En el corazón del Bajo porteño, donde la ciudad se encuentra con su historia portuaria, el estadio Luna Park aguarda su destino en silencio. Sus muros de color ladrillo y ocre, testigos mudos de los golpes de Ringo Bonavena, la voz de Frank Sinatra y el adiós de Sui Generis, hoy tiemblan no por la ovación de la multitud, sino por el avance de un proyecto que promete "modernizarlo", pero que, en realidad, amenaza con borrarlo del mapa tal como lo conocemos.
Lo que se presenta en los renders corporativos como una brillante "puesta en valor" del siglo XXI, en los expedientes administrativos y judiciales se lee como una sentencia de muerte para la identidad del monumento histórico nacional. Bajo el eufemismo de la "adecuación tecnológica", se esconde una operación de cirugía mayor que vaciaría al gigante de Corrientes y Bouchard. Esto lo dejaría convertido en una mera cáscara, un "fachadismo" que escondería un estadio nuevo, más alto, más ruidoso y con un impacto ambiental que el microcentro porteño quizás no pueda soportar.
De los baldíos del Bajo a la catedral del deporte
Para entender qué es lo que está en juego, hay que retroceder casi un siglo. El suelo que hoy cotiza en dólares y atrae a inversores internacionales era, en 1931, un terreno fangoso y marginal ganado al río, propiedad del Ferrocarril Pacífico. Fue allí donde dos soñadores, el italiano Domingo Pace y el ex boxeador José "Pepe" Lectoure, decidieron plantar bandera tras ser desalojados de la calle Corrientes por la construcción del Obelisco.
El Luna Park no nació como el coloso techado que vemos hoy. En febrero de 1932, se inauguró a cielo abierto una "herradura" de tribunas bajo las estrellas donde el boxeo y los bailes de carnaval convocaban a una Buenos Aires que crecía vertiginosamente. No fue hasta 1934 que la firma Mariani Hnos. completó la obra instalando la cubierta, ese techo inconfundible diseñado por el arquitecto húngaro Jorge Kalnay que hoy, paradójicamente, es uno de los elementos que el nuevo proyecto busca demoler por completo.
La fisonomía que hoy reconocemos —esa masa racionalista y monumental que dialoga con el Correo Central— se consolidó recién en 1951, con una reforma que amplió su capacidad hasta convertirlo en el estadio cubierto más grande de Sudamérica. Durante décadas, fue el termómetro social de la Argentina: allí se veló a Gardel, allí se conocieron Perón y Evita, allí se casó Maradona. Es por esta carga simbólica insustituible que, en 2007, el Estado nacional lo declaró monumento histórico nacional a través del Decreto 123/2007, blindando su estructura contra cualquier alteración que dañara su esencia.
Sin embargo, la historia de la propiedad del estadio tuvo un giro digno de una novela. Tras la muerte de Juan Carlos "Tito" Lectoure y de su tía Ernestina Devecchi, la dueña mayoritaria, el testamento reveló en 2013 que el mítico estadio pasaba a manos de la Iglesia católica. La Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y Cáritas Buenos Aires se convirtieron en los inesperados custodios de este templo pagano. Hoy, son ellos quienes han cedido la explotación a la alianza conformada por DF Entertainment y Live Nation, los gigantes detrás de los recitales más masivos del mundo, impulsando la reforma que ha encendido todas las alarmas.
Una demolición encubierta
El corazón del conflicto legal y patrimonial reside en una pregunta técnica pero fundamental: ¿se puede "modernizar" un monumento histórico demoliendo todo su interior?
El Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires es claro. El Luna Park posee una protección patrimonial especial edilicia de nivel estructural. Esta categoría protege "el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio", prohibiendo explícitamente las modificaciones que alteren su volumen o su altura.
La controversia legal surge a raíz de la autorización administrativa otorgada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), mediante la Disposición n.º 1283/DGIUR/25. Esta autorización fue para un proyecto de intervención arquitectónica impulsado por la empresa Stadium Luna Park S.A. (propiedad del Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana) y gestionado por las firmas DF Entertainment y Live Nation.
Según se desprende de la acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Fundación Ciudad y Basta de Demoler y del dictamen técnico elaborado por los arquitectos especialistas en patrimonio Marcelo Magadán y Francisco Girelli, la obra aprobada no es una restauración, sino una sustitución.
Bajo la retórica de una "puesta en valor" y "actualización tecnológica", el proyecto encubre, en realidad, una demolición sistemática de los componentes estructurales protegidos del edificio, con el fin de erigir un nuevo estadio de mayor volumen y capacidad comercial, en abierta violación de las normativas de protección patrimonial vigentes.
El motor detrás de la intervención propuesta es la necesidad de las operadoras, DF Entertainment y Live Nation, de maximizar la rentabilidad del recinto. El estadio actual, con una capacidad aproximada de 8.400 espectadores, resulta insuficiente para el modelo de negocios de los grandes espectáculos internacionales que gestiona Live Nation, la productora de eventos en vivo más destacada del mundo. El objetivo declarado del proyecto es elevar esa capacidad a una cifra que va desde los 11.000 a los 13.000 espectadores.
Este incremento del aforo, que representa un aumento superior al 50% de la capacidad actual, es físicamente imposible de lograr dentro del edificio sin alterar su morfología. Las limitaciones espaciales de la estructura original de 1932 —diseñada para el boxeo y eventos masivos de otra época— imponen un techo físico a la expansión. Por lo tanto, para alcanzar el objetivo comercial, los desarrolladores han propuesto, y el GCBA ha autorizado, la demolición de las estructuras internas con el fin de liberar espacio y construir un nuevo edificio dentro de los límites del terreno.
El análisis de los planos y memorias técnicas revela que la intervención implica la desaparición física de la mayor parte del monumento histórico.
El proyecto contempla la demolición total de 11.613 metros cuadrados de interiores. Esto incluye la remoción completa de las gradas de hormigón originales, las circulaciones históricas y, fundamentalmente, se removería por completo la cubierta histórica de 1934. En su lugar, se proyecta la construcción de un "edificio estructuralmente independiente", una nueva arena moderna insertada en el predio, que apenas conservaría fragmentos de la fachada perimetral como un gesto testimonial. El resultado sería un aumento del volumen edificado que pasaría de los 98.000 metros cúbicos actuales a más de 133.000.
Esta operación constituye un caso paradigmático de "fachadismo", una práctica desaconsejada por las cartas internacionales de conservación patrimonial, donde se preserva la piel exterior del edificio mientras se vacía su contenido, destruyendo la unidad tipológica y la autenticidad del bien. En el caso del Luna Park, la situación se agrava porque ni siquiera la fachada se conserva íntegramente, sino que se ve alterada en altura y composición.
Lo más sorprendente para los defensores del patrimonio es que este proyecto cuenta con el aval de la propia Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. En una decisión calificada de "vergonzosa" y de "abuso de autoridad", la Comisión emitió el Acta N.º 1/2025 el pasado 6 de enero, aprobando la intervención en tiempo récord. El argumento oficial es la "sustentabilidad" del bien, priorizando su uso comercial sobre su integridad material, una postura que ha generado un quiebre inédito en la comunidad de conservacionistas.
El estudio de impacto ambiental: silencios que aturden
Si la cuestión patrimonial es grave, la ambiental no se queda atrás. El proyecto pretende llevar la capacidad del estadio de los históricos 8.400 espectadores a 11.000 (o hasta 13.000 según algunas lecturas del expediente), sumando además un museo, locales gastronómicos y eventos corporativos. ¿Puede el microcentro porteño absorber este impacto?
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Stadium Luna Park S.A. ha sido objeto de un escrutinio feroz, revelando deficiencias que la propia Agencia de Protección Ambiental (APRA) no pudo ignorar en una primera instancia.
El punto más crítico es el ruido. El informe técnico oficial de la DGEVA rechazó categóricamente la evaluación acústica presentada por la empresa. Los técnicos del gobierno detectaron "errores metodológicos" que parecían diseñados para subestimar el impacto sonoro hacia los vecinos.
La empresa aplicó un "factor de corrección" de seis decibeles que reducía artificialmente el ruido calculado, una técnica válida para mediciones en terreno, pero inaplicable para cálculos teóricos de un edificio que aún no existe. Además, para calcular el aislamiento de las paredes, asumieron que toda la fachada era de ladrillo macizo de 29 cm, ignorando convenientemente que el nuevo proyecto del Luna Park tiene grandes portones metálicos y superficies vidriadas por donde el sonido se escapa con mucha mayor facilidad.
Lo más alarmante surgió en la audiencia pública. El arquitecto Francisco Girelli señaló que la nueva cubierta propuesta no cumple con los niveles de aislamiento acústico exigidos por la normativa de la ciudad (Ley 1540). Irónicamente, la cubierta antigua que quieren demoler sí cumplía con los estándares.
La Agencia de Protección Ambiental (APRA) cometió una irregularidad muy grave al dar un primer visto bueno al proyecto con el dictamen jurídico y la convocatoria a audiencia pública a pesar de que su propia área técnica había cuestionado la "mala elaboración" del estudio acústico y solicitado que se presente uno nuevo.
El otro gran agujero negro del estudio es la movilidad. El proyecto incluye la excavación de dos subsuelos para albergar apenas 95 cocheras. Para un aforo de 11.000 personas, esta cifra resulta irrisoria.
Los urbanistas coinciden en que construir estacionamientos en el microcentro es un error estratégico: funciona como un "atractor de autos" que incentiva a la gente a ir en vehículo particular a una zona ya colapsada. La "solución" de la empresa para mitigar el caos de tránsito fue calificada de ridícula en la audiencia: proponen simplemente "promocionar el uso de transporte público y el auto compartido", sin presentar ningún estudio serio de flujos vehiculares ni planes de contingencia para la salida masiva de espectadores.
En el estudio de impacto ambiental tampoco se establece la cantidad de eventos por años y los horarios de estos. Datos esenciales para una seria evaluación.
La audiencia de la furia
El clima de tensión se cristalizó el pasado 2 de diciembre de 2025 en la audiencia pública convocada para discutir el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.
El arquitecto Ariel Gustavo Papa, defensor del proyecto, intentó vender las bondades de la obra: habló de una "renovación inédita", de la modernización de la seguridad, de la creación de puestos de trabajo y de la puesta en valor de un ícono venido a menos.
Pero su discurso chocó con una pared de oposición. Vecinos, abogados, ingenieros, patrimonialistas y activistas tomaron el micrófono para denunciar que la audiencia misma era ilegal. ¿La razón? La existencia de una medida precautelar vigente dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 5, que ordenaba suspender cualquier trámite administrativo relacionado con el Luna Park.
"Bueno, sepan que están violando una medida cautelar, una orden judicial", expresó el abogado Pacífico Rodríguez Villar, mientras los funcionarios del gobierno, incumpliendo la cautelar, decidieron continuar con la audiencia.
Las voces de los vecinos fueron emotivas y contundentes. "La ampliación del Luna Park en los términos propuestos es incompatible con la infraestructura existente y genera un daño cierto, previsible y evitable. No mejora el área, la colapsa", manifestó la presidenta de Fundación Ciudad, la Sra. Andreina de Luca de Caraballo.
La batalla judicial: el último dique de contención
Ante la sordera administrativa, la sociedad civil ha activado el freno de emergencia judicial. La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a Basta de Demoler y la Fundación Ciudad, ha presentado una acción de amparo ambiental colectivo.
En la causa judicial, caratulada "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" (Expediente N° 325695/2025-0), se solicitó la nulidad absoluta de la Disposición N.° 1283/DGIUR/25 que otorgó la factibilidad urbanística, argumentando que viola flagrantemente el Código Urbanístico y la Constitución de la ciudad.
La administración no tiene la facultad discrecional de autorizar excepciones a la ley. Si el Código dice que no se puede aumentar el volumen ni demoler un edificio con protección estructural, ningún funcionario, por más alto cargo que tenga, puede firmar lo contrario sin que pase antes por la Legislatura.
La demanda incluye un pedido de medida cautelar de no innovar para impedir que se ponga un solo ladrillo o se toque una sola butaca hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Ya se ha logrado una primera victoria con la medida precautelar dictada en una causa judicial conexa que ordenó suspender todo trámite administrativo referido al Luna Park, demostrando que la Justicia está dispuesta a intervenir.
Conclusión: ¿progreso o depredación?
El conflicto del Luna Park no es solo una disputa técnica sobre decibeles o metros cuadrados. Es una discusión profunda sobre qué tipo de ciudad queremos. ¿Una ciudad que trata a su historia como un estorbo para el desarrollo inmobiliario y el meganegocio de los grandes eventos musicales o una que entiende que su identidad es su activo más valioso? ¿Queremos una ciudad gobernada por la corporación inmobiliaria a través de un gobierno autoritario o una que discuta su historia, su patrimonio y su planificación en el marco de una democracia participativa?
El proyecto de DF Entertainment y Live Nation promete brillo, modernidad y un lugar en el circuito global de espectáculos. Pero el costo de esa entrada parece ser la destrucción de la memoria material de un sitio sagrado para la cultura popular argentina.
Hoy, el destino del "Palacio de los Deportes" está en manos de los jueces. Mientras tanto, el viejo estadio espera, con sus cicatrices y sus fantasmas, saber si celebrará su centenario de pie, o si terminará convertido en una maqueta de sí mismo, una carcasa vacía donde el eco de los aplausos de antaño será reemplazado por el ruido del aire acondicionado de un shopping de eventos. La campana aún no ha sonado, pero el Luna Park está, quizás por primera vez en su historia, contra las cuerdas.
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