Controlar y hostigar

Informe del CELS: “La guerra contra lxs consumidorxs de drogas debe terminar”

 

Como cada primer sábado de mayo, este 8 de mayo tuvo lugar la Marcha Mundial de la Marihuana. Y aunque en la Argentina la criminalización de las personas que tienen drogas para consumo personal fue declarada inconstitucional hace ya 13 años, les consumidores siguen siendo perseguides y detenides. Tras analizar los datos de las causas penales abiertas por tenencia en distintas jurisdicciones del país, elaboramos un informe que da cuenta de una profundización de esta práctica sistemática por parte de las policías, que privan de la libertad e inician causas penales que, aunque no prosperen, funcionan como un castigo.

Concretamente, entre 2018 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires las causas por tenencia para consumo aumentaron más del 400%; y entre enero de 2019 y agosto de 2020, el 75% de las causas que se iniciaron por delitos de drogas fueron por tenencia para consumo personal y solo el 17% por comercialización.

Las estadísticas demuestran que la política criminal que implementa el Ministerio de Seguridad porteño apunta a perseguir a les consumidores. Y no a cualquier consumidor; sino a les pobres y a les migrantes.

Al analizar la cantidad de detenciones por consumo que se realizan en cada comuna porteña, queda en evidencia un claro sesgo de clase: hay personas para quienes el consumo está despenalizado “de hecho” y personas que si consumen están cometiendo un delito. Une de cada cuatro consumidores es detenide en la zona de Retiro y la Villa 31; y más de tres cuartas partes de las detenciones se concentran entre esa comuna y la 4 (Barracas-Pompeya, Villa 21-24 y Zavaleta), la 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y la 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto).

Esta distribución social de las detenciones muestra también que la policía las usa como parte del control y el hostigamiento a les más pobres. Lo mismo ocurre con les migrantes.

En cuanto al resto del país, la escasa y fragmentaria información existente sugiere que la práctica de detener consumidores sigue vigente en todo el territorio, tanto en las provincias que adhirieron a la desfederalización como las que no lo hicieron.

El informe avanza sobre el análisis de datos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Chubut.

(Acceda aquí al informe completo)

 

 

 

 

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