Cosas que no se negocian

A este Poder Judicial, más sucio que una papa sucia, no se le pide absolución: se le pide que cumpla con la ley

 

El 3 de diciembre de 2019, la recientemente electa pero aun no asumida Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a brindar declaración indagatoria en la causa que los abogados llamamos “Vialidad”, en la que se encuentra acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Lo curioso del tema es que su rol en la asociación ilícita habría sido, sostiene la acusación, el de ser Presidenta de la Nación. Básicamente le imputan actos perfectamente lícitos y propios de la función como jefa de Estado, porque y como sostienen los acusadores, estaban orientados a un fin ilícito. Otro de los tantos disparates que subvierten todo lo que aprendemos de leyes en la facultad y que pese a ello los jueces y fiscales acostumbraban –y acostumbran— a escribir cuando se trata de Cristina Fernández de Kirchner.

No tengo la intención de hablar de la causa “Vialidad”, eventualmente lo haré cuando esté próxima a resolverse. Diré solo que la acusación se les esta desgranando a los acusadores, como un puñado de arena en la palma de la mano. No podía ser de otro modo, porque esa causa se inicio con un informe de auditoria de Vialidad Nacional, cuando era conducida por Iguacel que expresamente señalaba que no había sobreprecios.

El punto al que quiero llegar es al momento en que Cristina Fernández brindó su declaración. A veces decimos que hay personas que son un fuego. Esa mañana CFK lo fue. Sin duda lo fue. Concluyó diciéndole  al tribunal en su propia cara, cuando le preguntaron si iba a contestar preguntas, que preguntas iban a tener que contestar ellos, los mismísimos miembros del tribunal.

Esa declaración generó infinita cantidad de notas y opiniones. A mí me divirtió particularmente la corriente periodística que hizo hincapié en que la misma constituía una falta de respeto al Tribunal. Recuerdo el comunicado de la Asociación de Magistrados –verán que la agrupación “Juntos por el Comunicado» también tiene su pata judicial— sacó al respecto solicitando a las partes y a los periodistas respeto por los magistrados. Respeto que muchos de los miembros omiten ganarse con su actuación como jueces, por cierto.

Lo que pocos escribieron fue qué significaba esa declaración. Para ser concreta, diré que el triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales impactó también en tribunales. La fórmula ganadora conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tuvo durante la campaña una postura critica sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Debo decir que no habíamos terminado de contar los votos, que ya se producían reacomodamientos en tribunales con tal violencia que, si se tratase de placas tectónicas y no de jueces, el sismo hubiese cambiado la geografía de toda la Argentina.

Esos reacomodamientos se traducían en ofertas más o menos explícitas del sector judicial de colaborar con la resolución de las causas judiciales de Cristina Fernández y otros ex funcionarios, a cambio de una suerte de amnistía sobre el propio Poder Judicial y sus conductas durante el período que presidió el país Mauricio Macri. Entre otras personas que intentaban entablar es tipo de negociación fue precisamente el fiscal de la causa “Vialidad”, como contó en su momento Horacio Verbitsky.

Pero claro, una negociación requiere cuanto menos de dos partes. La voluntad del poder judicial era explícita. Lo que sucedió es que descubrieron que la otra parte, el gobierno electo, no estaba dispuesto a entablar esa negociación. Y que tampoco estaba dispuesta a entablarla en lo individual Cristina Fernández de Kirchner. Y por si quedaba alguna duda, el 3 de diciembre de 2019, la declaración de CFK la aventó definitivamente. No habría amnistía para el Poder Judicial.

Con el transcurso del tiempo los abogados nos cansaríamos de escuchar de boca de periodistas, el mensaje de funcionarios judiciales que decían: “A Cristina le prometieron cosas, pero con nosotros nadie vino a hablar”. Yo me suelo reír cuando me llegan ese tipo de versiones, porque me muero de ganas de preguntarle al periodista que me pasa la versión: «¿No preguntaste quién le prometió a Cristina algo?»

No lo pregunto porque intuyo la respuesta. Fue el propio Poder Judicial el que enuncio esas promesas. Y están frustrados porque no encontraron receptor. En efecto, ni el gobierno ni CFK se sentaron a entablar esa negociación. Y aunque parezca un hecho menor, fue una verdadera sorpresa. De las que no son agradables, al menos para el Poder Judicial.

Incluso la Corte Suprema intentó jugar ese juego. Tampoco parece haberle funcionado. Alguien me contó de la iniciativa francamente extraña de uno de sus miembros que intentó consultar con el Poder Ejecutivo Nacional y con el Senado de la Nación. Sospecho que un NO gritado a los alaridos hubiese hecho menos ruido que la ausencia de respuesta que obtuvo quien medió de vocero. Y no es que la Corte Suprema no recordase cada tanto su poder con alguna sentencia molesta para el gobierno. El problema es que, en su búsqueda de apoyo, anuncia sus sentencias antes por los medios que por los canales oficiales. En parte, claro, ello tiene que ver con las  internas de la propia Corte.

Consecuencia de la quietud judicial que derivó de la pandemia y de la virtualidad, parecía que las cosas estaban quietas y tranquilas. Pero pasada la segunda mitad del año 2020, algunas cosas empezaron a moverse. El Poder Judicial se activó y se puso en estado de alerta y movilización, sobre todo a raíz del lo actuado por el Consejo de la Magistratura en relación a la decisión de revisar los traslados de los jueces. No solo aquellos que realizó Mauricio Macri, sino todos los realizados desde que se había implementado el sistema en el año 2000. Duro golpe para quienes estaban convencidos de que al remontarse su traslado a las épocas en que gobernó CFK, los mismos no serían revisados. No fue el caso. Se revisaron todos. De esa revisión resultaron observados cerca de 30 traslados.

Algunos jueces concurrieron ante el Senado a los fines de obtener un nuevo acuerdo para el cargo al que habían sido trasladados. Y algunos lo obtuvieron. El mecanismo de nuevos acuerdos se detuvo a raíz del caso de tres jueces que se negaron a presentarse ante el Senado y judicializaron la situación. Estos jueces llegaron a tener sentencia por la propia Corte, a través de la tramitación de un per saltum. La respuesta no fue de agrado para quienes habían confiado en la intervención de la Corte. Porque la Corte determinó que solo hay un modo de acceder al cargo de juez y que ese único modo es rendir concurso ante el Consejo de la Magistratura, acceder a una terna, ser propuesto por Ejecutivo y luego obtener acuerdo del Senado.

Con el diario del lunes diría que la solución adoptada por la Corte Suprema respecto a los traslados de los jueces, si bien solucionó en lo inmediato la situación de dos de los tres jueces que habían reclamado —a quienes mantuvo en es su lugar hasta tanto se realicen los concursos correspondientes— fue en términos de futuro mucho peor para los jueces trasladados, que hoy están en la más absoluta incertidumbre sobre cual será su destino. Tampoco fue tan genial para los jueces que habían hecho el reclamo, a decir verdad. Solo uno de ellos se presentó a concurso. Porque si bien muchos especulaban con la demora del concurso, a la fecha el mismo se está realizando en tiempo y forma.

Por otro lado, el Poder Judicial de otras jurisdicciones que no son Capital Federal ha realizado significativos avances en las causas en las que se investigan las formidables maniobras de espionaje ilegal que llevaron adelante funcionarios de Macri. A la fecha tienen procesamientos dictados Gustavo Arribas, Silvia Majdalani. Sebastián De Stefano, y buena parte de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, amén de espías, funcionarios judiciales y entenados como Marcelo D’Alessio.

Muchos de los hoy procesados han solicitado insistentemente que las causas que refieren a espionaje ilegal sean tramitadas en los tribunales de Comodoro Py. Lo sorprendente es que algunas de sus víctimas, al menos las que forman parte de Juntos por el Cambio, han solicitado lo mismo. Parece más un intento de detener las investigaciones que de obtener la verdad. Intuyo que las causas de espionaje ilegal concluyen en personas públicas de relevancia política para Juntos por el Cambio, y que eso explica en parte el interés de ese sector por llevar la cosa a los tribunales de Retiro, donde sabemos que nunca avanzan las causas de espionaje ilegal. Años de relación promiscua entre servicios de inteligencia y residentes en Av. Comodoro Py 2002 convirtieron a esos Tribunales en la garantía de no investigación, si de inteligencia ilegal se trata.

Atentos a los cambios operados por el Presidente Alberto Fernández en relación a la prohibición a la Agencia Federal de Inteligencia respecto a intervenir en causas judiciales, lo que queda de complicidad con los servicios de inteligencia es lo que aun vive en Av. Comodoro Py y algunos tribunales en lo penal económico. Que están a la vuelta. Se ve que a la AFI no le gusta trasladarse ni siquiera para operar ilegalmente, así que concentraron buena parte de su trabajo y su influencia en pocas cuadras.

Uno de los casos paradigmáticos de las relaciones entre servicios de inteligencia, entenados y funcionarios judiciales es el del fiscal Carlos Stornelli, hoy con procesamiento por diversas conductas ilegales y aún en investigación respecto a la conformación de una asociación ilícita que realizaba operaciones de inteligencia ilegal. Se ve que el fiscal carece de amistades no patológicas. Entre los hechos por los cuales pesa sobre él un procesamiento firme, está el haber planeado con D’Alessio hacerle una cámara oculta a quien hasta ese momento no sólo era su amigo, sino que además había sido su abogado, el doctor José Ubeira. Stornelli supo ser también amigo de un abogado llamado Alberto Fernández, que hoy es Presidente de la Nación. Yo recuerdo discusiones con Alberto, cuando aun no era Presidente ni candidato a serlo, donde me decía que le parecía impensable que Carlos Stornelli hubiese estado en relación con esa gente. El avance de la investigación pareció convencerlo de lo contrario, pero yo por respeto a su larga relación no volví a insistir con el tema. De hecho, me sorprendió cuando en la asamblea de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación de este 1° de marzo, sin mencionarlo aludió al tema.

Y no es que no esté de acuerdo con lo que manifestó el Presidente, que lo estoy, porque creo que es un escándalo que ese señor siga en funciones como fiscal. Por la sencilla razón que al estar siendo acusado y acusador al mismo tiempo, no está en condiciones de ejercer como fiscal hasta tanto se dilucide su situación procesal. Y esto porque Stornelli tiene el legítimo derecho a defenderse y es necesario que lo haga, pero no puede confundir su defensa con el ejercicio de sus funciones como fiscal. Y las confunde. Recientemente se apartó de la causa de espionaje ilegal que está radicada en Lomas de Zamora. Curioso apartamiento, que parece haber sido fruto de las presiones intra Comodoro Py, más que de su sentido de la ley. Porque Stornelli ya había intervenido en incidentes previos en la causa de Lomas de Zamora. En particular recuerdo una intervención en la que calificó las investigaciones sobre inteligencia ilegal como una “bola de moco”. La cita es literal. El detalle que no debo omitir para que entiendan a qué me refiero es que Stornelli, acusado de maniobras de inteligencia ilegal, intentó usar como defensa escuchas telefónicas –que hoy sabemos ilegales— que fueron obtenidas a través de maniobras que se investigan en la causa de Lomas de Zamora. El que invocaba esas escuchas para defenderse, pretendía ser fiscal en la causa donde se investiga cómo y sobre todo quién produjo esas escuchas.

De las últimas apariciones públicas de Stornelli me resultó llamativa aquella en la que declaró que hablaría con Alberto Fernández “de hombre a hombre”, una vez que este último dejase de ser Presidente. Cuando la leí, pensé que era un pase de factura entre viejos amigos, además de una machiruleada. Pero después reflexioné y caí en cuenta que no estaba anunciando un futuro pugilato. Porque con el Presidente podés agarrarte a las trompadas perfectamente. Lo que estaba diciendo Stornelli era mucho más siniestro, respecto no sólo de Alberto sino de todos los argentinos. Led estaba comunicando que cuando el Presidente deje de serlo, tendrían una charla de fiscal a hombre. Señal que en algunos cerebros aún resuenan las melodías engañosas de las sirenas del lawfare y de los procesos judiciales como herramientas de castigo, persecución y venganza.

Y sobre el lawfare habló el fuego, el jueves, En su alegato de nuevo vimos a una Cristina encendida. Que en poco menos de una hora declaro ante la Sala I de la Casación Federal en esa gran mentira que es la causa Dólar Futuro. A decir verdad, esa causa es un invento para forzar una devaluación de la moneda argentina durante el proceso electoral del 2015.

En las elecciones de 2015 se disputaban la primera magistratura, en segunda vuelta, Juntos por el Cambio, cuyo candidato era Mauricio Macri, y el peronismo, cuya lista encabezaba Daniel Scioli. El peronismo se negaba a devaluar y Juntos por el Cambio presionaba a favor de la devaluación. Y sospecho que además no querían hacerla ellos, por los enormes costos políticos que significaría. Querían que la hiciera Cristina. Para luego poder culparla también por eso. En esa búsqueda de forzar la devaluación hicieron esa denuncia absurda donde judicializaban una medida de política económica, lejos por completo de las cuestiones que pueden ser revisadas por los tribunales.

Mucho no les importó a los denunciantes Federico Pinedo y Mario Negri esa condición jurídica de política económica e hicieron la denuncia señalando que una de las medidas de política económica implementadas para controlar el valor de dólar, a través de los contratos de dólar futuro, era una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos. Como bien explicó Cristina, la denuncia recayó en el juzgado de Bonadío, que hizo un allanamiento al Banco Central en plena jornada cambiaria. Pese a eso no lograron que Cristina permitiera la devaluación y finalmente fue el gobierno de Macri quien debió realizarla. No tengo que explicar las consecuencias nefastas para todos los argentinos que esa devaluación provocó en nuestra economía, no solo la macro del país, sino la cotidiana, la tuya y la mía, la de todos los días.

La causa de Dólar Futuro, como tantas otras que siguieron durante el gobierno de Mauricio Macri contra ex funcionarios del gobierno de Cristina y contra la propia Cristina, estuvo signada por hostigamientos, persecuciones y la ausencia de garantías constitucionales para los acusados. Y es así como esta causa que ya todos reconocen carece de entidad penal, porque no hubo delito, llegó cinco años después al momento de ser elevada a juicio. Con una pericia unánime que dice con toda claridad que no hubo ni delito ni perjuicio para el Estado en los contratos de Dólar Futuro.

Todo lo que acabo de contarles lo dijo con toda claridad en su alegato CFK. Y también explicó algo que sabemos ya a esta altura: que el lawfare es una estrategia de control social, a través de la estigmatización, persecución y hostigamiento judicial, mediático y político, destinado a permitir la implementación de modelos económicos a los cuales los movimientos populares se oponen por ser nefastos para el pueblo. En los años ’70 a los líderes populares que encabezaban la resistencia popular los obligaban a exiliarse, los detenían o lo desaparecían.

En estos tiempos ya no hay dictaduras como aquellas, pero hay colaboración entre el Poder Judicial y el poder económico y hacen lo mismo, usando las herramientas del propio Poder Judicial. Y así intentan revestir de legalidad aparente la misma vieja persecución y por las mismas viejas causas. Y lo que dijo con toda claridad la Vicepresidenta es que además de torcer las normas del Estado de Derecho y la democracia, los actores del lawfare habían sido mucho más que solo Bonadío. Quienes convalidaron ese funcionamiento anómalo e ilegal fueron los tribunales en su conjunto.

Finalmente, y para espanto de su sufrido abogado, mi amigo Alberto Beraldi, Cristina no pidió su sobreseimiento, sino que los tribunales argentinos apliquen la ley y cumplan la Constitución. En pocas palabras, que los tribunales argentinos hagan lo que tienen que hacer.

Humildemente y como abogada, me pliego a ese pedido. Creo que somos muchos lo que acompañamos el pedido de Cristina Fernández. Ya es tiempo que los tribunales hagan aquello que por la Constitución y las leyes están llamados a hacer.

 

 

 

 

 

 

 

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