Cristina Fernández de Kirchner está hoy detenida, proscripta y nuevamente citada a declarar ante los tribunales federales de Comodoro Py por la llamada causa de los cuadernos. La escena se repite con una insistencia que ya no puede interpretarse como un episodio judicial más: la principal dirigenta de la oposición obligada a volver, una vez más, a los pasillos de un sistema judicial que desde hace años la tiene como blanco central.
Esta citación no ocurre en el vacío. Forma parte de un proceso de hostigamiento que se extiende por más de una década y que combina ofensiva judicial, operaciones mediáticas y presión política. Ni siquiera el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre de 2022 detuvo esa dinámica. No se trata de episodios aislados ni de discusiones jurídicas ordinarias. Lo que se viene desplegando en la Argentina es una persecución sostenida contra una figura que continúa ocupando un lugar decisivo en la vida pública del país.
Las formas cambian, pero el objetivo permanece: apartar del escenario político a quien cuestiona el rumbo económico y social que hoy se intenta consolidar. Durante más de una década, los gobiernos encabezados por Cristina impulsaron políticas que ampliaron derechos, fortalecieron el rol del Estado, promovieron la industria nacional y mejoraron la distribución del ingreso. Ese proceso chocó con intereses muy concretos y muy poderosos, tanto dentro como fuera de la Argentina.
Cristina no representa únicamente la memoria de ese período. También expresa una capacidad política e intelectual poco frecuente para interpretar esta etapa histórica y pensar respuestas desde la perspectiva de las grandes mayorías. En un mundo atravesado por la concentración económica, el poder creciente de las corporaciones y la financiarización global, su intervención ha insistido en una idea sencilla: sin política, sin Estado y sin organización social, el poder económico avanza sin límites.
Ese es el núcleo del conflicto. No se trata de una disputa personal ni de una diferencia entre dirigentes. Lo que está en discusión es el tipo de país que se intenta construir. De un lado aparece una Argentina subordinada al capital concentrado, alineada con los centros de poder global y cada vez menos dispuesta a tolerar cualquier intento de regulación democrática de la economía. Del otro, una tradición política que sostiene que la economía no puede organizar la vida social a su antojo y que la política tiene la obligación de intervenir cuando el mercado produce desigualdad, concentración y exclusión.
La Argentina que hoy se intenta imponer se ubica claramente en el primer lado de esa disputa. Se trata de un país alineado sin matices con Estados Unidos e Israel, con un Estado debilitado frente al poder económico y con políticas que vuelven a transferir recursos desde las mayorías hacia los sectores más ricos mediante desregulación económica, ajuste del gasto público y debilitamiento de los instrumentos de intervención estatal. En ese contexto, la figura de Cristina resulta profundamente incómoda para los intereses dominantes. Cuando una dirigente cuestiona ese orden y conserva capacidad política para disputar el rumbo del país, el sistema encuentra distintas maneras de intentar apartarla del camino. Dentro de ese marco debe leerse la llamada causa de los cuadernos.
El expediente se originó en 2018 a partir de anotaciones atribuidas a Oscar Centeno, chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación. Según la hipótesis acusatoria, esas anotaciones describirían supuestos recorridos vinculados a entregas de dinero de empresarios a funcionarios durante varios años. Sobre ese material se construyó la teoría de que habría existido una estructura destinada a recaudar pagos ilegales relacionados con contratos de obra pública.
Hasta ahí llega la versión oficial del caso. El problema aparece cuando se examina cómo se construyó realmente esa causa.
La investigación comenzó con fotocopias de los cuadernos y no con los originales. Durante más de un año el expediente avanzó, se ordenaron detenciones y se tomaron declaraciones basándose exclusivamente en ese material. Los supuestos cuadernos originales aparecieron mucho tiempo después y su procedencia fue objeto de fuertes cuestionamientos dentro del propio proceso judicial. La cadena de custodia nunca fue explicada de manera convincente, un aspecto central en cualquier investigación penal que pretenda sostenerse sobre evidencia documental.
Dicho de manera simple: una causa que pretende explicar más de una década de historia política argentina terminó edificándose sobre fotocopias cuyo origen jamás fue aclarado de manera convincente.
A partir de ese material se ordenaron detenciones de ex funcionarios y empresarios, muchos de los cuales atravesaron largos períodos de prisión preventiva. En ese contexto aparecieron las llamadas declaraciones de arrepentidos, que pasaron a ocupar un lugar central dentro de la acusación. En numerosos casos esas declaraciones se produjeron después de detenciones prolongadas o bajo la expectativa de obtener beneficios procesales, lo que plantea serias dudas sobre la libertad real con la que se produjeron esos testimonios.
La figura del arrepentido puede ser útil en investigaciones complejas, pero exige controles estrictos y corroboración independiente de cada declaración. Cuando una acusación de esta magnitud se sostiene en buena medida sobre testimonios obtenidos bajo presión judicial y sin pruebas firmes que los respalden, lo que se pone en duda no es un detalle técnico del expediente sino la consistencia misma de la acusación.
Las defensas han señalado además un punto central: en miles de páginas del expediente no aparece una sola prueba directa que vincule a Cristina Fernández de Kirchner con los supuestos hechos descriptos en esas anotaciones. Tampoco existe ningún acto administrativo firmado por ella que configure una decisión irregular vinculada con los hechos investigados. Este punto es fundamental. En el funcionamiento del Estado las decisiones se expresan a través de actos administrativos concretos y, si la acusación sostiene que desde la Presidencia se organizó un sistema de recaudación ilegal, debería existir al menos una decisión formal que refleje esa conducta. Ese acto administrativo simplemente no aparece en el expediente.
En lugar de demostrar conductas específicas, la imputación intenta sostenerse sobre inferencias y sobre la presunta existencia de una organización general. En los hechos se pretende construir responsabilidad penal a partir de la posición jerárquica que Cristina ocupaba como Presidenta, un criterio incompatible con principios básicos del derecho penal, que exige probar participación personal en hechos determinados y no deducir culpabilidad por el cargo que una persona haya ejercido.
A esto se suma el uso extensivo del delito de asociación ilícita, una figura penal que permite imputar responsabilidades por la mera pertenencia a una supuesta organización incluso cuando no se logran demostrar hechos concretos cometidos por cada acusado. Esa figura ha sido utilizada reiteradamente en distintas causas para sostener acusaciones generales cuando no aparecen pruebas directas sobre conductas específicas.
El resultado es un expediente que combina fotocopias de origen discutido, declaraciones obtenidas bajo presión judicial y una acusación construida a partir de una figura penal extremadamente amplia. No es exagerado afirmar que estamos frente a un verdadero mamarracho jurídico, cuyo problema no es únicamente técnico sino profundamente político.
Desde hace años, una parte visible del Poder Judicial argentino dejó de comportarse como un poder independiente para intervenir como actor dentro de la disputa política. Las filtraciones selectivas de información, la espectacularización mediática de los procesos judiciales, el uso recurrente de la prisión preventiva y la coincidencia entre decisiones judiciales y momentos clave de la coyuntura configuran un patrón difícil de ignorar.
Ese fenómeno ha sido ampliamente discutido en distintos países de América Latina y suele describirse con un término que ya forma parte del debate político contemporáneo: lawfare. En términos simples, consiste en utilizar herramientas judiciales para intervenir en la competencia política. No implica negar la necesidad de investigar hechos de corrupción; implica advertir que el derecho penal puede ser utilizado de manera selectiva para debilitar o apartar de la vida pública a determinados dirigentes. Experiencias recientes en Brasil o Ecuador muestran hasta qué punto el uso político del aparato judicial puede alterar el curso de procesos democráticos.
En la Argentina ese mecanismo ha sido particularmente persistente en relación con Cristina Fernández de Kirchner. Durante años fue citada reiteradamente a tribunales, procesada en múltiples causas y colocada de manera permanente en el centro de una escena judicial que parece no tener fin. Esa reiteración produce un efecto político evidente: instalar en la sociedad la idea de culpabilidad permanente de una dirigente que continúa teniendo un peso decisivo en la vida pública del país.
No alcanza con condenarla, detenerla y proscribirla. También necesitan mantenerla permanentemente bajo sospecha. Por eso la defensa frente a esta persecución judicial no es una cuestión de simpatías personales ni de pertenencia partidaria. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: la capacidad de una sociedad para decidir su rumbo sin que los tribunales, los grandes medios y el poder económico definan de antemano quién puede participar en esa discusión y quién debe quedar afuera.
En una democracia, las diferencias políticas se dirimen en las urnas y, cuando esa regla se invierte y los tribunales pasan a ocupar ese lugar, la justicia deja de cumplir su función y el sistema democrático comienza a deteriorarse. La persecución judicial convertida en método de intervención política deja de afectar solamente a una dirigente y pasa a comprometer el funcionamiento mismo del sistema institucional. En ese punto, la democracia empieza a convertirse en una ficción.
Mientras la principal dirigente de la oposición argentina permanezca condenada y proscripta en procesos judiciales atravesados por irregularidades, pruebas débiles y acusaciones construidas por inferencia, el funcionamiento democrático seguirá bajo una sombra inquietante. No estamos hablando de una dirigente más. Hablamos de una figura central de la vida política del país, de una dirigente que durante años expresó en las urnas la voluntad de millones de argentinos. La libertad de Cristina Fernández de Kirchner no es solamente la situación personal de una dirigente: es también una condición necesaria para que la democracia argentina recupere plenamente su legitimidad y para que el destino del país vuelva a decidirse donde siempre debió decidirse, en la voluntad popular y no en los tribunales.
* Lorena Pokoik es diputada de Unión por la Patria.
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