Cuando los paraísos sangran

Las maniobras de evasión fiscal de multinacionales y las sangrías de Estados Unidos

La Argentina deja de recaudar anualmente el equivalente a una vez y media el presupuesto del Ministerio de Salud, que lidera la lucha contra el coronavirus, como consecuencia de las maniobras de elusión y evasión fiscal de las empresas multinacionales y de las grandes fortunas individuales. Por su lado, Estados Unidos es el principal beneficiario del negocio offshore en el mundo y uno de los mayores receptores de los flujos financieros ilícitos desde la Argentina. Si bien se conocieron recientes cambios legislativos en su normativa interna, este país busca frenar su propio drenaje de flujos al exterior, y continúa siendo una de las guaridas fiscales más importantes del mundo.

El informe sobre el “Estado de la Justicia Fiscal 2020” de Tax Justice Network (TJN) estima que el mundo está perdiendo más de 427.000 millones de dólares en impuestos anualmente debido al abuso fiscal internacional. De esos 427.000 millones, casi 245.000 millones de dólares (el 57% del total) se pierden debido a las maniobras de las empresas multinacionales que desvían ingresos hacia guaridas fiscales para subdeclarar las ganancias reales obtenidas en países donde efectivamente generan ingresos y, de esa forma, logran erosionar la base imponible en estos últimos y pagar menos impuestos de los que deberían. Se calcula que las corporaciones multinacionales están transfiriendo ganancias por 1,38 billones de dólares a guaridas fiscales cada año. Por otra parte, los 182.000 millones de dólares restantes (el 43% de los 427.000 millones) se pierden a causa de personas físicas que ocultan activos e ingresos no declarados en el exterior.

En promedio, se calcula que se pierden a nivel global, a raíz de la utilización de las guaridas fiscales, el equivalente al 9,2% de los presupuestos de salud de todo el mundo. Además, las pérdidas fiscales de los países de ingresos más bajos son más del doble que los de altos ingresos en términos relativos, considerando los recursos fiscales que recaudan. Los países de más bajos ingresos pierden el equivalente al 5,8% de sus ingresos fiscales, mientras que los países de ingresos más altos pierden el 2,5%.

Tax Justice Network (TJN) calcula que, anualmente, la Argentina pierde recursos tributarios a causa de la elusión y evasión fiscal de personas y empresas por 2.684 millones de dólares, que es igual a una vez y medio el presupuesto destinado al Ministerio de Salud en 2021. De los cuales, 2.341 millones se deben a pérdidas anuales por el abuso por parte de empresas y los 343 millones restantes se originan en riqueza personal financiera offshore. Esta última cifra estaría considerablemente subestimada, ya que TJN, que en su trabajo estudia a 215 paises, calcula esa pérdida impositiva previendo que la riqueza financiera offshore originada en Argentina fue de 19.600 millones de dólares en 2018. Sin embargo, conocemos a través de las estimaciones de INDEC que, en Argentina, los activos financieros externos (del sector privado no financiero), es decir, inversión de cartera y otra inversión (excluyendo la inversión directa en empresas e inmobiliaria por 41.400 millones), alcanzaban en 2018 los 251.500 millones de dólares y la estimación propia con los datos de la Balanza de Pagos (Método Residual) arroja alrededor de 388.000 millones de dólares de activos externos acumulados entre 1970 y 2018. Por lo que, en rigor, la pérdida impositiva por elusión y evasión de riqueza personal offshore en Argentina debería ser significativamente superior.

El informe de Tax Justice Network agrega que los tres principales socios comerciales que son los primordiales responsables de la vulnerabilidad a la que está expuesta la Argentina a través de su canal más vulnerable, que se halla en los depósitos bancarios, son los Estados Unidos (con un 58,1%), Suiza (con un 23,3%) y España (con un 4,2%).

Recientemente, Estados Unidos reforzó su legislación interna en materia de transparencia fiscal, a través de la “Corporate Transparency Act” (Ley de Transparencia Empresarial), que requiere que las empresas informen a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el beneficiario final, es decir la persona física que, directa o indirectamente, ejerce el control, es propietario o controla no menos del 25% de una entidad.

A pesar de esta reciente modificación, Estados Unidos no participa del modelo de intercambio automático de información financiera que estableció la OCDE y que se viene implementando desde el año 2017 en distintos países del mundo, inclusive en países no miembros de la OCDE, como la Argentina. Por el contrario, Estados Unidos se niega a adoptar el intercambio común que establece la OCDE y solamente realiza intercambios automáticos de información de conformidad con FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, en español, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), y siempre y cuando se hayan firmado acuerdos intergubernamentales (IGA) con cada jurisdicción.

La Argentina no posee un Acuerdo Intergubernamental con Estados Unidos en el marco de FATCA (IGA). Sin embargo, las instituciones financieras de Argentina están obligadas a informar a los Estados Unidos acerca de las cuentas bancarias de estadounidenses en nuestro país. La reticencia de este país en materia de intercambio de información automática provoca que la Argentina no reciba información de residentes argentinos con cuentas en Estados Unidos, a pesar de que nuestro país sí remite información sobre cuentas de residentes norteamericanos.

En un artículo anterior de El Cohete, señalé el riesgo que representan los Estados Unidos para la Argentina. Es el principal destino de los depósitos bancarios y de inversión de cartera de residentes de Argentina, y se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a las salidas por inversión directa desde Argentina, a la vez que es considerada una de las guaridas fiscales más importantes del mundo, ubicándose en el puesto número 2 del índice del secreto financiero que elabora TJN en 2020. Estados Unidos proporciona opacidad financiera para los no residentes, tanto a nivel federal como de Estados individuales. A nivel federal, su régimen bancario le permite recibir dinero legalmente que provenga de evasión. A nivel de los estados particulares, varios de ellos se han especializado en servicios offshore y secretismo para empresas extranjeras. Tres Estados, Delaware, Nevada y Wyoming se conocen como los más agresivos en materia de secretismo societario y requerimientos laxos para la constitución de sociedades.

Mientras tanto las economías periféricas no pueden evitar perder invaluables recursos en un contexto tan crítico como el que acontece. La regresividad del sistema tributario provoca efectos muy negativos sobre la desigualdad de ingresos, el crecimiento económico y el desempleo. Los huecos internos y las brechas que existen entre los distintos sistemas normativos nacionales no hacen más que profundizar esa regresividad. Las últimas modificaciones normativas por parte de los Estados Unidos no contribuirán a la fiscalización por parte de la Argentina. Su verdadero interés en esta materia está asociado, más bien, a frenar su propia sangría de recursos a causa de la evasión fiscal y el lavado de activos que sufre internamente. Por el contrario, Estados Unidos es el principal beneficiario del negocio offshore en el mundo y principal receptor de los flujos que drenan de nuestro país.

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