Es importante prestar atención a los graves hechos de corrupción que tendrían por beneficiarios principales a empresarios de un laboratorio medicinal, al Presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, y no permitir que se apaguen nuestra capacidad de asombro y nuestro sentimiento de rechazo. Pero más importante es prepararnos para responder políticamente a la mayor de las corrupciones: las brutales decisiones antipopulares que toma a diario el gobierno nacional, mientras una falsa legalidad sirve para detener y proscribir a la presidenta del peronismo y máxima dirigente política de la Argentina. En el siglo pasado el golpismo hizo explícito el quiebre constitucional y proscribió a todo el peronismo; en la actualidad ese quiebre es encubierto con el funcionamiento amañado de las instituciones, descaradamente intervenidas por el poder real. Por eso era más evidente la proscripción de Perón ayer que la de Cristina hoy.
Que ante las evidencias de las coimas con medicamentos, del caso del fentanilo adulterado, de las concesiones del gobierno a Gran Bretaña relacionadas con Malvinas, de la estafa con la criptomoneda $Libra y otros delitos, el sistema político no haya reunido las voluntades suficientes para activar el procedimiento de juicio político al Presidente puede deberse a más de una causa, pero hay una que es la madre de todas las demás: el bloque de poder sostiene por ahora –con entusiasmo decreciente– al gobierno –su gobierno– porque seguramente entiende que aún es posible que Javier Milei continúe con la reconfiguración de la matriz socio-económica y cultural de la Argentina, y así pasar de la declamada aspiración de “parecernos a Perú” a convertirnos en Perú. Si no resultara, habrá llegado el momento de atribuirle la responsabilidad al exótico personaje –sobrarán razones para demonizarlo– y de poner a otro/a en carrera: el gran capital resuelve sus contradicciones con cierta celeridad, su convergencia está impulsada por una sólida conciencia de clase y el objetivo permanente de someter a los sectores vulnerables.
A los representantes de los grandes monopolios les preocupa la corrupción… cuando no son ellos quienes la practican, es decir que los hechos en cuestión implican una razón más para dar por precarios tanto el apoyo que dispensan al inconsistente plan económico como la tolerancia a letanías discursivas del tipo de las que dio el Presidente en los encuentros organizados este año por AmCham, donde explicó por qué deberían invertir en la Argentina; y por el Council of the Americas, donde se comprometió a terminar con el kirchnerismo –reiterada promesa de difícil concreción, que los monopolios consideran más importante que el RIGI, que ya es ley–: pleitesías acordes con la confesada debilidad presidencial por los monopolios, expresiones además de una férrea voluntad de sometimiento.
Desde hace unos años estamos inmersos en una reconfiguración del (des)orden global cuyo comienzo coincide con el debilitamiento de la hegemonía unipolar norteamericana, desafiada por países que intentan establecer un esquema multipolar. La disputa por el control del capitalismo mundial no es entre dos países del norte occidental como ocurrió en el siglo pasado, sino entre bloques: por una parte, el liderado por la centralidad imperial de Estados Unidos, que incluye a Europa occidental, Japón y Australia, y, por otro, lo que algunos investigadores denominan la “semiperiferia emergente”, integrado por naciones, culturas y civilizaciones que fueron avasalladas en los últimos dos siglos por el norte occidental, como China e India, y países del sur global como Brasil. Es decir, fundamentalmente los BRICS.
Este enfrentamiento implica la puja entre distintos modos de acumulación: uno predominantemente financiarizado y otro productivista; y tiene por actores a los Estados nacionales, cuyo poder se manifiesta a través de la productividad de sus economías, sus monedas, los respectivos aparatos militares, etcétera; y a las fuerzas sociales, como los grandes capitales mono u oligopólicos: la competencia entre Huawei –China– y Qualcomm –Estados Unidos– es uno entre varios ejemplos. En este contexto, Estados Unidos busca consolidar su dominio continental a través de una especie de neocolonialismo económico-militar: no excluyó al subcontinente del ataque con los aranceles y recientemente ha proferido y concretado amenazas militares, con el falaz argumento de la lucha contra el narcotráfico: la DEA cuenta con una red de alta tecnología desplegada en el continente mientras la expansión del narcotráfico no ha dejado de crecer.
Está muy claro en qué espacio geopolítico ha sido ubicado nuestro país. Un escenario que confirma el derrotero histórico de los grandes capitales con origen en la Argentina, y explica la crítica a sus titulares por haber desvinculado la suerte de sus grupos de la del país; el cuestionamiento es inobjetable, aunque es un error suponer que tal situación va a cambiar: ellos siempre supieron que un proyecto popular y democrático bajo una sólida conducción podrá generarles beneficios económicos pero limita su poder político, anula su capacidad de violar sistemática e impunemente los derechos sociales y les impide cumplir con la imposición de sus jefes y/o socios mayores, o sea, facilitar el saqueo de los recursos naturales, la infraestructura y las empresas de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Así, los llamados desde el campo popular a los sectores dominantes para encontrar “denominadores comunes” e implementar “políticas de Estado” han sido históricamente ignorados: constituyen un tic propio del idealismo liberal que anida en algunos compañeros y compañeras; superarlo es necesario para definir un proyecto realista y convocar a los actores que, por definición –lo sepan o no– deberían compartirlo y no a los que, también por definición, pertenecen –y lo saben– a otro, irremediablemente antagónico.
El cuadro descripto explica mejor que cualquier discurso cuál es la causa determinante de la proscripción de Cristina: alguien que decidió la recuperación del sistema solidario de jubilaciones, rompiendo un escandaloso negocio a expensas de millones de compatriotas; que dispuso la recuperación de empresas de vital importancia para el desarrollo; que supo decir NO –y sostenerlo– a la eliminación del impuesto a la exportación de granos – “retenciones”– y a las pretensiones de los fondos buitre, etcétera, etcétera, tiene los enemigos que se merece y la lealtad inextinguible de quienes no olvidan que esas conductas insobornables mejoraron sus condiciones de vida por años. Lo que no merece es el ataque o la indiferencia –militante o pasiva– de compañeros o adversarios que pertenecen a espacios otrora populares, con destacables excepciones como la izquierda trotskista. Algunos están dando los primeros pasos; los veteranos se iniciaron en estas prácticas en el mismo momento que comenzó el feroz operativo de acoso y derribo de CFK en 2008. Llegado el momento habrá que ver si unos y otros tienen la valentía de reconocer que han remado contra la corriente de la historia.
No faltan los que piensan que la situación los beneficiará; tal vez suponen que el transcurso del tiempo servirá para extinguir la relevancia de CFK o que la arena electoral definirá “quién manda”. No se consideran aquí las características individuales que probablemente incidan en el posicionamiento de cada cual, ni las relaciones personales que pudieron haber tenido o tienen con la ex Presidenta. En cualquier caso, desde una perspectiva estrictamente política, subestimar la trascendental importancia de la proscripción, apoyarla o ignorarla, implica desconocer la naturaleza misma de los liderazgos populares y las consecuencias de su supresión forzada o bloqueo arbitrario.
Basta con recorrer la historia sudamericana de los últimos 100 años para comprobar que la eliminación violenta de líderes como el colombiano Jorge Eliécer Gaitán, “el caudillo del pueblo” en 1948, o del chileno Salvador Allende en 1973, y las proscripciones ilegítimas de Juan Perón, Luis Inácio “Lula” da Silva, Rafael Correa o Evo Morales generaron el sufrimiento de sus pueblos y secuelas desastrosas para las democracias y el desarrollo de sus países; pero también que en el caso de las proscripciones, los liderazgos sobrevivieron a esa contingencia y fracasaron sus pretendidas sucesiones, hayan contado o no con acuerdo del líder.
Con la aparición de Néstor y Cristina Kirchner, el sistema político ampliado, que parecía sepultado para siempre por la corrupción y mediocridad liberal, fue parcialmente rescatado. Un ejemplo significativo fue la renovación de la Corte Suprema menemista por una que fue un lujo institucional. Esos liderazgos vinieron a llenar el vacío de los partidos políticos y a suplantar dirigentes enajenados a una concepción colonial, reinstalada con fuerza por el gobierno de la derecha extrema. La muerte prematura de Kirchner puso a prueba las condiciones de Cristina, que sorprendieron a propios y extraños y propiciaron logros como los citados; pero esa dramática circunstancia fue decisiva para que el régimen conservara su superioridad material y cultural, y se hiciera del control del Estado con un gobierno de cínicos, reaccionario y corrupto entre 2015 y 2019, retomándolo en 2023 con uno de embusteros insensibles, más reaccionario e igualmente corrupto.
El liderazgo de Cristina debe ser juzgado desde la historia y la realidad argentinas, no desde el interés o empatía de este o aquel dirigente: han hecho de la lideresa una individualidad en sí, dominada por asuntos presuntamente subalternos; y de las masas que la apoyan un rebaño dócil a los manejos perversos de la jefa. Hay que pensar en el día después del próximo 26 de octubre: el régimen hará todo lo posible para concretar medidas estructurales antipopulares y las únicas resistencias estarán en las calles y en el Congreso. ¿Es subalterno y caprichoso el cuidado en la integración de las listas? Una dirigente de esa envergadura no es evaluable en una elección y menos cuando el país está ante una situación electoral ficticia, justamente por su proscripción: un camuflaje democrático más, que pone entre paréntesis la legitimidad de todo el sistema. Más aún, tampoco es evaluable mirando encuestas: los líderes no dicen siempre lo que el pueblo quiere escuchar, por eso son mucho más que dirigentes comunes, son conductores.
Un liderazgo nunca se reduce al acto de voluntad del líder, ni a cualidades inherentes a su particular personalidad; y en ningún caso el reconocimiento es universal, por eso hubo peronismo y antiperonismo, y hay kirchnerismo y antikirchnerismo. Se impone entonces un interrogante: ¿quiénes hicieron lideresa a CFK a partir de 2010 y quiénes le han negado desde entonces o le niegan ahora el liderazgo? En otras palabras, ¿qué hay detrás del kirchnerismo y del antikirchnerismo? Cristina libre y sin proscripciones es condición necesaria para vencer al régimen y, por lo tanto, es un grito que no debe someterse a las especulaciones propias de un electoralismo crónico y vacío, ni concebirse como la pura cuestión de deseos de una parcialidad. Estamos ante un problema central que condiciona irremediablemente al proceso político argentino, más allá de la voluntad de Cristina y su inquebrantable militancia desde el lugar de detención, un problema que convierte ese grito en imperativo para todas y todos quienes aspiran a vivir en democracia y en paz, kirchneristas y no kirchneristas.
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