Estamos atravesando uno de los momentos más críticos desde la recuperación democrática. Las políticas de derechos humanos, construidas en décadas de lucha de Madres, Abuelas, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, han sido desmanteladas desde los cimientos. Lo que hoy vemos no es una suma de recortes aislados, sino un proyecto político integral que busca alterar el sentido profundo de los consensos democráticos alcanzados a lo largo de cuarenta años.
Desde el inicio de la actual gestión, el Estado retrocedió drásticamente en áreas que son fundamentales para sostener el camino de memoria, verdad, justicia y reparación que hemos construido. La degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, el despido masivo de equipos especializados, la paralización de los juicios de lesa humanidad y el cierre o vaciamiento de espacios de memoria no son simples actos administrativos; son señales claras de una decisión política: la de reescribir la historia.
La desarticulación de organismos que buscan la identidad de los casi 300 nietos y nietas que aún falta encontrar, la reducción de equipos que acompañan a sobrevivientes y testigos en los juicios y la ralentización deliberada de las causas de lesa humanidad impactan directamente en la posibilidad de acceder a la verdad y a la justicia. El nombramiento de un militar, hijo de un represor y defensor de los genocidas, como ministro de Defensa es solo una muestra más de esta avanzada feroz.
Estos no son actos para alcanzar la “memoria completa”, como pretenden hacernos creer. Memoria completa sería conocer el destino de los y las 30.000, de nuestros hermanos que aún nos falta encontrar. Memoria completa sería que cada uno de los asesinos y sus cómplices civiles, estuvieran cumpliendo prisión perpetua, en una cárcel común. Esa es la única memoria completa posible.
En paralelo, asistimos a una campaña sistemática de relativización del terrorismo de Estado. Funcionarios del gobierno, como el ex subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, han retomado públicamente la teoría de los dos demonios, han puesto en duda la cifra de los 30.000 y han utilizado el término “excesos” para describir delitos cometidos en el marco de un plan de exterminio. Por eso el negacionismo no es una simple opinión; es una forma de violencia política contra las víctimas de la dictadura genocida y contra el pueblo argentino en su conjunto.
Pero esta ofensiva no se limita al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se ha convertido en un actor político que interviene en la disputa de poder de manera abierta, vulnerando garantías constitucionales y afectando la legitimidad del sistema democrático. En este contexto se inscriben la persecución judicial, condena y proscripción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, los diez años de injusta prisión de Milagro Sala y la reciente detención del compañero Julio De Vido, a quien se somete a inhumanas condiciones de encarcelamiento.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas, sociales y una gran parte del pueblo argentino han demostrado que la memoria histórica no puede ser anulada por decreto ni reescrita desde los despachos. El legado de nuestros 30.000 y la lucha de nuestras Madres sigue más vigente que nunca; hoy tenemos la obligación histórica de defenderlos de la manipulación mediática, judicial y política.
Estamos a las puertas de cumplirse dos años del gobierno de Javier Milei y su banda, un gobierno profundamente antidemocrático que llegó para poner al Estado argentino al servicio de los grupos económicos concentrados, abriendo un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga de divisas, apertura indiscriminada de las importaciones y entrega de nuestros recursos naturales estratégicos, con las consecuencias de desindustrialización, desocupación, pobreza y exclusión, que no son nuevas en nuestro país, pero que se profundizan después de cada gobierno neoliberal. Este es un gobierno de lacayos al servicio del imperialismo yanqui, a quien ya han entregado nuestra patria.
Y así serán recordados, porque el pueblo argentino tiene memoria y sabe hacer justicia. Porque lo hizo con aquellos que hace casi 50 años dieron el golpe cívico militar eclesiástico más sangriento de nuestra historia, para implementar el primer intento de miseria planificada.
Este 8 de diciembre se cumplieron 48 años del secuestro y asesinato de nuestros compañeros y compañeras, y se cumplieron también 20 años de la recuperación e identificación de los restos de Azucena, Mary, Esther, Léonie y Angela.
Cuánto para recordar y cuánto para aprender de nuestra historia. Cuánto nos han dejado como ejemplo de vida y de lucha nuestros queridos familiares y compañeros secuestrados de este lugar histórico, cuánto heroísmo, entrega, sabiduría y coraje nos dejaron los 30.000.
Por eso nos encontramos nuevamente en este lugar tan simbólico, no solo a reafirmar nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, sino a reflexionar sobre nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.
Pero para entender mejor este escenario hay que ampliar la mirada y ver lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en nuestra Latinoamérica.
Vivimos como nunca una tensión inédita sólo comparable con los albores de las guerras mundiales. Europa, con gobiernos que han abandonado las mejores tradiciones democráticas, que se muestran incapaces de poner límites a los designios de Estados Unidos en su enfrentamiento estratégico con China y Rusia, y dejan abiertas las puertas a las fuerzas políticas de ultraderecha que niegan el holocausto y apoyan el genocidio en Gaza.
Estados Unidos está liderado por uno de los megamillonarios que intenta salvar al imperio a fuerza de guerrerismo contra los países que tienen gobiernos populares y soberanos como Cuba, Venezuela, México, Colombia, Nicaragua, Brasil. Sojuzga a los países con democracias débiles y formales, como ocurre en nuestro caso, llegando a una intromisión directa, inédita e inaceptable. Pretende volver a la vieja política imperial del patio trasero, pero ahora con los ingredientes que le aportan las nuevas tecnologías y la impresionante concentración del capital financiero.
En este contexto internacional, este cuarto intento de restauración neoliberal tiene el mismo sello de clase de los Martínez de Hoz, los Macri, Rocca, Esquenazi, Sturzenegger y Caputos varios, que, ante el fracaso contundente del plan económico, le cedieron el control de nuestra economía y nuestra soberanía al capital financiero internacional.
Acá podemos anotar a los banqueros del JP Morgan, a los fondos de inversión como el Black Rock, Vanguard y Templeton, entre otros, y a los enviados directos de Trump, como Scott Bessent, Barry Bennet o el cubano renegado y actual embajador en la Argentina Peter Lamelas, quien desembozadamente se reúne con los gobernadores para saquear nuestros recursos, dejando tierra arrasada.
No podemos dejar de nombrar también a los nuevos “ricos”, como los Galperin, Migoya, Citrone, Manzano y cía., todos ellos interesados en experimentar con el sacrificio de nuestro pueblo para su propio beneficio.
Este es el gobierno de la casta libertaria. Como advertía Umberto Eco: “Cuando el fascismo regrese, no dirá: 'Soy el fascismo'. Dirá: 'Soy la libertad'".
Es la libertad de bajar los salarios de los y las trabajadoras, reducir pensiones y jubilaciones a límites de indigencia, quitarle los derechos a las personas con discapacidad, paralizar la obra pública, desfinanciar la educación, la salud, la investigación y el desarrollo tecnológico, el despojo a los pueblos originarios, el ataque a las mujeres y diversidades, la destrucción de la industria nacional, los ataques a la cultura popular. Todo esto sostenido con una brutal represión ejercida por Patricia Bullrich, que ya es responsable de las muertes de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y el brutal ataque al fotoperiodista Pablo Grillo.
Estamos viviendo el engaño y la mentira más descomunal a la que fue sometido nuestro pueblo, a quien se le dijo que debe sacrificar su bienestar presente por un futuro venturoso. Es la gran mentira del siglo pasado que renace periódicamente. Hay que llenar la copa de los ricos, para que luego se derrame hacia los más pobres. Lo decimos bien fuerte, la única forma de que no haya pobreza es terminar con la explotación a la que nos someten los grupos concentrados de poder.
No somos ni mascotas ni peleles de ningún Presidente extranjero. Somos argentinos, latinoamericanos, orgullosos de nuestra historia compartida con los pueblos hermanos y defenderemos la patria, con la dignidad que tuvieron nuestros patriotas y los 30.000.
Después de 40 años, tenemos la democracia, que nos dejó el genocidio; lejos quedó la esperanza de que, con la democracia, se come, se educa y se cura. Solo ha aumentado el estancamiento y la pobreza, con la gran excepción de los gobiernos de Néstor y Cristina, que pusieron a la patria nuevamente en el camino de la industrialización con distribución del ingreso. Pero paralelamente y pandemia mediante, la concentración del capital alcanzó niveles nunca vistos, y hoy directamente se han adueñado del Estado.
Los militantes populares tenemos la obligación ineludible de construir la alternativa política, cuya fortaleza sirva de base para la consolidación de un futuro gobierno nacional, popular, antiimperialista y anticolonial, que pueda llevar adelante con coraje y sin claudicaciones las profundas transformaciones estructurales que necesita nuestra patria para cortar el ciclo de aventuras neoliberales que nos dejan en la ruina, con un pueblo cada vez más empobrecido y excluido.
Esta es la tarea; aquellos dirigentes que no lo entiendan, y que, viniendo del campo popular, hicieron propios los principios de la república liberal y la democracia y la democracia formal y colonial, pensando solo en defender sus privilegios, les decimos desde aquí, con los y las 30.000, que se busquen otro trabajo. La militancia es coraje, la política, instrumento de transformación; nuestra obligación, construir una patria justa, libre, soberana, igualitaria y feminista.
No necesitamos caricaturas de democracia, necesitamos democracia participativa y no delegativa. El pueblo argentino marchará por sus derechos, cueste lo que cueste, con una dirigencia del pueblo y para el pueblo.
Por los 30.000, por la Patria, por el Pueblo, organizarse para resistir, rebelarse para triunfar.
Son 30.000. Memoria, verdad y justicia.
¡Viva la patria!
*Este documento fue leído el 8 de diciembre en el acto conmemorativo por el 48 aniversario de la desaparición forzada de los 12 de la Santa Cruz.
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