De cuerpo presente

Querellas y fiscales piden que el empresario Blaquier sea evaluado en forma presencial

 

El trámite hacia el juicio oral del empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier entra en zona de definición. Luego de que se conformara el tribunal que deberá juzgarlo por una serie de secuestros en Jujuy en 1976, el dueño del ingenio Ledesma pasó esta semana por una evaluación médica, para determinar si está o no en condiciones de afrontar el proceso. La defensa de Blaquier, de 94 años, había alegado que no sería capaz de hacerlo por razones de edad y salud. El peritaje se hizo bajo modalidad telemática, según había dispuesto el juez federal Eduardo Hansen, pero tanto las querellas como la fiscalía reclamaron que Blaquier sea evaluado otra vez en forma presencial.

El miércoles por la mañana, Blaquier se sentó frente a una computadora para que lo examinaran psiquiatras, neurólogos y gerontólogos. De la junta virtual participaron el juez Hansen, quien había dispuesto la elevación a juicio del empresario, y los distintos peritos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, el Ministerio Público Fiscal, la defensa de Blaquier y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

El pedido de presencialidad ya había sido formulado por las partes acusadoras, pero el juez se había atenido al criterio de que Blaquier es población en riesgo frente al Covid-19. En la reunión del miércoles, tanto los expertos de la Secretaría como los del Ministerio Público reiteraron el reclamo, con el que incluso coincidieron algunos de los representantes del Cuerpo Médico Forense, y recordaron que en otros casos similares las pericias se hicieron presencialmente.

Ahora las partes están a la espera de que los peritos emitan sus respectivos informes sobre la evaluación telemática a Blaquier. Es esperable que allí dejen por escrito que necesitan volver a revisarlo de cuerpo presente, una definición que deberá tomar la Justicia en los próximos días.

El peritaje a Blaquier es quizás el caso más resonante en el que ha participado hasta ahora el recientemente creado cuerpo de peritos de la Secretaría de Derechos Humanos, estrenado en agosto y conformado por una psicóloga especialista en gerontología, un psiquiatra y un médico legista, que participa en todas las juntas médicas frente a pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud o de planteos de incapacidad de acusados para afrontar los procesos penales. El cuerpo interviene en todas las causas en las que la Secretaría es querellante y a su vez está a disposición de querellas y organismos de derechos humanos en otros casos.

El interés en que Blaquier sea evaluado de forma presencial no es una excepción: la Secretaría tiene en agenda una presentación ante el Cuerpo Médico Forense para plantear que, como criterio general, las juntas médicas realizadas sobre acusados de crímenes de lesa humanidad se lleven a cabo bajo esa modalidad.

 

 

El largo camino hasta acá

En 2012, el juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Alberto Lemos, administrador de Ledesma durante la dictadura, por una serie de secuestros cometidos por las fuerzas represivas en 1976. El juez dio por probado que en los secuestros se utilizaron vehículos de Ledesma y demostró a través de prueba documental que la colaboración logística de la empresa con las fuerzas de seguridad era habitual en la época de los hechos. Consideró que era probable que Blaquier y Lemos conocieran el uso que se daría a las camionetas durante los secuestros de marzo y julio de ese año contra trabajadores y representantes gremiales del ingenio. Y sostuvo que la motivación económica empresarial era el móvil detrás de la participación de Ledesma al aportar medios materiales para los secuestros.

Sin embargo, en 2015, la Cámara de Casación Penal revocó los procesamientos, que habían sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos bajo el argumento de que ambos desconocían que los vehículos que su empresa había prestado se usarían para secuestrar personas. El fallo fue apelado ese mismo año ante la Corte Suprema, que se demoró seis años en dictaminar, recién en julio pasado, que Casación se había apartado del Código Procesal para justificar su intervención y que su actuación había sido arbitraria y había obstaculizado el avance del proceso.

En su fallo, la Corte ordenó que Casación dictara una nueva y correcta resolución respecto de los recursos de las defensas. Eso ocurrió finalmente en agosto pasado, cuando los recursos fueron declarados inadmisibles y así, más de ocho años después del procesamiento, se allanó el camino para que la acusación avanzara hacia el juicio oral.

Blaquier y Lemos tienen dos expedientes que ya fueron elevados a juicio oral y público: uno por una serie de secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 −entre ellos el de Luis Arédez, ex intendente desaparecido del municipio Libertador General San Martín− y otro por veinte secuestros durante las llamadas “Noches del Apagón” en julio de ese año. Es probable que los jueces unifiquen ambos expedientes. Luego de una serie de excusaciones, el tribunal quedó conformado por los magistrados Abel Fleming y Gabriela Catalano, del TOF-2 de Salta, quienes se sumarán a María Alejandra Cataldi, del TOF de Jujuy.

Mientras Blaquier y Lemos se beneficiaban por las demoras de la Corte y Casación, el TOF jujeño siguió avanzando con el juicio por la megacausa que reúne los casos de 120 víctimas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas en Jujuy. Ese debate oral comenzó hace tres años y entre los 21 imputados hay militares retirados del Ejército, ex policías, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial, todos acusados por los crímenes cometidos durante las “Noches del Apagón” y durante los sucesos previos ocurridos en Libertador General San Martín y en la mina El Aguilar el 24 de marzo de 1976.

Durante los tres años de juicio, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de los organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos reconstruyeron la persecución contra trabajadores y representantes gremiales del ingenio Ledesma. La responsabilidad de la empresa en la represión estuvo siempre en el centro del debate, pero con Blaquier fuera del banquillo. Ahora resta nada más y nada menos que un peritaje médico para que eso cambie.

 

 

 

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