En plena feria judicial, bajo el sol tremendo de enero, la trama de Vicentin volvió a sorprender a propios y extraños. Tras seis años de demora, desde que arrancó la investigación contra la corrupción en el emporio cerealero, el juez Julián Ercolini se despertó de una larga siesta y decidió presionar a los peces gordos del macrismo. Así fue que ordenó, en una acción realizada el 30 de diciembre pero conocida en estos días, un embargo y la inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 ex directivos del Banco Nación. El juez entendió que, durante el gobierno de Mauricio Macri, desde la casa matriz bancaria se habría favorecido una maniobra fraudulenta en favor de la empresa Vicentin, calculada en más de 300 millones de dólares. En pocas palabras: una magnánima estafa al Estado argentino usando su principal banco para otorgar créditos multimillonarios a la compañía cerealera, que estaba por entrar en quiebra y sin condiciones de asumirlos. Y, además, como si fuera poco, habían omitido el cobro de una deuda millonaria que arrastraba el emporio santafesino.
El fallo, al que accedió este medio, demuestra esa jugada cómplice a gran escala diciendo que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente con los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de 304.328.665,75 dólares (...) que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”. El período probatorio que menciona el fallo, de agosto a diciembre, enmarca los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri, que concluyó el 10 de diciembre de 2019. En paulatino deterioro, Vicentin entró en default en ese mismo mes con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares. La crisis se profundizó desde aquella cesación de pagos y el gigante oleaginoso se ha convertido, con el correr de los años, en una cáscara vacía por la suma de irregularidades y desmanejos que se investigan en varios expedientes en la Justicia penal.
El capítulo de la causa por estafa al Banco Nación, con graves acusaciones, comprende cerca de treinta imputados, entre ellos ex directivos de Vicentin, como también los nombrados Javier González Fraga y Lucas Llach, presidente y vice respectivamente del Banco Nación en 2019. El embargo preventivo, en efecto, es de más de 500.000 millones de pesos y Ercolini, a la vez, ordenó mantener la inhibición de bienes que ya regía desde septiembre de 2025, la cual prohíbe a los imputados vender sus activos. La decisión del juez causó asombro y un amplio abanico de sospechas y especulaciones. La expectativa de los querellantes está en cuán lejos se permitirá llegar ante gerentes de alto rango que se refugian en sus suntuosos bufetes de abogados, fuertemente comprometidos por una denuncia de fraude contra la administración pública mediante el presunto otorgamiento irregular de créditos. Esta incluye transferencias hacia paraísos fiscales, con los acusados desviando fondos de la compañía para fines personales; en rigor, también están bajo investigación los giros que la empresa habría realizado a cuentas del exterior.
De esa forma, la causa judicial por el default de Vicentin, el mayor de la historia privada argentina, sumó un episodio gravitatorio. Por parte del Grupo Vicentin, la medida de Ercolini recayó sobre el ex presidente, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan. La Justicia apunta, fundamentalmente, a esclarecer una connivencia entre los empresarios y los funcionarios del Banco Nación, los cuales “habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”. Por eso es que Ercolini puso el énfasis en el concepto de “actuación coordinada” bajo el otorgamiento irregular de, al menos, veintiocho préstamos en los últimos meses de 2019.
La medida del magistrado, a través del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, se debe a un contexto específico. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, había empezado en noviembre del año pasado a tomar declaración a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de fraude millonario contra el Estado. Ahora, los imputados deben responder de manera “solidaria” por un monto actualizado de 543.332.587.274 de pesos. Ercolini tomó la medida en medio de la ronda de indagatorias: sin ir más lejos, Javier González Fraga, presidente de la entidad entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en prestar declaración. Entre otros, se presentó a declarar el economista Claudio Lozano, quien fuera funcionario del Banco Nación. Lozano puso el foco en develar el vínculo de Vicentin con Mauricio Macri, y denunció que el conglomerado empresario fue aportante a las campañas electorales del ex titular del PRO.
Para febrero y marzo, el juez tiene previsto avanzar con 21 citaciones y completar el cuadro probatorio de la estafa y sus antecedentes financieros. En otro fragmento del fallo, se expresa que “los funcionarios del banco habrían omitido considerar que el grupo empresario al 7 de noviembre de 2019 ya contaba con una deuda vencida y exigible de 149.500.000 de dólares, que se hallaba excedido en la normativa GERC del BCRA desde por lo menos el 31 de julio de 2019”. La resolución sostiene, por último, que la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. También será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
La caída de Vicentin, tan novelesca como titánica, fue en picada: se le sumaron permanentes conflictos laborales, procesos concursales, multas por desobediencia judicial, parates de producción, cambios de mando, nuevos dueños y un directorio investigado por estafas millonarias. El grupo empresarial llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo. Luego pasó de bienes embargados e inhibidos a sus dueños sin poder salir del país. De acuerdo a la vigente pesquisa, el vaciamiento resultó obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: ¿dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda, con el Banco Nación como una de sus mayores víctimas? Algo que todavía sigue sin revelarse.
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