Continuidades y persistencias

Informe de la Comisión por la Memoria sobre la inteligencia ilegal, de la dictadura al macrismo

 

Había sido un espía precoz. De joven, a sus 18 años, Fabián Fernández Garello empezó con sus tareas en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Aprendió, como subinspector, a fichar los elementos “subversivos”: detectar sus lugares de encuentro, sus espacios sociales, sus prácticas políticas y culturales.

Con el tiempo, su especialidad se centró en elaborar y firmar, de puño y letra, los informes que se usarían para el secuestro, la tortura y la muerte. Las labores incluían la obtención de información por diversos medios: interrogatorios, informes ambientales, seguimiento, vigilancia e infiltración. Bajo la égida de Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los casos más resonantes en los que intervino fue en la secuencia del secuestro de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, tres militantes comunistas, el 23 de julio de 1981. Allí estuvo de cuerpo presente, notificando incluso la requisa de “material de propaganda”. En rigor, Fernández Garello –hoy fiscal general de Mar del Plata– está señalado como participe directo del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.

No fue su único periplo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pudo comprobar que, sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de “las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”. El archivo de la DIPPBA –que está en manos de la CPM desde el 2000– fue fundamental para imputarlo por el secuestro y tortura de los tres militantes comunistas. La causa había sido elevada por la jueza federal Alicia Vence: sólo restaba conocer la fecha de inicio del debate oral y público.

 

Fabián Fernández Garello, ex agente de la DIPPBA, hoy fiscal en Mar del Plata.

 

Sin embargo, en un fallo inédito, los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci salieron en su defensa. Con sus votos, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento, anuló todo lo actuado y retrotrajo la causa a la instancia de instrucción. La decisión de ambos –según denuncian organismos de derechos humanos– no llama la atención y hace gala de sus recorridos en la Justicia. Yacobucci fue cuestionado en varias oportunidades por sus resoluciones en expedientes de lesa humanidad y la designación de Mahiques como juez de cámara fue impugnada y denunciada por el colectivo Mario Bosch, que reúne a abogados y abogadas querellantes en causas de derechos humanos.

El caso de Mahiques es singular porque además su designación se realizó de manera irregular, con un trámite express en el Consejo de la Magistratura, sin intervención del Senado y nombrado mediante un decreto del ex Presidente Mauricio Macri. Y todo eso después de haber sido ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante el primer año de la gestión de Cambiemos.

La CPM entiende que el fiscal Fernández Garello está actualmente protegido por la corporación judicial, y en especial por uno de sus brazos ejecutores, la Cámara Federal de Casación. Por tal motivo, se apeló el fallo de Mahiques y Yacobucci a la Corte nacional e insistieron con su jury de enjuiciamiento, que está frenado desde fines del año pasado. La impunidad del fiscal, uno de los protegidos del procurador bonaerense Julio Conte Grand, sigue por ahora en pie.

La pata judicial y el nexo con la inteligencia ilegal es uno de los capítulos centrales del “Informe para la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia” presentado por la Comisión Provincial por la Memoria a esa comisión parlamentaria. Son cien hojas que profundizan en nombres propios y esquemas de funcionamiento dentro de una matriz: cómo se siguen perpetuando prácticas del terrorismo de Estado en el sistema democrático.

Otro de los puntos del informe es entender a la Provincia de Buenos Aires como un laboratorio de “vigilancia política masiva” por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para ello, se comprende que la AFI desplegó en territorio bonaerense entre 2016 y 2017 seis nuevas bases –comandadas por ex comisarios ingresados a la Bonaerense durante la última dictadura– que, sumadas a las delegaciones históricas de la ex SIDE, fueron una continuidad siniestra de la otrora DIPPBA.

¿Cómo se explica ese procedimiento? Gustavo Arribas puso en manos del abogado Pablo Pinamonti una iniciativa ambiciosa que dentro de la AFI se conoció como “Proyecto AMBA”. Esa estructura dedicada al espionaje político fue investigada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que procesó a sus máximos responsables. Como en los antiguos métodos de la represión, el proyecto abarcó desde dirigentes políticos nacionales y territoriales, pasando por gremios y llegando hasta comedores comunitarios, reuniones en escuelas primarias o asociaciones civiles que protestaban por cortes de luz.

Un abanico capilar de inteligencia, desde las bases a los líderes de las organizaciones, que llevó a Ramos Padilla a considerar que “las acciones investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del Gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos”.

Una especie de policía política al mejor estilo de la DIPPBA, algo que personajes de la Justicia como Fernández Garello conocen en carne propia: la transferencia de conocimiento, en efecto, parece funcional al sistema.

En el 2000 la CPM recibió por ley el archivo y la casa que había sido sede de la DIPPBA. A partir de allí se encargó de investigar ese fondo documental y presentar pruebas a la Justicia, en principio respondiendo a las solicitudes de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para el Juicio por la Verdad. El fondo incluye documentos producidos por la DIPPBA y otras agencias de la “comunidad informativa”, integrada en sus distintos niveles por la SIDE, el Batallón de Inteligencia 601 del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), el SIN (Servicio de Inteligencia Naval), SIGN (Servicio de Inteligencia de Gendarmería Nacional), SIPNA (Servicio de Inteligencia de Prefectura Naval Argentina), SIA (Servicio de Inteligencia Aeronáutica) y SF (Seguridad Federal).

De 1956 a 1998, allí se concentra el sistema de inteligencia del país. A su vez, como parte de un convenio firmado con el National Security Archive (NSA) y la Universidad William & Mary, la CPM se encuentra actualmente relevando documentación desclasificada del gobierno de Estados Unidos para el período 1975-1983.

“La CPM sigue interviniendo como querella y también como auxiliar de justicia en causas que evidencian el estado actual de crisis en el que se encuentra el sistema de inteligencia nacional”, explica Federico Schmeigel, integrante del organismo, a este medio.

–La Comisión Bicameral hizo su propio balance sobre el aparato de inteligencia macrista. ¿En qué se diferencia el informe que presentaron? –preguntó El Cohete a La Luna.

–Hay muchas cosas similares, porque se abordan prácticamente las mismas causas en curso. Lo que intentamos nosotros fue darle un poco más de profundidad histórica. Ver las rupturas y continuidades, por eso analizamos todo lo de DIPPBA y los documentos desclasificados de NSA. También sobre la SIDE y alguna de las bases que ya venían de dictadura. Y el segundo punto que aportamos es el tema de la Provincia de Buenos Aires: la inteligencia penitenciaria del período Cambiemos, cuya ilegalidad se acreditó en la causa originaria de Lomas de Zamora. Como también la evolución de la inteligencia policial posterior a la DIPPBA y una aproximación a la situación actual. Y brevemente, hacia al final, la situación en algunos departamentos judiciales como Lomas de Zamora, en los que hemos recibido denuncias de inteligencia ilegal y persecución de jueces no macristas.

–Hay un énfasis en subrayar la falta de control que existe en Buenos Aires sobre el sistema de inteligencia criminal. ¿Cómo sigue ese aspecto?

–A fines de los ‘90, con la reforma policial, se había creado una comisión de seguimiento, pero nunca funcionó. Hoy no hay un ente de control legislativo sobre la Bonaerense y eso es muy grave. Y eso que el actual gobernador eliminó la inteligencia penitenciaria. Entendemos que se necesita un rediseño logístico del sistema de inteligencia criminal y crear ámbitos de control a nivel parlamentario, ajustar la norma y reformar las estructuras de inteligencia bajo estándares democráticos y perspectiva de derechos humanos. La policía tiene un gran aparato, algo que todavía parece intocable. Y como demostramos para el aparato de espionaje macrista, los nexos con la justicia provincial y con el Ministerio de Seguridad fueron tan aceitados como en los años oscuros de la dictadura.

El informe de la CPM llevó un par de años y se profundizó a partir del 2019 con el caso D’Alessio. Actualmente se encuentra bajo tratamiento en la Bicameral, con el aporte de investigadores académicos para próximos documentos públicos.

Sus conclusiones preliminares, con la firma de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, son las siguientes:

–El conocimiento del operar de la ex DIPPBA constituye un antecedente importante del despliegue que la Agencia Federal de Inteligencia implementó entre 2016 y 2017 en la forma de bases instaladas en el Conurbano bonaerense y cuya revelación reciente ha sido objeto de conmoción pública además de materia judicial.

–Como corolario de esta situación crítica, los cuatro años de gestión de la alianza Cambiemos exacerbaron la utilización ilegal de los instrumentos de inteligencia estatal y la volcaron a influir de manera irregular sobre los poderes judiciales y la agenda mediática, en el marco de la construcción de “enemigos públicos”. Ello ha tenido como consecuencia severas lesiones a derechos y garantías fundamentales y compromisos internacionales de derechos humanos y ha impactado de manera directa en la vida democrática de las instituciones.

–Las continuidades y persistencias de prácticas de la dictadura con actividades que signan aún hoy el proceder de los organismos de inteligencia en nuestro país constituyen un motivo de alarma. Los organismos de inteligencia asignaban ya en los ‘70 un nivel de peligrosidad a tareas asociadas a la participación política como repartir material partidario o incluso a la búsqueda de familiares detenidos. El montaje de operativos, interrogatorios bajo tortura, infiltraciones y encubrimientos aparecen como prácticas reiteradas en las que participan organismos de inteligencia junto con fuerzas militares o de seguridad.

–La retroalimentación entre la faz operativa y la de inteligencia. Operativos conjuntos entre la ex SIDE y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como también la colaboración existente entre el Servicio Penitenciario y los servicios de inteligencia.

–Con el retorno de la democracia, la inteligencia estatal se constituyó en una herramienta funcional al poder presidencial de los sucesivos gobiernos. De este modo se profundizó una línea de acción vinculada al espionaje interno, con escasas instancias de control y rendición de cuentas. Y si bien esto reportó ventajas a los elencos gobernantes de turno, el elevado margen de autonomía que la falta de control en el manejo de los fondos reservados le otorgó al aparato de inteligencia se convirtió rápidamente en un arma de doble filo.

–La gestión de gobierno de la alianza Cambiemos profundizó aún más estos retrocesos, deteriorando severamente la clara delimitación entre seguridad exterior e interior e incorporando las denominadas nuevas técnicas de investigación. La administración del ex Presidente Mauricio Macri posicionó la lucha contra el narcotráfico como una prioridad en su acción de gobierno. La “cuestión narco”, que remite –y actualiza permanentemente– a un peligro imponderable (el flagelo), habilita una “guerra” difusa contra un enemigo nunca concreto e identificable (las drogas) pero que también se constituye en una máquina traductora del nuevo paradigma, para sustentar, argumentar y comunicar toda clase de acciones de gobierno. La “guerra contra el crimen o contra las drogas” se libra, como toda guerra, sustrayéndose a la necesidad de cualquier análisis para la evaluación de los daños que ella provoca.

–La fuerte opacidad y secretismo arraigada históricamente al sistema de inteligencia, que la gestión saliente del Presidente Mauricio Macri exacerbó, debe superarse con un debate político y social amplio, que incorpore estándares democráticos para reformar una de las áreas más sensibles del Estado. Una reforma de tales características debiera orientarse a la profesionalización de la actividad de inteligencia criminal, jerarquizando aquellas problemáticas que atentan contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

 

 

 

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