Detrás de los fuegos artificiales mediáticos de la atípica ceremonia de asunción del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, el viernes en el auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali, ha pasado desapercibida la devastadora denuncia que realizaron expertos independientes y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la gravedad de la situación en Cuba. La víspera de la asunción de De la Espriella —que agrega un eslabón más al entramado geopolítico que Washington concibe como el “Escudo de las Américas”—, los expertos calificaron las recientes medidas contra la isla como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción, e instaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en ese país, citando a cuatro miembros demócratas del Congreso estadounidense luego de visitar Cuba.
Asimismo, señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural. Advirtieron que la alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política, pues las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana.
Con relación al patético informe que presentó el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, el 20 de julio, titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que describe a la isla como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, los expertos deploran que las autoridades estadounidenses carezcan de pruebas concretas para afirmar que Cuba apoya el terrorismo o actividades subversivas. En dicho informe se acusa a La Habana de sostener una guerra de desgaste no convencional a través de la infiltración política, el ciberespionaje de alto nivel y el financiamiento encubierto a movimientos radicales de izquierda dentro de las fronteras de Estados Unidos. Antes, el pasado 29 de enero, un decreto de emergencia nacional emitido por el gobierno de Trump declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”, por lo que prohibió el suministro de petróleo a la isla bajo pena de imponer aranceles a quienes lo hicieran. Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la “amenaza a la seguridad nacional” es un pretexto fabricado e infundado con el único propósito de justificar el severo bloqueo energético y el castigo colectivo a su población, y construir un andamiaje legal ante la opinión pública para una eventual agresión militar.
Las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de EEUU contra #Cuba, en particular del cerco energético.
Este último no sólo impide la libre importación de combustibles. Bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas… pic.twitter.com/DFKlA1Ebec
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 4, 2026
No puedo respirar
El embargo económico instrumentado por Estados Unidos evoca la imagen del policía Derek Chauvin en Minneapolis, en 2020, presionando su rodilla sobre el cuello de George Floyd, mientras esposado y boca abajo le decía que no podía respirar hasta que dejó de hacerlo, dando lugar a grandes movilizaciones del movimiento Black Lives Matter. El gobierno estadounidense argumenta que la víctima, en este caso Cuba, “puede respirar” porque legalmente el bloqueo incluye excepciones humanitarias. Sin embargo, lo real es que el peso del cuerpo legal de las sanciones cancela cualquier entrada de oxígeno.
El marco normativo estadounidense incluye excepciones humanitarias en el comercio con Cuba, pero en la práctica, su existencia no evita el impacto humanitario. La ley prohíbe que Cuba compre alimentos a Estados Unidos utilizando créditos bancarios, por lo que todo debe pagarse por adelantado y en efectivo. Al estar Cuba incluida en la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo (junto con Irán, Corea del Norte y Siria), la inmensa mayoría de los bancos internacionales congelan o rechazan transferir dinero hacia la isla por temor a ser multados por Washington. Además, el embargo estipula que cualquier barco comercial extranjero que toque un puerto cubano tiene prohibido entrar a puertos estadounidenses durante los siguientes 180 días. Como Estados Unidos es el mercado de carga más grande de la región, casi ninguna gran naviera internacional acepta llevar alimentos o medicinas a Cuba porque el castigo logístico les arruinaría sus rutas principales.
El sector sanitario es el ejemplo más claro de cómo las excepciones humanitarias fallan en la práctica. El bloqueo de suministros de petróleo desde enero ha provocado apagones masivos y cortes de energía crónicos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido recientemente que el desabastecimiento de diésel y electricidad interrumpe directamente la cadena de frío de vacunas, inhabilita los quirófanos y paraliza el transporte de ambulancias, provocando la pérdida evitable de vidas humanas. Las cifras oficiales de la isla reportan que más de 100.000 cirugías se encuentran paralizadas o en lista de espera por falta de material quirúrgico básico (incluyendo miles de pacientes oncológicos y niños).
El grupo biotecnológico estatal BioCubaFarma ha alertado de su incapacidad para garantizar el suministro de cerca de 300 medicamentos esenciales porque el cerco financiero les impide comprar materias primas químicas a proveedores internacionales. Si un medicamento o equipo médico contiene más de un 10% de componentes o patentes originarias de Estados Unidos, Cuba no lo puede comprar directamente. Debe buscar alternativas en mercados lejanos como China, India o Europa, incrementando los costos de transporte. Además, debido al veto de los 180 días a los barcos mercantes, docenas de contenedores con donaciones de ayuda humanitaria internacional terminan varados durante meses en aduanas y puertos de terceros países.
Válvulas de escape
En medio de las tensiones con Estados Unidos, el gobierno cubano aprobó, a mediados de junio, 176 medidas que buscan flexibilizar su modelo económico y social, ampliar el rol del sector privado y abrir nuevas vías a la inversión extranjera. Así, se incluyen medidas que promueven la apertura a la iniciativa privada en combustibles y energías renovables, la creación de empresas privadas sin límite de empleados, la venta de inmuebles estatales y la autorización para que ciudadanos abran cuentas bancarias en divisas. Si bien estas no significan el fin definitivo de la economía planificada, marcan el giro más drástico hacia el mercado libre desde el triunfo de la revolución de 1959.
A semejanza de la apertura de mercado y el control político absoluto del Partido Comunista en algunos países asiáticos, el gobierno cubano dice que mantendrá el modelo socialista, definiendo las medidas como una “actualización” y no como una transición al capitalismo. El Presidente cubano ha dicho que el objetivo oficial es salvar al régimen del colapso energético y financiero actual, no desmontarlo. Para Donald Trump y Marco Rubio estas reformas no representan una apertura económica auténtica, sino una maniobra típica para aliviar la presión internacional sin ceder el control político, por lo que mantendrán la asfixia económica de forma sostenida e incremental para colocar a Cuba en una trayectoria irreversible hacia un cambio de régimen radical antes de que termine el año, tal como lo reporta el New York Times y Axios. Asimismo han revelado que Washington explora qué figuras dentro del entorno o las fuerzas de la isla podrían formar parte de un liderazgo alternativo si el modelo actual colapsa definitivamente por la falta de energía y combustible.
Marco Rubio ha declarado explícitamente que el plan de Estados Unidos consiste en una campaña de máxima presión constante: “Cada vez que creen un nuevo mecanismo para intentar salir del lazo (cerco), simplemente lo cerramos”. Por eso, para neutralizar el impacto del paquete económico cubano, Washington ha ampliado sus sanciones bloqueando de inmediato a las nuevas entidades e instituciones financieras como el Banco Financiero Internacional —sociedad anónima de capital totalmente cubano fundada en 1984, encargada de canalizar las operaciones monetarias y crediticias en divisas extranjeras—, clave en el nuevo plan de captación de divisas. El Presidente Díaz-Canel ha comparado el bloqueo energético estadounidense con las tácticas coloniales de reconcentración del siglo XIX, ratificando que el país persistirá en su reforma de la mano de socios alternativos como China y Vietnam para no ceder ante las exigencias de Washington.
El sonido del silencio
En este escenario, Cuba solicitó el pasado 7 de julio una sesión extraordinaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir el impacto inmediato de las nuevas restricciones energéticas aplicadas por la administración Trump. La propuesta fue aprobada con el voto favorable de 136 países, la tajante oposición de Estados Unidos —junto con ocho países más entre los que se encuentran la Argentina, Paraguay y Costa Rica—, la abstención de 30 (Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y República Dominicana, Granada y Trinidad y Tobago) y dos ausentes: Antigua y Barbuda y Guyana.
La delegación estadounidense había notificado a varias misiones diplomáticas que Washington registraría y analizaría al detalle los votos y los discursos de cada nación que apoyara la iniciativa de Cuba para abrir el plenario, sugiriendo que traería consecuencias negativas en las relaciones bilaterales con la Casa Blanca. La información sobre la presión diplomática de Estados Unidos se conoció a través de un cable secreto firmado por Marco Rubio el 1º de julio, el cual fue filtrado a la prensa y publicado por The Nation. Este documento instruía a las embajadas estadounidenses para presionar a los gobiernos de los países sede a votar contra la sesión de debate sobre Cuba, acción que fue denunciada públicamente por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, basándose en la filtración.
A pesar de estos esfuerzos, el argumento estadounidense de mantener el asunto cubano bajo un marco estrictamente bilateral fracasó, ya que la gran mayoría de representantes de la comunidad internacional consideró que el alcance extraterritorial del bloqueo petrolero e institucional configuraba una urgencia de carácter global. Cuba logró demostrar que el lazo económico que le imponen puede ser asfixiante, pero el lazo político internacional con el que Estados Unidos intenta aislarla todavía tiene demasiadas grietas.
La campaña de máxima presión, dirigida por Marco Rubio, tuvo un efecto directo en la fragmentación del voto latinoamericano, que expuso de forma nítida la profunda fractura diplomática que existe actualmente en la región. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es incapaz de articular un pronunciamiento conjunto para exigir el respeto elemental al derecho internacional y frenar el estrangulamiento económico en la isla. Si bien es cierto que en Cuba son necesarios cambios económicos y políticos —algo que sabe su dirigencia—, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla tienen graves consecuencias humanitarias, tal como advierte el documento publicado por expertos independientes y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 6 de agosto. El informe señala también que las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos contra Cuba contravienen el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas; que estas forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen; que deben revocarse todas las medidas que se han impuesto contra el país y que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deben abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales.
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