Contra el uso abusivo de la fuerza

La Doctrina Chocobar ya es Doctrina Bullrich

 

El gobierno nacional publicó hoy la resolución 956/2018 que establece un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial.

A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes.

El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. La resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma.

Por ejemplo:
> Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.
> La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.
> En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.
> El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.
> Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU.

Además de elevar las amenazas a la vida y la integridad, la resolución es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que busca limitar al máximo la capacidad de este último de ejercer su tarea de control del accionar policial.

En la situación actual, los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. El nuevo reglamento recorta las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que encuadra como “cumplimiento de deberes” una amplísima gama de situaciones de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas, intentando así eximir de responsabilidad al funcionario a priori. Las facultades que se le quitan a los jueces son en buena medida transferidas al propio policía: el carácter amplio de las definiciones del reglamento implica que casi cualquier cosa pueda ser justificada como un “peligro inminente” por parte de los funcionarios policiales. Estos fueron los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para defender la actuación del policía Chocobar y que fueron rechazados en la investigación judicial.

De este modo, en un aspecto central del gobierno político de las fuerzas, el Poder Ejecutivo nacional renuncia a profesionalizarlas y transformarlas en policías democráticas. Por el contrario, pretende neutralizar cualquier tipo de control sobre la actuación policial. Esta decisión se alinea con otros mensajes políticos y medidas del Ministerio de Seguridad de la Nación orientados a alentar el uso de armas de fuego (policial y civil) y a evitar que las fuerzas de seguridad rindan cuenta de sus acciones. Esto traerá aparejado mayores niveles de violencia estatal y social.

5 Comentarios
  1. Susana Fernández dice

    Percibo que la falta de garantías a nuestra integridad física y el respeto a nuestros Derechos Constitucionales avanzan a pasos agigantados. Y me recuerda a las siniestras épocas de las dictaduras. Todo recurso de protección se estrella contra una pared. Si un juez falla a favor de intereses colectivos, al instante lo crucifican, le hacen juicio político ¡y chau juez!
    Está claro que me refiero al panfleto infame que el tándem Macri-Bullrich pergeñaron, para que los chocobares se conviertan en una reacción en cadena, como la fisión nuclear. Y en este tema de rangos de normas, me pareció excelente la comparación del colega Gabriel Morini, recurriendo a nuestro truco criollo:
    -Ancho de Espadas–> Constitución Nacional
    -Ancho de Bastos—> Código Penal
    -Siete de Espadas–> Decreto
    -Resolución de estos delincuentes–> CUATRO DE COPAS
    Así las cosas, un juez declaró a este horrendo papelucho inconstitucional…pero en Capital Federal (o CABA). ¿Y para el resto del país qué?
    Desde que surgió, los gobiernos provinciales comenzaron a ser presionados para que se adhieran al mismo. Hasta el presente, la mayoría de los mandatarios han manifestado su rechazo. No quiero referirme a los felpudos tipo Cornejo de Mendoza, porque apunto a otro aspecto.
    En todas las provincias hay despliegues de fuerzas federales, eso ya lo sabemos. Y resulta preocupante, porque es poco clara su presencia en ellas. A menudo disfrazada de combate contra el narcotráfico, tomando en cuenta que se les chispoteó un intendente de los pagos de Pancho Ramírez.
    Si con el pretexto de erradicar el narcomenudeo irrumpen en barrios humildes; y algún vecino huye asustado y lo asesinan con un disparo en la espalda ¿qué puede pasar en cuanto a la impunidad que la doctrina MACRI-BULLRICH les otorgará? El gobernador x, aunque no haya avalado la resolución, muy tranquilamente jugará al Gran Bonete: no es mi jurisdicción.
    Y ya que está quiero comentar algo. Hace dos semanas iba a la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR para asistir a una charla. La misma está en pleno centro de Rosario. Ya casi bajando del ómnibus, observo a dos individuos de Prefectura con armas largas, apostados contra la pared límite con la Casa de Altos Estudios. Ingreso a ésta. Al salir ya eran seis y una traffic de buen porte con un chofer esperando no sé qué cosa.
    Me acerco y me dirijo a uno de los uniformados, abrazado a su arma como a un preciado tesoro, de perfil a mí. Lo saludo, me identifico como periodista y le pregunto a qué se debía su presencia allí. Aprieta más fuerte el arma contra su pecho, convertido en estatua de sal y sin responder. Se acerca una mujer joven, también de la fuerza. A continuación el diálogo:
    -Buenas tardes. Soy periodista y le preguntaba al señor a qué se debe su presencia en esta zona pero no dijo nada.
    -Buenas tardes-saludó la mujer-No, estamos por si surge algún problema con el tránsito y…
    -¿Problema con el tránsito?-la interrumpí-Esta zona se considera calma. ¿Usted ve algún inconveniente con vehículos?
    -No, pero por si surge-insistía.
    -A ver, señorita- proseguí-Rosario tiene agentes de tránsito, policía motorizada. ¿No le parece que su presencia no corresponde acá y menos cumpliendo la función que usted argumenta?
    -Ehh..nosotros somos fuerzas nacionales. Ahh y hoy estamos acá pero después vamos a otro lado, a donde nos mandan-prosiguió.
    -Sí, ya sé que son nacionales. Pero insisto en que acá es zona calma y el tránsito lo controlan inspectores municipales-porfié.
    Y rápidamente con mirada muy fija, agregué:
    -¿No le resulta raro que los manden justamente al lado de una facultad?
    La uniformada continuó con su letanía:
    -Nosotros estamos acá pero después vamos a otro lado ¿vio? Adonde nos mandan.
    Coincidiendo mi gran erudición con la filosófica frase “difícil que el chancho chifle”, concluí la amable charla, sin antes decir con sonrisa socarrona:
    -Pero justamente al lado de una facultad ¡Qué raro ¿no?!
    Más tarde y ya saliendo de un mítico bar ubicado enfrente de la facu, observé que quedaban dos uniformado de esos que deben cuidar nuestros ríos. Raro. Porque la calle no tenía ni siquiera un charco.

  2. María Neder dice

    Con esto, “La tierra de Caín” (a la que refiere Tealdi en su última Nota) debería llevarnos a la URGENCIA por la dignidad. Lo anticipó en el título y subtítulo, es inmoral tolerar la “habilitación de matar por la espalda”.
    Hoy, con las cautelares presentadas y la suspensión de la norma en CABA, es necesario manifestarse dignamente.
    Esto avanza y aún no se han despertado todas las conciencias.

  3. Graciela dice

    Hay que ganar la calle, NO al gatillo fácil y al fachismo!!

  4. julio González Esteves dice

    PBLPQTP. A ella también le cabe la canción del veranl. Rechacemos esra norma desde el Congreso. Éste gobierno cruzó todos los límites.

  5. Ramon Ortega dice

    MMLPQTP

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