Los picos de nuestro iceberg
Se llaman picos estadísticos a los puntos máximos que se marcan en un gráfico de distribución, donde la concentración (o frecuencia) de los datos es mayor que en los demás. Dan cuenta de la condensación de casos que uno está estudiando cuantitativamente, en nuestro caso: hechos. Al medir las violencias vinculadas al narcotráfico mes a mes, encontramos dos picos de homicidios y violencia altamente lesiva en San Martín en el primer semestre de 2026.
El pico con más homicidios fue en enero, con diez hechos, y ojalá que ningún otro mes le saque el podio. Estos casos ya fueron detallados en la nota “A las armas las carga el narco”. Nos ahogaba el calor y estábamos impresionados porque la violencia seguía escalando. La cantidad de muertes y el ataque narco a un juzgado, entre otras cosas, nos impulsaron a armar el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas en San Martín, para estudiar el tema con rigor científico y vocación transformadora.
Desde el Centro Popular de Acceso a la Justicia (CEPAJ), junto al Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y la Universidad de San Martín, en el primer informe y junto a la Universidad de Quilmes, en el segundo, elaboramos una herramienta para construir datos estadísticos y entender qué está pasando en nuestros pagos. De la mano de las víctimas, relevamos casos a través de entrevistas a fuentes especializadas, expedientes judiciales; analizamos fuentes policiales, noticias de medios de comunicación locales y nacionales y, por supuesto, las voces principales: los vecinos. En los primeros días de abril presentamos el primer informe y la semana pasada dimos a conocer los datos del segundo informe del año.
Como ya venía pasando con las marchas, procesiones, charlas e inclusive con estas notas, las autoridades correspondientes se ofendieron. Abrazadas a las estadísticas descendentes en materia de homicidios, les ofende que se visibilice que esa baja no es lineal: les desacomoda el argumento. Sin ánimo de molestar, lo que nos preocupa es abordar un problema o, por lo menos, comprender sus causas. De hecho, paso a paso buscamos colaboración, compartir preguntas y lograr una articulación que no encontramos.
Nos duele que nuestro trabajo arroje datos tan alarmantes. En los primeros seis meses del año se concretaron 22 homicidios dolosos en San Martín, un 29,4% más que en el primer semestre de 2025. El promedio nos daría un homicidio cada ocho días, pero en enero hubo un récord de diez homicidios, y luego en abril no hubo ninguno. Sin embargo, la experiencia cotidiana en San Martín no nos hace sentir una reducción de la violencia. ¿Qué pasó? En mayo, por ejemplo, cuando hubo un único homicidio, registramos un pico de 15 hechos altamente lesivos. Hay un clima de violencia que se refleja mejor cuando sumamos otras variables en el análisis, con datos cuantitativos.
Los homicidios son la cifra blanca para medir los niveles de violencia: en un Estado de derecho no hay forma de que una muerte no quede registrada. Desde el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín se midió la cantidad de homicidios concretados, homicidios tentados y lesiones graves, lo que permitió arribar a algunas conclusiones y propuestas.
En los primeros seis meses de 2026, en San Martín crecieron las violencias asociadas al narcotráfico de una forma espeluznante. Es muy difícil transmitir esta urgencia: los números no dicen nada si no los comparamos con otras series, los adjetivos no alcanzan a impactar y, encima, las víctimas parecen obvias: varones jóvenes de barrios populares.
Se trata de una inseguridad que preferimos no mirar, pero es un movimiento de vanguardia. Ya lo vimos en Rosario: es cuestión de tiempo para que estas violencias se desplacen de las periferias al centro urbano.
El otro pico
Mayo es el segundo pico que se destaca. Los homicidios bajaron del primer trimestre al segundo, aunque siguen en alza si se compara con el primer semestre de 2025. En este contexto se destaca un pico de hechos con violencia altamente lesiva. Armas de por medio, tiros y ajuste de cuentas siguen a la orden del día y se acumulan en el mes de mayo. La diferencia: el resultado. Una cuestión de puntería.
En mayo hubo 15 hechos de violencia altamente lesiva y un homicidio. Son muchos para relatarlos de a uno: desde una bala perdida que se alojó en la cabeza de un vecino que caminaba a su casa después del trabajo (por suerte quedó encapsulada entre el cuero cabelludo y el cráneo, y el hombre en cuestión está bien), tiros en medio de una cancha de fútbol de barrio con equipos enteros cuerpo a tierra y heridos, una familia entera herida de bala en Lavalle, un pequeño barrio de Billinghurst, hasta una balacera en medio de un restaurante de comida regional en una zona céntrica de San Martín a cuadras de la General Paz.
En nuestro trabajo nos ocupamos de trabajar con la serie de hechos violentos que terminan en homicidio o que podrían haber tenido un desenlace fatal, pero hubo algún factor milagroso que lo evitó, y analizamos cuántos estuvieron vinculados al narcotráfico. También, entre ellos, distinguimos los hechos que se dieron por una disputa territorial, los que tienen que ver con el consumo y las adicciones y los hechos fortuitos: de alguna víctima ajena al negocio ilegalizado que queda en medio de la balacera de forma totalmente fortuita.
Cárcova y Catanga
Hay dos casos que queremos destacar, porque ilustran de forma muy gráfica qué pasa con la seguridad. Uno es el homicidio de Cristian Uriel Quipildor Boco, alias Crispi, de 22 años de edad, en Cárcova. El segundo es el secuestro de armas automáticas en la zona de La Catanga, otro barrio del que ya hablamos en nuestras crónicas.
Crispi era un lugarteniente del famoso Gordo Pey, uno de los narcos que organizaba la comercialización en Cárcova desde hace mucho, prófugo y ahora preso tras una detención ampliamente publicitada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con policías disfrazados de payasos. Crispi había quedado a cargo del negocio junto con otros integrantes de la banda.
Según las actas policiales, a las 14.40 horas del 29 de mayo, después de un llamado al 911, el patrullero se acercó a la calle Paso de la Patria entre Central y Aguado. Allí había un “masculino óbito” en medio de un pasillo en forma de L. Cuentan que los vecinos enojados los hicieron retroceder hasta el patrullero. Que los vecinos subieron el cuerpo a la caja del patrullero y que después lo sacaron para subirlo a un auto particular y llevarlo a la salita Luis Agote, en la entrada del barrio. Que “ante las hostilidades de los vecinos” se limitaron a recabar la información de que se habían escuchado dos detonaciones y a acompañar al auto hasta el centro de salud, con el patrullero atrás.
Nada dicen las actas, tampoco hay avances en la investigación sobre quién le disparó a Crispi, tampoco hay detenidos en esta causa. Desde esta redacción pudimos averiguar que la cosa no terminó ahí. La familia y amigos de Crispi tomaron represalias contra la familia de quien indican como culpable. Quemaron la casa de la madre, una mujer con problemas de salud mental desde el suicidio de su otro hijo. Como las casas de la zona son muy precarias, el fuego agarró dos casas más y casi se quema un comedor comunitario de la zona.
Bomberos, vecinos y defensa civil de la municipalidad asistieron al lugar, atendieron a las víctimas del incendio y realizaron todos los procedimientos que implican paliar estos eventos que en invierno son muy frecuentes por la precariedad de las instalaciones eléctricas de los barrios populares. Pero en este caso, el cortocircuito fue el de la información oficial, porque ninguna autoridad ató cabos y la justicia no se enteró. Cuando la justicia no actúa, las víctimas se sienten a la intemperie y se hacen cargo del castigo. El Estado pierde su legitimidad para ejercer el monopolio del uso de la violencia y se daña aún más la trama comunitaria (como dice Esteban Rodríguez).
Según fuentes barriales, Crispi estaba muy mal ese día. Había consumido mucho e intentó robarle la droga y un arma a su socio y ladero. Este reaccionó dándole un tiro en la sien y otro en el cuello para luego escapar por las vías hacia el lado de Curita. Dicen que hace unos días volvió al barrio. Seguro la justicia ni se enteró.
El de Crispi fue el único homicidio de mayo. Unos días antes, el 12 de ese mismo mes, otro de los hechos de violencia altamente lesiva sirve para ilustrar el tipo de vida cotidiana que viene con los narcos.
En el mismo barrio, en Cárcova, en la canchita de Combet y Beltrán, a las 18:30 h., el relato de las autoridades que se hicieron presentes da cuenta del estado de excepción que se vive en algunos barrios, donde la autoridad la ejercen los que tienen el poder de fuego. Al atardecer, “se desarrolló un conflicto entre bandas sin aportar más datos, donde se comenzaron a efectuar disparos entre sí, quedando (la víctima) en el medio del enfrentamiento”, describe el parte. Un chico de 19 años recibió tres disparos: en la pierna derecha, en la pierna izquierda y en la cintura, lateral derecho a la altura de la cadera. Por milagro, “al momento del traslado se encontraba consciente, fuera de peligro, ubicado en tiempo y espacio”. Se lo trasladó en la ambulancia al Hospital de Agudos Eva Perón, ex Castex, e ingresó al área de cirugía, de forma urgente. Desconocía “quiénes serían los masculinos autores de los disparos”, porque cuidaba su vida a través del silencio. Tampoco hay imputados en esta causa.
Aquí se ilustra cómo la violencia se usa para transmitir un mensaje de poder, que disputa una forma de gobernar el territorio. Por eso decimos narcotráfico y no narcomenudeo. Más allá del debate sobre si corresponde que investigue la Justicia federal o la Justicia ordinaria de la provincia, nos interesa señalar claramente que el transa puede ser un adolescente sediento de poder, una mujer sin ingresos para mantener a su familia, un vecino que tiene un almacén y suma un rubro más rentable a su stock de productos. La trama del narcomenudeo se inscribe en las relaciones sociales que ya están tejidas en los barrios, pero ninguno de ellos tiene una decisión soberana sobre su destino laboral: los ordena un poder mucho más importante que no tiene contacto con la sustancia, sino con la recaudación del dinero: es el narcotráfico, que compra dólares en compañías financieras, que blanquea sus beneficios en desarrolladoras, constructoras y que se entremezcla con la economía formal.
Armas de guerra
El 16 de mayo a las cuatro de la mañana, los visualizadores del Centro de Monitoreo (COM) vieron a cuatro tipos con armas largas que subieron a una camioneta blanca y se dirigieron por la calle José C. Paz en dirección al barrio La Catanga. Allí se bajaron y efectuaron disparos en dirección a un pasillo del barrio, donde había un hombre. Operadores del COM dieron aviso al 911 y llegó un patrullero al lugar y, al intentar identificar a los tripulantes de una EcoSport blanca, estos se dieron a la fuga e hicieron un recorrido que terminó en el barrio Tropezón, a unas quince cuadras del lugar. Se bajaron del auto, repelieron a la policía con disparos y se dieron a la fuga. La policía sólo pudo secuestrar el auto, que quedó abandonado y en marcha en medio de la calle. Adentro del vehículo encontraron una funda de chaleco antibalas y una escopeta Maverick modelo 88, calibre 12/70, de la cual aún hoy siguen pidiendo informes a las autoridades provinciales para saber si estaba denunciada o no.
En paralelo, llegó al hospital Eva Perón una chica, en moto, con su pareja: lo dejó en la guardia, herido de bala, y se fue. El muchacho tiene '40 años y una herida de arma de fuego en el abdomen. Está fuera de peligro. La carátula que pone el fiscal de turno es “portación ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”.
Esta zona, cercana al cementerio de San Martín, registra una cantidad importante de hechos violentos.
El 14 de junio mataron en La Catanga a Ricardo Jesús Ezequiel Mansilla, de 32 años, luego de un conflicto de vieja data. El 17 de junio, en el mismo barrio, se relevó una tentativa de homicidio a las 12:20 de la noche. La víctima fue otro hombre de 39 años, que resultó herido después de comprar estupefacientes en La Catanga. Cuando se retiraba a bordo de su vehículo por la calle Libertad, se frenó delante de él un auto y se bajaron cuatro hombres armados. Cuando la víctima intentó escapar de la situación a toda velocidad, comenzaron a dispararle. Lograron herirlo, pero siguió manejando hasta el hospital Eva Perón, donde dejó el auto en el estacionamiento. La policía le tomó declaración y luego vio que el auto tenía al menos 11 impactos de bala.
El 5 de abril le habían disparado en la pierna izquierda a la altura del tobillo a un muchacho de 32 años que se encontraba en el barrio en calidad de comprador.
La sucesión de hechos muestra un despliegue cada vez mayor de organización y recursos. El 7 de agosto a la noche, un móvil policial cruzó a tres personas. Al intentar identificarlas, estas salieron corriendo mientras disparaban. Lograron detener al único que no disparó, aunque tenía en su mano un cargador de arma de fuego y 13 proyectiles. Al escuchar las detonaciones, se trasladaron a dos cuadras, donde chocaron con otro patrullero que llegaba al mismo lugar, por el mismo motivo. Sin víctimas ni accidentados, escucharon por radio que otro patrullero, a dos cuadras del lugar, estaba siendo detenido por un grupo de vecinos que subieron a dos personas heridas de arma de fuego para que las trasladaran al hospital. Según las actas policiales, al mismo tiempo, y también como resultado de escuchar las modulaciones del 911, dos policías del FBA salieron a la calle en la avenida Presidente Perón y Coronel Mom, donde tienen su sede —de la que ya hablamos en “El laberinto de la violencia”—. Allí vieron pasar a siete personas, todos varones, y al verlos comenzaron a los tiros, dándose a la fuga hacia el barrio La Tranquila.
Todo este desopilante y al mismo tiempo desalentador panorama terminó en un allanamiento, donde encontraron armamento que debería generar la preocupación de las autoridades. Una pistola, una valija color verde con dos cajas de municiones, en total 65, un cargador de 9 mm para 50 municiones y un arma tipo ametralladora de fabricación casera. También encontraron tres “kits Roni”, que son armazones para armas que permiten multiplicar la potencia, transformando una pistola en una ametralladora de hasta 30 o 60 tiros en forma de ráfaga.
La aparición de armas automáticas multiplica nuestra preocupación. Si bien en San Martín podemos analizar que la cantidad de homicidios en este primer semestre está creciendo, debemos esperar a completar el año para saber la proporción de estos hechos cada 100.000 habitantes. Podemos estimar que rondará los cinco puntos, pero no con total certeza. Los números pueden leerse en una serie, y deberíamos tener en cuenta también si la población que se proyecta sigue creciendo al mismo ritmo, o si la baja de natalidad ya repercute en estas series comparadas.
Las estadísticas criminales que elabora el Ministerio de Seguridad de la Nación calculan que la media de la Argentina en todo 2025 fue de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Por su parte, la tasa anual de víctimas de homicidios dolosos consumados para la provincia, según los datos del Ministerio Público Fiscal, fue de 4,6 personas cada 100.000 habitantes. Al interior de la provincia hay diferencias regionales bien marcadas: en el conjunto de departamentos judiciales que reúne el Conurbano, La Plata y Mar del Plata, la tasa alcanza la ratio de 5,2 víctimas cada 100.000 habitantes, mientras que, en los departamentos del interior de la provincia, la tasa es, en promedio, de 2,6 víctimas cada 100.000 habitantes (datos del Ministerio Público bonaerense). Los departamentos judiciales con las tasas de homicidios más altas en 2025 fueron La Matanza (8,02), Moreno-General Rodríguez (7,66), Lomas de Zamora (5,92) y San Martín (5,57). Estos mismos departamentos ya habían registrado las tasas más elevadas en 2024 y, en todos ellos, la tendencia fue descendente.
Aunque cada homicidio duela, en Santa Fe el 2025 cerró a la baja con una tasa de 5,7 homicidios cada 100.000 habitantes, según el gobierno de esta provincia. Rosario cerró el año pasado con una tasa de 8,7 puntos y la ciudad capital con 8,6. Rosario había alcanzado un récord histórico en 2022, con 20,22 homicidios cada 100.000 habitantes.
Esta dimensión del problema, que a nosotros nos asusta, parece pequeña si se compara con los números de ciudades como Río de Janeiro, por encima de 20 víctimas cada 100.000 habitantes, luego de haber superado picos de 32,1 en 2017. Salvador de Bahía, que supera los 50 casos cada 100.000 habitantes, resulta un caso de estudio muy interesante para analizar cómo estas altísimas tasas de violencia afectan de forma desigual a la población, concentrándose en barrios periféricos donde se dan disputas de organizaciones del crimen organizado.
En México se registraron 21,4 homicidios por cada 100,000 habitantes al cierre de 2025, lo que representa una disminución frente a los 25,8 registrados en 2024. De todas formas, las cifras podrían no ser exactas en este caso, donde la desaparición de personas en algunas regiones sigue encontrando circuitos de impunidad.
Dicho esto, según los especialistas en materia de seguridad ciudadana, el salto en las cifras de homicidios tiene dos factores centrales: el gobierno de fracciones de territorio por parte de organizaciones criminales y el uso de armas automáticas. Estos dos aspectos transforman dramáticamente la cantidad de víctimas fatales.
Por eso, el secuestro de armas automáticas no debe pasar inadvertido. La aparición de estos tres armazones adaptados, con sus cargadores y una ametralladora de fabricación casera, habla de un eslabón más complejo en la cadena de narcomenudeo. Acá hay un “armero” en el sentido literal de la palabra, con oficio, que trabaja para una banda narco. Esto es un verdadero problema para la seguridad ciudadana.
San Martín y el santo del trabajo
San Martín siempre fue un territorio de trabajo. El desarrollo industrial es una característica desde los años '40 y '50; es de las zonas con mayor densidad de pequeñas industrias manufactureras de todo el conurbano. El último censo industrial da cuenta de 3400 establecimientos productivos, que hoy atraviesan una fuerte crisis resultado de las políticas económicas de Milei. Los barrios que nombramos en nuestras crónicas se fundaron como barrios obreros. Algunos fueron deteriorando sus infraestructuras al calor de las políticas neoliberales de la dictadura militar y los '90, como ahora. Otros fueron mejorando a partir de las políticas de los gobiernos populares como los de Néstor y Cristina. San Martín es tierra de trabajo, de obreros organizados, de comunidades que participan y exigen sus derechos.
El 7 de agosto se celebra al patrono del trabajo, San Cayetano, y por primera vez en San Martín, las comunidades barriales del Área Reconquista, las organizaciones sociales, los sindicatos y muchos vecinos decidimos celebrarlo con una procesión en forma de protesta. Reclamamos por la falta de trabajo, las políticas neoliberales del gobierno nacional y el retiro del Estado ante la violencia narco en nuestros barrios. Caminamos desde Costa Esperanza, pasamos por la Escuela Técnica UNSAM y llegamos al santuario de San Cayetano en Villa Hidalgo. La procesión recorrió los barrios, sus basurales, las zonas donde la violencia arrasa con las vidas de los pibes, también la reserva ecológica que queremos que se haga realidad y las viviendas sociales que están abandonadas desde hace 15 años. La consigna fue “San Cayetano, aquí está tu pueblo” y el documento firmado por más de 40 organizaciones, que se leyó en plena celebración religiosa, afirmaba: “Sabemos que atravesamos tiempos difíciles, pero también sabemos que ningún proyecto basado en el descarte, el individualismo y la exclusión podrá vencer la fuerza de una comunidad organizada. Allí donde quieren sembrar el 'sálvese quien pueda', nuestros barrios responden con solidaridad. Allí donde intentan romper los lazos comunitarios, nuestro pueblo construye organización, esperanza y dignidad”.
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