CRIMEN SIN CASTIGO

 

Desde el mismo 25 de julio de 1976 se manipuló el sumario para desviar las investigaciones del homicidio ocurrido en Sañogasta, a treinta kilómetros de Chilecito, en el oeste riojano, sede del Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional, responsable de las operaciones represivas del terrorismo de Estado en esa jurisdicción.

La primera anormalidad fue que el sumario preventivo –7/76– no estuvo a cargo de la policía, sino de Gendarmería, que designó instructor al alférez Víctor González. A pesar de las evidencias criminales fue caratulado: “Presunta tentativa de privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas con muerte resultante”. El sumariante dejó asentado que se hacía “con intervención del señor Jefe del Área 314 Coronel Osvaldo Pérez Battaglia”, según mensaje suscripto por el Jefe del Escuadrón, comandante Alberto Garay.

Resultó también anormal que la autopsia del cadáver fuera realizada por el médico gendarme Carlos Rodríguez Alcántara [1], sin los médicos forenses, Santiago Darío Bazán y César Augusto Martínez.

Otra irregularidad se evidenció cuando la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984 solicitó al director del Hospital Herrera Motta el desarchivo de la autopsia. Y éste informó que la había realizado el médico Carlos Rodríguez Alcántara, “quien se llevó el informe” sin dejar copia, por lo que “no obra ninguna constancia en nuestros archivos”.

El fallecimiento se asentó en el Registro Civil un mes después, mediante una “sumaria informativa”, donde se agregó el certificado de defunción del cirujano Lorenzo Rivas González. Dijo que la causa era “homicidio” y le constaba “por haberlo atendido”, lo que difería de la carátula que el gendarme González había estampado en el sumario preventivo. El informe médico al director del hospital dio cuenta de “las múltiples heridas por arma de fuego” a corta distancia, detallando la entrada y el recorrido de seis impactos en el cuerpo de Pedernera.

En el hospital, mientras operaban a Wenceslao, el sumariante con la presencia de otros gendarmes interrogó a Marta Ramona “Coca” Cornejo sobre la relación de su familia con los curas franceses Andrés Siereye y Francisco D’Alteroche, radicados en la zona. Coca declaró en 1984 “que sólo preguntaban por los sacerdotes y nada sobre su marido… sobre ningún hecho que pudiera aportar datos para la investigación del asesinato”.

Esa misma madrugada fue interrogado Ángel Custodio Carrizo, quien acompañó el traslado de Wenceslao hasta el hospital. Dijo que la Gendarmería llegó a su casa y le preguntó sobre las amistades de Pedernera, a lo que él respondió “que se relacionaba con los curas de Chilecito”. A la misma pregunta, el cura Augusto Pereira respondió que Pedernera “era agricultor y trabajaba la tierra junto con Sanduay, Horacio y Nicanor, no recordando los apellidos de los últimos”. El mencionado Sanduay, Ramón Tomás, a su turno agregó que tenía relación con Pedernera por la explotación de un campo. Y cuando le preguntaron si había visto a Pedernera con personas que no eran del lugar, respondió que “siempre era visitado por sacerdotes”. Patricio Zuleta dijo que integraba una sociedad organizada por el padre Andrés, para trabajar en agricultura, siendo Pedernera encargado de los trabajos. En su declaración judicial añadió que “en la Gendarmería le preguntaron si se hacían reuniones en la casa de Pedernera y le mostraron fotos que le dijeron que pertenecían a curas, a fin de que reconociera a alguno de ellos, reconociendo únicamente al cura Andrés y Paco. Que las reuniones de los curas se hacían en la iglesia, cuando estos venían, inclusive el obispo”. Fue evidente que las averiguaciones de Gendarmería no apuntaron a las circunstancias del crimen; sino obtener informaciones del trabajo campesino de Wenceslao Pedernera como miembro de la pastoral diocesana.

El sumario de 80 fojas se elevó al Coronel Pérez Battaglia del Batallón 141 de La Rioja; y fue presentado al juez federal Roberto Catalán [2]. Caratulado: “Autores desconocidos p.ss.aa. homicidio – damnificado: Wenceslao Pedernera”, el expediente fue derivado al juzgado de Chilecito en noviembre de ese año, al declararse incompetente.

 

 

La impunidad

A casi ocho años del crimen, en enero de 1984, los párrocos de Sañogasta y Chilecito, reclamaron públicamente “la investigación judicial sobre todo lo actuado en esta región y particularmente sobre el asesinato en Sañogasta del laico Wenceslao Pedernera. El asesinato de nuestro laico campesino no fue en aquel 25/7/1976 un hecho aislado, equivocación o exceso sino terror de Estado”. Ese mismo año, la esposa de Wenceslao declaró ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos que “unos dos o tres días antes del 25 de julio, una persona amenaza al marido, Wenceslao Pedernera, pero no le relata quién era la persona. Esta amenaza era de muerte. Que cree que los hechos que relata guardan relación con los acontecimientos que se dan en Chamical, una semana antes, cuando asesinan a dos sacerdotes, puesto que su marido guardaba estrecha relación con la Iglesia”. Contó que a pesar de sus pedidos, Wenceslao no quiso que abandonasen el lugar. En las primeras horas de la madrugada del domingo 25 de julio, “siento que golpean la puerta… corro la cortina y veo tres tipos vestidos de cuero y que los tres en fila estaban apuntando con armas… Apenas sacó Wence el pasador de la puerta, comenzaron a disparar, no dieron tiempo a nada”. Malherido, intentó defenderse, pero se repitieron los disparos. Las grandes manchas de sangre en el piso y la puerta, más el desorden de los muebles, que registró la inspección ocular al día siguiente, evidenciaron el forcejeo.

Los días previos varios vecinos –que declararon en sede judicial— vieron vehículos desconocidos que rondaban el lugar, siendo inusual en esa zona poco transitada. Se dijo después del crimen que el objetivo del grupo asesino era el párroco francés Serieye. Sin embargo, el comando de encapuchados acribilló a Wencesalo sin mediar palabras. No preguntaron nada, ni por nadie. Coca y sus vecinos cargaron a Wenceslao en una camioneta y lo llevaron al hospital de Chilecito. El médico de guardia Juan Yapur y el cirujano Lorenzo Rivas González lo atendieron, pero no resistió la tercera operación.

 

 

La batalla judicial

La investigación judicial sufrió vaivenes. Cuarenta años después, en 2016 la causa fue elevada parcialmente a juicio con el ex general Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. El inicio del juicio se suspendió en noviembre de 2017 cuando los jueces tucumanos Giménez Montilla y Casas se excusaron; hasta que se archivó “por extinción de la acción penal” al fallecer Menéndez en 2018.

La acusación fiscal dijo que “Wenceslao Pedernera era dirigente del Movimiento Rural Cristiano, que seguía la corriente de ideas de Monseñor Angelelli, lo que lo convirtió en uno de los elementos denominados ‘subversivos’ a eliminar en la zona o esfera de acción y control de Gendarmería Nacional, en donde se destacó sin lugar a dudas la labor de Eduardo Abelardo Britos, quien actuó directamente en detenciones e interrogatorios en violación a los Derechos Humanos y en las tareas propias de inteligencia que tenían como fin determinar como ‘blancos’, las personas que el sistema represivo debía eliminar, tal como sucedió en el presente caso”. Y reprodujo declaraciones que señalaron al ex alférez Britos como uno de los principales miembros del comando criminal.

Juan Manuel Garrot, ex preso político, ratificó en sede judicial lo publicado en el diario El Independiente. Declaró que en el interrogatorio Britos le dijo que “él quería saber adónde tenían o escondían las armas los curas y que si no le decía me iba a hacer boleta como a Wenceslao Pedernera en Sañogasta… él se adjudicó la autoría del asesinato de Wenceslao Pedernera en varias oportunidades más”. También dijo que sabía que “hubo otro alférez que le recriminó a Britos ‘por qué había hecho eso’ si supuestamente lo tendrían que haber detenido; por lo que Britos se dio vuelta con la pistola haciéndole un tiro en los pies por lo que lo hiere; que ese alférez sería de apellido Santucho”. El ex gendarme Claudio Ramón Santucho ratificó lo dicho por Garrot. Y agregó: “Yo estaba herido… El Jefe del Escuadrón Principal Garay armó una situación como si yo hubiese estado como oficial de servicio, no estando yo ese día”. La falsa versión de Gendarmería afirmaba que el tiro en el pié izquierdo se produjo en el Escuadrón. La Fiscalía sostuvo que la institución “se ocupó de borrar las evidencias… intentando hacer pasar la agresión de Britos a Santucho como si fuese un accidente durante la prestación de servicios”. Como constancia acompañó el registro del hecho falsificado en el Libro de Guardia de la Gendarmería, la noche del 24 al 25 de julio de 1976. Allí también, para sumar al desvío de la investigación, se informó que “una patrulla se dirigió a Sañogasta… a efectos de identificar o detectar y/o detener elementos presuntamente extremistas, quienes habrían efectuado un atentado contra la persona de Wenceslao Pedernera”.

En su extensa declaración Graciela Gasparovich, que era novia de Abel Guillermo Britos, hermano de Eduardo Abelardo y también gendarme, relató el maltrato y torturas a un grupo de mujeres detenidas con los ojos vendados, algunas con sus hijos y otras embarazadas, en el Escuadrón que el Alférez Britos les mostró a ella y a su propia novia “Blanquita”. En relación a esto la Fiscalía destacó “las circunstancias concomitantes o inmediatamente posteriores al homicidio de Wenceslao Pedernera, cuando Britos insultaba por la forma de actuar de los gendarmes y dirigiéndose a su novia o pareja le dijo ‘vos sabés lo de Sañogasta’, en obvia alusión a la muerte de Pedernera”.

El legajo personal de Gendarmería Nacional afirma que Eduardo Abelardo Britos se desempeñó en el Escuadrón 24 “Chilecito” desde 31/12/1974 hasta el 9/02/1978, cumpliendo entre otras las tareas de oficial de inteligencia. Y que “ha demostrado mayor aptitud en ‘inteligencia y procedimientos policiales’… en el área de inteligencia, específicamente en la represión a las actividades subversivas”. En otro se indica que “en el ámbito del Escuadrón 24 “Chilecito” de Gendarmería Nacional, puede sostenerse que tanto las tareas de ‘inteligencia’ como las ‘operativas’ habrían reposado principalmente en el entonces alférez Eduardo Abelardo Britos, "quien respondía al Comandante Godoy, y ambos reportaban al Coronel Pérez Battaglia".

El ex gendarme estuvo prófugo en Paraguay. Y si bien fue otorgada su extradición para ser juzgado en otras causas, aún no pudo ser indagado por el crimen del laico de Sañogasta, al no estar concedida la ampliación de la extradición. Entidades de derechos humanos y religiosas, incluidas las episcopales, solicitaron a la Cancillería argentina la aceleración del trámite. En junio pasado la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese ministerio pidió ante la Embajada de Paraguay conocer “el estado procesal del exhorto… teniendo en cuenta que en la causa consultada se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad cuya persecución y castigo son de especial interés para el Estado argentino”; y requirió “imprimirle a este trámite carácter de muy urgente”.

Que la impunidad no siga vigente, ni el paso biológico la haga definitiva. Antes que sea tarde, la Justicia por Wenceslao debe llegar.

 

 

 

[1] El Dr. Carlos Rodríguez Alcántara fue denunciado por víctimas torturadas en el Escuadrón de Gendarmería en 1976.

[2] El Juez Federal Roberto Catalán, de La Rioja, que actuó desde antes de 1976 y se mantuvo luego de 1983, fue denunciado por delitos de lesa humanidad contra personas detenidas por el terrorismo de estado. Fue juzgado en La Rioja y condenado a 14 años de prisión.

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