DE ILLIA A MACRI

Liquidación de dólares por exportaciones de granos y experimentos liberales

 

Es un clásico en la economía que los gobiernos de orientación económica liberal (dictadura militar 76/83, períodos 89/2001 y 2015/2019) han endeudado al país en dólares  como consecuencia inevitable de la apertura indiscriminada del comercio exterior y de haber ensayado experimentos monetarios (siempre fracasados), sobre la base de la liberalización del sistema cambiario y financiero, que estimularon la dolarización de la economía y el endeudamiento externo.

En ese contexto, la liquidación de los dólares provenientes de las exportaciones de granos es esencial y su regulación es un claro ejemplo de la ideología de las distintas políticas económicas en defensa o no del interés nacional. Ya en 1964 el gobierno de Arturo Illia, defendiendo aquel interés, estableció mediante el decreto 2581/64 la obligatoriedad de liquidar las exportaciones en el país. La Junta Nacional de Granos favoreció a través de los años el control e ingreso de divisas hasta 1991, cuando fue liquidada por el gobierno de Carlos Menem, que también dejó sin efecto la obligatoriedad del ingreso de divisas al país (decreto 530 de marzo de 1991).

La profundísima crisis económica provocada por el experimento liberal de los ’90 determinó que el gobierno de Fernando De la Rúa derogase el 5 de diciembre de 2001 el decreto 530/91, obligando nuevamente a liquidar las divisas en el país. Posteriormente, a partir de 2002, se fue limitando paulatinamente el plazo otorgado para el ingreso de dólares (máximo de 30 días a partir de mayo de 2012), disposición que no fue obstáculo para un extraordinario crecimiento de la producción y de las exportaciones en esos años, que permitieron entre otras cuestiones un fuerte proceso de desendeudamiento externo del país.

Con la asunción del gobierno del PRO, en diciembre de 2015, se volvió a ampliar el plazo de las liquidaciones (seis meses en abril de 2016, cinco años desde el 30 de agosto, diez años desde enero de 2017 y finalmente el decreto 893 de noviembre de 2017 eliminó la obligatoriedad de liquidar los dólares exportados en el país). Decisión incomprensible desde una perspectiva de defender el interés nacional, en tanto el país se endeudaba vertiginosamente en esos años.

Estudiar la liquidación de divisas de cada empresa a través del tiempo es imposible y aún el monto global de cada ejercicio presenta grandes dificultades de acceso público, a partir de normas que amparan el secreto estadístico. De hecho, después de consultar a instituciones e investigadores sólo queda como recurso a la mano los datos que aleatoriamente publican instituciones privadas como la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Una primera aproximación  muestra diferencias que superan los 12.000 millones de dólares de 2015 a 2019 entre los montos declarados de exportaciones de granos y derivados (según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) y las liquidaciones (según los datos de CIARA-CEC también citados por el Ministerio).

En 2015 las ventas declaradas (24.061 millones de dólares) superaron en 4.100 millones de dólares a las liquidaciones (19.952 millones), fenómeno que algunos explican como resultado de haber “estirado” las liquidaciones esperando la fuerte devaluación de la moneda, que finalmente ocurrió en el nuevo gobierno. En cada uno de los años siguientes (2016-2019) los déficits de liquidación siempre fueron mayores a los 1.700 millones de dólares (1.763, 1.760, 2.131 y 2.263 millones de dólares, respectivamente).

¿Cómo se explica la diferencia de esos 12.000 millones de dólares?

Sólo mediante una comprometida política estatal en favor de los intereses nacionales se podrá cuantificar con exactitud cada una de las exportaciones de granos de cada empresa en esos años y el grado de cumplimiento de la liquidación respectiva, y aclarar esta cuestión, de fundamental importancia en esta época de sequía de divisas. El estudio y/o revisión de esos datos, obrantes en la AFIP y la Aduana, podrá aclarar la cuestión y, presumo, lograr un ingreso sustancial de divisas al país.

Llama la atención lo relativamente poco que se conoce del tema de las liquidaciones de exportaciones por parte del Estado (las cifras publicadas por el MAGyP utilizan como fuente a la información de las cámaras privadas CIARA-CEC) y el menor tratamiento de la cuestión por parte de las distintas entidades agrarias y políticas en el país.

Un control férreo de las liquidaciones, su análisis y la difusión pública de sus conclusiones traerán importantes beneficios a nuestro país, crónicamente endeudado durante los experimentos liberales, y dependiente del ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de granos y derivados para hacer frente a los abultados endeudamientos que se enfrentan actualmente.

 

 

 

 

* El autor es especialista en esquemas de comercialización de granos. Programa de Investigación de la Producción y Comercio de Granos (PROINGRA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

 

 

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2 Comentarios
  1. Jorge dice

    Hola Jose Pierri: Es verdad que “Estudiar la liquidación de divisas de cada empresa a través del tiempo es imposible y aún el monto global de cada ejercicio presenta grandes dificultades de acceso público, a partir de normas que amparan el secreto estadístico”? Hace falta iniciar una investigación que genere una orden judicial para abrir los datos? Me resulta curioso que en una problematica que viene escalando mas y mas desde la 125, nunca haya sido definido este secreto, como parte del problema en otros trabajos. Interesante. Gracis.

  2. Héctor Retamal dice

    El principal problema es la hidrovía en manos privadas con triangulación evidente de las barcazas paraguayas que dicen llevar granos de ese país, usando el tramo argentino del Paraná pasan y llegan a N. Palmira consumando en nuestras narices y con nuestros recursos estafas a la Argentina, somos increíblemente tontos como estado los Argentinos, permitiendo esto, o acaso Vicentín no se pudo intervenir porque?, porqué? los propios damnificados prefieren perder lo que la. empresa les debe contar que no se meta nadie a controlar esa sangría de recursos.

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