Con una dilación de nueve meses y en escueta redacción, el gobierno nacional cumplió el jueves 28 lo ordenado en agosto de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y difundió la condena contra el país por la impunidad de los crímenes de José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez, perpetrados en Mendoza a comienzos de 2000.
Zambrano y Rodríguez permanecieron desaparecidos durante un trimestre, hasta el hallazgo de sus cuerpos. La participación policial en el hecho y el comportamiento posterior de los resortes políticos y judiciales de la provincia, que desviaron la atención hacia las propias víctimas o sus familiares, no constituyeron un episodio aislado.
Como contó El Cohete, el caso evidenció en Mendoza la continuidad entre los aparatos represivos de la dictadura y sus rémoras en democracia, con la policía provincial en el rol protagónico. Las décadas de impunidad por los delitos perpetrados por el terrorismo de Estado permitieron que continuasen vigentes estructuras que tuvieron participación en crímenes cometidos después de 1983.
Otro ejemplo cuyano de ese nexo, el asesinato y ocultamiento del cuerpo del estudiante Sebastián Bordón en 1997, recuperó centralidad en los últimos meses: en diciembre pasado, un fallo de la Cámara Federal de Casación habilitó la libertad condicional al comisario Hugo Trentini, tras 22 años de encierro por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, el caso Bordón y hechos de corrupción de la década del ‘90. La diferencia entre ese orden cronológico en los delitos y el de las condenas permitió que el policía mendocino extendiera su carrera criminal, con un cómputo unificado de tiempo de encierro suficiente para solicitar la libertad condicional.
Para concedérsela, Casación seleccionó entre las conclusiones a las que habían llegado los peritos que entrevistaron a Trentini y contradijo lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, que en 2017 lo había condenado por su accionar durante el terrorismo de Estado. Por sobre conclusiones coincidentes de orden estructural, el máximo tribunal penal priorizó las que describieron a Trentini en su esfera individual. El voto que lideró el fallo fue redactado por Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, el actual ministro nacional de Justicia.
Tareas en grupo
Trentini fue condenado a prisión perpetua en junio de 2017, al ser hallado culpable de tres homicidios, siete privaciones abusivas de la libertad y cinco imposiciones de tormentos perpetrados entre las horas previas al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y mediados del mismo año.
Los libros de la Unidad Regional II de la policía en San Rafael, donde prestaba servicios, corroboraron su participación en los hechos que tuvieron como víctimas a Francisco Tripiana, Pascual Sandobal, Roberto Osorio y Josefina González. Los tres primeros permanecen desaparecidos desde sus secuestros y los simulacros de liberación con que se encubrieron sus asesinatos.
Varios testimonios permitieron establecer que Trentini encabezó además el rapto de Sergio Chaki, en un operativo que el 29 de marzo de 1976 incluyó también el de su compañera, Marta Agazzini. Chaki fue secuestrado en el edificio de los tribunales provinciales sanrafaelinos, donde funcionaban la fiscalía en que trabajaba y el centro clandestino en el que fue alojado. La víctima y otros testigos coincidieron en afirmar que Trentini llegó al lugar acompañado por dos soldados y apuntó a la cabeza de Chaki antes de trasladarlo a los calabozos dispuestos para su cautiverio.
El primer día de julio del mismo año se produjo el secuestro de Lucio Olmedo, personal jerárquico de la entonces estatizada conservera La Colina. En el mismo grupo trabajaban su hermano Federico, como ingeniero jefe, y el gerente de producción Oscar Pínnola. Ambos fueron víctimas de otros procedimientos. En el que padeció, Lucio Olmedo identificó como ejecutores a Trentini y el teniente Aníbal Guevara, uno de los jerarcas locales del andamiaje clandestino del Ejército.
Documentos y testimonios desmintieron la defensa intentada por Trentini, que aludió ser un mero oficial sumariante. Desde el año anterior, cuando el presidente interino Ítalo Lúder modificó las funciones del Consejo de Defensa creado en 1973, se impulsó la participación de las policías provinciales en las directivas del aparato castrense con control de la llamada “lucha contra la subversión”. En la distribución territorial del mapa represivo de la época, Mendoza quedó bajo la zona III, que tenía su centro en Córdoba y su jefe máximo en Luciano Benjamín Menéndez.
Después y antes
Dos décadas después de tales hazañas, Trentini ya era comisario. Desde ese rol, tuvo participación esencial en la desaparición del cuerpo de Sebastián Bordón, un joven próximo a cumplir 19 años que en octubre de 1997 integraba un contingente estudiantil llegado a la provincia desde el Gran Buenos Aires. Su cadáver fue hallado doce días después de la última vez en que fue visto con vida, bajo custodia de la policía provincial. El hecho tuvo repercusión nacional, y en Mendoza derivó en una reforma policial y la exoneración de Trentini, que según las crónicas periodísticas de entonces exhibió una sonrisa burlona durante el juicio que en 2000 lo condenó a tres lustros de prisión. En agosto de 2003 sumó otros dos años de condena, esta vez por hechos de corrupción que databan también de 1997.
Para la Justicia, sin embargo, no es técnicamente un reincidente: ninguno de los delitos que los tribunales entendieron probados fue cometido tras una sentencia previa por otro. Una paradoja temporal sólo aparente, porque se explica en la impunidad que disfrutó durante años por su accionar en el terrorismo de Estado. De ese modo, los hechos más añejos fueron los últimos en ser debatidos en los estrados y el ascendente oficial tuvo ocasión de intervenir en nuevos atropellos, ya en democracia.
El mismo contrasentido explica que Trentini haya alcanzado el mínimo de tiempo cumplido para acceder a la libertad condicional cuando había transcurrido menos de una década desde el último veredicto, que lo penalizó con prisión perpetua. La unificación de condenas contabilizó en su favor los años de encierro por el caso Bordón, lo que redujo notablemente su espera. Además, desde mayo de 2019 cumplía pena en modalidad domiciliaria.
El hombre y sus circunstancias
El juez federal Héctor Cortés negó a Trentini la libertad condicional en agosto de 2025, tras estudiar las conclusiones de peritos oficiales que expusieron elementos que desaconsejaban una resolución favorable al reo, en quien no hallaron arrepentimiento ni autocrítica, y desecharon pronósticos favorables para su reinserción social. En igual línea denegatoria opinó el Organismo Técnico Criminológico del sistema penitenciario provincial.
Al fallar en sentido contrario, la Cámara Federal de Casación valoró en cambio algunos extractos de las pericias ofrecidas por la defensa de Trentini, que lo describían en su faceta individual. El psicólogo Guillermo Castro reconoció en él “capacidad empática” y “control normal de la agresión”, dos “aspectos positivos” que Casación valoró por sobre otros párrafos de la misma pericia, más pertinentes para analizar la personalidad actual de quien supo pertenecer a un aparato represivo y alcanzar un rol de jefatura en su fuerza.
En los pasajes que había tomado en cuenta la resolución derribada por Casación, Castro describió a la estructura mental de Trentini como rígida y verticalista, con una marcada lógica castrense, y una división del mundo en torno a la dualidad de amigo-enemigo. Para el perito, ese esquema mental condiciona la capacidad de empatía que dijo hallar en el condenado y lo predispone a justificar el sufrimiento ajeno, si lo observa en alguien a quien considera enemigo.
La pericia de parte también advirtió que el represor prioriza la lealtad corporativa por sobre el apego a las normas legales y los imperativos morales. El profesional le preguntó si denunciaría una conducta ilícita de un subalterno, ante lo que respondió que no, justificándolo en un deber de “buen jefe”.
La descripción coincide con la actitud que el entonces comisario asumió en 1997 ante el caso Bordón, herencia estructural posibilitada por la impunidad obsequiada al joven oficial que dos décadas antes había seguido análogas premisas y dividido el mundo entre los similares amigos y enemigos.
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