuarenta meses de que la nave saliera de Mar del Plata, un 25 de octubre de 2017.

Para Zulma Sandoval, madre del submarinista Celso Vallejos, el fallo constituye una lisa y llana vergüenza. “Se sintió como una cachetada más respecto a la desaparición de nuestros seres queridos. Estamos implorando saber la verdad para tener paz. Me da indignación la sentencia, causa angustia porque siguen teniendo poca empatía con nosotros. Los jefes no supieron estar a la altura de la situación y fueron los máximos responsables, pero las sanciones son mínimas”.

Dice que en los próximos días van a presentar nuevos oficios judiciales. No se rinden, a más de tres años de una lucha ardua, que les llevó días de acampar en la Base Naval o encadenarse frente a Casa Rosada. Además de los altos mandos de la Armada, insisten con los cuadros políticos en la mira.

Tener a Mauricio Macri en el banquillo de acusados. Y Oscar Aguad a su lado.

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