Vestido con bermudas, un gorrito tipo Piluso, remera y zapatillas, Pablo Grillo baja de una camioneta y mira para el techo de su casa. “La terraza te está esperando”, le dice una señora que no para de mimarlo, de tocarle la cara, de abrazarlo. Se escuchan gritos de otros parientes, alaridos de alegría. El joven fotógrafo de 35 años sonríe como un niño que acaba de llegar de un largo viaje. Fue hace una semana: luego de un dilatado período de internación, con operaciones, cuadros de gravedad y recaídas, Grillo, con perceptibles lesiones motrices y dificultades en la voz por el disparo recibido en su cabeza, regresó finalmente a su hogar, aunque su familia anticipó que seguirá con tratamiento ambulatorio.
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Apenas unos días después, sus abogados comunicaron una noticia que dio un giro importante en la causa: Pablo firmó el pedido para ser querellante particular. “Vengo a presentarme como querellante, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos cometidos por el cabo primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”, enfatizó en el escrito que fue presentado en el Juzgado Federal 1.
También aclaró, en ese sentido, que su exposición no implica el desplazamiento de su mamá, su papá y su hermano de la causa, “toda vez que voy a requerir de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de mi vida, lo que incluye este proceso penal. Como la Sra. Jueza sabe, no me encuentro plenamente recuperado por lo que necesito que ellos conserven su lugar de representantes legales”. Según Claudia Cesaroni, abogada de la LADH, parte de la querella en la causa junto al CELS, la presentación no sólo tiene un valor jurídico sino simbólico. “Primero, dar cuenta de que gracias a la atención de la salud pública que recibió, tanto en el Ramos Mejía como en el Manuel Rocca, se recuperó de una situación que parecía imposible. Y asumir ahora el rol de querellante, porque es la principal víctima del hecho para reclamar medidas, impulsar la causa y exigir determinadas cosas. Que él firme un escrito y que diga ‘yo quiero ser quien está presente en este juicio’ es algo muy importante porque muestra su recuperación y lo pone activamente en el proceso penal y la búsqueda de justicia”, dijo Cesaroni al Cohete a la Luna.
Todo no terminó ahí. En el mismo escrito, desde la querella exigieron que se profundice la investigación sobre distintos jefes de la Gendarmería, quienes, de acuerdo a los abogados de Grillo, “con sus acciones u omisiones contribuyeron al accionar de Guerrero”. A la jueza María Servini le solicitaron nuevas medidas de prueba e insistieron en que se produzcan otras pedidas anteriormente. Según el procesamiento, confirmado por la Cámara, el gendarme Héctor Guerrero, brazo ejecutor de la mano dura de Patricia Bullrich y su protocolo anti protesta, efectuó el 12 de marzo de 2025 al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes (algo prohibido por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases), poniendo en riesgo la vida e integridad física de todos ellos.
“Un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculado a los momentos y modos en que se produjeron estos seis disparos, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo”, afirman desde el CELS. El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo, en efecto, fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. “Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”, amplió la querella.
Es por eso que los abogados de la familia Grillo entienden que los mandos que participaron del Comando Unificado de Fuerzas Federales aquel 12 de marzo también deben ser investigados penalmente por su rol central en “la planificación, conducción y habilitación del uso abusivo de la fuerza en contra de los manifestantes”. Los cañones apuntan a quienes tenían poder de decisión, identificados como los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, sobre quienes se demostró que estuvieron en las cercanías de Guerrero durante buena parte del operativo. “Por el contrario, tal como se puede ver en los videos, Kozak y Reyes fueron quienes le indicaron a Guerrero que dispare en dirección a los manifestantes. Además, luego de realizado uno de los disparos en ángulo horizontal, Kozak le dio palmadas en la espalda en clara señal de aprobación”, detalla el documento presentado por la querella.
También apuntan al comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien estuvo en el lugar y se dedicó, como fiscalizador del operativo, a recorrer la zona por la que andaban los efectivos, impartir órdenes en el terreno y emitir comunicaciones a través del sistema de trunking.
Además se señala la responsabilidad directa del Jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López, el cual tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron en el operativo, y se identifica al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien se ocupó de impartir órdenes a los efectivos de la Gendarmería, en particular a Héctor Guerrero y a Daniela Guerrero, las dos únicas personas que tenían asignadas pistolas lanzagases durante esa jornada. Y, finalmente, la querella busca indagar al director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni, dado que “corresponde analizar seriamente la secuencia de imágenes en la que se ve que luego de que Pablo cae herido y llega el SAME, dos gendarmes van corriendo hacia el lado del Congreso y regresan con él al lugar”.
De acuerdo a los videos que se encuentran en el juzgado de Servini, se puede observar que el gendarme Guerrero, luego disparar contra Grillo y aun sabiendo que estaba siendo asistido por una ambulancia del SAME, recargó su pistola lanzagases y siguió disparando. “Ningún superior jerárquico impartió orden de cese ni moderación, sino que, por el contrario, convalidó y legitimó la conducta desplegada por los efectivos hasta ese entonces, a la vez que habilitó su repetición”, marca la defensa de Grillo, que completó el pedido de llegar a la escala jerárquica con una nueva exigencia de indagatoria contra Patricia Bullrich y el asesor jurídico a cargo de la investigación administrativa, que cerró en tiempo récord, y sin ningún fundamento, la pesquisa interna contra Guerrero.
Por último, la querella remarcó las sucesivas veces en que Patricia Bullrich se refirió al caso de Grillo en los medios de comunicación, intentando instalar una versión falsa de lo ocurrido, a pesar de existir una investigación y dos decisiones judiciales que probaban lo contrario. Desde allí se formó una narrativa corporativa que cerró el sumario interno contra Guerrero, considerando que había actuado bien, y se culpabilizó por el hecho a la víctima, Pablo Grillo, pese a que Servini procesó luego al gendarme. Lo que siguen reclamando los familiares, ahora con el fotógrafo en plena recuperación, es que el árbol no tape el bosque: una investigación profunda y seria de los responsables de la represión que casi lo mata de un disparo en la cabeza.
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