De emergencia en emergencia

Los jueces debaten qué hacer con las cárceles en tiempos de coronavirus

 

Los jueces se habían acostumbrado a ver las largas filas de personas esperando entrar a ver a los detenidos que quedaban alojados por días en la alcaidía de Comodoro Py. Era parte del paisaje habitual cuando dejaban sus despachos. Esa imagen es impensable ahora en tiempos de la pandemia del coronavirus, y la situación de las cárceles monopoliza la atención de los tribunales penales federales con sede en Retiro. La Casación Federal giró la semana pasada un listado de personas en los grupos de riesgo frente al COVID-19, mientras intenta enviar el mensaje de que el resto de los jueces deberán enfocarse en casos con penas leves o que ya están cerca de su cumplimiento y en los casos que involucran a grupos vulnerables.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) entregó el miércoles pasado un listado con 1280 personas que podrían verse especialmente afectadas si el coronavirus entra en las cárceles federales. En la lista, hay embarazadas, personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunosuprimidos y mayores de 60 años. Allí están incorporados todos los represores de la última dictadura, que el SPF ya ha listado en otras oportunidades para sugerirles a los jueces que los envíen a sus casas.

La presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, remitió la nómina al resto de los tribunales, haciendo una referencia a las recomendaciones que dio el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) para descomprimir las cárceles.  “Lo que nos preocupa es que se descompriman casos extremos de personas con riesgo, en supuestos de prisiones preventivas o condenas bajas o que estén por obtener la libertad condicional, embarazadas y con hijos menores. Que los jueces observen esta circunstancia para resolver caso a caso, con las pautas del Comité”, le dijo Ledesma a Irina Hauser en Página/12.

Hace menos de un mes, y antes de que se declarara la emergencia sanitaria, la Cámara de Casación Federal firmó una acordada sobre la situación de las mujeres embarazadas o mujeres detenidas con sus hijos menores. Allí decía que la regla para ellas era la libertad mientras durara el proceso o que debía contemplarse la prisión domiciliaria.

En cuanto se habilitó la feria extraordinaria, los casadores dijeron que debían privilegiarse este tipo de casos a la hora de resolver. Eso hizo la sala de feria en el acuerdo del último viernes, cuando buscaron dar lineamientos para que los tribunales inferiores resuelvan. Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar firmaron 26 fallos referidos a pedidos de domiciliarias. Tres de ellos fueron sobre mujeres que están privadas de su libertad.

La actividad en el primer piso de Comodoro Py fue intensa y se prolongó hasta entrada la medianoche. En el acuerdo también se trató el caso del ex funcionario kirchnerista Juan Pablo Schiavi, que fue incorporado por el SPF al listado de personas en riesgo por sus problemas de salud. En ese caso, no hubo acuerdo y Hornos y Barroetaveña rechazaron el planteo de Schiavi.

 

Las mujeres

De los tres casos que resolvió la Casación sobre mujeres, dos de ellas estaban en los listados que confeccionó el SPF con personas de grupos de riesgo. La tercera no lo integraba pese a ser una paciente en tratamiento por cáncer de mama desde 2018. Pese a no estar en esa nómina, los jueces entendieron que le correspondía el beneficio. La situación inversa se dio en el caso de Schiavi, que sí aparece en el listado. Lo que buscaron los casadores fue señalar que el listado no es un pase automático hacia una medida alternativa de encierro.

Los casos de las tres mujeres muestran vulnerabilidades estructurales a las que se debe atender más allá de la cuestión sanitaria – que es clave, especialmente en el contexto de una pandemia. Una de ellas estaba presa en La Pampa y pronta a obtener una libertad condicional. Durante su tiempo en la cárcel, su conducta había sido impecable. Ése fue el último caso que se firmó y el que más costó para efectivizar, porque la mujer tenía que ir hasta su casa en General Roca, Río Negro. No había transporte ni tenía posibilidad de cruzar dos fronteras provinciales. En Casación, coordinaron con la defensoría pública para que alguien la fuera a buscar y la trasladara los 300 kilómetros. Antes, hubo que confirmar que ni la mujer que estaba siendo liberada ni quien la iba a buscar tuviera síntomas de COVID-19.

Las otras dos estaban privadas de su libertad en el penal de Ezeiza.  Una de ellas ya había tenido una condena por una causa de drogas y está esperando un juicio por otra nueva causa, a la que se le sumaba una acusación por tenencia de arma de fuego. A todas luces no era un caso sencillo. Esta mujer también estaba en tratamiento por cáncer – pero no estaba en los listados del SPF. Además, tenía dos hijos: la mayor era quien se estaba haciendo cargo del menor de nueve años. Lo mismo sucedía con el tercer caso, que se trata de una mujer privada de la libertad con una hija de diez años afuera.

En los fallos, los jueces marcaron que la población carcelaria es una de las que mayores riesgos enfrenta frente a la expansión del coronavirus y que eso exige un rol activo del Poder Judicial. También sostuvieron que se debe contemplar que la pena no termine afectando a los hijos de las personas privadas de la libertad, poniéndolas en una doble condición de vulnerabilidad.

 

Las condiciones

El CNPT advirtió que la sobrepoblación que se verifica en las cárceles argentinas conspira para tomar las medidas que se necesitan para evitar que el coronavirus se propague. Entre ellas, medidas de distanciamiento social y de higiene – esa situación llega a niveles extremos en las cárceles provinciales.

Lo que vienen alertando tanto el CNPT – como el CELS, la Procuración Penitenciaria, la Comisión de Cárceles de la Defensoría o el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles – es que, si el virus entra a las unidades, su control va a ser prácticamente imposible. Al cierre de esta nota, el SPF tenía una ocupación que supera en un siete por ciento lo que puede absorber. En otras palabras, tiene alojadas a 1000 personas más de las que podría.

 

Lesa

Hay una excepción a esa sobrepoblación: la Unidad 34 de Campo de Mayo, destinada únicamente a presos por delitos de lesa humanidad, que tiene más de un tercio de sus pabellones desocupados. Casualmente fueron los represores quienes se agolparon para pedir que los excarcelen o que los manden a sus casas. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad tiene registrados más de 75 pedidos.

En la última semana, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 le rechazó la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, que seguirá cumpliendo sus condenas en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Para los jueces no había un peligro real para Etchecolatz (90) porque no se había detectado ningún caso sospechoso en el SPF, lo que sí había sucedido en Mar del Plata – adonde él quiere volver. Uno de los interrogantes que había planteado la fiscal Ángeles Ramos es si el ex comisario podría recibir la misma atención médica que requiere estando en su casa y sin acudir al sistema de salud – que estará colapsado en las próximas semanas. Cuando el mismo tribunal le otorgó la domiciliaria en diciembre de 2017, Etchecolatz debió ir a la clínica Colón para ser atendido, lo que fue casi una odisea porque los trabajadores del centro médico rechazaban hacerlo.

Al menos dos tribunales, el TOF 1 de La Plata y el TOF 1 de San Martín, rechazaron domiciliarias para represores alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo. En el caso de San Martín, los jueces Silvina Mayorga y Daniel Gutiérrez rechazaron un pedido de Bernardo Caballero, un represor que está siendo juzgado en la megacausa de Campo de Mayo y alojado en la unidad penitenciaria que el macrismo reabrió en la misma guarnición.

“Permiten diferenciar la situación específica de esta unidad, en cuanto a población y condiciones edilicias, del resto de las unidades del servicio penitenciario federal y que condujeran oportunamente a la declaración de la emergencia penitenciaria formalmente declarada”, dijeron los jueces, haciéndose eco del planteo presentado por la fiscal Gabriela Sosti. Además, agregaron que la Unidad 34 está a metros del Hospital Militar de Campo de Mayo.

Si bien falta que se respondan la mayoría de los planteos de los represores, la tendencia parece no favorecer esta semana la domiciliaria. Sin embargo, hay un fallo de Casación del 20 de marzo que encendió alertas.

Se trataba de una presentación hecha por Mario Ocampo, un integrante del Ejército que estuvo prófugo hasta el año pasado y que se lo investiga por crímenes en Mendoza y en San Martín. La jueza de San Martín le rechazó la excarcelación y la domiciliaria, decisión que convalidó la Cámara. Sin embargo, la semana pasada la Cámara de Apelaciones de Mendoza lo benefició con el arresto en su casa. Casación tenía que revisar la decisión de San Martín, pero terminó convalidando la domiciliaria que ya le habían otorgado en la otra causa. Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci dijeron que correspondía por razones humanitarias y sanitarias.

 

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