Cosmética y compra de votos

 

Tras el escándalo del procesamiento del intendente de Maipú, Matías Rapallini (Juntos por el Cambio) y otras siete personas por haber retenido los documentos de al menos 27 vecinos para evitar que voten en las elecciones de 2019, el juez federal Alejo Ramos Padilla considera que hay más afectados y citó a 36 nuevos testigos para ampliar la investigación. Un ex policía reconoció haber retenido 350 documentos.

El festejo por las elecciones en las que ganó por sólo 48 votos duró poco. La oposición denunció que la municipalidad había aprehendido al menos 150 documentos de vecinos para que no pudieran votar. Algunos de ellos aparecieron tirados en la calle.

Por este hecho hay una causa abierta en el Juzgado Federal de Dolores, que estuvo a cargo de Ramos Padilla, quien ahora tiene competencia para decidir sobre cuestiones electorales en la Provincia de Buenos Aires, como titular el juzgado federal 1 de La Plata. El procesamiento sin prisión preventiva por fraude electoral alcanzó a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas.

Del expediente surge que  están acusados de realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.

Facundo Coudannes, entonces candidato a intendente y actual presidente del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Maipú, denunció el hecho y solicitó sin éxito la impugnación de los comicios. “Todas las víctimas dieron cuenta de una modalidad similar: días antes de las elecciones una persona les ofrecía ‘comprarles’ su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc., y ellas, enmarcadas en un estado de necesidad, accedían”, explicó el juez.

Si las denuncias se formalizaron en 2019, ¿cómo es posible que los procesen casi tres años después? ¿Quién convalida el poder que sigue detentando el intendente? ¿Por qué aún no fue apartado de su cargo? ¿Existen recursos judiciales para que los maipuenses tengan a un gobernante que se merezcan o al menos uno que elijan legítimamente?

En este contexto, Rapallini debería ser suspendido preventivamente hasta tanto se resuelva su situación procesal, por varias razones.

El artículo 194 de la Constitución de la Provincia de Buenos aires dispone que los funcionarios municipales que por deficiencias de conducta o incapacidad sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos son personalmente responsables no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios derivados de ellos, y que la ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución.

Además, el artículo 246 de la Ley Orgánica de las Municipalidades estipula que los funcionarios a los que se imputa la comisión de irregularidades graves deben ser preventivamente suspendidos. Si llegara a ser condenado debe ser destituido.

 

 

Constelaciones familiares y empresariales

Matías Rapallini trabajó en la empresa de su familia, Gigot Cosméticos, capacitando a líderes de ventas. Es licenciado en Psicología Sistémica y realiza talleres de “Constelaciones Familiares y Empresariales”. Con su exitoso emprendimiento hizo giras por la Argentina, Perú, México, España y Miami.

Y si hablamos de constelaciones familiares hay que reconocer que supo convertirse en el sucesor de su hermano Aníbal, quien gobernó el pueblo durante ocho años.

En plena segunda ola de la pandemia abandonó la ciudad para ir a pasear a Estados Unidos, se contagió de Covid-19, volvió y se negó a cumplir con el aislamiento vigente en ese entonces, poniendo en riesgo a toda la población.

Cuando regresó al despacho se encontró con la novedad de que su ciudad había retrocedido de fase por el aumento de muertes y contagios. Al ingresar a Ezeiza firmó una declaración jurada, es decir un documento público, que nunca cumplió, ni aun siendo la máxima autoridad política del pago chico.

Llama la atención que a pesar de haber sido denunciado hace casi tres años por fraude electoral continúe ejerciendo, hasta el momento sin mayores contratiempos, y los vecinos sigan sin representación legal ni legítima ¿Esto es democracia? ¿Así se defiende la República?

 

 

 

 

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